El fin del confinamiento obligatorio ¿Reactivación económica o estancamiento con riesgo de recaída?
Por: Arturo Cancino Cadena
Desde el 1º de septiembre Colombia abandona las medidas de confinamiento obligatorio que mantuvo desde la cuarta semana de marzo, cinco meses aunque no sin varias excepciones tempranas, cabe recordar. Así lo decidió y anunció el presidente Duque, para quien el manejo que su gobierno le ha dado a la pandemia ha sido acertado y “basado en la ciencia”, sin errores que valga la pena reconocer o lamentar.
La decisión se apoya en el argumento de que hemos alcanzado ya el pico del contagio en muchas grandes ciudades y en otras estamos a punto de hacerlo, según la información estadística y las proyecciones del Instituto Nacional de Salud, INS. Pero es claro que pesa mucho más un repertorio de presiones económicas canalizadas por los gremios empresariales, especialmente el de los comerciantes, para lograr cuanto antes un teórico regreso a la normalidad. Sin mucha preocupación sobre los estragos en la salud de sus trabajadores y clientes por un posible rebrote del contagio -tan funesto para las personas como para la economía- los dueños de los negocios repiten con el gobierno el estribillo de que la reapertura se hará observando “el cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad”. Pero muchos anteponen sus intereses particulares a la prevención sanitaria. Eso se refleja en su resistencia a medidas como el aforo máximo seguro en espacios cerrados o a las restricciones de los alcaldes en cuanto a días y horarios laborables para evitar aglomeraciones.
En el balance anticipado del Presidente y su ministro de Salud se alardea, como prueba reina de buen manejo, con el índice presuntamente bajo de mortandad cuando se contrasta con el resultado particularmente desastroso de algunos países vecinos (Perú, Ecuador, Brasil), si bien se omiten comparaciones con los países más exitosos como Uruguay, Cuba, Costa Rica o Argentina. Y con ese discurso sobre el supuesto resultado óptimo se pretende desconocer que, al lado de los fallecimientos de personas con alta vulnerabilidad por edad o comorbilidades, las estadísticas incluyen numerosas muertes de colombianos que no recibieron ninguna atención o fueron atendidos precaria y tardíamente en hospitales o clínicas debilitadas por la mala gestión de las EPS, sin personal idóneo suficiente o donde los ventiladores mecánicos llegaron tardíamente debido a la -también deficiente- gestión de los burócratas sobrepagados del gobierno (caso notorio, el del redundante y casi invisible gerente para la emergencia nombrado por Duque, más conocido en estos días por esmerarse en convocar a los altos funcionarios públicos a proclamas inconstitucionales de apoyo a Uribe y rechazo a la Corte Suprema).
Igualmente, se subestiman las pérdidas considerables de valiosos profesionales de la salud, personal clave que ha tenido que trabajar afrontando la batalla sanitaria contra la pandemia sin los elementos de bioseguridad suficientes y, en muchos casos, sin el pago al día de sus remuneraciones o carentes de estabilidad y prestaciones legales en su relación laboral. Además, el balance presidencial olvida mencionar que muchos alcaldes y gobernadores tuvieron que oponerse con firmeza a medidas de relajamiento prematuro de la cuarentena tomadas por el gobierno central. Un ejemplo: la autorización inconsulta para el reinicio simultáneo de actividades por parte de millones de trabajadores de varios sectores económicos en ciudades grandes como Bogotá, sin tener en cuenta las severas limitaciones del transporte público.
El Presidente y su séquito uribista prefieren desconocer que fueron los gobernantes locales quienes tuvieron que afrontar en las calles las consecuencias negativas de decisiones erradas de la Casa de Nariño. Mientras tanto, algunos alcaldes y gobernadores también han sido víctimas de ataques selectivos del fiscal escudero de Duque. O han sido objeto de tergiversaciones e infundios del Presidente y sus funcionarios –reproducidos por comunicadores y políticos a su servicio- que fabrican un mal ambiente para la difícil gestión de salud pública de las autoridades locales. Un caso emblemático de conflicto con el cuidado de la salud creado por el Gobierno fue el de los Días sin IVA, un acto de incoherencia total con la cuarentena. El primero de esos días desencadenó una ola de contagios dos semanas después, antes de haberse empezado a recibir los ventiladores prometidos por la presidencia para ampliar la capacidad de las UCI. Estuvo a punto de hacer colapsar el sistema de salud en Bogotá, Barranquilla y Cali. No obstante, el gobierno central negó su responsabilidad en la agudización de la emergencia y se esforzó en desestimar o ridiculizar los reclamos de los mandatarios locales.
Lo grave es que hoy los riesgos de repetición de los daños sufridos no han desaparecido. La velocidad del contagio sigue siendo alta y puede repuntar estimulada por la subestimación del problema, como le está sucediendo a otros países. En contra nuestra actúan, primero, los incentivos promovidos por los empresarios y los altos funcionarios del gobierno para restablecer una “normalidad” con los menores cambios posibles; y segundo, la tendencia a reducir el número de pruebas por las EPS que puede dejarnos en la oscuridad. Igualmente, influye la percepción difundida de haber superado la amenaza, que contribuye a minimizar y abandonar las medidas de prevención cuya responsabilidad se espera trasladar ahora exclusivamente a los ciudadanos.
Mientras tanto, la única seguridad efectiva para recuperar una verdadera normalidad en la vida social y económica reside en las vacunas próximas a ser aprobadas. Pero la esperanza de disponer de una de ellas se vislumbra remota para los colombianos. Otros países latinoamericanos, como Argentina, México y Brasil se han asegurado el abastecimiento de alguna de las vacunas más avanzadas mediante convenios de transferencia de tecnología y compromisos de elaboración local masiva. Un caso excepcional es el de Cuba, cuyos centros de investigación médica están desarrollando su propia vacuna. Nada sorprendente en un país donde, pese a lo modesto de su economía, debilitada por el prolongado acoso de EE.UU, se valora la atención en salud y el Estado invierte en este campo casi tres veces más como porcentaje del PIB que Colombia.
Guiado por su dogmatismo ideológico y su incurable complejo de colonia estadounidense, el gobierno de Duque parece haber descartado la colaboración con otros países de la región y de otros continentes para asegurar compartir la vacuna o participar en su producción. Es cierto que el país está inscrito en el mecanismo solidario Covax de la OMS, pero dado el alto número de países pobres adscritos a éste nuestro turno puede ser demorado para recibir la vacuna y seguramente la cantidad asignada será insuficiente. Como gestión complementaria, hay indicios de que el Gobierno piensa comprometer a Colombia en un dudoso convenio relacionado con costosas importaciones de un prospecto de vacuna, el de la multinacional gringa Johnson & Johnson. Descarta así otras posibilidades de vacunas que seguramente estarán disponibles más temprano y más barato, como las de Oxford-AstraZeneca que se producirá en Argentina, México y posiblemente Brasil. Tampoco considera alguna de las vacunas chinas que están en etapa de pruebas avanzadas, pese a que ese país es la única potencia que ha declarado que su vacuna será considerada un “bien público de acceso universal”. Mucho menos la de Rusia, aún si se llega a comprobar fehacientemente su efectividad. Para el maniqueísmo excluyente de la política exterior de este gobierno, esas potencias parecen vetadas como enemigas porque así las percibe Trump.
De esta forma, pese a que en el Congreso Nacional algunos sectores han mostrado gran preocupación con la gestión errática del Gobierno, al parecer éste terminará saboteando con su sectarismo y miopía el pronto acceso de Colombia a la vacuna. Aún a sabiendas de que la inmunización de la población es la condición más importante tanto para asegurar la salud pública mínimamente como para la recuperación de la vida social y productiva. Infortunadamente, la misma respuesta retardada y prejuiciosa del presidente Duque en el incierto escenario de la salud pública es la que se observa por parte de este gobierno frente al difícil panorama de la economía, quizás la peor cara de esta crisis para el pueblo.
El escenario económico
Luego de conocidos los informes sobre la destrucción dramática de empleos -que podría representar hoy entre 6 y 8 millones de colombianos sin trabajo, a juicio de algunos analistas- el Dane entregó los datos de la estrepitosa caída de 15,7% en el crecimiento económico del segundo trimestre del año. Con este desplome la actividad económica ya acumula en el primer semestre una disminución de $31.1 billones. Y aunque el aumento del desempleo es la consecuencia más grave del derrumbe de la economía, es al mismo tiempo la causa que explica en buena parte el debilitamiento de la mayoría de los sectores. ¿La razón? La drástica contracción de la actividad económica no es sólo resultado de la parálisis obligada de la producción debido a la cuarentena, se origina en muchos casos en la pérdida descomunal de ingresos de la población que se estima en $18 billones en el primer semestre.
Los efectos de la caída de los ingresos sobre la demanda se ven perfectamente en el colapso del PIB de sectores como la construcción (-38,7%), donde el inventario de vivienda construida y disponible excede claramente la demanda solvente prácticamente en todos los estratos. Tal es el caso también de la actividad manufacturera, cuya reducción la encabezan los sectores de bienes de consumo masivo como textiles, calzado y artículos de cuero -con una caída de 56,1%- seguida de fabricación de muebles, colchones y similares (-53,3%) y del grupo de fabricación de vehículos, carrocerías, maquinaria y equipo y productos informáticos, que decreció 35,6%. Puesto que la construcción y la manufactura fueron los dos sectores autorizados tempranamente por el Gobierno para reanudar actividades desde finales de abril, evidentemente su contracción económica obedece principalmente al desplome de la demanda interna por el empeoramiento del nivel de vida de la gente. Recíprocamente, es el ajuste del gasto hacia lo indispensable en el consumo de los hogares lo que explica que entre las actividades productivas únicamente la agropecuaria presente un leve crecimiento de 0,1%. Es decir, influye el sostenimiento de la demanda de alimentos, no tanto el hecho de haber sido exonerada la actividad de restricciones operativas.
Como se recuerda, frente al desbordamiento del desempleo y el ostensible fracaso de su programa de créditos por intermedio de la banca privada, el Gobierno reaccionó tardíamente aprobando para las empresas un auxilio precario de $350 mil por cada trabajador de salario mínimo que mantuvieran en sus nóminas. Por supuesto, los despidos continuaron así como el cierre de las empresas debido a lo retrasado e insuficiente del subsidio. Al mismo tiempo el Gobierno descartó la aprobación de una renta básica de emergencia por un salario mínimo mensual para 9 millones de hogares que se han quedado sin ingresos, propuesta que hicieron 54 parlamentarios de la oposición. Ni Duque ni Carrasquilla se han molestado en responder directamente a varias propuestas de esta naturaleza. Pusieron al vocero de la presidencia, Diego Molano, a sostener, con su cinismo habitual, que el Ingreso Solidario de irrisorios $160 mil mensuales para 3 millones de familias es la renta básica para quienes no estén incluidos en las ayudas (también exiguas) de los programas de reducción de la pobreza: Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, cuya cobertura es igualmente insuficiente. Al mismo tiempo, para ahogar cualquier expectativa distinta y como quien pasa una página desagradable, el discurso de Duque ha virado ahora hacia la política de reactivación de la economía
La reactivación como búsqueda errática del regreso al pasado
No pocos economistas han advertido que sin una acción pública efectiva contra el desempleo cualquier programa de reactivación tiene un alto riesgo de fracaso. Pero para los adeptos al fundamentalismo del mercado el empleo no es un objetivo de la política económica (residual, en el mejor de los casos) sino un efecto subalterno de la prosperidad de los negocios, y así mismo desestiman la fortaleza de la demanda como condición para el éxito de los mismos. Los neoliberales son conocidos por priorizar el crecimiento sobre la creación de empleo y el bienestar social o el desarrollo humano. Por eso en Colombia desde hace varias décadas los gobiernos neoliberales vienen promoviendo un crecimiento económico con altas tasas de desempleo, enormes grados de desigualdad social y niveles inaceptables de pobreza. Y permanecen impávidos ante un desbordado crecimiento de la desocupación en el país, como se ha mostrado el gobierno de Duque desde mucho antes de que se iniciara la crisis actual de la pandemia.
Sin embargo, en el contexto de esta profunda crisis mundial, desde las comisiones económicas de las Naciones Unidas, como la Cepal, hasta los organismos financieros multilaterales como el BID, el Banco Mundial o el FMI, coinciden en recomendar a todos los países una política fiscal que priorice el apoyo al empleo y la mitigación de la pérdida de ingresos de la población como medida indispensable para hacer frente a la recesión e impulsar la recuperación económica. Con respecto a América Latina, la región con mayor desigualdad social del planeta, no solo la Cepal sino también algunos representantes de estas agencias financieras han advertido que conviene replantear la ruta que venían siguiendo estos países. “Que cada país repiense un poco sobre su futuro y que ojalá no regresen a su status quo anterior. Me preocupa un poco que todos quieren volver a hace cuatro o cinco meses. Esta crisis está ahondando la situación que ya era muy mala”, opina Carlos Felipe Jaramillo, nuevo vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Y precisa:
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“Lo que vengo diciendo es que en América Latina tenemos que aprovechar esta crisis para repensar el futuro. Pasa por reconocer que entramos a esta crisis no muy bien. El crecimiento per cápita de los últimos 10 años apenas alcanza el 0,6 por ciento, de los más bajos de todo el mundo. Y llevamos una década con pobreza en 24, 25 por ciento, sin cambiar. Esto está ofreciendo la oportunidad para repensar, porque todos queremos un futuro mejor, un desarrollo más rápido, más incluyente, con menor desigualdad, menos dañino para el ambiente”.
También desde la presidencia del BID, hoy a punto de caer en las garras de Trump con la colaboración lacayuna del gobierno colombiano, se han formulado valiosos consejos como fortalecer el sector agrario y avanzar en resolver el problema de tierras para realizar una sustitución inteligente de importaciones agrícolas; así mismo, acelerar la integración comercial con los países de la región; y, sobre todo, reforzar los sistemas de salud no sólo en su infraestructura sino además en la capacidad de producción de vacunas.
Sordos a todas estas recomendaciones, el gobierno de Duque y su ministro Carrasquilla se negaron a establecer una verdadera política social en ninguno de los 167 decretos legislativos de las dos declaratorias de emergencia económica y social invocadas. Tampoco incluyeron en ellos ninguna reforma del sistema de salud regido por la ley 100 que ha mostrado las protuberantes fallas del criterio de lucro privado y de extracción de rentas en los servicios de salud. Además de la asfixia financiera de clínicas y hospitales y la explotación inescrupulosa de los profesionales de la salud, ha quedado en evidencia la incapacidad de las EPS para ayudar a las autoridades locales a gestionar la realización de las pruebas y proporcionar información oportuna que permita establecer cercos epidemiológicos efectivos; e, incluso, es patente su ineficacia en atender debidamente a la población aquejada tanto de covid-19 como de otras enfermedades.
En cuanto a introducir cambios en las estrategias productivas y comerciales, el Presidente y su ministro Restrepo, de Comercio, Industria y Turismo, ignoran las recomendaciones tanto de la Cepal como del BID sobre la necesidad de diversificación productiva e integración regional y persisten en afianzar las relaciones desiguales y excluyentes con Estados Unidos. Mientras tanto, su plan de desarrollo rural se reduce a promover la “agricultura por contrato” en lugar de la distribución de tierras y del apoyo económico efectivo a los pequeños y medianos productores. Mucho menos contempla la sustitución de las importaciones agrícolas que se han multiplicado con los TLC, muy elogiados por éste gobierno. Así mismo, abrigan esperanzas desmedidas en atraer más inversión extranjera, que históricamente se ha concentrado en la economía extractiva, depredadora del medio ambiente y sin beneficios reales para la población ni para el desarrollo del país.
Por otro lado, el plan de reactivación económica que viene pregonando el Gobierno carece de cualquier indicio de autocrítica o propósito de superación de las hondas grietas que revela el nefasto modelo económico actual. A pesar de los anuncios ostentosos de Duque sobre gastar $100 billones en recuperar el empleo y la salud de la economía, no hay en el presupuesto de 2021, como no lo ha habido en 2020, un incremento fuerte de la inversión del Estado ni verdadera reorientación de recursos hacia el gasto público y social para fundamentar esta promesa.
Cierto es que en términos reales, descontada la inflación, el valor total del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2021 se incrementa en aproximadamente 16% respecto al de 2020. Pero este porcentaje se reduce a 10% sin el servicio de la deuda y tal aumento no guarda proporción con el tamaño de la recesión económica que vive el país ni anticipa un estímulo fiscal suficiente para impulsar una recuperación económica vigorosa. Cautivo de la búsqueda ortodoxa del “presupuesto equilibrado”, el nuevo PGN se mantiene igual que el de 2020 alrededor de 21% del PIB. De los $50.5 billones que crece en valor total, $22.3 billones son para pagar la mayor cuantía del servicio de la deuda pública que Carrasquilla se ha empeñado, no sólo en no diferir, sino en seguir adquiriendo con la banca privada antes que gestionar los recursos gratuitos del Banco de la Republica. Y en el valor restante, el aumento del capítulo de inversión solo se aproxima a $10 billones, menos de 1% del PIB. Ningún esfuerzo fiscal de qué presumir, la verdad.
Peor aún. Ni el tamaño ni la composición de esta suma para inversión corresponde a las prioridades que expresa el discurso de Duque, según han observado analistas como Gonzalo Hernández. En valores absolutos, el mayor crecimiento del PGN es para funcionamiento que aumenta $18.3 billones. Paralelamente, solo $1 billón es para inversión de los $35.8 billones asignados al presupuesto de salud. Así mismo, los rubros de Defensa y Policía continúan teniendo una mayor participación en el PGN (1% más) que el rubro de Salud y Protección Social. Y la participación de rubros como Tecnologías de la Información (0,74 %), Agricultura (0,56%), Ambiente (0,23 %), Paz (0,18 %), Deporte (0,14 %), Cultura (0,11 %) y Ciencia (0,09 %), se hallan entre las menores en el presupuesto. En cambio el presupuesto de Hacienda crece más de 25%, 15 puntos por encima del crecimiento promedio sin pago de deuda, a $22.1 billones; y pasa de representar 7,9% del PGN en 2020 a 9,3% en 2021. Suscita muchas dudas que quede en manos directas de
Carrasquilla una porción tan importante de los recursos públicos, dado que su manejo discrecional suele servir para engrasar las maquinarias clientelistas del Gobierno con fines electorales.
Además, contrario a lo que dice Duque, aparte de los $16 billones para los programas de “transformación energética” sólo $4.8 billones de los gastos de inversión son para el publicitado programa de reactivación económica, así: $2.4 billones para el sector transportes, $1.3 billones para vías terciarias, $1.1 billones para el programa “concluir, concluir, etc.” que no es otra cosa que continuar con las obras ya iniciadas. Lo que queda consiste en los conocidos programas asistencialistas de escaso impacto social que poco contribuyen a la reactivación económica, más unas becas para máximo 180 mil estudiantes universitarios de estratos 1 y 2, con un alcance lejano al de la educación gratuita universal que reclaman los estudiantes.
No obstante, la bandera principal de la política de reactivación económica es la creación de un millón de empleos. Contrasta la pobreza de la meta con las dimensiones reales del problema del desempleo. Pero la decepción aumenta cuando se mira en detalle este programa. No se trata de un plan de creación masiva de empleo público temporal, como el del New Deal desplegado durante la Gran Depresión y recomendado por muchos economistas. El programa consiste en “iniciativas públicas y privadas” donde los únicos empleos concretos previstos (y no simplemente esperados) son los que se deriven de la continuación de obras públicas iniciadas, la construcción de algunas vías terciarias y los 27 proyectos de transformación energética que se calcula pueden crear 55.000 empleos.
Entre las políticas que involucran expectativas de mayor generación de empleo por el sector privado está el programa de subsidios para compra de vivienda VIS (100 mil) y no- VIS (100 mil). Aunque los cálculos hablan de la creación de 230 mil empleos, la realidad es que estos subsidios operan primeramente como una ayuda a los constructores para salir del exceso de inventario de metros cuadrados construidos. Por tanto, su efecto sobre la reactivación de la construcción sólo comenzará a verse una vez empiece a agotarse el excedente acumulado en oferta de vivienda. Lo anterior implica un grado de incertidumbre que podría equipararse al del impacto indirecto sobre el empleo productivo de las compras de artículos de origen nacional el Día sin IVA. Tanto en el uno como en el otro caso, el subsidio funciona como un programa de empleo sólo tras la caída sustancial de los inventarios; mientras tanto, constituye simplemente una ayuda a constructores o comerciantes para facilitar sus ventas mediante un auxilio a un número limitado de compradores beneficiados.
Uno de sus decretos más recientes relativos a la reactivación económica y el empleo, el 1157 de 2020, recicla la fórmula engañosa, fracasada como política de creación de empleo, de atraer capitales extranjeros a cambio de onerosas rebajas impositivas y contratos de estabilidad tributaria para las llamadas “megainversiones”. Los umbrales de inversión que estipula (USD$282 millones) se notan diseñados para excluir a la mayoría de las empresas nacionales y no se fijan condiciones que asocien las prerrogativas obsequiadas a ningún tipo de política industrial o agrícola. Como se deduce del decreto previo 1155, que otorga descuentos insólitos de impuestos a nuevas inversiones en la actividad turística (¡tasa de 9% para renta y exención impositiva a patrimonio y dividendos!), el Gobierno insiste en convertir a este segmento de los servicios personales en eje del crecimiento económico del país. De esta forma, no sólo reafirma la añeja renuncia del neoliberalismo a promover la industrialización y el desarrollo agrario, así como el avance tecnológico ligado a ellos y el empleo calificado, sino que opta por desconocer, con una ceguera inverosímil, el exceso comprobado de capacidad hotelera instalada en Colombia y las evidentes limitaciones actuales para crear empleo en uno de los sectores de mayor fragilidad, el más postrado y amenazado mundialmente a futuro por la pandemia, como lo sabe cualquiera.
Finalmente, a pesar del llamado que desde diferentes foros se ha hecho al Gobierno de incluir a las regiones en los planes de reactivación y privilegiar la construcción de infraestructura regional, la política ha seguido siendo centralizar los recursos. Por eso, ante el intento de Carrasquilla de acaparar también los de las regalías de las regiones, los gobernadores de distintos departamentos tuvieron que elevar su voz de protesta para lograr ser tenidos en cuenta. No obstante los acuerdos alcanzados, el Ministerio de Hacienda se reserva diferentes instrumentos efectivos para determinar la inversión de estos ingresos vitales para muchos municipios y departamentos.
Las opciones reales
Al igual que en el campo de la salud pública, en el económico y social las respuestas del Gobierno son en extremo deficitarias y exponen al país al estancamiento o a una recaída grave. Una verdadera agenda, no sólo para intentar reactivar precariamente algunos sectores de la economía como la de Duque, sino para conseguir una recuperación general e incluyente orientada al desarrollo nacional, podría tomar como guía los postulados del Consenso Latinoamericano. Ese es el nombre que le dieron un grupo de destacados economistas a su declaración, suscrita recientemente en explícita oposición a los principios del llamado Consenso de Washington que han gravitado negativamente sobre la región durante más de 30 años.
José Antonio Ocampo, uno de los firmantes, resume sus 18 recomendaciones en: 1. Desarrollo social con reducción de la desigualdad (educación y salud de calidad, empleo formal, protección social); 2.
Diversificación productiva y exportadora con contenido tecnológico y avance del sector agropecuario (Investigación & Desarrollo, infraestructura, apoyo a pequeñas empresas); 3. Finanzas públicas sanas con sistemas tributarios progresivos y menor vulnerabilidad a los ciclos económicos; 4. Compromiso sólido con los acuerdos internacionales (Objetivos del Milenio, lucha contra el cambio climático, defensa de la biodiversidad, integración regional sin sesgos); 5. Fortalecimiento de las instituciones públicas y defensa de la democracia.
Es claro que tanto Duque y su rosca uribista como los otros partidos que lo apoyan en el Congreso están en las antípodas de este tipo de soluciones de fondo a los problemas nacionales. De modo que en Colombia un programa con este enfoque requiere un relevo en la dirección del Estado. Y para conseguirlo, defender la paz y preservar la democracia, el punto 5 del Consenso, pasa a ser la primera tarea en que los sectores alternativos necesitan sumar desde ya sus esfuerzos.
Agosto 31 de 2020
Referencias
Clara López. “Dos años de pobre desempeño”. Revista Semana, agosto 19 de 2020
Economía sufrió el golpe más fuerte en la historia reciente. El Tiempo, agosto 15 de 2020
Gobierno de Colombia expuso Presupuesto General de la Nación 2021 en el Congreso. Valora Analitik, agosto 19 de 2020
Gobierno expide cuatro decretos para promover la inversión y el empleo. El Tiempo, agosto 21 de 2020
Gonzalo Hernández. “Y de aquello nada”. El Espectador, agosto 18 de 2020
José Antonio Ocampo. “El consenso latinoamericano 2020”. Portafolio, agosto 16 de 2020
Las 4 estrategias para reactivar la economía y el empleo en el país. El Tiempo, agosto 9 de 2020
Los ejes del cambio de rumbo que ve el BID para América Latina. El Tiempo, agosto 19 de 2020
Los tres pilares del Gobierno para lograr la reactivación económica. El Tiempo, agosto 19 de 2020
Miguel Ángel Delgado. “La Vacuna”. Periódico La Bagatela, agosto 27 de 2020
Para la reactivación económica hay que incluir a las regiones. El Tiempo, agosto 19 de 2020
Presentan Presupuesto de la Nación para 2021 por $314 billones, con alza de 41% en deuda. La República, julio 29 de 2020
Presupuesto de inversión de Colombia aumentará 23,1% en 2021. Valora Analitik, julio 29 de 2020
Radiografía de la histórica caída de la economía por la pandemia. El Tiempo, agosto 15 de 2020
Volver a estado previo a covid no es lo deseable: Vicepresidente de BM. El Tiempo, agosto 16 de 2020
