Por: Mauricio Vargas González.

Pongo en consideración estas reflexiones para el debate, para corregir ideas propias y para aportar a la visión de otros luchadores sociales y agentes políticos de cambio.

En la revolución colombiana a diferencia del “Castrochavismo” de Venezuela, no se trata de una subversión del orden social en el sentido de un levantamiento de los pobres y las clases más humildes -que en el marxismo se les ha llamado las ‘Las masas urbanas empobrecidas’- en contra de las clases altas y medias-altas, para subvertir los privilegios y el orden social y empresarial sobre los cuales se erigen.

Décadas de ‘Conflicto Armado’ y violencia política dieron al traste con la configuración de una corriente social y popular pro-cambio y pro-transformación social. Así mismo este torbellino de belicismo y terrorismo generó una contra-corriente y una contra-revolución de las clases más reaccionarias de la sociedad, Terratenientes y Narcotraficantes unidos, que absorbieron ‘la clase política’ y que se tomaron las regiones, apropiándose del ‘Estado local’ y del presupuesto público.

En Colombia se trata de una revolución democrático-pequeño-burguesa, donde se amplíe la democracia y la participación ciudadana, se fortalezca lo cultural, se gane terreno en la protección del medio ambiente, se proteja la maltrecha educación pública y se fortalezcan espacios de decisión: Esto tiene que ver con la descentralización, mayor autonomía administrativa en los municipios para el manejo de recursos y un fortalecimiento de los organismos de control con más recursos, mayores competencias y mayor visibilidad mediática.

Por: Leopoldo Múnera Ruiz.
Profesor asociado, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales - Universidad Nacional de Colombia.

Dejar a la deriva a las instituciones estatales, no ofrecerles las condiciones financieras e institucionales necesarias para que sean de alta calidad, o destinar recursos públicos escasos para financiar las altas matrículas de las universidades privadas, como sucede en la actualidad, contradice la finalidad social del Estado establecida en la Constitución.

El programa “Ser Pilo Paga”, implementado en 2015, ha reanimado en el país el debate sobre lo público en la educación superior. Incluso Pablo Navas, rector de la Universidad de los Andes, sostuvo en un artículo de opinión publicado en El Espectador en enero del presente año, que la institución dirigida por él era la “universidad más pública del país”.

Los criterios utilizados para emitir tal juicio fueron heterogéneos, retóricos, y en algunos casos autocontradictorios: la meritocracia como única condición de ingreso a la universidad con la matrícula más costosa del país; la posición en los rankings internacionales, la cual, si acaso, permitiría hablar de la calidad, pero no de la naturaleza pública de una institución; la participación de profesores y estudiantes en sus instancias de gobierno, sin ponderar el peso de estas; o la reinversión del 100 % de sus ganancias en sus propias actividades, lo cual es característico de las corporaciones privadas de utilidad común y sin ánimo de lucro, como lo exige la Ley 30 de 1992.

Por: Aleida Tabares Montes

Esta exposición es una provocación, para que la ciudad se reencuentre en el espejo de su gestus social, su gramática corporal, su memoria, su creatividad, su sensibilidad, su conciencia, su fuerza para resistir los embates de la decadencia espiritual a la que asistimos perplejos.

Actuaciones de entrañas orgánicas, intensidad dramática, aullidos, abigarramientos, caos, estridencias, ponchos, ruanas, consonancias, disonancias clarooscuras, colores, texturas, escenografías dinámicas, insospechadas, ritmos, tonos, acróbatas, saltimbanquis, cuerpos danzantes, sensuales, esperpénticos.

Dramaturgias ortodoxas, dramaturgias híbridas, experimentaciones desafiantes, fronterizas, nómadas. Tramas esculpidas en corazón del Bolívar desnudo y libertario, pero también en las verdes periferias, trasegando por techos y cornisas, protegiéndose de la inercia y la indolencia, donde los lenguajes estéticos se ensanchan, y el gesto, el movimiento, el objeto, el traje, la sonoridad, se disponen con peligrosa curiosidad en el museo efímero de la diletancia, y el decidido rigor de sus oficiantes.

Demandada la nación por impedir la destrucción del medioambiente

Por: Adriana Cadena

A partir del gobierno de César Gaviria, Colombia tomó la decisión de incorporarse en la apertura económica y entrar a la globalización a través del libre comercio. Sin embargo, es a partir del 2009 que Colombia empieza a negociar y a firmar Tratados de Libre Comercio – TLC-, masivamente.

Actualmente Colombia cuenta con trece Acuerdos comerciales que involucran a cuarenta y nueve países; también posee Acuerdos Internacionales de Inversión vigentes con diecisiete países y suscritos con treinta y seis países más. Estos Acuerdos de Inversión varían entre Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), Acuerdos de Protección Recíproca a las Inversiones (APPRI) y Acuerdos de Inversión amparados bajo el capítulo de inversiones de los TLC.

Para poder firmar los diferentes acuerdos internacionales comerciales y de inversión, Colombia ha adoptado un número importante de normas impuestas por los organismos multilaterales: desde la Organización Mundial del Comercio, tenemos el Acuerdo de Medidas en Materia de Inversiones relacionadas con el Comercio-MIC- (1994), Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios - GATS (1994), Acuerdo General de Aranceles y Comercio - GATT (1981), Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias – ASMC- y el acuerdo sobre Propiedad Intelectual- ADPIC- que plantea exigencias adicionales a los empresarios de la región, que se traducen en mayores costos y mayores dificultades para acceder a nuevas tecnologías, ya que el ADPIC resulta ser el Acuerdo que protege la industria de los países desarrollados.

Desde el Banco Mundial se impusieron el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones – CIADI (1995) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones - MIGA (1995) y desde Naciones Unidas, el Acuerdo de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, más conocido como CNUDMI.

Por: Juan Orlando Bonilla Peñaloza

Los hechos de violencia en la ciudad de Medellín de los últimos días han causado un estado de conmoción generalizada en los habitantes de la ciudad. Rectores y religiosos asesinados, enfrentamientos entre combos delincuenciales, cobros de extorsiones o “vacunas” a transportadores, el “fleteo”; además de los múltiples crímenes como el asalto o el microtráfico que ya se han convertido en parte del paisaje de la ciudad contrastan con la imagen de ciudad líder e innovadora que se ha querido difundir desde la alcaldía con eventos como Colombia Moda o la pasada Feria de las Flores.

Pero esta situación no es para nada nueva, desde inicios del siglo pasado Medellín pasó de ser un pequeño poblado apartado en las montañas a ser una ciudad en proceso de industrialización (proceso que fracasaría a finales del mismo siglo por cuenta de la apertura económica) que, ante la imposibilidad de expandirse en sentido norte-sur decidió integrarse a los municipios circundantes y empezó a recibir una cada vez más creciente migración proveniente de los municipios que buscaban integrarse a la región gracias al Ferrocarril de Antioquia (proyecto ejemplar que también fracasó a finales del siglo pasado por voluntad de la clase dirigente). Fue a partir de la violencia política que se asomó con algo de timidez desde los años treinta pero que se hizo más palpable a mediados de la década de los cuarenta que la migración se hizo más dramática y evidente. En contra de lo proyectado por las élites urbanas que pensaban una Medellín para su exclusivo disfrute, las oleadas de desposeídos que llegaron del campo hicieron crecer la ciudad sobre sus laderas orientales y occidentales y preñaron de tugurios de escombros y caminos de herradura las zonas que anteriormente habían sido fincas y terrenos en desuso.

Con la migración llegó la represión, ejercida de manera violenta por parte del Estado.

Por: Mark Weisbrot

El gobierno de Trump decidió ampliar las sanciones económicas existentes contra Venezuela la semana pasada, al agregar 13 venezolanos más a la lista de personas sancionadas. Las sanciones de este tipo siempre han sido de dudosa legitimidad y legalidad, por decirlo de forma suave. El marco legal de EE.UU. exige que la orden ejecutiva del Presidente declare la evidente falsedad de que existe "una emergencia nacional en cuanto a la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional" que Venezuela supone para los Estados Unidos. Además, las sanciones violan sin lugar a dudas la Carta de la Organización de los Estados Americanos (Capítulo 4, Artículo 19), al igual que otros tratados internacionales suscritos por EE.UU.

Sin embargo, el verdadero peligro reside en lo que está por venir, puesto que el gobierno de Trump ha amenazado con imponer sanciones mucho más severas a la economía venezolana, la cual ya se ve sumida en una profunda depresión y plagada por la escasez de alimentos y medicinas.

El viernes, un grupo de congresistas estadounidenses publicó una carta rechazando la nueva advertencia de sanciones. Comienza de esta forma:

"Nos dirigimos a usted en esta oportunidad para expresar nuestra profunda preocupación por la escalada de la crisis política, económica y social que vive Venezuela e instamos a que se trabaje junto con nuestros socios regionales para ayudar a evitar una guerra civil. Nuestra encarecida recomendación es que se apoyen las negociaciones mediadas por respetados actores internacionales, tales como el Papa Francisco, quien goza de una amplia credibilidad entre sectores del gobierno, la oposición y la sociedad civil de Venezuela. Además, le alentamos a que se abstenga de aplicar sanciones económicas unilaterales, medida que podría profundizar la crisis económica y política del país y socavar cualquier disposición al diálogo y a las negociaciones".

Por: Christoph Scherrer.

Hay buenas razones para creer que la estrategia de Trump incluye la amenaza de proteccionismo, pero apunta a ganar acceso a los mercados de otros países para las empresas estadounidenses de tecnología avanzada. Trump va a ampliar la liberalización de las actividades económicas transfronterizas.

El presidente Donald Trump ha sido descripto como un proteccionista. La inmediata cancelación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) luego de que asumiera la Presidencia, así como su apoyo a los ajustes fiscales en frontera propuestos por los dirigentes republicanos en el Congreso, parece confirmar sus inclinaciones en términos de política económica internacional. Sin embargo, de una lectura más profunda de los intereses económicos de Trump, de su agenda comercial según se dio a publicidad en el Informe Anual sobre el Programa de Acuerdos de Comercio de 2016 elaborado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) y de la historia de la negociación comercial estadounidense surge una conclusión diferente. Trump usará los amplios déficits comerciales para presionar a sus socios comerciales a abrir sus mercados. Las empresas que exportan con éxito al mercado norteamericano desde esos países sentirán temor por los anuncios proteccionistas y, en consecuencia, es probable que presionen a sus gobiernos para que cedan ante las demandas del gobierno de Trump.

En otras palabras, el gobierno de Trump va a ampliar la liberalización de las actividades económicas transfronterizas. Desde la perspectiva de la economía del desarrollo, esto se podría llamar proteccionismo porque se trata de proteger los intereses de las empresas estadounidenses más avanzadas, que operan sobre la base de los derechos de propiedad intelectual y el acceso a la información en gran escala.

Por: Frente Fronterizo por la Paz

Las recientes amenazas contra el pueblo venezolano, emitidas por el presidente de los EE.UU.; el comunicado hostil y desproporcionado del Departamento de Estado del 17 de julio; así como las obscenas e intervencionistas declaraciones del Director de la CIA -en las que revela que existe una agenda con México y Colombia para intervenir en los asuntos internos de Venezuela-, ponen en evidencia el signo geopolítico del conflicto y desenmascara las fuerzas transnacionales que pretenden destruir la revolución bolivariana.

El imperialismo norteamericano ha asumido de manera explícita la dirección de la agenda de violencia que se vislumbra en los próximos días, en el marco del proceso electoral de la Asamblea Nacional Constituyente. La extraordinaria movilización de las fuerzas bolivarianas ha provocado una reacción desmedida y llena de soberbia que ha develado un secreto a voces: el capital monopólico transnacional es un factor sustantivo en la agudización del conflicto venezolano.

El pueblo venezolano es víctima de una agresión imperialista sin precedentes, implementada a través de una guerra de amplio espectro[1], en la cual se combinan múltiples dimensiones y se implementan todas las formas de lucha de manera simultánea: hostilidades diplomáticas, presiones económico-financieras, asedio bélico y operaciones de desprestigio mediático; se yuxtaponen en tiempo y espacio, con una agenda de violencia y el desconocimiento del tejido institucional; que tienen como finalidad inducir una guerra civil en Venezuela, con lo cual se generarían las condiciones para una intervención transnacional.

Por: Jaime Vargas Ramírez.
Julio 25 de 2017

Tierra bendecida por la naturaleza, pero maldecida por la codicia humana. El Oriente Antioqueño es una de las nueve subregiones en que se divide el departamento de Antioquia, cuenta con una extensión territorial de 7.021 kms², 55 kms² de área urbana y 6.966 kms² rurales. Del área total, el 22.85% corresponde a pisos térmicos cálidos, el 34.8% a pisos medios, el 40% a pisos fríos y el 2.35% a páramos. Comprende 23 municipios y una población actual aproximada de 570.000 habitantes.

Producto del abandono del Estado, de megaproyectos como hidroeléctricas, la autopista Medellín-Bogotá, y el aeropuerto internacional José María Córdova y de su manejo excluyente, emerge un movimiento de resistencia civil que se llamó Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño (MCOA). Movilización que abarcó la totalidad de municipios de esa región, donde al fragor de la lucha emergió una nueva dirigencia social y política que fue reprimida a sangre y fuego por la élite política y económica antioqueña. Posteriormente fue azotada por grupos armados que a nombre de ideologías extremas de izquierda y de derecha, quisieron someter a la población.

La región empieza a tener importancia desde los sesenta, con la construcción de las hidroeléctricas de San Carlos, Guatapé, Jaguas, Calderas, Tafetanes y Playas. Hoy, el oriente antioqueño genera el 33% de la energía del país.

Con la construcción de los embalses y la autopista Medellín-Bogotá, ocurrieron los primeros desplazamientos de la población. El casco urbano del Peñol fue trasladado en su totalidad y se dieron inundaciones en otras zonas del mismo. La comunidad se enfrentó a la reubicación en nuevas tierras y a cambios bruscos, tanto sociales como laborales. Llegaron a la localidad maquinaria pesada, numerosos foráneos, se especuló con la tierra y allí ocurrió el primer asesinato contra los que se oponían a los designios del desarrollo y el progreso. Cuenta Humberto León Rivera Galeano en su libro “El Ave Fenix”, donde relata lo acaecido en el Peñol que, “cuando se anunció que se iba a embalsar el pueblo, don Demetrio que era uno de los mayores propietarios de vegas aledañas al río Nare, dijo que no le interesaba vender sus tierras. Esto le valió que el día 19 de octubre de 1.965 sobre las cinco de la tarde, presumiblemente un carabinero que estaba de servicio en la mayoría de Guatapé, lugar en donde estaban las oficinas de EPM, lo matara a tiros en la entrada de su casa. Con este acto se garantizaba que el patrimonio de don Demetrio “se volvería harinas” y los herederos negociarían más fácilmente sus derechos sucesorios con las EPM”.

Por: Carlos Fazio.

Fuente Rebelion/Cubadebate 21/07/2017

El domingo 16 de julio dio inicio en Venezuela una nueva fase de la guerra no convencional de factura estadunidense, que la cúpula extremista y maximalista que se apoderó de la conducción de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) ha denominado la “Hora 0”.

En medio de una sostenida violencia de corte paramilitar y terrorista que supera los 100 días de duración, la puesta en escena de la “consulta ciudadana” se dio en el marco de anuncios catastrofistas como el del diputado neofascista Freddy Guevara, de Voluntad Popular, quien aseguró en un canal de televisión que luego del “plebiscito” en contra de las elecciones para constituir la Asamblea Nacional Constituyente, “vendrá algo que nunca hemos visto en nuestro país”.

Guevara habló de un “levantamiento total”, que a juzgar por los manuales de la Guerra No Convencional del Pentágono dirigida a provocar un “cambio de régimen”, augura escenarios tipo Libia, Ucrania o Siria. Es decir, estaríamos en el inicio del estallido de una guerra fratricida entre venezolanos, con intervención de potencias extranjeras, mercenarios y grupos paramilitares.

Por: Jonás Vergara.

La cuenta de Twitter del senador y expresidente Álvaro Uribe da de qué hablar por los bloqueos realizados a figuras políticas colombianas.

En una salida a medios, el negociador del Acuerdo de Paz, Humberto De La Calle informó de la acción del senador en la popular red social.

Lo que pasaría como una anécdota más en el panorama político, terminó siendo un movimiento viral en el que otros opositores al senador reportaron, a través de pantallazos, los bloqueos del senador.

Algunos, en tono de broma como el Ministro para el Postconflicto, Rafael Pardo; otros en tono de denuncia, como el del exdirector del DAS, Ramiro Bejarano, y algunos más que oscilaban entre la ironía y cierta dignidad por “merecer la atención” de semejante figura.

Sin embargo, esto no quedó en anécdota. Al momento, el antiguo director de Twitter Colombia y “empresario digital”, Diego Santos, hizo un clip sobre el tema que divulgó a través de su arroba.

Mientras que De La Calle buscó réditos políticos al utilizar su bloqueo como ejemplo para su campaña en Twitter: #PlanNacionalDeLaValeriana.

Brasil, principal economía de la región, es hoy el laboratorio de las más agresivas y reaccionarias reformas anti laborales en América Latina. Es éste el resultado de un abrupto giro político a la derecha que vivió el país recientemente y es nuestra obligación como Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, analizar lo que viene ocurriendo y elaborar respuestas que estén a la altura del desafío.

Hace poco más de un año que en Brasil, una amplia coalición de fuerzas políticas, empresariales y sociales reaccionarias, dieron un golpe de estado – por vía parlamentaria – que resultó en la substitución de la presidente progresista Dilma Rousseff por su vicepresidente Michel Temer, un político conservador.

La campaña que hicieron los medios contra Dilma estuvo enfocada em denunciar supuestas prácticas corruptas en su gobierno y en el anterior mandato de Lula. Ya en el proceso, en el Congreso se le acusó de violar reglas de la administración pública, por prácticas que tuvieron todos los gobiernos anteriores y que repite de forma descarada y sin ninguna crítica ni menos denuncia el gobierno ilegítimo que le sucedió. La campaña anticorrupción fue un pretexto. Nada ha sido probado contra Dilma y Lula sobre su supuesta corrupción. El golpe de estado fue para aplicar un programa social y económico que el pueblo brasileño rechazó en las cuatro elecciones anteriores (2002, 2006, 2010 y 2014) pero que el gobierno golpista, impulsado por una recomposición de fuerzas reaccionarias, con monopólico respaldo del conglomerado mediático, y con mayoría en el Congreso estaba dispuesto a imponer.

Primero, el Congreso aprobó una ley que permite generalizar la tercerización o subcontratación. Eso significa rebaja de salarios y debilitamiento de los sindicatos y de la contratación colectiva. La tercerización en todas las actividades favorecerá a todas las empresas, pero muy especialmente a las grandes corporaciones y empresas multinacionales.

Teresa Consuelo Cardona, nació en Cúcuta, pero desde temprana edad vive en Palmira. Comunicadora Social-Periodista. Ha ejercido su profesión como locutora, periodista de radio, prensa, televisión, medios alternativos, comunicadora organizacional, capacitadora en diversas comunidades, docente universitaria, investigadora y directora editorial. Empezó a escribir poesía a los 5 años de edad y aunque no la publicaba, la fue acumulando en diversos soportes. Cada día, nos da a conocer una pieza poética de su amplio repertorio, a través de las redes sociales.

¿Por qué en sus poemas entremezcla política y religión para dar opiniones?

¡Es inevitable! Creo que política y religión han sido instrumentos para educastrar a la población. Soy atea, pero conozco acerca de muchas religiones y creo que todas ellas son experiencias expeditas que confirman que su método es infalible para llegar a comunidades enteras y explicar cosas, aunque queden mal explicadas o las explicaciones sean absurdas. Yo recojo los eslabones de la cadena polisémica en torno a determinadas palabras y explico otras cosas. Y respecto de la política, considero que es fundamental para comprender lo que sucede en la sociedad. De todos los animales, posiblemente los únicos que pueden entender la política y la religión sean los humanos. Y para ellos es que van mis poemas.

¿Qué efectos percibe al difundir su expresión poética por las redes sociales?

Creo que quien más se ha sorprendido con los efectos de mi poesía, he sido yo. Por un lado, por un asunto de cantidad, ya que en ocasiones noto que un poema es visitado por 14 mil o 25 mil personas. Y que tenga dos millones de interacciones al mes, me parece que ¡sobrepasa cualquier expectativa! Y por otro, por un asunto de calidad, cuando las personas me escriben lo que mis letras les han hecho sentir, o les han despertado o les han mostrado. Y eso, invariablemente, me acerca mucho a la humanidad que reposa en el alma o en el hipotálamo de las personas. Percibo una gran soledad, ahora que somos tantos. Percibo el temor sembrado en el subconsciente colectivo. Percibo el silencio al que se somete la gente para intentar no quedar mal. Percibo la desesperanza de los latinoamericanos y la desconfianza de los colombianos. Percibo el odio de los citadinos. Percibo el desarraigo de los trashumantes. Percibo la frustración de las mujeres. Y siento que, por alguna razón, como efecto colateral, quienes leen mi poesía y me escriben, retoman sus caminos, su dignidad, su valentía. Dura poco, pero al menos recuerdan que la han tenido.

En su vida el pensar y la problemática ambiental y social están presentes.

¿Cómo logra que se reflejen en sus expresiones artísticas?

El arte es la expresión auténtica de lo que somos. Por eso el arte ha reflejado la realidad de sociedades enteras, de sus motivaciones, limitaciones, sueños, esperanzas, frustraciones, creencias. Por lo tanto, me basta ser coherente. Cuando escribo, no puedo separarme de lo que realmente soy, y eso se nota. Los poemas no son autobiográficos, pero son una ventana abierta a mi verdad, mi existencia, mi realidad.

Por: Laura Moreno Segura

La Misión Internacional de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) ha permanecido 13 años en este país del Caribe (desde 2004), invocando el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, tras el segundo golpe de Estado contra el presidente Jean-Bertrand Aristide que, a su vez, se convirtió en el derrocamiento número 33 de la historia haitiana. Ha sido una misión altamente controversial, entre otras cosas, por ser la única de su naturaleza, desplegada en América Latina y el Caribe. Es calificada tanto como una ocupación que atenta contra la soberanía del país, como una apuesta y un apoyo de la comunidad internacional para estabilizar Haití(1)..Más allá de los argumentos esgrimidos por los defensores de una y otra posición, resulta evidente que esta fuerza de paz se lleva consigo un amplio historial de denuncias por uso excesivo de la fuerza, violaciones(2), hijos abandonados y una epidemia de cólera, introducida en el país en 2010 por soldados de la MINUSTAH(3), que se ha cobrado la vida de más de 9.000 haitianos(4).

El legado de la Misión se encuentra ensombrecido por tales circunstancias, así como por su larga permanencia en contraste con los pequeños progresos realizados en términos de fortalecimiento del Estado de derecho y del funcionamiento de la democracia. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), por su parte, señala que la MINUSTAH ha cumplido su misión tras haber garantizado la elección en las urnas de tres presidentes y la reducción de la violencia comunitaria. Si bien esto ha ocurrido, la inestabilidad política y la inseguridad se continúan alimentando de un Estado de derecho frágil que no ha podido poner fin a la impunidad, al tiempo que la transparencia y la confianza en el funcionamiento del sistema democrático haitiano continúan estando en entredicho.

Por Jonás Vergara *

Las redes sociales y los medios de comunicación de Colombia han hecho eco a la última columna de Abelardo De La Espriella en la que incita al asesinato del presidente venezolano Nicolás Maduro.

No es de extrañar que De La Espriella llame la atención en los medios. Sus declaraciones altisonantes, además de sus apariciones públicas en defensa de personajes cuestionables, funcionan como un medidor de rating para éstos que, al prestarse como altavoz para sus actuaciones, “legitiman” sus intenciones como figura pública: adalid del derecho y opinador de vanguardia.

Su última salida al escenario hace un llamamiento al tiranicidio, invocando argumentos históricos que darían razón a las ideas que esboza en la columna; para esto, llega hasta 1598 para dar legitimidad a sus pretensiones.

Al ser inquirido por las “razones filosóficas” de su columna, De La Espriella invoca la obra de la que extrae la idea polémica, es “De rege et regis institutione” o Sobre el rey y la institución real (1598), escrita por Juan de Mariana, cuya afirmación principal es justificar el asesinato del tirano si éste eleva los impuestos sin justificación, expropia los terrenos de los propietarios o impide la reunión del parlamento para el libre debate de las ideas.

De acuerdo a lo anterior, el tiranicidio fue la causa por la que los asesinatos de monarcas como Enrique III y Enrique IV en Francia eran justificados, dadas las acciones que emprendieron en contra de los intereses del soberano.

Por: Ana Esther Ceceña

Las guerras del Siglo XXI tienen la particularidad de parecerse a las movilizaciones por derechos ciudadanos. La larga experiencia del Pentágono en intervenciones y políticas de disciplinamiento en todos los continentes y en todo tipo de situaciones, ha llevado a concebir las guerras de maneras muy distintas a las empleadas, con mayor o menor éxito, en épocas pasadas (tan cercanas como las del último Siglo XX). Las catástrofes climáticas o humanitarias son hoy uno de los denominados riesgos o amenazas a la seguridad que permiten la movilización de tropas y su intervención en territorios extranacionales, tal como ocurrió en Haití con el terremoto de 2010 y donde el Comando Sur de Estados Unidos que había ocupado la plaza, cuando decidió retirarse, dejó instalada la Misión de Naciones Unidas (MINUSTAH). La intervención humanitaria produjo una ocupación militar que después de siete años deja un lamentable saldo de violaciones de derechos humanos y conculcación del derecho a la autodeterminación del pueblo haitiano.

Pero quizá lo más novedoso de las intervenciones de este siglo es su carácter reptante. Avanzan a ras del suelo de manera silenciosa, colándose entre la gente, comiéndose los tejidos comunitarios y sembrando miedo, confusión e incertidumbre. El estallido viene después. Primero se carcomen las bases de los vínculos sociales, los que hacen a “la gente” ser “pueblo” con un sentido sujético explícito, así como las bases del entendimiento colectivo o sentido común, a través de un cuidadoso trabajo de socavamiento simbólico, bombardeado desde los medios masivos de transmisión de datos e imágenes.

Por: Germán Sánchez Otero

¿Qué objetivos, cuáles efectos?

Desde mediados de 2012 Venezuela comenzó a ser víctima de una guerra económica integral y creciente, cuyo fin es derrocar al gobierno bolivariano, lograr el control de ese estratégico país y destruir el modelo alternativo al capitalismo que implementa la Revolución Bolivariana.
Se trata de una guerra no convencional, que ha logrado en los últimos cuatro años dislocar la economía y generar poderosos impactos humanos. Estos afectan a casi todas las familias en niveles muy severos, sin precedentes en Venezuela y pocas veces acaecidos en el mundo.
Guerra sin balas, es también inhumana y perversa. Desaparece medicamentos e insumos médicos; saca de los anaqueles alimentos básicos y productos de higiene esenciales, desviándolos al mercado ilegal; genera inmensas y continuas colas; provoca hiperinflación y degrada a extremos irritantes la capacidad adquisitiva del bolívar y por ende de los salarios y otros ingresos del pueblo humilde.

Antecedente: Golpe petrolero de 2002

Durante el paro empresarial y el sabotaje petrolero de fines de 2002 y principios de 2003, el gobierno de Estados Unidos intentó derrocar a Chávez por la fuerza, luego de fracasar del mismo modo ocho meses antes. Orquestó el nuevo plan golpista basándose en una parálisis de la economía, respaldada por las transnacionales, los grandes empresarios venezolanos, y buena parte de la gerencia de la empresa petrolera estatal. Y otra vez participaron a tiempo completo casi todos los medios de comunicación privados, los partidos y entes civiles contrarrevolucionarios, y los militares golpistas –ahora fuera de la institución– derrotados en abril de 2002.

La embestida duró dos meses y provocó que el PIB se contrajera 18 %, entre los años 2002–2003. Hubo amplia escasez de productos básicos, incluso de gasolina, la inflación se duplicó, al igual que el desempleo y en general aumentó la pobreza. También creció la fuga de capitales y el índice de riesgo país se disparó, con grave incidencia para la obtención de préstamos.

El llamado “golpe petrolero” devino prueba medular para la Revolución Bolivariana, que logró la victoria sustentada en una sólida alianza del pueblo civil y los militares, bajo el liderazgo de Chávez.

Referendo contra Chávez de 2004

Por: Emir Sader

¿Qué visión puede tener un revolucionario del siglo XXI en América latina sobre la epopeya de los bolcheviques 100 años después? Nadie mejor que Alvaro García Linera para hacer una reelectura de la revolución bolchevique en su centenario.

En el libro ¿Qué es una revolución?, con el subtítulo De la Revolución Rusa de 1917 a la revolución de nuestros tiempos (Editorial Akal) García Linera rehace toda la trayectoria de las narrativas sobre la Revolución Rusa en un texto denso y lleno de elementos para pensar la contemporaneidad de la revolución.

Antes que nada García Linera constata la dimensión del fenómeno en sus proporciones históricas: “La revolución soviética de 1917 es el acontecimiento político mundial más importante del siglo XX, pues cambia la historia moderna de los Estados, escinde en dos y a escala planetaria las ideas políticas dominantes, transforma los imaginarios sociales de los pueblos devolviéndoles su papel de sujetos de la historia, innova los escenarios de guerra e introduce la idea de otra opción (mundo) posible en el curso de la humanidad”.

La Revolución Rusa anunció el nacimiento del siglo XX, poniendo la revolución como “referente moral de la plebe moderna en acción”. “Revolución se convertirá en la palabra más reivindicada y satanizada del siglo XX”.

Por: Nuria Alabao

I. Introducción: El Caracazo

Un hombre cruza la calle llevando una pierna de vaca sobre sus hombros. Carritos rebosantes a la carrera, casi compitiendo entre sí, salen de supermercados con las puertas forzadas. A lo lejos, gente en la calle como hormigas que trajinan cosas de un lado a otro o huyendo a la carrera. Humo. Disparos. Disparos como para matar a cientos de personas, hay quienes dicen que a miles.

Estas imágenes y otras quedaron registradas por los cámaras de televisión en Caracas el 27 de febrero de 1989. También permanecerán impresas en la memoria de la clase media venezolana como el día que bajaron de los cerros. Los que bajaron son “ellos”, los desarrapados, los negros, los bárbaros, aquellos que habitan las favelas venezolanas y que se lanzaron a saquear la ciudad formal. Una década después constituirán la principal base social del chavismo y serán los protagonistas de la Revolución Bolivariana.

El Caracazo fue la primera revuelta urbana contra las políticas de desregularización neoliberal y las privatizaciones radicales impuestas por los organismos internacionales –OMC, BM, FMI–, que para despojar a los países de su soberanía utilizarían la coacción de la deuda. Estas políticas hicieron implosionar los equilibrios locales, los precarios pactos sociales sobre los que se asentaba una cierta paz y gobernabilidad. También agudizaron la corrupción o su obscenidad y pusieron en evidencia a las oligarquías locales alineadas con los intereses de las transnacionales. Esto condujo –durante los 80 y 90– a crisis políticas y sociales graves, a procesos de empobrecimiento radical de los sectores más desfavorecidos y a un descenso en picado de buena parte de la clase media y de las condiciones de vida de todos.

En el año de la celebración del centenario de la Revolución Rusa, invitamos a nuestros lectores a leer este lúcido texto del genio Albert Einstein.

Por: Albert Einstein

Primera Edición: En Monthly Review, Nueva York, mayo de 1949.

¿Debe quién no es un experto en cuestiones económicas y sociales opinar sobre el socialismo? Por una serie de razones creo que sí.

Permítasenos primero considerar la cuestión desde el punto de vista del conocimiento científico. Puede parecer que no hay diferencias metodológicas esenciales entre la astronomía y la economía: los científicos en ambos campos procuran descubrir leyes de aceptabilidad general para un grupo circunscrito de fenómenos para hacer la interconexión de estos fenómenos tan claramente comprensible como sea posible. Pero en realidad estas diferencias metodológicas existen. El descubrimiento de leyes generales en el campo de la economía es difícil porque la observación de fenómenos económicos es afectada a menudo por muchos factores que son difícilmente evaluables por separado. Además, la experiencia que se ha acumulado desde el principio del llamado período civilizado de la historia humana --como es bien sabido-- ha sido influida y limitada en gran parte por causas que no son de ninguna manera exclusivamente económicas en su origen. Por ejemplo, la mayoría de los grandes estados de la historia debieron su existencia a la conquista. Los pueblos conquistadores se establecieron, legal y económicamente, como la clase privilegiada del país conquistado. Se aseguraron para sí mismos el monopolio de la propiedad de la tierra y designaron un sacerdocio de entre sus propias filas. Los sacerdotes, con el control de la educación, hicieron de la división de la sociedad en clases una institución permanente y crearon un sistema de valores por el cual la gente estaba a partir de entonces, en gran medida de forma inconsciente, dirigida en su comportamiento social.

Pero la tradición histórica es, como se dice, de ayer; en ninguna parte hemos superado realmente lo que Thorstein Veblen llamó "la fase depredadora" del desarrollo humano. Los hechos económicos observables pertenecen a esa fase e incluso las leyes que podemos derivar de ellos no son aplicables a otras fases. Puesto que el verdadero propósito del socialismo es precisamente superar y avanzar más allá de la fase depredadora del desarrollo humano, la ciencia económica en su estado actual puede arrojar poca luz sobre la sociedad socialista del futuro.