La desaparición de los estudiantes mexicanos, el Estado y los narcos.

Por: Ek Pakal.

La reciente desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa (Guerrero) ha generado una oleada de descontento que ha cimbrado los cimientos del Estado mexicano, llegándose al extremo de que Estados Unidos ha manifestado públicamente su preocupación por el desbordamiento de la ira popular o el desencadenamiento de hecho de sangre. Explicar la desaparición de los estudiantes y entender los sucesos recientes siguientes es el propósito del presente artículo.

La primera relación que queremos resaltar es la existente entre el narcotráfico y un Estado como el mexicano. Es necesario considerar que el narcotráfico no constituye una anomalía en el capitalismo ni es extraño que en el tráfico de drogas resulten involucrados los países latinoamericanos. Por el contrario, la acumulación capitalista, desde su origen, se ha basado en la explotación, hasta la aniquilación física, de inmensas masas de obreros, mujeres y niños. Su consolidación como un sistema planetario se fundó en el tráfico de personas, la piratería, el contrabando y, cuando así lo necesitó, la guerra. La etapa más reciente de acumulación ha incluido no solamente la sobreexplotación de los trabajadores sino la inclusión de todo de tipo de actividad mafiosa en los circuitos de la acumulación de capital. Por ello debemos considerar como una explotación típicamente capitalista el tráfico de personas, la prostitución y la producción y, por supuesto, la distribución de drogas. Basta un breve examen a la historia mundial y constataremos que las guerras de los grandes imperios se han financiado con recursos provenientes de las drogas, así sucedió con la denominada Guerra del opio en China o la guerra de los denominados Contras en Nicaragua de los años ochenta.

En el caso mexicano, como lo ha demostrado un estudio reciente de Marco Palacios, el Estado mexicano había venido regulando la actividad del tráfico de drogas desde hace un siglo y gracias a ello se estableció un equilibrio entre los diferentes carteles con lo que se evitó la violencia.

No obstante, la instalación en el poder del derechista Partido de Acción Nacional (PAN) (2000-2012) generó, primero, una ruptura del equilibrio de los carteles y luego una guerra entre el Estado y los carteles para la cual México no estaba preparado. Esta política del panismo se explica por el escaso margen político que tuvo el “triunfo” de Felipe Calderón en las elecciones de 2006 y su deseo de legitimarse a través de la guerra contra el narcotráfico, cuyo impacto se ha calculado en más de 50.000 víctimas –producto de desapariciones forzadas y una horrorosa violencia entre los carteles- y el aumento indiscriminado de diversas formas de delincuencia. Paralelamente los vínculos entre los partidos y el narco y entre autoridades de diferente nivel y los delincuentes se estrecharon y, por ello, hoy vemos purgas en las policías locales y funcionarios de diverso nivel.

La segunda relación que queremos resaltar es la existente entre narcotráfico y violencia contra el movimiento social y popular. Como en Colombia, las bandas de delincuentes se han puesto al servicio de los grandes poderes para desestructurar el movimiento social y para efectuar una aniquilación selectiva de los dirigentes populares. En los últimos años la lista de los desaparecidos y ejecutados se ha incrementado escandalosamente sin que la justicia opere y por lo mismo no hay juicio contra persona alguna o todo queda en acusaciones etéreas contra carteles específicos. Es tan evidente el uso político de la violencia del narco que en el reciente enfrentamiento entre grupos de campesinos e indígenas contra el cartel de los Caballeros Templarios en Michoacán un sector de los denominados paramilitares se constituyó como autodefensa con un claro sentido protección de los sectores populares.

Por último, habría que señalar que existe una evidente relación entre impunidad, violencia política y narcotráfico. La impunidad ha sido señalada por diversos autores como el manto que cubre una larga cadena de hechos violentos en el estado de Gurrero y en otros lugares del país. La sucesión de acontecimientos incluye no solamente la desaparición y asesinato de luchadores sociales sino un número escandaloso de migrantes centroamericanos masacrados y sepultados en fosas a lo largo de la ruta que conecta a Centroamérica con Estados Unidos (por ejemplo en agosto de 2010 fueron 72 los ejecutados y en 2011 se encontraron 49 fosas con 193 cuerpos). Dicho en otras palabras, las armas del narco se han dirigido contra el movimiento social y los pobres en un claro intento de desestructurar cualquier muestra de descontento y como un férreo instrumento de control social.

Por lo expuesto, la desaparición de los 43 estudiantes no es un hecho aislado ni se le puede endilgar la responsabilidad a una banda de narcotraficantes. Un análisis juicioso evidencia los vínculos con el régimen político, con el modelo de acumulación capitalista y con el neoliberalismo. Pero de igual forma con la descomposición de partidos como el PRD, aparentemente situado en la izquierda, pero inmerso en un cúmulo de denuncias por corrupción, narcotráfico y pactos indebidos con el PRI e incluso con el derechista PAN. No es casual que alcalde señalado como principal responsable de la desaparición de los estudiantes y el gobernador del estado sean del PRD.

Por su parte el gobierno de Peña Nieto ha dado tumbos en la explicación de los acontecimientos de Ayotzinapa y su imagen se ha deteriorado totalmente por el intento de chantaje económico a los padres de los desaparecidos; por los escándalos originados por el otorgamiento de una casa de 7 millones de dólares a su familia por parte de un grupo que resultó ganador del contrato de construcción del ferrocarril México-Querétaro, licitación cancelada posteriormente sin explicación alguna; y, por supuesto, no atinar a dar una respuesta clara a los padres de los estudiantes y a la sociedad. En este último caso, por ejemplo, se tardó mucho tiempo en asumir las investigaciones, se impidió el acceso a los forenses argentinos, se dio como válida la autoinculpación de dos supuestos sicarios que aceptan el crimen, pero cuyo relato sobre la incineración de los cuerpos deja mucha dudas debido a que dicen que se quemaron los 43 cuerpos en un basurero, que es relativamente visible desde el pueblo, y luego las cenizas las desaparecieron en bolsas. No obstante, ¿por qué ningún habitante observó una humareda de una acción de tal envergadura? ¿Cómo explicar la pira en una zona donde los reportes meteorológicos señalan que hubo lluvias? ¿Por qué luego de la desaparición no aparece el camión en que se llevaron a los estudiantes?, ¿Por qué hay registros de mensajes de 4 celulares pertenecientes a los estudiantes en que dicen no saber dónde se encuentran, etc., etc.?

Lo que explica la enorme movilización social de repudio a la desaparición de los estudiantes ha sido el hartazgo de la sociedad civil que espontáneamente se ha volcado a las calles pidiendo justicia y respuestas claras por parte de las autoridades gubernamentales. Lamentablemente no hay dirección política de las movilizaciones, pues la izquierda está conformada por pequeñas organizaciones, casi sin presencia nacional y con escasa influencia en los movimientos de masas, por lo que no existe una orientación adecuada de la resistencia social y el gobierno espera que el cansancio y el paso del tiempo elimine la movilización social.

Esta ininterrumpida ola de protestas, que ya lleva 2 meses, ha partido en dos la historia contemporánea de México. Ha evidenciado la naturaleza del régimen político, el carácter de los partidos, el descredito en la justicia y la imperiosa necesidad de crear organizaciones de masas de carácter nacional dotadas de un proyecto político, especialmente debido a las amenazas de Peña Nieto contra el movimiento popular, el aumento de hechos de violencia y el innegable inicio de una olead de conflicto social cuyo sentido pocos alcanzan a calcular.