¿ACTUARÁ EL GOBIERNO COLOMBIANO A LA ALTURA DE LAS CIRCUNSTANCIAS?
Por: Arturo Cancino Cadena
Buenos, malos o funestos, los gobernantes están hoy en todo el mundo sometidos quizás como nunca al escrutinio de sus propios pueblos. La crisis de la pandemia ha provocado ese efecto en todos los países. Incluso mandatarios ególatras y arrogantes como Trump o Bolsonaro, dedicados a inflar su imagen y pelear sus guerras personales con sus críticos por twitter, hoy hacen a diario la pantomima de rendir cuentas de su desempeño al auditorio de sus naciones. Con seguridad muchos de ellos sólo intentan borrar tardíamente la estupidez de sus reacciones iniciales frente al desastre sanitario anunciado. O atenuar su responsabilidad por el exceso de víctimas que su ceguera empieza a costarle a su nación.
La crisis sanitaria es también el motivo para que un presidente como Duque, cercano a las élites pero distante de la mayoría de los colombianos, haya optado por presentarse diariamente en la televisión para dar al país un reporte de la evolución del problema y las respuestas del gobierno. Esta vez, acompañado con frecuencia por su nuevo ministro de salud y otros asesores más sensatos y técnicos, en lugar de la deslenguada uribista ungida como ministra del Interior o su cuestionado ministro de Hacienda. Así, sin abandonar su retórica paternalista-autoritaria ni las notas sobre sus devociones personales, en sus alocuciones da cuenta a los televidentes colombianos de los decretos del gobierno y procura tranquilizarlos mencionando los resultados esperados de sus decisiones.
Para nadie es un secreto que el origen de este cambio de actitud fue el hecho de que, ante el vacío de liderazgo en la jefatura del Estado, a mediados de marzo Claudia López y otros alcaldes asumieron oportunamente la conducción de la respuesta institucional frente a la grave amenaza del Covid-19. La acogida inmediata y generalizada que tuvo el aislamiento social de cuatro días decretado en Bogotá y otras ciudades y departamentos, ejerció la presión decisiva para que un presidente desdibujado optara finalmente por decretar la cuarentena que la mayoría del país exigía. No sin antes haber intentado, sin resultado, desautorizar a las autoridades locales para seguir ejerciendo el monopolio de la inmovilidad. O el funesto gradualismo como el que aplicó en El Dorado, gracias al cual en pocos días se multiplicaron los contagios.
Sin embargo, si miramos más allá de la apariencia y de los elogios mediáticos al viraje del presidente, es más prudente ver esta novedad del comportamiento presidencial con un sano escepticismo. Ciertamente es posible que el empuje de la opinión pública haya terminado orillando algo más a Duque hacia los alcaldes, gobernadores, científicos, periodistas independientes y voceros de la sociedad civil. Y lo haya sintonizado mejor con ellos, promoviendo la coordinación con las autoridades regionales antes que con los banqueros y los gremios empresariales, como lo venía haciendo hasta ahora.
Pareciera, además, que la fuerza de las circunstancias ha conseguido que por fin el presidente ejerza su cargo para algo más que pronunciar discursos, hacer nombramientos y apoyar propuestas del gusto de sus mentores nacionales y extranjeros.
Pero también la metamorfosis podría ser, sobre todo, un cambio de forma aconsejado por sus asesores de imagen. Y su objetivo principal, aplacar el evidente descontento popular y remontar los altos niveles de desaprobación a su gestión que reflejan las encuestas, al tiempo que tratar de revertir el acelerado descrédito del uribismo. De esta forma, la crisis originada por el Coronavirus sería percibida por el gobierno y sus colaboradores como una oportunidad excepcional de reencauche político. Y una ayuda inesperada para diluir en la opinión pública la impresión adversa de los últimos escándalos de corrupción y asociación de figuras claves del partido de gobierno con delincuentes. El cambio implicaría, eso sí, algunas concesiones, insoslayables pero relativamente modestas, en cuanto a la obligación de hacer valer los derechos a la protección social de los colombianos que la Constitución consagra. Pero sin abandonar verdaderamente la política neoliberal que reserva el salvavidas de los fondos públicos para los grandes capitales. Ni tampoco la inclinación por mantener un gobierno elitista y autoritario, señalado de complicidad con la ultraderecha y las mafias paramilitares dentro y fuera de los órganos del Estado.
Un desafortunado indicio en esta dirección es la insuficiencia notoria de los subsidios económicos a los sectores sociales que lo requieren para hacer sostenible la cuarentena. Igualmente, la parsimonia en proporcionar los medios de trabajo necesarios al personal médico para afrontar la emergencia sanitaria, incluyendo el pago oportuno y apropiado de sus remuneraciones: seguimos cautivos de las EPS y presos de la Ley 100. Por otro lado, como muchos han señalado, los recursos para afrontar la emergencia se van a tomar arbitrariamente del Fondo que garantiza las pensiones de los entes territoriales (FONPET) y del Fondo de estabilización de los precios del petróleo (FAE), antes que de créditos del emisor al gobierno, del uso de las reservas internacionales o de una moratoria de los pagos de la deuda pública. Y según el decreto 444 de 2020, estos recursos pueden ser usados por Hacienda para “proporcionar liquidez transitoria al sector financiero”, es decir, ¡prestarle a los bancos!
Así mismo, otra señal negativa es la ambigüedad del gobierno respecto a su voluntad política para prorrogar la cuarentena por varias semanas más, como lo aconsejan los expertos en epidemiología y lo defiende la alcaldesa de Bogotá. Parece inclinarse por hacerle caso a gremios como el de los comerciantes y Anif que consideran que la salud de la economía se puede lograr sacrificando la salud y la vida de los trabajadores. Y que proponen volver cuanto antes a una normalidad que en la práctica le da vía libre al contagio.
Algunos de los comentarios del presidente siembran dudas sobre sus intenciones. Por ejemplo, refiriéndose a las razones para descartar una cuarentena prolongada, Duque acotó que “China es un país que se puede dar esos lujos”, en lamentable alusión a la estrategia sanitaria de uno de los países que ha podido salir mejor librado en términos de pérdidas humanas. En Colombia ¿cuánto podría ser el costo en vidas humanas de esta claudicación? Un cálculo somero de sus implicaciones es el siguiente: hasta disponer de una vacuna y sin medidas de aislamiento, el número de contagiados según el pronóstico del Instituto Nacional de Salud –INS- será cerca de 4 millones. Nuestra tasa de letalidad llega hoy al 2%, pero con un sistema sanitario ya colapsado por la velocidad exponencial del contagio como en Ecuador -o como sucedió en Italia y en España y está empezando a ocurrir en Nueva York- la mortandad puede llegar al 10 o 12%, es decir entre 400 mil y 480 mil colombianos fallecerían, algo inferior a los 551 mil enfermos severos más los 188 mil pacientes críticos que estima el INS. Y podría ser peor.
Otro mal presagio sobre las prioridades del presidente Duque es la continuidad del triste rol asignado por Washington a Colombia frente a Venezuela, encaminado a contribuir a ahondar la crisis económica y política de ese país al costo de propiciar una catástrofe sanitaria y social sin precedentes para el pueblo venezolano (que se nos devolverá irremediablemente). Al igual que en el tema de la reanudación de las fumigaciones con glifosato, en relación con Venezuela -nación con la que compartimos más de 2 mil kilómetros de frontera- el libreto lo dicta Trump. Su mandato prevalece en la Casa de Nariño por encima de la conveniencia nacional y el sentido común de buscar la cooperación con el país vecino para combatir con mayor eficacia una peste que traspasa con facilidad las fronteras. Ante las justificadas críticas, el gobierno ha terminado aprobando una colaboración restringida por intermedio de la OPS, muy inferior a la que la actual emergencia demanda.
A estos desatinos habría que agregarle la mora deliberada con que se ha avanzado en el cumplimiento de los acuerdos de paz con las Farc y la ineficacia del gobierno en proteger la vida de los guerrilleros desmovilizados y los líderes sociales que siguen siendo asesinados. Adicionalmente, la actitud displicente del Comisionado de Paz (¿?) para aprovechar la oportunidad de reanudar las conversaciones de paz con el ELN. Casi tan grave como la obsecuencia de un Fiscal General que dedica sus energías a judicializar a un alcalde que por descuido pudo haber contagiado del virus al presidente, antes que a desmantelar las mafias responsables de los asesinatos de los líderes sociales y a capturar a sus autores intelectuales para poner fin al genocidio. Es obvio que aclimatar la paz hace parte de la respuesta efectiva para afrontar la grave realidad del país que la pandemia hace mucho más compleja.
Una señal más de cierta inclinación autoritaria, no por poco divulgada menos importante, es la de haber justificado y favorecido la suspensión prolongada de las labores del Congreso en momentos en que se requiere mucho más del control político del Legislativo por estar actuando el Ejecutivo bajo el amparo de las facultades extraordinarias que le otorga la declaración de emergencia económica. Debido a eso, los decretos presidenciales se vienen eximiendo del debate democrático. Lo cual, por ejemplo, permite que sin objeción alguna el ministerio de Hacienda se apropie –con laxas promesas de pago- de importantes recursos de los entes territoriales con tal de no alterar la regla fiscal ni gravar los grandes capitales para financiar la respuesta a la emergencia.
Por tanto, si bien puede ser prematuro anticipar qué camino seguirá el gobierno de Duque en las próximas semanas, está por verse si será o no inferior a lo que hoy demandan los intereses de la sociedad colombiana. Una nueva prueba de fuego será su decisión de prorrogar la cuarentena y mantenerla hasta cuando la curva de contagios empiece a descender y haya capacidad suficiente para atender debidamente a los enfermos, como plantea la alcaldesa de Bogotá (y luego volver a establecerla cuando el repunte amenace con desbordar dicha capacidad). Para ello tendrá que hacer caso omiso de la presión irresponsable de algunos gremios empresariales, mandatarios regionales y miembros de su partido. Este último también representa la oposición obstinada a una política de paz coherente y a la actuación soberana que el país requiere. Por tanto, es indispensable un giro del gobierno en este tema vital.
La segunda prueba es si cumplirá con la ejecución oportuna de los fondos suficientes para el fortalecimiento sustancial de la infraestructura hospitalaria (UCI, respiradores, pruebas, camas) y la protección física y económica de los valiosos profesionales de la salud. Y la tercera, si abandonará la cicatería en el gasto público que impone la ortodoxia neoliberal para así aumentar suficientemente tanto los gastos en salud como los subsidios para los sectores pobres y vulnerables y los alivios de gastos para la clase media. Debe también incluir el crédito amplio y subsidiado a los pequeños y medianos empresarios para que puedan seguir pagando a sus trabajadores en receso. Lo anterior, seguramente implica una intervención gubernamental más decidida que aumente las exigencias de contribución económica al privilegiado sector financiero.
Ya muchos analistas económicos han señalado lo limitado de los recursos que el gobierno tiene previsto usar para afrontar la emergencia. Según los cálculos de un destacado grupo de altos exfuncionarios, la inyección planeada de recursos públicos por $15 billones para atender la contingencia es por completo insuficiente y se necesitan no menos de $50 billones. En este y en los otros aspectos explicados, ¿se atreverá el gobierno de Duque a apartarse de la ortodoxia neoliberal y de influencia de los grandes capitales, así como de la línea política del uribismo, para estar a la altura del desafío sin precedentes del Covid-19?
Referencias:
“Estas serían las cifras de la epidemia en Colombia si no hacemos nada”, El Espectador, Bogotá, marzo 18 de 2020.
“Hoy no se puede hablar de cuarentena prolongada”, El Nuevo Siglo, Bogotá, marzo 31 de 2020.
“La Colombia vulnerable” Amylkar Acosta, Viva la Ciudadanía, edición 675, Bogotá, marzo 28 a abril 3 de 2020.
