A propósito de la crisis en la justicia.

Por: John Jairo Castro.

Es evidente que esta crisis de la justicia que hoy se viven en el país es la peor de todas, ya que en el pasado han existido pero no de esta magnitud, lo que evidencia que detrás hay ciertos intereses políticos, que tiene que ver con el actual proceso de paz que se realiza en La Habana entre el gobierno de Colombia y las FARC. Esta es la organización guerrillera más vieja del continente que después de tantos años de causar traumatismos al desarrollo de las regiones del país, ha entendido que la salida a su disparate no es la de continuar con una guerra que sólo ha propiciado pérdidas de todo tipo para el pueblo. En esa línea se debe observar que los diferentes gobiernos que han pasado por la historia de Colombia desde la Constitución de 1991, han tenido la intensión de terminar el conflicto armado por la vía de la guerra para lo cual han solicitado dinero prestado a los EE.UU con la excusa de combatir el narcotráfico y la guerrilla.

No es la primera vez que los contextos e intereses políticos permean a la Corte. En el gobierno de Samper se presentó una reforma a la justicia que buscaba restarle importancia a la Corte Constitucional quitándole la posibilidad de revisar la constitucionalidad de los decretos ley que el presidente expedía en relación con el orden público (estados de excepción). Otro punto de aquella reforma era evitar que el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia revisaran tutelas, vulnerando así los derechos fundamentales de las personas. Además se evidenciaban otras pretensiones de Samper, como querer entregarle los organismos de control a la oposición -lo cual no es necesariamente malo-, o que la policía judicial tuviera funciones militares pero sin presencia en la zona rural del país sino en las ciudades capitales. En su estructura general, dicha reforma no se podía ser percibida como acertada para el desarrollo democrático del país, principalmente en lo que refiere a la independencia y respeto a la función de cada rama de poder público.

En el gobierno de Uribe Vélez el país vivió un trágico momento de conflictividad, no solamente entre los diferentes sectores de la política, sino también con los países vecinos y además ya no se buscaba la conciliación entre las diferencias, tan sólo se pretendía por medio de la disputa física alcanzar la victoria sobre el contradictor. Fueron ocho años en los que la gente en Colombia lo único que podía hacer y lo primero que se le venía a la mente era la confrontación. En relación con el llamado choque de trenes que se vivió en esta época, el presidente Uribe se enfrentó a la rama judicial que tenía como una de sus funciones velar por el cumplimiento de los acuerdos que se tenían con los grupos paramilitares para amedrentarla, pero afortunadamente las altas cortes resistieron. Además, en el proceso de mantener el Estado social de derecho y la democracia la Corte Constitucional declaró en 2010 que el decreto 1354 de 2009 que convocaba un referendo de iniciativa popular que pretendía reelegir al presidente de manera permanente, fue declarado inconstitucional

Cada uno de los gobiernos mencionados pretendía reformar la justicia argumentando que estaba en crisis. Por ejemplo, Samper decía que la justicia tenía que estar libre de la política, es decir tener independencia para poder juzgar y proteger los derechos, lo mismo que sucede hoy en el gobierno de Juan Manuel Santos.

Pero de fondo se pone en entredicho el papel de las altas cortes que son las garantes de mantener la democracia en el Estado social de derecho. Ahora bien, ¿La división tripartita del poder en Colombia está funcionando de acuerdo a lo estipulado por Look y Montesquieu para quienes los órganos del poder deben controlarse entre sí, a través del sistema de pesos y contrapesos? Acá el ejecutivo ha tenido más injerencia dentro del poder judicial como se observa en los diferentes fallos de la Corte Constitucional en temas de mucha importancia social, por citar algunos ejemplos el matrimonio igualitario, la adopción de niños y niñas por personas del mismo sexo, el aborto el tema de las corridas de toros y por supuesto las leyes para la desmovilización de los grupos armados.

Con todo, no se puede afirmar que la crisis de corrupción que hoy afecta a la Corte es el único factor que hace necesaria una reforma a la justicia, pues no se puede perder de vista temas estructurales como el hacinamiento en las cárceles, la excesiva demora en el desenlace de los procesos civiles, el incremento de inseguridad por falta de garantías institucionales a los procesos penales, entre otros.

Sin pretender defender al magistrado Pretelt y sus actuaciones como presidente el alto tribunal, se puede señalar que la propuesta de reforma a la justicia del gobierno Santos solo es proporcional al interés político del momento. Lo cual, llevado al límite, podría despojar este proceso de la independencia que se requiere para el buen desarrollo funcional de la rama.

No obstante lo anterior, en aras de respaldar el estado social de derecho y la democracia, es evidente que para garantizar el buen suceso del postconflicto se debe tener una Corte Constitucional de línea liberal ya que el interés del pueblo colombiano es alcanzar la tan anhelada paz, es decir finalizar con el conflicto armado que tanto daño le ha hecho al país, que ha dejado un sin número de víctimas directas e indirectas del conflicto y por supuesto varias generaciones sin poder consolidar oportunidades, así como un país sumergido en la pobreza y condenado a ser siempre una economía en vía de desarrollo. Así las cosas, sí éste es el derecho general que se sobrepone al derecho individual, guste o no, es necesaria la reforma a la justicia.