La Corrupción en Colombia y la Captura del Estado.
Por: Carlos Julio Giraldo Medellín (1)
Los recientes casos de corrupción que se han conocido, siendo el de Reficar el último de ellos, permiten señalar que en la vigencia del modelo neoliberal, –iniciado a finales de los años ochenta durante la administración Barco, hasta la actualidad–, este fenómeno, lejos de acabarse, se fortalece cada día más, saliéndose de las cínicas “justas proporciones” que señalaba Julio César Turbay, expresidente del país y abuelo del secretario de gobierno de Peñalosa.
Precisamente, el proceso de modernización del Estado y de internacionalización de la economía, a través de la apertura económica, pilares del modelo neoliberal, se han sustentado bajo los supuestos de superar el lastre de la corrupción, el clientelismo y la ineficiencia, con los que se acusaba al modelo estatal que se erigió durante el periodo cepalino.
Antes de continuar con el análisis es importante aproximarse al concepto de corrupción. En la actualidad la definición más aceptada desde hace varios años es la utilizada por Transparencia Internacional. En esa definición, la corrupción se entiende como “el abuso de posiciones, poder o confianza, para beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir, bienes en dinero o en especie, cambio de acciones, decisiones u omisiones”(2).
Con base en esta definición, el espectro de la corrupción es bastante amplio, pero en Colombia sólo se ha mirado una expresión del fenómeno: la que se lleva a cabo por funcionarios públicos: clientelismo, tráfico de influencias, nepotismo, “peculado por apropiación”, pero no se ha abordado el papel que juega el sector privado, en especial a través de las modalidades de contratación que se crearon en el contexto de la modernización del Estado.
Precisamente, la Contraloría General de la República, en el informe “La lucha contra la corrupción, la ética y la transparencia en el sector público”, fechado en mayo de 2010, señala que una de las prácticas de corrupción en el sector público comprenden los denominados mecanismos de “captura del Estado”, que por definición corresponden a la intervención de agentes privados durante la formulación de leyes, regulaciones y políticas públicas, con el fin de obtener un beneficio económico para su provecho particular. (…) Sin importar la modalidad de “captura del Estado” utilizada, es evidente la capacidad de grupos de interés para influir en procesos de decisión política, empleando mecanismos de presión o de incentivos ilegítimos. Esta modalidad de corrupción permite satisfacer intereses políticos o económicos particulares afectando el cumplimiento de responsabilidades públicas de interés colectivo y de la moral social.
En un artículo publicado por la Revista Semana en 2011, titulado “Cinco razones por las que la corrupción no para de crecer”, dimensiona dicha captura del Estado: “Para entender el impacto social que tiene el robo de los recursos públicos, basta mirar los resultados de una encuesta que la Universidad Externado realizó a 530 empresarios, quienes admitieron que, en promedio, el 13 por ciento del valor de un contrato se destina al soborno o las ‘mordidas’, un equivalente a 3,9 billones de pesos. Según Óscar Ortiz, ex zar anticorrupción, con ese dinero se podrían construir 2.000 alcantarillados o 1.800 acueductos de sexta categoría, pagarles la universidad a 80.000 jóvenes (a 5’000.000 el semestre) o construir 200.000 viviendas de interés social.” En el mismo artículo, Elizabeth Úngar, directora de Transparencia por Colombia, concluye que “los recientes casos de corrupción demuestran la “perversa red de delitos entre el sector público y privado...”.(3)
Dicho proceso de captura del Estado expresa el nivel de corrupción en el sector privado y la consolidación de un cartel empresarial, lo cual sitúa al país en el sexto lugar entre 59 países, según la Encuesta global de Fraude EY, y aunque en 2012 se ubicó en el segundo lugar, sigue siendo el país “líder” en América Latina: “Si bien Colombia descendió de la primera a la sexta posición (comparando 2012/ 2014) en el mismo informe, el país sigue teniendo la mayor autopercepción de fraude y prácticas corruptas de Latinoamérica, con un 71% de los empresarios encuestados manifestando dicha calificación”(4).
A esto se suma que el país ocupa el segundo lugar en percepción de la corrupción con 79,06 puntos en una escala de 0 a 100, sólo superado por Venezuela que obtuvo 80 puntos, según resultados del Barómetro de las Américas, iniciativa que hace parte del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Lapop) y que busca medir la percepción de los ciudadanos de las Américas frente a la democracia y sus instituciones. Del mismo modo, en el Índice de Percepción de la Corrupción 2015, publicado por Transparencia Internacional, Colombia mantiene su pésima clasificación, ubicándose en el puesto 83 entre los 167 países evaluados y en América Latina ocupa “el puesto 12 de la tabla y sigue ubicándose por debajo del puntaje promedio de la región (40), muy por debajo de países con calificaciones aceptables como Canadá (83), Estados Unidos (76), Uruguay (74) y Chile (70) entre los 26 países latinoamericanos”(5).
El proceso de captura del Estado ha transformado la corrupción en nuestro país haciéndola más sofisticada, pasando de las formas tradicionales asociadas a los individuos, llámese funcionarios, individuos y políticos tradicionales, que actualmente persisten, a conglomerados empresariales que se organizan para saquear de manera sistemática al Estado, a través de una intrincada red que “trabaja” desde el nivel central, pasando por las entidades descentralizadas y llegando a las entidades territoriales, siendo el Grupo Nule el caso más ejemplarizante.
El eje a través del cual se logra esta cartelización de la corrupción en Colombia lo tiene, paradójicamente, la legislación que se creó para la modernización de la contratación. En un informe publicado por la revista Semana en 2011, titulado “se están robando el país”, se afirma que en el año 2007, durante el gobierno de Álvaro Uribe, se hizo una reforma a “la Ley 80 de contratación, que les da gabelas insólitas a los contratistas -permite, en ciertos casos, contratación directa y a las concesiones se les puede dar una prórroga de hasta el 60 por ciento del tiempo-. Gracias a esa reforma, por ejemplo, en los últimos años se firmaron concesiones con privados para construir carreteras por seis billones de pesos y luego se hicieron escandalosas adiciones por 6,5 billones de pesos sobre los mismos contratos. El gobierno terminó entregando a dedo una cifra astronómica”(6).
De este modo, la corrupción no es la causa de los problemas del país, a pesar que varios estudios concluyen que los costos asociados a la misma superen los ocasionados por la guerra, sino que este fenómeno ha venido creciendo a un ritmo acelerado debido a los grandes carteles que se han constituido aprovechando los procesos de “modernización” del Estado y de la contratación pública, es decir, que en la medida en que se siga entregando las funciones del Estado a los particulares, mediante las diferentes formas de privatización, éstos utilizarán mecanismos más sofisticados de captura y cooptación, gracias a sus estrechos vínculos con los funcionarios públicos que, en muchos casos, son socios directos de dichos carteles.
Esta conclusión coincide con lo señalado por María Eugenia Mendoza quien concluye: “La hipótesis confirmada es que existe relación directa entre alta intervención del Estado, alta discrecionalidad de quienes toman las decisiones sobre lo público y la empresa privada que influye para que se decida a su favor, es decir, se configura, lo que denominan, corrupción a gran escala sobre la que Kaufmann afirma: Los sobornos a los parlamentarios al ‘comprar’ sus votos para que se sancionen determinadas leyes, los sobornos a funcionarios públicos para que aprueben normas o decretos favorables a intereses creados concretos o los sobornos a los jueces para que influyan en las decisiones de los tribunales, son ejemplos clásicos de una corrupción a gran escala, mediante la cual las empresas pueden obtener ventajas para ellas gracias a las distorsiones en el marco jurídico y reglamentario de la economía” (7).
Finalmente, contrario a lo que se viene proponiendo por diversas ONG, la corrupción no se acabará mediante la suscripción de “pactos de transparencia”, porque dichos acuerdos no atacan el problema principal, sino que por el contrario, se debe avanzar en la comprensión, por parte de la ciudadanía, de la estrecha relación existente entre la entrega al sector privado de las distintas funciones del Estado mediante las distintas formas de contratación, bajo el sustento teórico del modelo neoliberal y la captura del Estado por parte del sector empresarial, tanto nacional como foráneo a través del cabildeo, la coima y la conformación de los carteles de la contratación, entre otras formas de corrupción.
1) Integrante del Partido del Trabajo de Colombia, Regional Atlántico. Miembro de la Dirección Distrital de la Alianza Verde en Barranquilla.
2) Elementos para fortalecer un sistema nacional de integridad. Libro de consulta, Adaptación para Colombia. Transparencia por Colombia – Transparency internacional, diciembre 2003.
3) Recuperado de: http://www.semana.com/nacion/articulo/cinco-razones-corrupcion-no-para-…
4) EY Bussiness News. Colombia. Cuarta Edición - Agosto 2014. Pág. 2. Recuperado de: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_Colombia_-_Agosto_2014/$FIL…
5) Colombia mal parado en el Índice de Percepción de Corrupción 2015. Publicado por Publimetro. Fecha: 27 de enero de 2016. Recuperado de: http://www.publimetro.co/colombia/indice-de-percepcion-de-corrupcion-20…
6) Recuperado de: http://www.semana.com/nacion/articulo/se-estan-robando-pais/236420-3
7) Política Distrital de Transparencia, Integridad y Lucha contra la Corrupción en Bogotá. Documento de Lineamientos Técnicos. Segundo Informe. Mayo 31 de 2013. Pág. 8.
