La causa animalista dentro de la sociedad actual.

Por: Paola Cervera Quintero.

Luego de las millones de muertes causadas por la Primera y Segunda Guerra Mundial, la humanidad entró en una era de avance y reconocimiento de derechos civiles y políticos. Desde ese momento se empezó a hablar de la primera generación de derechos humanos y de la importancia de su defensa y cumplimiento. Surgieron los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), los cuales brindan reconocimiento a la igualdad de condiciones y el trato entre seres humanos –entre estos se encuentran el derecho al trabajo, a la libertad de huelga, salud, educación, protección de familia y nivel de vida digna entre otros–, y los derechos de tercera generación que surgieron en la década de 1980 y tienen que ver con la solidaridad y el bienestar colectivo, allí se encuentran los derechos a la libre personalidad, a la vida digna y los ecológicos en donde se encuentran los derechos ambientales y animalistas.

Esos derechos de tercera generación incluyen el respeto y cuidado de los animales, por lo que las naciones más desarrolladas los cuidan y rechazan por completo las expresiones de violencia animal, así se traten de tradiciones culturales en sus pueblos, y han llegado hasta este punto de avance porque en retrospectiva han entendido que esas prácticas son retrógradas y no pueden ser toleradas en la visión actual, donde las libertades y la protección de los más débiles son la mayor expresión de democracia y desarrollo.

Es claro que los animales son seres sintientes, y por consiguiente deben garantizarse derechos “fundamentales” respecto a la preservación de su vida, y al desarrollo de una vida libre de maltrato y tortura por parte de los seres humanos.

Nuestro deber bioético se debe enmarcar en esta concepción de respeto a la vida animal y a la conservación del planeta. Por lo tanto, las acciones y prácticas que lleven a la destrucción de nuestro ecosistema –que afecten la vida digna de los animales y la supervivencia de las especies– deben ser reducidas a su mínima expresión, con el fin de evitar la ola de destrucción masiva a la que la humanidad ha llevado a los ecosistemas existentes tras intereses neoliberales, sin pensar en un desarrollo armonioso entre los avances de la ciencia y la conservación del planeta.

En Colombia hay pocos mecanismos legales de defensa y protección a los animales. Uno de ellos es el Estatuto de Protección de los Animales (Ley 84 de 1989), cuyo artículo séptimo consagra excepciones que ponen en peligro la vida de los animales en los municipios en donde los actos que conllevan la tortura animal se consideren manifestación de tradición cultural. Así mismo el Código Civil considera los animales como bienes muebles, por lo cual cualquier tipo de daño que se infrinja sobre uno de ellos será demandado por su “propietario” como si le hubieran dañado una silla o el carro; si dicho animal no tiene dueño, ni siquiera existirá una sanción para el maltratante. Finalizando este tema de los mecanismos legales, el Código de Policía (Acuerdo 79 de 2003) establece unas multas inferiores a setecientos mil pesos.

Sin embargo, a nivel nacional existen dos logros recientes en esta lucha, el primero la inclusión de una política animal a través del artículo 252 del Plan de Desarrollo Nacional “Todos por un nuevo país” el cual se logró el pasado mes en el Congreso de la República. El segundo, la aprobación en primer debate del Proyecto de Ley 087 el pasado mes de marzo, el cual busca la penalización del maltrato animal.

En Bogotá se ha avanzado en la agenda animalista con la sustitución de vehículos de tracción animal, cuyo resultado fue que 2.900 caballos se dieron en adopción y se brindó alternativas para la dignificación de la labor de otras tantas familias que viven de la recolección de chatarra; de igual manera se ha desarrollado la política pública de Protección y bienestar animal, con la cual se espera establecer lineamientos claros que defiendan los derechos de los animales en el Distrito Capital.

Respecto al tema taurino, este gobierno ha sido acérrimo en impedir que se desarrollen corridas de toros en la Plaza La Santamaría, único espacio de la ciudad que cuenta con la infraestructura necesaria para dicho uso. El Gobierno Distrital ha hecho todo lo posible para lograr este propósito, y ahora con la Consulta Antitaurina, le corresponde a la ciudadanía tomar las riendas de esta causa clamando el apoyo de toda la sociedad a esta causa sin importar su origen ni concepción política, todos en un mismo sentir, la defensa de la vida.

Por esta razón debemos apoyar la consulta popular antitaurina, iniciativa que nace de grupos animalistas conscientes de esta necesidad, presentada a la Administración Distrital el pasado 27 de marzo y radicada por esta ante el Concejo Distrital el pasado martes 19 de mayo. El Concejal Yezid García Abello de la Alianza Verde ha participado activamente en este proceso, como ejemplo de la voluntad política y la seriedad con la que se debe tomar en cuenta este tipo de iniciativas.

Este es un llamado para que la sociedad colombiana reflexione sobre la eliminación total de la práctica retrógrada, inhumana y degradante del toreo, en la cual toros y caballos son maltratados hasta la muerte, en una practica abiertamente violenta que también atenta contra el libre desarrollo de los niños que son llevados por adultos a este tipo de actividades. La diversión de unos cuantos no justifica el maltrato, la muerte de los animales, ni la exposición de nuestra niñez a espectáculos que muestren como normal el dolor y la eliminación del otro (así este no sea un ser humano).

La pregunta de la Consulta Antitaurina es: ¿Está usted de acuerdo, Sí o No, con que se realice corridas de toros y novilladas en Bogotá Distrito Capital?
La respuesta rotunda de la ciudadanía el próximo 25 de octubre será NO.