Por fin un verdadero plan de desarrollo nacional

El pasado 19 de mayo el presidente Gustavo Petro sancionó el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2023-2026 del gobierno del Cambio, denominado “Colombia, potencia mundial de la vida”. Fue la culminación exitosa de un proceso democrático sin precedentes que consistió en 51 diálogos regionales comunitarios -encabezados cada uno por alguno de los ministros del gabinete- e involucró a más de 250 mil participantes en todas las regiones del país. Bajo la dirección y experticia del Departamento Nacional de Planeación, DNP, se configuró la propuesta en un documento rigurosamente estructurado de 166 páginas con 5 ejes temáticos desarrollados en más de 370 artículos, que tuvo en cuenta 89.000 propuestas de origen popular. Fue este el proyecto presentado al legislativo el 9 de febrero para la discusión y aprobación parlamentaria que se llevó a cabo durante los tres meses siguientes. Luego de presentado al Congreso, el PND recibió no menos de 6.500 proposiciones adicionales de distinta naturaleza que formaron parte del intenso debate, como lo destacó Jorge Iván González, director del DNP.   

Entre los instrumentos para ejercer la función constitucional de dirección general de la economía por el Estado, que las reformas neoliberales emprendidas desde los años 90 no consiguieron eliminar, figura el de la planeación económica. Sin embargo, desde el cuatrienio de Gaviria los gobiernos colombianos disminuyeron su relevancia tanto desde el punto de vista de los montos de inversión pública como en sus propósitos de abordar los problemas claves para el desarrollo nacional. Así, mientras el gobierno de Santos discutía en el proceso de paz con la Farc aspectos que involucraban fuertes inversiones públicas para afrontar el atraso rural y la reparación de las incontables víctimas del conflicto armado, sus planes nacionales de desarrollo centraban la inversión estatal casi exclusivamente en la modernización de la infraestructura vial entre las grandes ciudades (vías 4G), su vicepresidente Vargas Lleras se dedicaba a otorgar a los grandes contratistas costosas obras civiles y la política social se limitaba a perfeccionar un precario sistema asistencialista iniciado durante el gobierno anterior (familias en acción, jóvenes…, etc) .

Pero quizás el mejor ejemplo de la distorsión y fatuidad en el abordaje de esta función constitucional es el plan de desarrollo del gobierno de Duque. El llamado “pacto por Colombia, pacto por la equidad” no fue otra cosa que un catálogo de aspiraciones generales pletóricas de retórica social pero sin definición de medios concretos para lograr las metas, en el que deliberadamente se ignoraron los mandatos del Acuerdo de Paz con las Farc, particularmente el punto 1 de dicho acuerdo sobre la reforma rural integral y sus metas. Y mientras con su eufemismo de “paz con legalidad” Duque desconocía los compromisos reales del Estado en este campo elevados a ley por el gobierno anterior, su proyecto de PND pretendía servir de vehículo legal para rescatar de la quiebra a grandes firmas privadas como Electricaribe mediante la promulgación de una sobretasa nacional sobre las tarifas de energía eléctrica con esa destinación específica. Al mismo tiempo, en el farragoso articulado de ese Plan que promovía la llamada “economía naranja” como un placebo del desarrollo, se camuflaba una contrarreforma laboral para hacer realidad el proyecto liderado por Fenalco y la Andi de introducir el salario por horas. Así, con el pretexto de ampliar el acceso a la seguridad social, se trataba de socavar la estabilidad laboral y el salario mínimo legal que en la estrecha lógica neoliberal de ciertos voceros gremiales, como Cabal y Mac Master, son vistos como un obstáculo institucional para alcanzar el ideal de legalizar toda clase de empleos con remuneraciones precarias y jornadas interminables: lo contrario al “empleo decente” postulado por la OIT.

Estos auténticos “micos” para beneficio particular de una empresa o de los intereses egoístas y cuestionables de ciertos sectores empresariales -aprobados por el Congreso de mayoría uribista, pero a la postre declarados inconstitucionales- formaban parte de un conjunto disperso de objetivos enunciados, incluyendo una significativa reducción de la pobreza, una supuesta lucha contra la corrupción y una oferta de energía limpia. Pero, al mismo tiempo, proveían un presupuesto de inversión pública en extremo limitado. En los cuatro años de gobierno se ejecutarían materia de recursos públicos $729 billones y se contaba con un estimativo de otros $398 billones en recursos privados (que por su naturaleza voluntaria son principalmente una expectativa sin resultados confiables).

Por otro lado, los nexos de estos recursos públicos previstos en ese Plan con sus metas sociales no eran claros, ya que no se materializan en acciones concretas que generen cambios como la entrega de tierras, pensiones o servicios de salud; y el objetivo incluido de disminuir los cultivos de coca es una expresión de la política antinarcóticos convencional, nada equiparable a una medida de desarrollo económico o medio de mitigación de la pobreza rural. Pero, sobre todo, el “pacto por la equidad”, que supondría disminuir la desigualdad social, no se concreta en ninguna reforma económica redistributiva o gestión social niveladora, por lo que las palabras fungen solo como un adorno demagógico en el título de ese PND.

En marcado contraste, el PND 2023-2026 del actual Gobierno prevé la asignación de recursos públicos por valor de $1.154,8 billones (que incluyen $50,4 billones del Plan Prurianual de Inversiones para la Paz), lo que significa un aumento de 58% respecto al PND  anterior; y esa inversión se destinará a objetivos sociales concretos y esenciales para el desarrollo y la paz: la entrega y titulación de 2,9 millones de hectáreas de tierras fértiles a los campesinos y la formalización de 3,9 millones de ha. de pequeña y mediana propiedad rural; el avance del catastro multipropósito desde una cobertura actual de 9% hasta 70% del territorio nacional, información vital para reforma rural integral; la construcción y habilitación de vías terciarias hasta alcanzar los 88.000 km. (33.000 km. más que los actuales) sin las cuales no puede progresar el campo; la recuperación y rehabilitación de 1,7 millones de ha. de ecosistemas degradados y un freno a la desforestación aumentado en 20%.

A esto se suma incrementar en 10,38% la producción de las cadenas agrícolas priorizadas para garantizar el derecho a la alimentación; agregar 2.000 MW de generación eléctrica de fuentes no contaminantes; diversificar la canasta exportadora para disminuir la dependencia de las exportación de hidrocarburos y carbón, aumentando en 56,3% la participación de bienes no minero energéticos y servicios como resultado esperado de la estrategia de reindustrialización del país; duplicar el acceso de la población a internet (de 38,3% a 71,4%), elevar a 62% la cobertura de la educación superior y duplicar el gasto en Investigación y desarrollo hasta alcanzar el 0,5% del PIB. Así mismo, reducir el déficit habitacional a 26% y hacer llegar los subsidios de vivienda a los municipios pequeños.

Son estas realizaciones concretas las que permitirán la disminución de la pobreza extrema de 12,2% a 9,6% en cuatro años, eliminar el hambre en la primera infancia, bajar en más de la mitad la mortalidad materna (a 32 por cada 100 mil) y bajar el Índice de Pobreza Multidimensional en los municipios con PDET (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial) de 12% a 7,4%, así como aumentar los ingresos de la economía popular en 6%. E igualmente, elevar en 2 millones de toneladas la mitigación del CO2 producido hasta alcanzar los 2,14 millones de toneladas.

Los objetivos anteriores se derivan de los 5 grandes pilares del Plan Nacional de Desarrollo: Derecho humano a la alimentación; ordenamiento del territorio alrededor del agua; seguridad humana y justicia social; transformación productiva, internacionalización y acción climática; y convergencia regional. El grueso de los recursos ($743,7 billones) irá a los programas de Seguridad Humana y Justicia Social, propuesta insignia del Gobierno.

Pese a la estigmatización que quisieron hacer los partidos de oposición y otros críticos, apoyados por la procuradora Cabello con su tendenciosa descalificación como “mico” de cualquier iniciativa contraria a sus opiniones, el PND 2023-2026 “Colombia, potencia mundial de la vida” logró un enorme consenso social y regional tanto por su carácter coherente, progresivo y equilibrado como por la recuperación del papel estratégico del Estado colombiano en impulsar el desarrollo económico y el progreso social.

No parece exagerado pensar que aun si al final no se pudieran alcanzar en su totalidad las metas previstas (muchas dependen de la cooperación de departamentos y municipios y es baja la capacidad de ejecución actual de un Estado rezagado), sin duda su aplicación en lo que resta del gobierno de Petro hará más por el avance real de la nación que 20 años de pseudo planes de desarrollo y gestiones regresivas como la de Iván Duque. A pesar de las zancadillas de los alfiles que este último dejó instalados en la Procuraduría, la Fiscalía y otros organismos para obstruir el cambio. Y de la campaña de desinformación contra el Gobierno desplegada por la oposición de ultraderecha, secundada por la mayoría de los grandes medios.

Estos son los momentos más importantes de la semana que pasó en el #GobiernoDelCambio.@infopresidencia pic.twitter.com/qllGmQwuhC

— Resistencia en Colombia (@ColResistiendo) May 22, 2023