La aprobación de la reforma tributaria, motivos de sus contradictores y alcances de lo aprobado

Algo más de tres meses tomó la discusión y aprobación de la reforma tributaria para la Igualdad y la Justicia Social, piedra angular de los programas del nuevo gobierno. Pese a la intensa ofensiva contra el proyecto que desplegaron los gremios y partidos de oposición (con sus amplificadores en los grandes medios), el gobierno del Pacto Histórico y sus aliados pudieron alcanzar el objetivo básico de aprobar un recaudo tributario adicional de $20 billones. Estos nuevos recursos concuerdan con las necesidades fiscales del país para poder financiar las transformaciones prometidas y sanear las finanzas públicas.

La apuesta de quienes negaban la necesidad de esta reforma o solo veían aceptable que el Estado aspirara a ingresos adicionales entre $8 y $13 billones (como pedía la Andi, César Gaviria y otros), evidentemente se centró en tratar de mantener con mínimos cambios, o sin ellos, el regresivo estatu quo fiscal de los sectores privilegiados. Pero minimizar la reforma significaba dejarle al gobierno de Petro la ruta fatal del endeudamiento oneroso con la banca privada. Es decir, la opción de continuar la espiral hacia el fondo que inició el gobierno de Duque tras la derrota de la reforma tributaria regresiva de Carrasquilla: el insondable aumento del déficit fiscal, la pérdida del grado de inversión y su impacto en el elevado costo de la deuda y la debilidad del peso.

Antecedentes e intereses

Sobra decir que Duque fue incapaz de enmendar esos problemas con su contrarreforma postrera presentada por el ministro Restrepo, que consistió en revertir parte de los obsequios fiscales al sector privado de su generosa reforma de 2019. Por el contrario, en adelante su actuación de inspiración politiquera fue multiplicar el gasto al debe y aún el despilfarro para favorecer electoralmente a sus apadrinados y trasladarle las cuentas por pagar al nuevo gobierno. De ese modo, sin contar con ingresos suficientes, un probable gobierno alternativo afrontaría el dilema entre intentar el cambio sin recursos propios, al costo de ahondar el déficit fiscal, o renunciar a sus programas de desarrollo social para recuperar los equilibrios macroeconómicos. Los datos conocidos indican que el segundo escenario se ajustaba mejor a las expectativas de los grandes empresarios, los superricos y sus abogados, patrocinadores e interlocutores privilegiados del pasado gobierno.

Esa inocultable miopía corporativa contraria a la solidaridad social y su traducción en la rabiosa oposición al cambio, ha sido también animada por las mentiras y demás astucias ruines de los miembros de los partidos derrotados en la elección presidencial, cuya ilusión es que el Pacto Histórico fracase en cumplir sus planes de transformación del país. Mas allá de algunos eufemismos, es evidente que las esperanzas de recuperar el poder del uribismo y la ultraderecha se fincan en que a Colombia le vaya mal en estos cuatro años. No parece importarles si su éxito consiste en empujar a la nación al límite de la explosión social, aunque eso implique hacer “invivible el país”, como postulaba Laureano Gómez en su época de tribuno incendiario del fascismo criollo.

Por fortuna, la reforma tributaria aprobada no solo deja sin piso muchos de esos cálculos mezquinos. También aleja el fantasma del supuesto populismo inherente al reformismo social, el espectro con que asustan al público muchos pretendidos politólogos que suelen incurrir en generalizaciones poco rigurosas.

Contenido de los cambios tributarios

Una primera razón que despeja el panorama es que desde el principio la reforma tributaria fue pensada para proporcionar una base fiscal sólida a los programas sociales y productivos del Gobierno, y el monto de recaudo proyectado que se aprobó es consistente con ello. La otra razón, no menos importante, es que los cambios progresivos en la tributación son sostenibles en sus aspectos principales. En el aspecto social, debido a que exceptúan al grueso de la población de nuevos gravámenes y apuntan a una redistribución social del ingreso, tanto por los nuevos tributos que gravan a los más ricos como por los ajustes progresivos en las escalas de impuestos personales. Y en el plano empresarial, suponen una carga razonable al sector privado con una contribución fiscal más justa que está lejos de asfixiar los negocios y desincentivar la inversión, como sostienen sin fundamento sus críticos.

En cuanto a los impuestos que gravan a las personas naturales, la reforma acentuó el incremento gradual de las tasas impositivas para los ingresos mensuales superiores a $10 millones mensuales desde una tasa de 6,4% hasta llegar al tope de 39%. Al mismo tiempo redujo las cuantiosas rentas exentas que favorecían especialmente a los mayores ingresos y bajaban la tributación efectiva de los más ricos. Además, dado que la reforma dejó sin alterar el porcentaje tope en el impuesto a la renta y por tanto los ingresos mayores al umbral superior no verán aumentar progresivamente su tasa de tributación, se estableció con carácter permanente el impuesto a los altos patrimonios a partir de los $3.000 millones con tarifas progresivas que empiezan en 0,5% y suben hasta 1,5% a partir de los $10.000 millones. El objetivo es complementar con este gravamen la contribución fiscal de los dueños de las mayores fortunas y al mismo tiempo desestimular las inversiones en activos suntuarios, ociosos desde el punto de vista productivo. Igualmente, se aprobó un impuesto de timbre de 3% para la venta de inmuebles por valor superior a $2.120 millones; los que valgan menos de este valor y más de $848 millones pagarán la mitad y de ahí hacia abajo no se causará ese gravamen.

El resultado previsto es que ningún colombiano con ingresos menores de $13 millones mensuales pagará más impuestos con esta reforma; y 2/3 de los nuevos impuestos recaerán sobre quienes tienen ingresos mayores a $20 millones mensuales. Según los estimativos del Observatorio Fiscal de la U. Javeriana, el recaudo por estos conceptos aumentará casi $3 billones anuales.

Otro cambio clave para aumentar la progresividad fiscal y mejorar el recaudo es la eliminación de un sinnúmero de exenciones injustificadas para las personas jurídicas. Estas han favorecido especialmente a las grandes empresas de diversos sectores, muchas de ellas objeto de un tratamiento impositivo privilegiado que termina reduciendo a tasas mínimas su contribución tributaria real. La reforma eliminó la inmensa mayoría dejando solo unas pocas que tienen una clara función social, tales como las exenciones tributarias para la vivienda de interés social (VIS), o para el agroturismo ecológico en los municipios priorizados dentro del Acuerdo de Paz (beneficiarios de los PDET, programas de desarrollo con enfoque territorial). También accedió a mantener el tratamiento fiscal favorable para las zona francas, pero lo limitó a la parte de la producción con destino a exportación, en general, y a las zonas francas portuarias.

La eliminación de los beneficios fiscales injustificados le aportan al Estado alrededor de $4 billones en nuevos impuestos por parte de las empresas, según el citado Observatorio Fiscal. Los voceros de los empresarios, en especial la ANDI, han expresado un descontento extremo con la eliminación de tales gabelas, alegando que los impuestos que ya pagan son abrumadores y superan el 60% de las ganancias para los dueños de las empresas (se habla hasta de 107%). Pero el ministro Ocampo ha desmentido a los propagadores de esta campaña engañosa y ha demostrado exhaustivamente que la tasa efectiva de tributación promedio de las empresas, que es la que importa y no la nominal, en realidad sube con la reforma del 25,5% al 29,4%, un esfuerzo modesto y en ninguna forma excesivo. Por otro lado, las pequeñas empresas y microempresas, que son las que realmente requieren mayor apoyo estatal, saldrán favorecidas con la ampliación y menores tarifas que incluye la reforma para el régimen SIMPLE, al cual pueden acogerse ahora con mayor facilidad.

Sin embargo, la mayor fuente de los nuevos ingresos tributarios será la industria extractiva del petróleo y el carbón que con los cambios impositivos aportarán más de $11 billones adicionales. Es un sector que ha venido gozando de una prolongada bonanza en los precios internacionales y varios países exportadores han optado ya por gravar las ganancias extraordinarias de esos negocios para captar para el Estado una parte de estos beneficios. En la reforma tributaria se decidió, por una parte, eliminar la deducibilidad de impuestos de los pagos por regalías, que se supone son la compensación por el uso de los recursos del subsuelo de la nación y no un anticipo del impuesto de renta de quienes los explotan, como equivocadamente se tratan hoy. Y por otro lado, se determinó fijar una sobretasa variable del 5 al 15% para el petróleo y de 5% a 10% para el carbón dependiendo de los precios internacionales, con lo cual se procura una participación del Estado sobre las utilidades extraordinarias cuando estas se produzcan. La División General de Política Macroeconómica del ministerio de Hacienda, en un estudio sobre la tasa efectiva de tributación (TET), calcula que dicha participación del Estado se limita a 13,2% de la mayor utilidad privada en el caso del petróleo y en el del carbón a 13,8%. Cabe recordar que la extracción de gas quedó exenta de estos impuestos.

Según los cálculos del ministerio de Hacienda, el resultado combinado de estas medidas, más el aumento de 10% a 20% de la retención de dividendos para las firmas extranjeras, lleva a subir la tributación efectiva de las empresas petroleras de menos de 30% a 50%, cuando no aplica la sobretasa, y máximo a 56% cuando los precios internacionales dan lugar a la aplicación de la sobretasa más alta. En el caso del carbón, el incremento en la tasa efectiva es de 36% a 49% cuando los precios internacionales no implican sobretasa, y máximo a 63% si se llega a la aplicación de la sobretasa más alta, que para este caso es 10%.

Pero los detractores de estos cambios fiscales sostienen, con base en los estimativos de algunos gremios del sector, que la tributación de las empresas involucradas subirá por encima de 70%. Y de ahí derivan anuncios apocalípticos de que se paralizarán las inversiones en petróleo y carbón. Ese sobredimensionamiento del aumento en las tasas de tributación efectiva se apoya en estudios con errores metodológicos señalados por los expertos tributarios. Por otro lado, toman como fijo el recargo de las sobretasas para inversiones que pueden tardar cinco años en empezar a tributar y suponen así un horizonte irreal para estos gravámenes temporales y condicionados a los altos precios. Tampoco tienen en cuenta que los tributos que al final paguen localmente las grandes empresas extranjeras son usualmente deducibles de la renta que declaran estas compañías en los países de origen donde tienen establecida su casa matriz. La realidad es que no se ha observado ninguna reacción dramática de abandono del país por parte de los operadores minero energéticos, como algunos se apresuraron a augurar.

Otro aspecto de la reforma que es blanco de enconadas críticas ha sido el de los impuestos saludables, es decir los nuevos gravámenes sobre las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados. Los opositores alegan sin soporte alguno que provocará un aumento inflacionario descomunal que afectará sobre todo a los sectores más pobres. Sin embargo, los estudios del Observatorio Fiscal de la U. Javeriana indican que para los hogares más pobres representará sólo 0,6% de sus gastos y para los más ricos 0,15%. Además, el impacto sobre la inflación de este gravamen, que el ministerio de Hacienda estima en menos de 0,27%, difícilmente se sentirá el año entrante ya que se aprobó en la reforma que entre en vigor en noviembre de 2023. Eso también les da tiempo a los fabricantes de alimentos para modificar los ingredientes o procesos nocivos para la salud y evitar el recargo impositivo. Como ha subrayado el ministro Ocampo, la finalidad de este impuesto no es tanto su recaudo como desincentivar el consumo de lo que perjudica la salud pública. Con este mismo criterio disuasivo se reafirmó y amplió el impuesto al carbono para contribuir a la protección del medio ambiente y a la transición energética.

Balance positivo para el progresismo y nuevas respuestas de la oposición

De todo lo expuesto anteriormente se desprende que la reforma tiene un buen diseño técnico y cumple a cabalidad con las promesas de campaña del Petro y el Pacto Histórico sobre asegurar nuevos recursos para los programas del cambio con base en el aumento en los gravámenes exclusivamente a las rentas de los más ricos. Así mismo, los impuestos progresivos aprobados cambian en grado importante la estructura del Estatuto Tributario, con lo que la nueva ley de impuestos adquiere la categoría de una reforma estructural. Aún si quedan aspectos pendientes para eliminar privilegios y hacer más progresivo el régimen tributario colombiano (como gravar las actividades comerciales de las iglesias), esta reforma es un paso muy importante y el primero en esa dirección que toma un gobierno en Colombia en más de 30 años.

Resulta irónico entonces que tras salir derrotados en su intento por bloquear o descarrilar la reforma tributaria progresiva, desde el partido de Uribe salgan ahora con la novedad fuera de contexto de impulsar una improbable disminución del IVA. Tal iniciativa, planteada por un partido cuyo jefe vitalicio estableció durante sus gobiernos la ampliación de este impuesto indirecto mientras atiborraba de regalos fiscales a los dueños de los grandes capitales, no demuestra más que el ADN de pura demagogia del uribismo.

Pero su incoherencia los deja al descubierto. Es claro que, bajo el pretexto solapado de favorecer a la gente común, se esconde la intención marrullera de debilitar fiscalmente al Estado y socavar los planes de desarrollo social que benefician a la mayoría de los colombianos. Así pretenden conjurar la mayor amenaza para su futuro político: el respaldo ciudadano al cambio

Propósito reprochable ciertamente, pero vital en sus cálculos sin escrúpulos para recuperar el poder.