Manifestantes anti austeridad en Ecuador ganan algunas concesiones, pero es poco probable que eviten más disturbios o represión.
Por: Mark Weisbrot
El lunes, el gobierno de Ecuador llegó a un acuerdo con los líderes de las protestas que han sacudido el país durante las últimas dos semanas. El acuerdo, que incluyó a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), es un repliegue para el gobierno del presidente Lenín Moreno y una victoria para los manifestantes.
Las multitudes jubilosas salieron a las calles, cantando en celebración. Pero el acuerdo no resuelve los problemas subyacentes. Es poco probable que Moreno termine el año y medio restante de su mandato presidencial sin que se repitan los graves disturbios.
Las protestas comenzaron después de que el gobierno pusiera fin a los subsidios al combustible y comenzaron con una huelga de transporte que bloqueó las carreteras. Siguieron grandes manifestaciones estudiantiles y protestas vecinales, y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad fueron comunes. Decenas de miles, y posiblemente cientos de miles, de personas participaron.
Fueron masivamente disruptivas, y la respuesta del gobierno fue feroz. Las fuerzas de seguridad mataron al menos a siete personas, arrestaron a unas 1.000 e hirieron a un número similar. Moreno había declarado un "estado de excepción", un toque de queda que comenzaba a las 8 p.m., y aún así tuvo que huir de la capital, trasladándola temporalmente de Quito a la ciudad portuaria de Guayaquil.
Amnistía Internacional ha exigido "el cese inmediato de la dura represión de las manifestaciones, incluidas las detenciones masivas, y la investigación rápida, independiente e imparcial de todas las denuncias de detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, tortura y otros malos tratos". El nivel de represión policial conmocionó a muchos en un país donde las fuerzas de seguridad no son conocidas, tanto como en otras partes de la región, por el uso excesivo de la fuerza.
El gobierno también allanó casas para arrestar a los aliados políticos del ex presidente Rafael Correa, incluyendo a Paola Pabón, la gobernadora de la provincia donde se encuentra la capital, Quito. Esto continuó una preocupante represión, que ha incluido acusaciones falsas contra el propio Correa y varios ex funcionarios y el abuso de la detención preventiva para obligarlos a exiliarse. El lunes, la embajada de México en Quito ofreció protección a varios disidentes políticos pro-Correa, incluyendo a legisladores.
Moreno acordó el domingo rescindir el Decreto 883, que formaba parte de un programa acordado en marzo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El decreto ha recortado los subsidios a la energía, incluyendo la gasolina y el diesel. Los aumentos de precios resultantes han sido sustanciales y han sido especialmente duros para los pobres de las zonas rurales. Según informes de prensa, Moreno el domingo estaba "dispuesto a reconsiderar las políticas económicas que impulsaron las protestas...[y] a revisar los planes de recorte de salarios y vacaciones para los trabajadores del gobierno".
Pero otros informes indican que el gobierno de Moreno se ceñirá a la austeridad y a otros compromisos que contrajo con el FMI a cambio de un préstamo de 4.200 millones de dólares. Y ese programa económico es tan profundamente fallido que está destinado a causar más problemas a medida que se implementa.
De hecho, el FMI ya ha reconocido que la contracción de la economía ecuatoriana este año es el resultado del endurecimiento presupuestario de su programa. Este es un patrón familiar en los acuerdos de préstamo del FMI: empujar a la economía a la recesión o profundizar una desaceleración que ya está ocurriendo, con la promesa de que algún día conducirá a una recuperación.
En este caso, el programa del FMI pide un ajuste fiscal de alrededor del 6 por ciento del PIB en los próximos tres años, lo que es como eliminar 1,4 trillones de dólares de la brecha presupuestaria en los EE.UU. en el mismo breve lapso de tiempo... Podemos imaginar la recesión y el aumento del desempleo que este tipo de austeridad causaría aquí. Y lo que lo hace aún menos racional es que el gobierno ecuatoriano apenas funciona con un déficit presupuestario, de apenas el 0,3 por ciento del PIB, según la última estimación del FMI. Si nos fijamos en la deuda pública de Ecuador, el propio Análisis de Sostenibilidad de la Deuda del FMI en su acuerdo de préstamo de marzo la encontró bastante manejable.
El FMI prevé que la economía volverá a crecer (muy lentamente) el próximo año, pero esto se basa en hipótesis poco realistas. Esto incluye un gran aumento de las entradas de capital, debido a que el programa "restaura la confianza" en la economía, e incluso algunos errores contables. En realidad, una recesión es mucho más probable. Y el acuerdo contiene otras "reformas" regresivas que seguramente serán impopulares, incluyendo despidos, recortes salariales, aumentos regresivos de impuestos y cambios a favor del empleador en la legislación laboral.
Donde hay una economía defectuosa, a menudo hay una mala política. El 11 de octubre, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, emitió una "Respuesta de los Estados Unidos a las Protestas en Ecuador", declarando que "los Estados Unidos apoyan al Presidente Moreno y al Gobierno de Ecuador en sus esfuerzos por institucionalizar las prácticas democráticas e implementar las reformas económicas necesarias". Para la administración Trump, la lucha en Ecuador es parte de su política de "contención y retroceso", para deshacerse de los gobiernos de izquierda y centroizquierda que presidieron la mayor parte de América Latina en la primera década del siglo XXI, y restaurar el status quo anterior.
Antes de ser elegido en 2017, el presidente Moreno fue vicepresidente de Rafael Correa, quien había implementado un conjunto de reformas institucionales y políticas económicas innovadoras que fueron bastante exitosas. La pobreza se redujo en un 38 por ciento y la pobreza extrema en un 47 por ciento durante la década. La inversión pública -incluidas las escuelas, los hospitales, las carreteras y la electricidad- se duplicó con creces en porcentaje del PIB, al igual que el gasto social. La política del Banco Central se coordinó con la del Tesoro, e incluso el gobierno pudo utilizar la relajación cuantitativa, a pesar de tener como moneda el dólar estadounidense. El gobierno también exigió a los bancos que devolvieran miles de millones de dólares al país y gravaron las salidas de capital. El gobierno de Correa mostró al mundo que los límites de la política económica independiente en un país en desarrollo pequeño y de ingresos medios eran mucho más amplios de lo que a menudo se cree.
La mayoría de estos cambios se están invirtiendo. Al mismo tiempo, Moreno se ha aliado en la región con la política exterior de la administración Trump: Sacó al Ecuador de la OPEP y de la Unión de Naciones Sudamericanas, que habían sido una fuerza importante para la independencia de América Latina. Para complacer a Washington, también revocó el asilo político y la ciudadanía ecuatoriana de Julian Assange, violando los tratados internacionales bajo los cuales fueron otorgados, así como la ley ecuatoriana.
Irónicamente, el rechazo del gobierno de Moreno a las exitosas políticas económicas de Correa le está perjudicando mucho políticamente. La ironía es similar a nivel internacional: con el apoyo de Trump, el FMI e instituciones relacionadas como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo han invertido cerca de 10.000 millones de dólares en Ecuador, pero el programa de austeridad que lo acompaña ha hecho que ese apoyo sea peor que inútil. Es lo mismo que están haciendo, con el mayor préstamo del FMI jamás concedido, al gobierno derechista y pro-Trump de Argentina, donde el presidente Mauricio Macri probablemente se convertirá en otra víctima política de las políticas del FMI en las elecciones de este mes. Si Moreno persiste en seguir el programa del FMI, se unirá a Macri en la larga lista de ex jefes de gobierno cuyas carreras políticas terminaron con la ayuda del FMI.
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Mark Weisbrot es codirector del Center for Economic and Policy Research en Washington, D.C. También es autor de "Failed: What the ` Experts' Got Wrong About the Global Economy" (2015, Oxford University Press). Puedes suscribirte a sus columnas aquí.
Fuente: The Nation, October 16, 2019
