El gobierno Duque, las medidas de emergencia y las entidades territoriales
Por: Néstor Pardo García
El gobierno Duque, amparado en la nueva declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica (Decreto 637 del 6 de mayo) expidió el Decreto 678 del 20 de mayo “Por medio del cual se establecen medidas para la gestión tributaria, financiera y presupuestal de las Entidades Territoriales…”.
Con la expedición de este decreto queda aún más claro que el gobierno que preside Duque persiste en descargar en las entidades territoriales y sus mandatarios el peso y la responsabilidad de financiar buena parte de los gastos que demanda la atención de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 y de solucionar la evidente caída de sus ingresos, derivada de la crisis económica que golpea a la población en general y a los sectores productivos. Caída en los ingresos que además de comprometer sus posibilidades de inversión, amenaza incluso con no poder contar con los recursos suficientes para garantizar los gastos de funcionamiento, en especial el pago de los salarios de sus funcionarios. Situación que con toda probabilidad se prolongará durante los próximos años, como resultado del decrecimiento de la economía colombiana y del mundo y de la consecuente crisis social que trae aparejada.
Frente a este calamitoso panorama, al gobierno de Duque, según lo dispone el mencionado Decreto 678, solo se le ocurre autorizar a los mandatarios locales y regionales para que apelen al endeudamiento de las entidades territoriales durante las vigencias fiscales de los años 2020 y 2021 (incluso sin tener que solicitar las debidas autorizaciones de los concejos y asambleas), mediante créditos de tesorería (para atender los gastos de funcionamiento e inversión) y a otras operaciones de crédito publico con el fin de que asuman la responsabilidad de la “...ejecución de proyectos de inversión para el fomento de la reactivación económica”.
Sin embargo, nada hace el gobierno de Duque para aportar recursos frescos del orden nacional para garantizar la debida atención de la emergencia sanitaria, promover la necesaria inversión pública, auxiliar de verdad a los sectores productivos del campo y la ciudad, garantizar una renta básica a la población, suplir los faltantes para la inversión y asegurar el normal funcionamiento de las entidades territoriales. Recursos frescos que solo puede proveer el gobierno nacional y que perfectamente pueden provenir de un crédito del Banco de la República (emisión monetaria) de acuerdo con lo señalado en el artículo 373 de la Constitución Política, o de las abultadas reservas internacionales (recursos públicos superiores a los 53 mil millones de dólares), tal como lo vienen recomendando connotados economistas del país. Recursos que de aplicarse a los fines arriba enumerados apalancarían de verdad la reactivación de la economía y disminuirían los altos índices de desempleo.
Igual conducta asume el gobierno de Duque con la expedición del Decreto 580 (15 de abril de 2020) que autoriza a los alcaldes para incrementar hasta el 31 de diciembre de este año los niveles de susidio a los usuarios residenciales de los servicios públicos domiciliarios (hasta el 80% al estrato 1, 50% al estrato 2 y al 40% al estrato 3) e incluso para asumir el costo total o parcial de los servicios. Alivios que en la práctica quedan supeditados a la posibilidad de disponer de los recursos propios de los municipios, que como se sabe provienen básicamente de los recaudos de los impuestos predial y de industria y comercio y de la sobretasa a la gasolina, ingresos que a raíz de la crisis han decrecido en forma dramática.
Para estos fines el gobierno no destina recursos adicionales a los de Agua potable y saneamiento básico (SGP-APSB). Por el contrario la posibilidad que abrió el Decreto 513 (2 de abril de 2020) de disponer de recursos del Sistema General de Regalías (SGR) con el fin de “Garantizar la efectiva continuidad y calidad en la prestación de los servicios públicos a la comunidad…”, la entraban e interpretan a su acomodo los altos funcionarios de los ministerios y de planeación nacional, con el claro propósito de impedir que los mandatarios locales puedan recurrir a esta fuente de recursos para aliviar la situación de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios.
Tampoco apropia recursos presupuestales para surtir y poner en funcionamiento el Fondo de solidaridad de agua potable y saneamiento básico creado por la Ley 1537 de 2012, cuyos recursos “…se destinarán a apoyar el otorgamiento de los topes máximos de los subsidios, definidos en la ley, que realicen los municipios…”.
Mientras tanto los usuarios agobiados por el peso de la crisis, y mal informados por las amañadas alocuciones televisivas vespertinas del presidente y sus ministros, la emprenden contra los alcaldes por la supuesta falta de voluntad y de diligencia para hacer efectivos los anunciados alivios en el costo de las facturas, sin terminar de entender que una cosa es lo que promete el gobierno de Duque por los medios de comunicación y otra muy distinta es como procede a la hora de la verdad.
En el mismo sentido procede el presidente cuando anuncia que a partir del mes junio las decisiones sobre el manejo de la cuarentena quedarán en cabeza de los alcaldes. Duque pretende lavarse las manos, eludiendo sus obligaciones, al trasladar a los mandatarios locales la responsabilidad de lo que pueda suceder con la pandemia. Precisamente en los tiempos en que su gobierno, atendiendo las demandas de los gremios económicos y financieros del país, decidió que el grueso de los sectores económicos retornen a sus actividades y en el momento en que el número de contagiados en el país crece de manera dramática superando la cifra de los mil contagiados diarios, a pesar de que el número diario de pruebas practicado sigue siendo insuficiente; y, para una época en que según los expertos es probable que durante los meses de junio-julio se alcance el mayor número de contagiados, con las imprevisibles consecuencias para la población, ya que a la fecha la mayoría de municipios no ha concluido el proceso de alistamiento para atender el número esperado de contagiados y de enfermos graves que requieren atención especializada (adecuación de hospitales, dotación de UCI y respiradores y capacitación del personal asistencial, etc.).
Para rematar, escudado en el nuevo decreto de emergencia económica, social y ecológica (637 del 6 de abril) el gobierno Duque se propone además imponer el paquetazo de medidas antipopulares, que profundizan el regresivo modelo neoliberal, y que los trabajadores y el pueblo colombiano en general rechazó de forma contundente en las calles del país. En efecto en el mencionado decreto de emergencia se señala que se tomarán una serie de medidas encaminadas a: “…enajenar la propiedad accionaria estatal…” (Privatización del patrimonio público), profundizar aspectos de la regresiva reforma laboral y pensional (ya los gremios económicos están ratificando su posición de reducir el salario mínimo y establecerlo por regiones, eliminar primas y otras garantías y el pago del salario por horas, etc.); también el decreto plantea la necesidad de tomar medidas adicionales en materia tributaria y para el sector minero-energético. Medidas todas tendientes a seguir descargando sobre los hombros de los trabajadores y el pueblo en general el peso de la crisis económica y social, mientras a manos llenas transfiere ingentes recursos públicos a los dueños del sector financiero y a los grandes empresarios nacionales y extranjeros.
Sin embargo, esta pandemia también ha servido para desnudar ante los colombianos la verdadera naturaleza de este gobierno. Son cada vez más los compatriotas que comprenden que en definitiva, estamos frente a un gobierno indolente con el pueblo colombiano y las regiones, y solícito, como el que más, con los poderosos; y, que los anhelos de cambio solo se harán realidad si somos capaces de construir la más amplia unidad de todos los demócratas y progresistas de Colombia. Por fortuna, en medio de esta crisis, los vientos de unidad de todos los progresistas del mundo recorren el planeta y es de esperar que en nuestra patria soplen con la fuerza suficiente para construir la más amplia unidad que nos permita consolidar la paz y enrumbar a la nación por la senda de la democracia, el progreso y el bienestar del pueblo colombiano.
Santander de Quilichao, 24 de mayo de 2020.
