Se quiere encarcelarlo para escarmentar al pueblo.

A propósito de noticias contra el exalcalde de Magangué, Marcelo Torres:

Se quiere encarcelarlo para escarmentar al pueblo

En días pasados, algunos medios de Magangué y Cartagena difundieron noticias tan estridentes como insidiosas contra el exalcalde del municipio ribereño. Sin fundamento alguno, y de manera por lo demás temeraria, se le proclama responsable del delito de apropiación ilegal de recursos públicos. En el proceso penal originado por presuntas irregularidades presentadas en un contrato de remodelación del Gimnasio de Boxeo de Magangué, por lo que han sido detenidos el contratista y el interventor del mismo, se le señala como copartícipe y se alude a su inminente captura. Lo propio se dice del exsecretario de Planeación y del exdirector Financiero de su administración. Lo que falta por decirle a la opinión pública es que el exsecretario de Planeación, el economista Álvaro Escorcia, enterado de las falacias en su contra y del exalcalde, manifestó categóricamente que el acta parcial de un pago de esa naturaleza nunca fue firmada por él y que reafirma su decisión de denunciar penalmente la consiguiente falsificación de dicha acta. Tamaña irregularidad saca a flote una turbia alteración del proceso contractual investigado por la Fiscalía y denota a la legua la intencionalidad de enlodar la pasada administración democrática de Magangué.

Lo sucedido, sean o no conscientes de ello los medios que divulgaron tales noticias, debe ubicarse en el contexto más amplio de una maniobra instigada por los poderes oscuros a los cuales derrotó la elección de Marcelo Torres a la Alcaldía de Magangué en el 2011. Se trata con esta decisión no sólo de una muy obvia vendetta política contra su papel como alcalde sino del vil intento de escarmentar a todo un pueblo y con ello, por anticipado, a toda iniciativa que en el futuro cercano vuelva a alzarse contra el gobierno de la mafia y la opresión tanto en Magangué como en otros tantos municipios olvidados de Colombia. Se ha dado la orden de que la osadía de haberlo desafiado y derrotado en las urnas se le castigue con tanta saña y contundencia que en adelante no se limite a provocar el desánimo en los líderes y fuerzas políticas y sociales que perseveren en este mismo camino democrático, sino que intimide y paralice por el miedo a la masa de ciudadanos.

Se enmascara tan torvo fin político con el infame expediente de tratar de enlodar al exalcalde con la presunta comisión de un delito común depredador de los recursos públicos. Porque no transigió con la pretensión de seguir gobernando a la antigua, una caterva de politiqueros y leguleyos se dedicó sin pausa ni medida durante los cuatro años de su administración a atiborrar los despachos y oficinas de los entes de control y de fiscales y jueces con infundios contra cada acto y decisión de la misma. La hoja de vida de Marcelo Torres, clara y simple, no consta sino de décadas de liderazgo de lucha política y social. Siempre desde la izquierda, incluyendo su breve papel como senador y concejal. Jamás se le relacionó con prácticas corruptas ni fuera ni dentro del sector público. Es claro que cuando Colombia avanza en medio de una histórica pugna para alcanzar la paz, en el experimento con resultados de Magangué de lo que se trata es de una burda retaliación.

Encontró Marcelo Torres en Magangué una administración pública en ruinas y la entregó en pleno proceso de reconstrucción y modernización. Sin siquiera tener empalme, recibió la municipalidad con una deuda y un desorden mayúsculos en sus finanzas públicas, caído en el sótano de la sexta categoría de los municipios, prácticamente sin recursos propios para invertir, descertificado tanto en agua potable y saneamiento básico como en vivienda de interés social, con unos pésimos servicios públicos domiciliarios privatizados y, por supuesto, con una ciudadanía que había padecido los embates del amordazamiento, la intimidación, el asesinato de periodistas y gentes de toda condición social, el saqueo de los recursos públicos y una supresión prácticamente completa de la vigencia de la ley.

Su administración logró que Magangué pasara en sólo un año, 2012, en el Índice de Desempeño Integral de los Municipios del Departamento Nacional de Planeación, del lugar 1.065 al 329, (un salto de 736 lugares). Entregó a Magangué con sus finanzas públicas saneadas: evitó la caída del Acuerdo de Pasivos, regularizó sus pagos y el municipio canceló más de la mitad de su deuda; renegoció la deuda pública liberando recursos para la inversión; aumentó el recaudo de los impuestos municipales más de un 130% entre 2011 y 2015, dejándolo listo para ascender a la categoría siguiente de municipios. Con casi $29 mil millones de inversión del municipio las obras civiles recibieron un impulso materializado en un total de 150 obras construidas, ampliadas, remodeladas, adecuadas, cofinanciadas o simplemente gestionadas ante el gobierno central, entre las cuales se destacan 2 centros de desarrollo integral infantil, el muelle fluvial de pasajeros, 8 comedores escolares en la zona rural, 730 viviendas palafíticas en los corregimientos, 573 viviendas para damnificados de la ola invernal en la zona urbana, numerosas vías públicas, y la iniciada reconstitución del banco de maquinaria que había desaparecido. Puesto en práctica un nuevo modelo de matemática articulada en educación, amén de una intensa capacitación de los docentes con talleres, diplomados y conferencias y la publicación de una cartilla de primaria de la historia del municipio, Magangué llegó a ocupar, entre los 94 municipios certificados en educación del país, el 8º lugar en matemáticas y comprensión de lectura.

En lo social se activó un observatorio de políticas públicas para la infancia, la adolescencia, los jóvenes, la mujer, el adulto mayor, las personas con discapacidad y las minorías o sectores sociales diversos y discriminados, cuyos resultados, si no mayores sí muy significativos, se concretaron en: procesos de resocialización de antiguos miembros de pandillas juveniles, las jornadas del día del niño, las movilizaciones en repudio a la violencia contra la mujer, y en considerables avances de reconocimiento social de la comunidad LGBTI. El programa de “Más Familias en Acción” pasó de 7.000 a 14.300 hogares y 27.000 niños de escasos recursos. Por primera vez, se logró suministrar agua potable a 16 corregimientos del área rural mediante la construcción de 14 pozos profundos, activados con energía solar, con sus respectivas redes de distribución del líquido vital hasta la puerta de cada vivienda. Quedó solucionado, en materia de obtención de recursos del gobierno central, el problema del suministro de agua potable con sus redes en el área urbana: $33.000 millones quedaron contratados para garantizar la satisfacción de tan vital necesidad.

El más notable avance de Magangué consistió en su reinserción en el Estado de derecho que posibilitó el retorno de las libertades, derechos y garantías ciudadanas, y de la observancia de la Constitución y la ley. Acaso por ello el nombre de nuestro compañero estuvo entre los 45 mejores alcaldes del país, en la lista escogida por la Fundación de la Revista Semana.

Al terminar su mandato, en Magangué había empezado a implementarse el MECI (Método Estándar de Control Interno), el gobierno en línea, la actualización de la página web del municipio, la digitalización de archivos y documentos, y se había practicado con rigor la rendición periódica de cuentas. Gestionada ante el IGAC, se había emprendido la actualización catastral de Magangué. Por primera vez un estudio estableció contablemente cuántos y cuáles son los activos reales del municipio.

En cualquier democracia medianamente avanzada, la labor cumplida habría merecido si no reconocimiento público, al menos, dados los poderes desafiados -que siguen vigentes y actuantes- la elemental garantía de la protección de quien así hubiere actuado. En lugar de ello, después de un tortuoso período de crecientes deficiencias del servicio de protección, finalmente, hace poco, el Gobierno central y su órgano, la Unidad Nacional de Protección, resolvieron quitarle a Marcelo Torres el esquema de seguridad que se le tenía asignado. No importó que durante su desempeño como alcalde su domicilio hubiera estado a punto de ser asaltado por una turba instigada, ni que en una madrugada un policía que custodiaba su vivienda hubiera tenido que hacer un disparo de fusil ante una contingencia aún pendiente de aclarar, ni tampoco que una de las llamadas bacrim lo incluyera en una de sus listas de amenazados de muerte. Hoy, sin esquema de seguridad, no puede vivir ni retornar a Magangué y cualquiera de sus desplazamientos, en desarrollo de sus actividades políticas en el país, debe realizarlas por su cuenta y riesgo. Su esposa e hijos, desoídos sus legítimos reclamos de protección ante la UNP, quedan expuestos a la vindicta. Responsabilizamos al alto gobierno de lo que pudiere ocurrirles.

Amén de la observancia del debido proceso, no reclamamos privilegio alguno para nuestro dirigente ante la justicia, tampoco descalificamos a ninguno de los funcionarios de ella en Magangué, pero al igual que a cualquier observador atento, no pasamos por alto que en el ámbito del municipio nadie escapa hoy a las siniestras presiones de antaño que reviven hoy con fuerza. Por lo tanto, exigimos públicamente el traslado de cualquier proceso que pudiere haber en su contra, a la instancia y lugar que garantice su seguridad y sus derechos.

Partido del Trabajo de Colombia
Comité Ejecutivo Central
Integrante de Alianza Verde

Yezid García, secretario general (e)

Fabio Arias, Consuelo Ahumada, Martha Borja, Jorge E. Charry, Miguel Ángel Delgado, Alberto Herrera, Jhonny López, Raúl Moreno, Miguel Ángel Pardo, Juan Simón Rico, Jorge Santos.

Bogotá, 15 de junio de 2016