El marco fiscal y el presupuesto de Duque: ceguera neoliberal que afianza la crisis y el retroceso social

Por: Arturo Cancino Cadena

Varios economistas colombianos han criticado las cifras contenidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) que presentó al país el gobierno de Duque por medio de su ministro de Hacienda, Carrasquilla. Coinciden la mayoría de las críticas en catalogar como inverosímiles sus previsiones sobre la caída moderada de la economía este año, de apenas 5.5%, y sus proyecciones sobre la fuerte recuperación del crecimiento en 2021 de 6.6%. No sólo agencias financieras como el FMI estiman que la caída final este año será bastante mayor (7.8%) y el repunte en 2021 más bajo (4%), sino que aun los dirigentes de gremios como la Andi y Anif anticipan un panorama todavía peor al que vaticinan los oráculos internacionales y mucho más lejano del infundado optimismo del gobierno. Tampoco convence el ajuste fiscal que impondría el MFMP. Como advierte el Centro de Estudios Económicos de Anif, “lo que parece más irreal es la senda de reducción de gasto establecida, que llega a casi 4 % del PIB en tan solo dos años”.

Las razones de estas discrepancias gremiales con el gobierno, atípicas en otros tiempos, son varias. En el escepticismo con que han sido recibidas estas proyecciones influye, seguramente, la experiencia compartida de estos dos años que enseña que Duque y sus ministros suelen disfrazar la realidad en sus anuncios para vender ilusiones y mostrar como desempeño exitoso los fracasos de su gestión y como beneficios para la nación los graves estragos sociales de sus decisiones. Pero además, puesto que las cifras efectivas de crecimiento del PIB no son simples metas de ventas sino resultado de los diversos factores económicos que lo originan (gasto público y privado más inversión y saldo de la balanza comercial), los supuestos de esos pronósticos resultan sumamente controvertibles bajo cualquier mirada objetiva.

Veamos. Pese a la retórica cosmética del Presidente, el gasto público real ha sido raquítico y todo indica que seguirá igual en lo que resta del año: según el Observatorio Fiscal de la U. Javeriana, a julio de este año el gasto efectivo para afrontar la emergencia escasamente habría sobrepasado los $7 billones, alrededor de 0.7% del PIB. Además, el aumento vertiginoso del desempleo y la pobreza ha causado un derrumbe sin precedentes del gasto de los hogares y las empresas. Las familias han perdido ingresos por $18 billones, según la encuesta de Acopi, y se han destruido 5 millones de empleos, pero el Presidente proclama como gran cosa que se propone crear 1 millón de empleos.

Por otro lado, la inversión privada sigue cayendo, mientras la inversión pública permanece paralizada por la miope austeridad dictada por la cartilla neoliberal del gobierno, que se atiene a la respuesta supuestamente infalible del sector privado ante el señuelo del crédito que se le prodiga o motivado por los bajos impuestos. Finalmente, las exportaciones -otro propulsor del crecimiento- no van bien ni tienen buen pronóstico ya que Estados Unidos, principal destino de nuestras ventas externas, se debate en una de las peores recesiones de su historia y su recuperación promete ser muy demorada.
Dice el cuento que un caminante se cruzó en su viaje con un campesino y le preguntó cuánto tiempo le faltaba para llegar a la ciudad. Con la sensatez propia de los trabajadores del campo éste le respondió: “depende de su esfuerzo”. Una lección semejante podría recibir el gobierno del presidente Duque y su ministro Carrasquilla sobre su política económica y sus metas. Así mismo, respecto a la construcción de su discutible Marco Fiscal de Mediano Plazo y del proyecto de presupuesto de 2021 que se deriva del mismo.

El cuestionable enfoque del MFMP y la composición del presupuesto para 2021

Más allá de la crítica a los frágiles supuestos en que se apoyan las conclusiones del MFMP, importantes economistas colombianos, como Jorge Iván González y Salomón Kalmanovitz, han cuestionado la metodología simplista y anacrónica usada por los tecnócratas del Ministerio de hacienda que preside Carrasquilla. Su enfoque elegido, que tiene más de 70 años, ha sido puesto en tela de juicio desde mediados del siglo pasado por destacados economistas y fue desaconsejado expresamente por su propio autor, Samuelson, para ser empleado en la determinación de políticas públicas. Uno de sus principales defectos, como señala González, es el de tomar como cierta una concepción estacionaria (lineal y atemporal) para la cual la evolución de toda economía sigue una ruta inmutable, escasamente alterada por triviales y efímeras desviaciones, luego de las cuales recupera su curso inalterable que se supone equivale a su desempeño óptimo posible. Esta teoría no sólo le da la espalda a los ciclos económicos propios del capitalismo e ignora los impactos de la política económica, sino que desestima por completo cualquier cataclismo de la dimensión de la crisis actual, que inevitablemente trae cambios estructurales en las economías y las sociedades.

O ¿alguien puede asegurar que la actividad gastronómica, los espectáculos, los hoteles y el turismo tendrán próximamente la misma participación en el PIB que antes de la pandemia? Y con una contracción de estos sectores, ¿el PIB podrá tener la misma dinámica de crecimiento? ¿La proporción del trabajo presencial frente al teletrabajo volverá a ser igual? ¿Las empresas manufactureras destruidas se levantarán igual y con los mismos puestos de trabajo? ¿Acaso el mundo resurgió igual después de la Gran Depresión de los años 30 o de la Segunda Guerra Mundial? Evidentemente se trata, por un lado, de un enfoque ahistórico y desacertado cuando niega lo único permanente, el cambio; y, por otro lado, su visión conservadora sacraliza el pasado, que asimila al “mejor de los mundos posible” del ingenuo Dr. Pangloss, la personificación del optimismo conformista en la sátira de Voltaire.

Pero el ejercicio simplista de Carrasquilla tiene otro grave problema. Reduce los factores plurales que explican el crecimiento económico a uno sólo: la inversión. En su modelo le confiere a ésta una capacidad autónoma de reproducción que atribuye en Colombia a las rebajas de los impuestos al capital. Se nota el interés poco disimulado en justificar las inequitativas y cuestionadas reformas tributarias de este gobierno que han obsequiado más de $9 billones anuales en rebajas impositivas a las grandes empresas. “Se trata de una elaboración torpe. La proyección del crecimiento del PIB que hace es fantasiosa, suponiendo que se dará una recuperación en forma de V”, opina Kalmanovitz. Hay que recordar que muchos analistas y centros de pensamiento económico han advertido que el crecimiento en la crisis puede tomar la forma de W, o peor, la forma de U, donde a una caída económica profunda seguirá una larga depresión e, incluso, se teme que en algunos casos la rama ascendente bien podría asemejarse más a una línea oblicua por la lentitud de la recuperación (L/).

En la visión neoclásica adoptada, la inversión sería función exclusiva de los costos de capital: impuestos y tasa de interés. Desconoce por tanto la formación compleja de las expectativas de los empresarios y su importancia, así como la de su anticipación de la demanda agregada como elementos críticos en las decisiones de inversión. Desestima las condiciones de incertidumbre inherentes al entramado de factores sicológicos, sociales y políticos del entorno, que influyen en esas decisiones, lo que para Keynes explica los ciclos de la inversión privada mejor que el simple costo del dinero. Y con la autosuficiencia infundada de los neoclásicos, pretende que sus discutibles simplificaciones pueden inspirar alguna credibilidad. Pero para nada asume cuál será el clima real de los negocios en Colombia (económico, social y político) si el Estado se limita a contemplar pasivamente el hundimiento de las clases populares en la pobreza extrema y permite el derrumbe de la clase media.

Hijo innegable de esta ilusoria construcción teórica es también el presupuesto de 2021, cuyo norte es el avance hacia el ideal neoliberal del “presupuesto equilibrado”. Su objetivo principal, en palabras de Carrasquilla, es: “recuperar la senda de crecimiento de antes de la llegada de la pandemia y la generación de empleo”. Lo que dice el Minhacienda y repite Duque es que antes de marzo íbamos perfectamente, con un crecimiento de algo más de 3% en 2019 (a su juicio satisfactorio) y perspectivas similares para 2020. Pero no reconoce que era una tasa muy semejante al ritmo de crecimiento de la población (inmigrantes incluidos), aquejada por un desempleo de más de 10%, el más alto de América Latina, al que se había llegado con la destrucción de 400 mil puestos de trabajo en el último año. Por tanto, en la lógica del gobierno, que tampoco le ve imperfecciones a ese estancamiento del producto por habitante, ahora se trata simplemente de recuperar esa maravillosa situación de crecimiento con alto desempleo, excluyente y concentradora de riqueza, la misma que desde los últimos meses de 2019 venía provocando una descomunal ola de protesta social.

Con estos antecedentes, el presupuesto sin incluir el servicio de la deuda para 2021 presenta un incremento de 13,5%, es decir de $28.3 billones, menos del 3% del PIB, de los cuales $18.3 billones corresponden a los rubros de funcionamiento. El discurso promocional del proyecto presentado por Duque al Congreso resalta el presupuesto de inversión, que aumenta en algo menos de $10 billones, incremento equivalente a un irrisorio 0.9% del PIB. Y enfatiza, tal como repite incansablemente la ministra del ramo, que el principal crecimiento presupuestal se dará en el sector Educación que crece en conjunto $2,7 billones.

Sin embargo, cabe observar que como proporción del total del presupuesto, el sector educativo pasa de 20,3% a 19,7%, perdiendo participación en el gasto global; lo mismo sucede, pero cayendo además en términos absolutos, con los sectores de Trabajo (-$4.5 billones), Agricultura y Desarrollo Rural (-$148.000 millones), entre otros. Ganan en cambio alrededor de 5% de participación cada uno, Defensa Nacional, Transporte, Hacienda y Minas y Energía (en total un incremento de $11.8 billones). Aumento en participación porcentual parecido a los del presupuesto de Inclusión Social y Reconciliación y el de Salud y Protección social, sin duda hoy mucho más importantes, aunque reunidos éstos suman sólo $6.2 billones adicionales, casi la mitad del otro grupo.

Pero el problema no son únicamente las incoherencias en las prioridades del gasto público y social y las sumas e incrementos insuficientes para lograr una reacción económica del tamaño de la proyectada. Es también la ineficacia comprobada para lograr mayor impacto y equidad social de los programas e instrumentos escogidos por la política neoliberal. En el campo de la educación superior los anuncios del gobierno no apuntan a la financiación de una educación pública gratuita, o sea al subsidio a la oferta, como exigen los estudiantes, sino al clásico esquema de subsidio a la demanda: el reforzamiento del sistema de créditos usureros del Icetex, calcado de la banca privada, cuya “ayuda” empobrece a los nuevos profesionales y a sus familias, y ha provocado enérgicas protestas de los numerosos deudores lesionados.
Así mismo, en el rubro que el gobierno llama pretenciosamente Reconciliación e Inclusión Social, los programas previstos son los mismos de corte asistencialista recetados por el Banco Mundial e implementados hace cerca de 10 años en Colombia. Su éxito se reduce a haber aumentado la franja de población vulnerable en el borde de la línea de pobreza. El presupuesto es para Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y se añade la exigua ayuda de Ingreso Solidario ($160 mil mensuales para 3 millones de familias) autoelogiada innovación de Duque, alabada por Carrasquilla y defendida en el Congreso por el uribismo. De esa forma, descarta olímpicamente la financiación de la Renta Básica de Emergencia de un salario mínimo mensual para 9 millones de familias que han propuesto 68 senadores y representantes liderados por la oposición. Y se obstina en desoír las recomendaciones de la Cepal y el Pnud de las Naciones Unidas sobre la necesidad de establecer este auxilio de emergencia para frenar el desbordamiento de la pobreza.

Pese a las duras lecciones de la pandemia, tampoco hay indicio alguno en la asignación presupuestal de que se vaya a procurar fortalecer apropiadamente la red pública hospitalaria y suprimir la costosa y estéril intermediación financiera de las EPS. No se toma en cuenta que la inoperancia de éstas haya suscitado una avalancha de quejas de los usuarios y reclamos enérgicos de varios alcaldes e, inclusive, demandas penales a varias de ellas debido a la notoria indolencia e incumplimiento de sus obligaciones. A tal punto ha llegado la reprobación pública a esas empresas rentistas, que se ventilan otra vez proyectos de reforma del sistema de salud, si bien algunos de ellos no van mucho más allá de la eliminación de algunas EPS y cambios cosméticos de las restantes.

El otro panorama concreto de corto y mediano plazo

Si la afirmación de Duque de que su gobierno va a invertir más de $100 billones en ayuda social y recuperación de la economía no tuviera un contenido tan evidente de cinismo y demagogia, podríamos sospechar que un marcado síndrome de autismo aqueja al Presidente y sus ministros. Lamentablemente, dos años de experiencia nos muestran que de ser así se trata de un caso sin remedio y toda la nación sufrirá las graves consecuencias de su funesto manejo de los recursos públicos por el resto de su mandato.

Por tal razón, frente a la profundidad de la crisis económica y la indolente inacción del Estado para mitigarla, no se puede esperar nada distinto que la reacción indignada de los numerosos sectores sociales damnificados, cuyas voces el presidente Duque se ha empeñado en ignorar. Sumada a la creciente protesta social contra la violencia criminal que azota al país, a la pérdida de legitimidad de muchas instituciones y al descontento general con la impunidad que ostentan las mafias enquistadas en ellas, nos aguardan sin duda tiempos muy agitados. Y, paralelamente, un entorno económico de demanda débil e incertidumbre nada propicio para un supuesto auge de la inversión privada que suplantaría la acción del Estado según espera el Gobierno y su séquito neoliberal.

Todo indica que las proyecciones eufóricas del gobierno de Duque terminarán en otro fracaso. No se necesita un ejercicio econométrico para saberlo.

Agosto 8 de 2020