Investigación revela nueva información sobre el papel que tuvo EE.UU en el golpe militar de Honduras en el año 2009

Funcionarios estadounidenses más preocupados por proteger las relaciones militares que por desbaratar el golpe

30 de agosto de 2017

Contacto: Dan Beeton, beeton@cepr.net

Washington, DC -- Un nuevo artículo de investigación publicado por The Intercept revela información a la que no se había tenido acceso previamente, relacionada con el apoyo que brindó Estados Unidos al golpe de Estado de 2009 en Honduras mediante el cual se derrocó al gobierno democráticamente electo del presidente Manuel Zelaya. El artículo del investigador asociado del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR), Jake Johnston, se basa en miles de páginas de documentos de inteligencia militar estadounidense que se obtuvieron recientemente y en entrevistas con funcionarios hondureños y estadounidenses involucrados en la respuesta de Estados Unidos frente al golpe. La versión de este artículo en español se publicará en breve.

El golpe tuvo lugar tan sólo seis meses después que Obama asumiera la presidencia y se comprometiera a un nuevo relacionamiento con el continente. El artículo se centra por eso en el Pentágono y su filial en América Latina, el SOUTHCOM, y en cómo intereses sesgados socavaron la política oficial de Estados Unidos, ayudando a que el golpe triunfara desencadenando una nueva ola de violencia y represión en Honduras.

"Esta es una historia muy reveladora de cómo funciona la política exterior de Estados Unidos en general, no sólo en Honduras", explica Johnston. "La investigación pone al descubierto los roles a menudo encubiertos que desempeñan diversas figuras dentro del establishment de la política exterior de Estados Unidos respecto de la definición e implementación de esas políticas. Lo que queda claro es que las relaciones personales importan tanto como cualquier posición política oficial que se anuncie en Washington".

Gracias, Francisco

Por: Jaime Vargas Ramírez
13 de septiembre de 2017

Gracias Francisco, por los 5 días que nos regaló a los colombianos. Porque dejamos de escuchar malas noticias, porque los encumbrados dejaron de aparecer en las pantallas, los pícaros y los corruptos dejaron de ser celebridades esos días, y muchos políticos, que se creen líderes, dejaron de trinar tanto. Hasta bajaron los homicidios. ¡Qué alivio fueron estos días!

Gracias por dejarnos mensajes claros y firmes contra los violentos, los corruptos, los narcotraficantes, los banqueros, los politiqueros y contra curas torcidos, es decir, contra los duros de corazón y alma podrida; “Hay densas tinieblas que amenazan y destruyen la vida: las tinieblas de la injusticia y de la inequidad social; las tinieblas corruptoras de los intereses personales o grupales, que consumen de manera egoísta y desaforada lo que está destinado para el bienestar de todos”.

Gracias por recordarnos la cizaña que todos llevamos en nuestro corazón.

Gracias por sus piropos a esta sufrida nación que nos ayuda a ver la otra cara de la moneda; “Colombia es una nación bendecida de muchísimas maneras; la naturaleza pródiga no solo permite la admiración por su belleza, sino que también invita a un cuidadoso respeto por su biodiversidad”.

Ningún mensaje es inocente: Comunicación y fe en la visita pastoral.

Por: Héctor Delgado*

La visita del Papa Francisco a Colombia es de carácter político. Eso se infiere después del mensaje del pasado 4 de septiembre en el que destaca que: “la paz es la que Colombia busca desde hace mucho tiempo y trabaja para conseguirla. Una paz estable, duradera -subrayados del autor- para vernos y tratarnos como hermanos, nunca como enemigos. La paz nos recuerda que todos somos hijos de un mismo padre, que nos ama y nos consuela".

Enmarcada en el lema “Demos el primer paso”, la visita ha sido un fenómeno mediático en cuyo interior se conjugan mensajes de reconciliación y fe como una manera de neutralizar o matizar cualquier accionar político, en especial los ataques de una oposición que, pese a comulgar y asistir a misa cada domingo, respeta (todavía) la jerarquía de la Iglesia Católica.

Sin embargo, era cuestión de horas para que la visita saliera del clóset. Después de la declaración de Francisco, el senador y expresidente Álvaro Uribe remitió una carta en la que manifiesta los “reparos” -entrecomillado del autor- con respecto al Acuerdo de Paz, lo que contrasta con el mensaje de “conciliación” escrito tan solo una semana atrás en su cuenta de Twitter.

También a estas horas, el destituido procurador Alejandro Ordóñez sale en el espacio radial de Vicky Dávila en W, a sumar fuego en lo que respecta a la llegada de una figura que, pese a su carisma, es resistido por sectores conservadores de la Iglesia Católica.

Dilma Rousseff: "La segunda fase del golpe es sacar a Lula de las elecciones de 2018"

Por: José Eduardo Bernardes 29/8/17

El golpe que destituyó a la ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, completa un año el próximo jueves (31). En esa fecha, en 2016, los senadores decidieron, por sesenta y un votos favorables y veinte votos contrarios, apartarla definitivamente del cargo, aunque sin comprobar que haya cometido el crimen de responsabilidad. "Inventaron un proceso para sacarme del gobierno. Y usaron una mayoría de votos comprados, de los mismos doscientos y diecisiete diputados que garantizan la impunidad del presidente ilegítimo Temer", afirma Dilma, un año después, en entrevista exclusiva con Brasil de Fato.

Rousseff también comenta la situación de persecución política y jurídica al ex presidente Lula, la propuesta de privatización de Eletrobras hecha por el gobierno golpista y la necesidad de luchar contra el golpe. "Nosotros vamos a tener que ser capaces de dedicarnos a intentar sacar al Brasil de esa encrucijada en la que se encuentra", afirma. Mire la entrevista a continuación o escuche el audio aquí [en portugués], que estuvo al aire en el Programa Brasil de Fato, en emisoras de las ciudades de São Paulo, Belo Horizonte y Recife.

Un año después del proceso de impeachment, ¿cómo mira usted todo lo que ocurrió?

Yo considero que el proceso de impeachment fue un golpe, porque no había crimen de responsabilidad. Ellos inventaron un proceso para sacarme del gobierno. Y usaron una mayoría de votos comprados, que son los mismos doscientos y diecisiete votos de diputados que garantizaron la impunidad del presidente ilegítimo Temer. Es la misma composición del Congreso, que fue construida por el [ex diputado] Eduardo Cunha, que me destituyó a través de un proceso absolutamente sin fundamento, sin base real, hoy reconocido por todo el mundo. La historia fue bastante más desagradable para los golpistas. Los agarraron, quedó claro quiénes eran ellos.

LOS GERENTES DE GERENTES (1)

Por Andrea Guzmán.
Desde Estrasburgo

¡Ave María!, sin duda alguna, tenemos una amplia gama de gerentes dotados de las más excelentísimas experiencias del sector privado, ese que vislumbra rentabilidad, y utilidad financiera que con el apoyo y liderazgo de mi estimado Alcalde y con la bendición de Vargas Lleras, desarrollará en cada una de las secretarias del distrito, inversiones, sí señor, pues seremos esa metrópolis llenita de negocios, comercio y plata.

Este tema me ensancha el corazón, y me agolpa el orgullo cachaco. Desde la apertura económica en 1990 con Andrés Pastrana de Alcalde, no se escuchaba gabinete de tan alta alcurnia. Para ustedes y para mí, llegaron los salvadores de Bogotá luego de tanto rojo comunista, y gritón.

Los gerentes que desde siempre y para siempre nos acompañarán son:

El Gerente Gold: Miguel Uribe Turbay, guiado por el espíritu de la privatización, ha tenido los pantalones para denunciar que eso del cambio climático es un invento amañado del tal Petris. Nuestro Gerente Gold, ha firmado cuanto papelito le pasan, como el concepto administrativo que juzgó a Rosa Elvira Celi(2) ; claro, él si entiende de lo que habla mi presidente cuando se refiere a la Ley antitrámites.

Artículo 12. “Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”(1)

Por: Andrea Guzmán

Parafraseando la Constitución Política Nacional de 1991, pareciese que esta fuese la frase de un Estado donde aprendió a mirarse con los ojos del perdón, que abatió la guerra y construyó líneas de democracia, soberanía y paz. Sin embargo, tristemente desde que tengo uso de razón la muerte ha sido ese baluarte de dolor nacional, el olvido se ha convertido en atenuante de repetición, y el silencio, como el combustible de una permisividad voraz.

El conflicto de diferentes poderes económicos ha fraguado la reciente historia de una constitución que alcanzó a nacer justo con un modelo de interacción comercial de Colombia con el mundo, y se instauraba como uno de los proyectos con mayor posibilidad de acercamiento e integración transfronteriza. Sin embargo, muchas de las secuelas que actualmente acontecen fueron desencadenadas en ese período circunstancial; de ser así, cambios en las perspectivas políticas y económicas abonaron terreno para las innumerables crisis en el sector salud, educación, agrícola, industrial y, por ende, laboral que hoy tenemos.

Cuando salí del colegio, vi una camioneta que pasaba y en la parte de atrás cargaba consigo unos 6 militares con sus pesadas armas. Tantas veces lo había visto por la tele, que hasta natural me pareció la escena. Sin embargo, no dejé de sentir miedo; unos minutos más tarde, me encontré con mi abuela, quien me esperaba para llevarme con ella hasta la casa materna. Caminamos y le pregunté si sabía qué pasaba, a lo que respondió con claridad –ay mijita, yo solo pienso en la familia de ese muchacho. Que hombres tan malos los que le hicieron eso-

Sobre la revolución Colombiana y el contexto Latinoamericano.

Por: Mauricio Vargas González.

Pongo en consideración estas reflexiones para el debate, para corregir ideas propias y para aportar a la visión de otros luchadores sociales y agentes políticos de cambio.

En la revolución colombiana a diferencia del “Castrochavismo” de Venezuela, no se trata de una subversión del orden social en el sentido de un levantamiento de los pobres y las clases más humildes -que en el marxismo se les ha llamado las ‘Las masas urbanas empobrecidas’- en contra de las clases altas y medias-altas, para subvertir los privilegios y el orden social y empresarial sobre los cuales se erigen.

Décadas de ‘Conflicto Armado’ y violencia política dieron al traste con la configuración de una corriente social y popular pro-cambio y pro-transformación social. Así mismo este torbellino de belicismo y terrorismo generó una contra-corriente y una contra-revolución de las clases más reaccionarias de la sociedad, Terratenientes y Narcotraficantes unidos, que absorbieron ‘la clase política’ y que se tomaron las regiones, apropiándose del ‘Estado local’ y del presupuesto público.

En Colombia se trata de una revolución democrático-pequeño-burguesa, donde se amplíe la democracia y la participación ciudadana, se fortalezca lo cultural, se gane terreno en la protección del medio ambiente, se proteja la maltrecha educación pública y se fortalezcan espacios de decisión: Esto tiene que ver con la descentralización, mayor autonomía administrativa en los municipios para el manejo de recursos y un fortalecimiento de los organismos de control con más recursos, mayores competencias y mayor visibilidad mediática.

Lo público en la educación superior colombiana

Por: Leopoldo Múnera Ruiz.
Profesor asociado, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales - Universidad Nacional de Colombia.

Dejar a la deriva a las instituciones estatales, no ofrecerles las condiciones financieras e institucionales necesarias para que sean de alta calidad, o destinar recursos públicos escasos para financiar las altas matrículas de las universidades privadas, como sucede en la actualidad, contradice la finalidad social del Estado establecida en la Constitución.

El programa “Ser Pilo Paga”, implementado en 2015, ha reanimado en el país el debate sobre lo público en la educación superior. Incluso Pablo Navas, rector de la Universidad de los Andes, sostuvo en un artículo de opinión publicado en El Espectador en enero del presente año, que la institución dirigida por él era la “universidad más pública del país”.

Los criterios utilizados para emitir tal juicio fueron heterogéneos, retóricos, y en algunos casos autocontradictorios: la meritocracia como única condición de ingreso a la universidad con la matrícula más costosa del país; la posición en los rankings internacionales, la cual, si acaso, permitiría hablar de la calidad, pero no de la naturaleza pública de una institución; la participación de profesores y estudiantes en sus instancias de gobierno, sin ponderar el peso de estas; o la reinversión del 100 % de sus ganancias en sus propias actividades, lo cual es característico de las corporaciones privadas de utilidad común y sin ánimo de lucro, como lo exige la Ley 30 de 1992.

El Teatro en Pereira, un joven vigoroso, y rebelde.

Por: Aleida Tabares Montes

Esta exposición es una provocación, para que la ciudad se reencuentre en el espejo de su gestus social, su gramática corporal, su memoria, su creatividad, su sensibilidad, su conciencia, su fuerza para resistir los embates de la decadencia espiritual a la que asistimos perplejos.

Actuaciones de entrañas orgánicas, intensidad dramática, aullidos, abigarramientos, caos, estridencias, ponchos, ruanas, consonancias, disonancias clarooscuras, colores, texturas, escenografías dinámicas, insospechadas, ritmos, tonos, acróbatas, saltimbanquis, cuerpos danzantes, sensuales, esperpénticos.

Dramaturgias ortodoxas, dramaturgias híbridas, experimentaciones desafiantes, fronterizas, nómadas. Tramas esculpidas en corazón del Bolívar desnudo y libertario, pero también en las verdes periferias, trasegando por techos y cornisas, protegiéndose de la inercia y la indolencia, donde los lenguajes estéticos se ensanchan, y el gesto, el movimiento, el objeto, el traje, la sonoridad, se disponen con peligrosa curiosidad en el museo efímero de la diletancia, y el decidido rigor de sus oficiantes.

La inversión extranjera: el peor negocio de Colombia, el mejor negocio de las multinacionales

Demandada la nación por impedir la destrucción del medioambiente

Por: Adriana Cadena

A partir del gobierno de César Gaviria, Colombia tomó la decisión de incorporarse en la apertura económica y entrar a la globalización a través del libre comercio. Sin embargo, es a partir del 2009 que Colombia empieza a negociar y a firmar Tratados de Libre Comercio – TLC-, masivamente.

Actualmente Colombia cuenta con trece Acuerdos comerciales que involucran a cuarenta y nueve países; también posee Acuerdos Internacionales de Inversión vigentes con diecisiete países y suscritos con treinta y seis países más. Estos Acuerdos de Inversión varían entre Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), Acuerdos de Protección Recíproca a las Inversiones (APPRI) y Acuerdos de Inversión amparados bajo el capítulo de inversiones de los TLC.

Para poder firmar los diferentes acuerdos internacionales comerciales y de inversión, Colombia ha adoptado un número importante de normas impuestas por los organismos multilaterales: desde la Organización Mundial del Comercio, tenemos el Acuerdo de Medidas en Materia de Inversiones relacionadas con el Comercio-MIC- (1994), Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios - GATS (1994), Acuerdo General de Aranceles y Comercio - GATT (1981), Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias – ASMC- y el acuerdo sobre Propiedad Intelectual- ADPIC- que plantea exigencias adicionales a los empresarios de la región, que se traducen en mayores costos y mayores dificultades para acceder a nuevas tecnologías, ya que el ADPIC resulta ser el Acuerdo que protege la industria de los países desarrollados.

Desde el Banco Mundial se impusieron el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones – CIADI (1995) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones - MIGA (1995) y desde Naciones Unidas, el Acuerdo de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, más conocido como CNUDMI.

¿Es en verdad nuevo el problema de inseguridad en Medellín?

Por: Juan Orlando Bonilla Peñaloza

Los hechos de violencia en la ciudad de Medellín de los últimos días han causado un estado de conmoción generalizada en los habitantes de la ciudad. Rectores y religiosos asesinados, enfrentamientos entre combos delincuenciales, cobros de extorsiones o “vacunas” a transportadores, el “fleteo”; además de los múltiples crímenes como el asalto o el microtráfico que ya se han convertido en parte del paisaje de la ciudad contrastan con la imagen de ciudad líder e innovadora que se ha querido difundir desde la alcaldía con eventos como Colombia Moda o la pasada Feria de las Flores.

Pero esta situación no es para nada nueva, desde inicios del siglo pasado Medellín pasó de ser un pequeño poblado apartado en las montañas a ser una ciudad en proceso de industrialización (proceso que fracasaría a finales del mismo siglo por cuenta de la apertura económica) que, ante la imposibilidad de expandirse en sentido norte-sur decidió integrarse a los municipios circundantes y empezó a recibir una cada vez más creciente migración proveniente de los municipios que buscaban integrarse a la región gracias al Ferrocarril de Antioquia (proyecto ejemplar que también fracasó a finales del siglo pasado por voluntad de la clase dirigente). Fue a partir de la violencia política que se asomó con algo de timidez desde los años treinta pero que se hizo más palpable a mediados de la década de los cuarenta que la migración se hizo más dramática y evidente. En contra de lo proyectado por las élites urbanas que pensaban una Medellín para su exclusivo disfrute, las oleadas de desposeídos que llegaron del campo hicieron crecer la ciudad sobre sus laderas orientales y occidentales y preñaron de tugurios de escombros y caminos de herradura las zonas que anteriormente habían sido fincas y terrenos en desuso.

Con la migración llegó la represión, ejercida de manera violenta por parte del Estado.

Sanciones más severas contra Venezuela solo agravarían la crisis y posiblemente alentarían más violencia

Por: Mark Weisbrot

El gobierno de Trump decidió ampliar las sanciones económicas existentes contra Venezuela la semana pasada, al agregar 13 venezolanos más a la lista de personas sancionadas. Las sanciones de este tipo siempre han sido de dudosa legitimidad y legalidad, por decirlo de forma suave. El marco legal de EE.UU. exige que la orden ejecutiva del Presidente declare la evidente falsedad de que existe "una emergencia nacional en cuanto a la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional" que Venezuela supone para los Estados Unidos. Además, las sanciones violan sin lugar a dudas la Carta de la Organización de los Estados Americanos (Capítulo 4, Artículo 19), al igual que otros tratados internacionales suscritos por EE.UU.

Sin embargo, el verdadero peligro reside en lo que está por venir, puesto que el gobierno de Trump ha amenazado con imponer sanciones mucho más severas a la economía venezolana, la cual ya se ve sumida en una profunda depresión y plagada por la escasez de alimentos y medicinas.

El viernes, un grupo de congresistas estadounidenses publicó una carta rechazando la nueva advertencia de sanciones. Comienza de esta forma:

"Nos dirigimos a usted en esta oportunidad para expresar nuestra profunda preocupación por la escalada de la crisis política, económica y social que vive Venezuela e instamos a que se trabaje junto con nuestros socios regionales para ayudar a evitar una guerra civil. Nuestra encarecida recomendación es que se apoyen las negociaciones mediadas por respetados actores internacionales, tales como el Papa Francisco, quien goza de una amplia credibilidad entre sectores del gobierno, la oposición y la sociedad civil de Venezuela. Además, le alentamos a que se abstenga de aplicar sanciones económicas unilaterales, medida que podría profundizar la crisis económica y política del país y socavar cualquier disposición al diálogo y a las negociaciones".

La agenda de política comercial de Trump: más liberalización

Por: Christoph Scherrer.

Hay buenas razones para creer que la estrategia de Trump incluye la amenaza de proteccionismo, pero apunta a ganar acceso a los mercados de otros países para las empresas estadounidenses de tecnología avanzada. Trump va a ampliar la liberalización de las actividades económicas transfronterizas.

El presidente Donald Trump ha sido descripto como un proteccionista. La inmediata cancelación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) luego de que asumiera la Presidencia, así como su apoyo a los ajustes fiscales en frontera propuestos por los dirigentes republicanos en el Congreso, parece confirmar sus inclinaciones en términos de política económica internacional. Sin embargo, de una lectura más profunda de los intereses económicos de Trump, de su agenda comercial según se dio a publicidad en el Informe Anual sobre el Programa de Acuerdos de Comercio de 2016 elaborado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) y de la historia de la negociación comercial estadounidense surge una conclusión diferente. Trump usará los amplios déficits comerciales para presionar a sus socios comerciales a abrir sus mercados. Las empresas que exportan con éxito al mercado norteamericano desde esos países sentirán temor por los anuncios proteccionistas y, en consecuencia, es probable que presionen a sus gobiernos para que cedan ante las demandas del gobierno de Trump.

En otras palabras, el gobierno de Trump va a ampliar la liberalización de las actividades económicas transfronterizas. Desde la perspectiva de la economía del desarrollo, esto se podría llamar proteccionismo porque se trata de proteger los intereses de las empresas estadounidenses más avanzadas, que operan sobre la base de los derechos de propiedad intelectual y el acceso a la información en gran escala.

En defensa de la Revolución Bolivariana: ¡El imperialismo no pasará!

Por: Frente Fronterizo por la Paz

Las recientes amenazas contra el pueblo venezolano, emitidas por el presidente de los EE.UU.; el comunicado hostil y desproporcionado del Departamento de Estado del 17 de julio; así como las obscenas e intervencionistas declaraciones del Director de la CIA -en las que revela que existe una agenda con México y Colombia para intervenir en los asuntos internos de Venezuela-, ponen en evidencia el signo geopolítico del conflicto y desenmascara las fuerzas transnacionales que pretenden destruir la revolución bolivariana.

El imperialismo norteamericano ha asumido de manera explícita la dirección de la agenda de violencia que se vislumbra en los próximos días, en el marco del proceso electoral de la Asamblea Nacional Constituyente. La extraordinaria movilización de las fuerzas bolivarianas ha provocado una reacción desmedida y llena de soberbia que ha develado un secreto a voces: el capital monopólico transnacional es un factor sustantivo en la agudización del conflicto venezolano.

El pueblo venezolano es víctima de una agresión imperialista sin precedentes, implementada a través de una guerra de amplio espectro[1], en la cual se combinan múltiples dimensiones y se implementan todas las formas de lucha de manera simultánea: hostilidades diplomáticas, presiones económico-financieras, asedio bélico y operaciones de desprestigio mediático; se yuxtaponen en tiempo y espacio, con una agenda de violencia y el desconocimiento del tejido institucional; que tienen como finalidad inducir una guerra civil en Venezuela, con lo cual se generarían las condiciones para una intervención transnacional.

El oriente antioqueño y la resistencia civil

Por: Jaime Vargas Ramírez.
Julio 25 de 2017

Tierra bendecida por la naturaleza, pero maldecida por la codicia humana. El Oriente Antioqueño es una de las nueve subregiones en que se divide el departamento de Antioquia, cuenta con una extensión territorial de 7.021 kms², 55 kms² de área urbana y 6.966 kms² rurales. Del área total, el 22.85% corresponde a pisos térmicos cálidos, el 34.8% a pisos medios, el 40% a pisos fríos y el 2.35% a páramos. Comprende 23 municipios y una población actual aproximada de 570.000 habitantes.

Producto del abandono del Estado, de megaproyectos como hidroeléctricas, la autopista Medellín-Bogotá, y el aeropuerto internacional José María Córdova y de su manejo excluyente, emerge un movimiento de resistencia civil que se llamó Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño (MCOA). Movilización que abarcó la totalidad de municipios de esa región, donde al fragor de la lucha emergió una nueva dirigencia social y política que fue reprimida a sangre y fuego por la élite política y económica antioqueña. Posteriormente fue azotada por grupos armados que a nombre de ideologías extremas de izquierda y de derecha, quisieron someter a la población.

La región empieza a tener importancia desde los sesenta, con la construcción de las hidroeléctricas de San Carlos, Guatapé, Jaguas, Calderas, Tafetanes y Playas. Hoy, el oriente antioqueño genera el 33% de la energía del país.

Con la construcción de los embalses y la autopista Medellín-Bogotá, ocurrieron los primeros desplazamientos de la población. El casco urbano del Peñol fue trasladado en su totalidad y se dieron inundaciones en otras zonas del mismo. La comunidad se enfrentó a la reubicación en nuevas tierras y a cambios bruscos, tanto sociales como laborales. Llegaron a la localidad maquinaria pesada, numerosos foráneos, se especuló con la tierra y allí ocurrió el primer asesinato contra los que se oponían a los designios del desarrollo y el progreso. Cuenta Humberto León Rivera Galeano en su libro “El Ave Fenix”, donde relata lo acaecido en el Peñol que, “cuando se anunció que se iba a embalsar el pueblo, don Demetrio que era uno de los mayores propietarios de vegas aledañas al río Nare, dijo que no le interesaba vender sus tierras. Esto le valió que el día 19 de octubre de 1.965 sobre las cinco de la tarde, presumiblemente un carabinero que estaba de servicio en la mayoría de Guatapé, lugar en donde estaban las oficinas de EPM, lo matara a tiros en la entrada de su casa. Con este acto se garantizaba que el patrimonio de don Demetrio “se volvería harinas” y los herederos negociarían más fácilmente sus derechos sucesorios con las EPM”.

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