La realidad tras la Coalición de Trump para cambiar el régimen en Venezuela.

Por: Mark Weisbrot

Ah principio de los 70’s, los Sandinistas estaban en las montañas combatiendo para tumbar la brutal dictadura de la familia Somoza, de unos 40 años de duración y con el apoyo de Estados Unidos. Cuando una potente erupción volcánica golpeó a Nicaragua, Omar Cabezas, sandinista, cuanta que estos le dijeron a los campesinos que encontraron que fue un castigo de Dios por no haberse librado de Somoza.

Cuando los Sandinistras triunfaron en 1979, Estados Unidos inició una sangrienta guerra para recuperar el país mediante el grupo terrorista paramilitar de ‘los contras’, quienes asesinaban civiles regularmente. El Presidente George H.W Bush lo dejó muy claro durante la segunda elección de los sandinistas en 1990, que aunque no fuera Dios, el continuaría castigando a los nicaragüenses con un embargo comercial y la guerra si no se desasían de los sandinistas. Cansados de la guerra, la hiperinflación y el colapso económico, los nicaragüenses votaron por la oposición: Los sandinistas perdieron.

Hoy el gobierno de Trump está repitiendo la estrategia de castigo colectivo contra Venezuela con un embargo financiero paralizante desde agosto de 2017 y desde enero, un embargo comercial. El embargo financiero impidió cualquier posible medida del gobierno para acabar con la hiperinflación o generar una recuperación económica, mientras se pierden billones de dólares de la producción de crudo. El embargo económico está proyectado para cortar el 60% de las exiguas ganancias en divisas, necesarias para comprar medicina, comida, suministros médicos y otros bienes esenciales para la supervivencia de muchos venezolanos.

Buscando promover un golpe militar, una rebelión popular o una guerra civil, la administración Trump ha sentenciado que el castigo continúa hasta que destronar al actual gobierno. “Maduro debe irse” dijo el Vicepresidente Pence nuevamente en marzo.

Todo esto es ilegal bajo numerosos tratados firmados por Estados Unidos, incluido el Capítulo de la Naciones Unidas, el capítulo de la Organización de Estados Americanos y otros convenios y leyes internacionales. Para legitimar esta brutalidad, que probablemente ya ha matado a miles de venezolanos al restringirles el acceso a bienes y servicios esenciales para la vida, la administración Trump ha presentado las sanciones como un consenso de la “comunidad internacional” – similar al de George Bush cuando conformó la “coalición de los dispuestos” de 48 países que apoyaron su desastrosa invasión a Irak en 2003.
En esta narrativa, gobiernos –sobre todo en América y Europa- se han plegado a los Estados Unidos en reconocer que el gobierno paralelo en Venezuela es “democrático”; los que no lo han hecho o se han declarado en contra de derrocar el actual gobierno son “autoritarios”, como figuran regularmente en los medios Rusia, China, y Turquía.

Miremos algunos de los gobiernos que se han unido a la administración Trump en esta operación ilegal de cambio de régimen y al embargo financiero, reconociendo a Juan Guaidó como “Presidente interino”. El más importante y sólido aliado de Trump en Latino América es el Presidente de extrema-derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, famoso por decirle a una Congresista brasilera que no la violaría porque “ella no lo merecía” , por varios comentarios racistas y homófobos y por glorificar la violencia política. Irónicamente, la única justificación de la administración Trump para el cambio de régimen en Venezuela es la “ilegitimidad” de la elección de Maduro, cuando la misma elección de Bolsonaro es de cuestionable legitimidad. Su oponente principal, el ex-Presidente Lula Da Silva –en su momento el político más popular en el país- fue encarcelado después de un juicio en el cual no hubo evidencia material del delito del que se le acusa. El veredicto se basó en un testimonio coaccionado de un testigo que fue condenado por corrupción y cuya declaración de culpabilidad se suspendió hasta que cambió su historia para coincidir con la versión del juez. El juez Sérgio Moro demostró una fuerte animadversión contra Lula en varias ocasiones, incluyendo la publicación de conversaciones grabadas ilegalmente entre Lula y la entonces presidenta Dilma Rousseff, su abogada, y su esposa e hijos. Después de estas y otras irregularidades e ilegalidades, Lula fue condenado de manera inconstitucional antes de las elecciones. Después de la elección y la ayuda prestada por Sergio Moro al triunfo de Bolsonaro, este lo nombró ministro de justicia.

Otros gobiernos latinoamericanos de la Coalición de los Dispuestos de Trump le deben a Washington algunos favores por ayudarles a alcanzar el poder. El gobierno del Presidente hondureño Juan Orlando Hernández es probablemente el ejemplo más extremo. Su partido llegó al poder en 2009 con el derrocamiento del presidente democráticamente elegido Manuel Zelaya en un golpe militar. La administración Obama, junto con los republicanos, ayudaron a legitimar el golpe y las "elecciones" que siguieron. Hillary Clinton, entonces secretaria de Estado, describió más tarde en sus memorias cómo maniobró para evitar que el presidente elegido democráticamente volviera a ocupar su cargo. En 2017, Hernández retuvo el poder al robar descaradamente una elección -simplemente alterando el totales de votos-. Esta fue la conclusión ineludible de los periodistas y observadores de todo el espectro político. Incluso uno de los líderes más fanáticos de la Coalición de Trump de los Dispuestos, el actual Secretario General de la OEA, Luis Almagro, rechazó los resultados y pidió nuevas elecciones. Por supuesto que no pasó nada porque el equipo Trump aceptó los resultados.

Colombia tiene tal vez el segundo líder más belicoso en la Coalición de Trump, después de Bolsonaro. El Presidente Iván Duque es el protegido del ex Presidente, ahora patrón, Álvaro Uribe. Los cables diplomáticos estadounidenses que se dieron a conocer el año pasado mostraron una preocupación generalizada entre los funcionarios estadounidenses por los vínculos de Uribe con los narcotraficantes. En la década de 1990, la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos encontró que Uribe estaba "dedicado a colaborar con el cartel de Medellín (de la droga) a altos niveles de gobierno". También se cree que Uribe tenía vínculos con los escuadrones de la muerte desde hace mucho tiempo. Casi renunció al Senado colombiano el año pasado en medio de una investigación criminal en curso. Uribe ha apoyado por mucho tiempo el esfuerzo de Estados Unidos por cambiar el régimen en Venezuela. En 2009, numerosos gobiernos sudamericanos se opusieron y bloquearon sus planes de ampliar la presencia militar de Estados Unidos en Colombia.

El Presidente Mauricio Macri de Argentina, otro influyente miembro de extrema-derecha de la coalición, también le debe favores a Washington. En junio, esta relación le permitió conseguir el mayor préstamo del FMI en la historia, $50 billones de dólares -posteriormente subió a $56,3 billones de dólares cuando la economía se comportó mucho peor de lo que el FMI había previsto en el acuerdo. Estados Unidos bloqueó los préstamos al gobierno de su predecesor y rival de instituciones multilaterales de préstamo como el Banco Interamericano de Desarrollo. Debido a que Argentina se encontraba con problemas de balanza de pagos hacia el final del mandato de la presidenta Cristina Fernández, esto fue significativo.

Un golpe aún mayor para su gobierno vino de un juez de Nueva York aparentemente motivado políticamente, que tomó como rehenes a más del 90 por ciento de los acreedores argentinos en 2012 al dictaminar que no se les podía pagar hasta que ciertos fondos de buitres con sede en Estados Unidos fueran cancelados primero. Todos estos problemas con Estados Unidos se resolvieron rápidamente poco después de que Macri asumiera el cargo en 2015.

Los medios de comunicación a veces señalan al Presidente Lenín Moreno de Ecuador para mostrar que hay una presencia de "centroizquierda" en esta empresa ilegal y un tanto bárbara. Moreno fue elegido en 2017 con el apoyo del partido Alianza PAIS del ex presidente Rafael Corea. Pero rápidamente dio un brusco giro a su mandato, formando una alianza con oligarcas de derecha y utilizando medios extraconstitucionales para consolidar su poder. Ahora está tratando de meter al ex presidente en la cárcel por lo que parecen ser cargos falsos. Moreno ha sido recompensado por Washington con $10 billones de dólares en préstamos de instituciones multilaterales, incluidos $4.2 billones de dólares del FMI la semana pasada. Si $10 billones no suena como mucho, considere que el préstamo, expresado como un porcentaje de la economía ecuatoriana, sería equivalente a que EE.UU. recibiera $1.9 trillones. No es de extrañar que Lenín Moreno se haya unido a la Coalición Trump.

El presidente de Paraguay también tiene motivos para agradecer al padrinazgo norteamericano. Su partido, el Partido Colorado, gobernó el país durante 61 años consecutivos, la mayoría de ellos bajo la dictadura de Alfredo Stroessner. En 2008, un obispo de izquierda llamado Fernando Lugo ganó la presidencia contra viento y marea. Sin embargo, fue derrocado en un golpe parlamentario en 2012, al que se opuso casi toda Sudamérica; una vez más, Washington trabajó con la OEA para ayudar a legitimar el golpe. Por lo tanto, hay otro presidente sudamericano feliz de unirse a la campaña de Estados Unidos por un liderazgo de derecha para Venezuela. Uno más es el presidente Sebastián Piñera de Chile, un simpatizante de Pinochet que el año pasado nombró a dos ex aliados del dictador respaldado por Estados Unidos en su gabinete.

Así es como lo hacemos, al menos hoy en día. Hace unos años, cuando la mayor parte de la región estaba gobernada por gobiernos de centroizquierda, Trump no habría conseguido que un solo gobierno de la región apoyara una operación ilegal de cambio de régimen. El secretario de Estado de Obama, John Kerry, descubrió esto en 2013 cuando violentos manifestantes de la oposición estaban en las calles de Venezuela, tratando de revocar la primera elección de Maduro. No había absolutamente ninguna duda sobre los resultados de las elecciones y casi todos los gobiernos del mundo los reconocían. Kerry pronto se encontró completamente aislado; Washington cedió y aceptó la elección de Maduro.

Luego está Europa, que por una serie de razones históricas sólo ha adelantado ocasionalmente una política exterior independiente de los Estados Unidos. Esto es especialmente cierto para América Latina, donde la Doctrina Monroe, invocada descaradamente en público por el Asesor de Seguridad Nacional John Bolton hace unos días, es generalmente respetada. Dicho esto, fue necesario retorcer un poco el brazo para voltear al Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien se había opuesto insubordinadamente a las sanciones de Trump contra Venezuela incluso antes del embargo comercial y el reconocimiento de Guaidó en enero. Su ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borell, dijo a la prensa que la administración había recibido "presión" de Washington. El gobierno del PSOE de Sánchez, liderado por los socialistas, también se vio sometido a una intensa presión por parte de los grandes medios de comunicación españoles, que han estado a favor del completo cambio de régimen durante algún tiempo; se enfrentan a elecciones a finales de abril. España fue particularmente importante para asegurar el apoyo europeo a esta empresa, ya que otros países, entre ellos Alemania, a menudo toman en serio la opinión de España sobre la política en América Latina.

Incluso si el equipo Trump tuviera una mayoría global -lo cual no es el caso, pues cuenta con sólo 50 de los 195 países que respaldan el cambio de régimen venezolano-, sus mortales sanciones económicas, el robo de activos, las amenazas militares y otras acciones para derrocar al gobierno venezolano no serían más legales ni legítimas que la invasión de George W. Bush a Irak, o los muchos esfuerzos de cambio de régimen liderados por Estados Unidos que se han llevado a cabo en este hemisferio. Eso no es sorprendente, teniendo en cuenta quién está al mando: el defensor del cambio de régimen perenne John Bolton, por ejemplo, o el enviado especial Elliott Abrams, quien apoyó lo que la ONU dictaminó más tarde como genocidio en Guatemala, así como las atrocidades patrocinadas por Estados Unidos en El Salvador y Nicaragua en la década de 1980. El elenco de personajes que apoyan este esfuerzo de cambio de régimen, ya sea en Washington o entre algunos de sus aliados más cercanos, debería subrayar lo que ya es obvio: el intento de Estados Unidos de derrocar a Maduro no tiene nada que ver con la democracia o los derechos humanos.