Golpe de Estado en Perú
Al momento de cierre de esta edición de Nueva Gaceta, la región fue sorprendida con la noticia del golpe de Estado contra Pedro Castillo, presidente del Perú, por manos del Congreso. En una tragedia ya vista en el caso del golpe de Estado contra Evo Morales, a las carreras de nuevo apareció el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a respaldar a los golpistas, echarle la culpa a la víctima y reconoció a la vicepresidenta como nueva presidenta del país.
Los meses de gobierno de Castillo no pudieron ser más agobiantes. La élite de Lima, descrita como una de las más racistas del continente, nunca aceptó el triunfo de un presidente salido de las entrañas de la montaña y del pueblo, un maestro de escuela, y desde el principio le hicieron sencillamente imposible gobernar. A diario cuestionaban sus medidas y le obligaron a realizar unos cuarenta cambios en su gabinete, mientras constantemente era amenazado con juicios políticos inicuos y sin sustento, y actualmente se enfrentaba a la tercera acusación ante el Congreso, de mayoría opositora al gobernante popular.
La mano siniestra de Almagro –sobre quien pesan acusaciones que podrían dar al traste con su mandato– con el obvio beneplácito del gobierno de Estados Unidos, augura que la suerte del mandatario Castillo será de terror, pues una primera medida al lado de su captura fue evitar que se asilara en la embajada de México.
La guerra jurídica se convirtió en el siglo XXI en la nueva forma de sacar del escenario a los contrincantes políticos, bajo una apariencia de legalidad. Fue así como sacaron de la contienda a la presidenta Dilma Rouseff y a Lula en Brasil, a Evo Morales en Bolivia, a Gustavo Petro en varias ocasiones o, la más reciente, a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, para apenas mencionar los casos más notorios. El golpe contra Castillo es un campanazo de alerta para los gobiernos de izquierda y progresistas que han venido recuperando el poder en el continente.
