Equidad y Educación: una reflexión desde la educación media
Por: Judith Consuelo Pulido Rodríguez (1).
Introducción
Son muchas las veces que se escucha, desde los gobiernos locales o nacionales, que extender la educación, asegurar el acceso a la educación a todos los colombianos y colombianas, es el factor fundamental para alcanzar una mayor equidad económica y social en nuestro país.
Y no falta razón a este enunciado. Sobre todo cuando se considera los niveles de la enseñanza media que deben servir de articulación y, por así decir, de apalancamiento para que las niñas y niños de los sectores más desfavorecidos, de los estratos más pobres y de menores ingresos puedan encontrarse, al cabo de los ciclos educativos, en condiciones similares a los estudiantes que provienen de las familias de mayores recursos de la sociedad.
O, por lo menos, que de manera progresiva, año tras año, este gran sueño de una sociedad más justa e igualitaria, apareciera en el horizonte de las generaciones del mañana. Una sociedad futura donde los jóvenes egresados de nuestros colegios, cualquiera sea su condición socioeconómica, se encuentren con oportunidades laborales, de vida, de aprendizaje, de acceso a la formación universitaria y, por qué no, de posgrados y de expansión de todas sus facultades y libertades, más equitativas y justas.
La trampa de la desigualdad
Si esta perspectiva deseada se realizara, hablaríamos entonces de un impacto educativo formidable en reducir la desigualdad social y económica en Colombia, tal como lo han prometido tantas autoridades en nuestro país. Vencer, por fin, “la trampa de la desigualdad”, como le llaman algunos economistas; entre ellos, el actual ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas (2013). Dicha trampa consiste en que los gobernantes, es decir quienes toman las decisiones en todos los niveles del régimen político, provienen de estratos sociales altos y con una capacidad económica incomparablemente mayor a la que tienen las personas provenientes de los estratos más pobres. Baste decir que el 20% de la población con mayores ingresos, recibe recursos económicos 22 veces superiores a los que recibe el 20% de la población con menores recursos económicos (p. 453).
Con esa profunda desigualdad, las familias de los estratos pobres, no pueden acceder sino a los servicios educativos públicos, es decir, gratuitos, y en muchísimos casos, los niños y jóvenes abandonan los establecimientos educativos, en los primeros ciclos de su formación, por esa misma necesidad laboral y económica que apremia a sus familias y a ellos mismos. Mientras tanto, en los estratos de mayores ingresos, la situación es completamente diferente. Como ese sector social de grandes recursos económicos puede costear, para los miembros familiares, los estudios universitarios y de posgrado, a veces en universidades extranjeras y en todos los casos universidades llamadas “de élite”, cuando se trate de la conformación de los gobiernos, sean locales o nacionales, se elegirán a profesionales pertenecientes a esos mismos sectores privilegiados.
¿Cómo se completa la trampa de la desigualdad? Cuando esas autoridades toman decisiones políticas, decisiones de gobierno, tenderán, por lo general, a perpetuar ese estado de cosas, el statu quo, que les dio ese sitial privilegiado en la sociedad.
La educación ¿hacia una mayor equidad?
¿Cómo se podría superar y romper la trampa de la desigualdad? Fomentando, extendiendo y universalizando la educación pública y gratuita de calidad, para todos los ciudadanos y apoyando a las familias de bajos recursos para que no se confronten a la necesidad de retirar a sus hijos de las escuelas y colegios por problemas de subsistencia.
Sin embargo, las políticas públicas educativas adoptadas en Colombia, desde comienzos de la década de los años 90 con la Apertura económica, la ley 115 de 1994, como ley general de la educación, con todos los actos legislativos que le sucedieron hasta el presente, no parecen haber contribuido, de una manera eficaz y contundente, a reducir la profunda desigualdad que atraviesa toda la sociedad colombiana. Según datos de los Indicadores Mundiales de Desarrollo del Banco Mundial, la desigualdad medida a través del Índice Gini, el cual va de 0 (cero) como igualdad total y perfecta, a 1 (uno) como desigualdad absoluta, lejos de disminuir en el transcurso de estas últimas dos décadas y media, se ha recrudecido notablemente. Mientras en 1991 se encontraba este coeficiente en 0,51; en 1998 y 2000, llegó a alcanzar un alarmante 0,59, con alguna muy tenues mejorías en los años sucesivos, pero manteniéndose siempre por encima de 0,53, durante todos los años de los transcurridos en el actual milenio (Banco Mundial, 2017).
¿A qué se debe esta situación paradójica en la cual la extensión de los servicios educativos al conjunto de la población colombiana en vez de disminuir la desigualdad logra aumentarla?
La respuesta a este interrogante debería buscarse, como lo hace Gentili (1999) en el cambio educativo que se dio en Colombia, a partir de la Apertura de 1991, siguiendo los preceptos neoliberales del Consenso de Washington. Estos preceptos del Consenso de Washington impondrán un giro neoliberal a las conducciones políticas en prácticamente todos los países de la región latinoamericana, haciendo recaer el énfasis de las políticas públicas en el ajuste estructural de las economías, basándose en criterios de “eficiencia” de los mercados; una eficiencia lograda, según los criterios neoliberales, en la liberalización – en el sentido de eliminar la regulación estatal - de los mercados de bienes y servicios, del sector externo, laboral, de capitales y de divisas, planteando la privatización de las empresas públicas como medio para equilibrar el presupuesto del Estado, tal como si se tratase de una empresa privada y no de carácter social y político (Ahumada, 1996).
La educación, el desarrollo humano y los ercados
En el plano de la transformación del sistema educativo colombiano, como aconteció en casi todos los países de la región durante la década de los años 90, la subordinación las políticas educativas a los lineamientos del Consenso de Washington, para algunos autores, aparece con total coherencia: “Quien estudie los programas de estabilización y reforma económica en los países latinoamericanos podrá reconocer entre ellos una notable homogeneidad. Esta característica también puede ser identificada en las propuestas de reforma educativa llevadas a cabo en la región” (Gentilli, 1999, p. 7).
Por cierto, las orientaciones de las políticas educativas en nuestro medio, como aporte positivo, han propiciado una mayor articulación entre educación media y la superior entre los estratos de bajos recursos de la sociedad colombiana, si bien, la definición de “educación superior”. Por la Ley 1064 de 2006, la educación de carácter técnico y tecnológico, orientada a la formación para el trabajo, va a ser comprendida como educación superior. (Congreso de Colombia, 2006). Al tiempo, la ley 1014 de 2006, va a fomentar en los ciclos de enseñanza primaria y media, la llamada “cultura del emprendimiento” “y la vinculación entre el área de la educación y el de la producción, mediante la educación por competencias”. (Congreso de Colombia, 2006b). De ahí el fomento a la cultura del emprendimiento, o al mercado de la economía formal, atendiendo a los requerimientos productivos de la empresa privada, según la articulación que opera el SENA, mediante la educación por competencias.
Desde comienzos de los años 90, el enfoque asumido como orientación de la formación intermedia en el país se sustenta en unas políticas públicas cuyo horizonte de sentido es la rentabilidad económica, vale decir que la inversión social en educación, e igualmente en la generación de empleo, debe buscar ser, a la vez, eficiente, eficaz y productiva (Gentili, 1999, p. 8) arrojando tasas de retorno positivas en la inversión, así sea pública, pues tema central del modelo neoliberal es la de equilibrar el presupuesto del Estado. Llevado al plano laboral-educativo estos principios se orientan a mejorar el nivel de competitividad de las empresas privadas preparando egresados del nivel medio y tecnológico, adecuados a las necesidades del mercado y enfatizando la calidad de la formación por competencias (Pulido, 2017).
Los objetivos de aumentar el ingreso al trabajo y a la educación superior de la articulación son urgentes para la sociedad, sin embargo, es importante realizar un estudio donde se analicen los resultados de esta política, especialmente de la articulación con el SENA, y el modelo educativo de formación por competencias, en relación con la equidad que debe asegurar el sistema educativo como obligación del Estado Social de Derecho.
Desde el punto de vista de la equidad social, en la escolaridad entre los pobres y no pobres de los colombianos, se presentan grandes contrastes, particularmente en el rango de edad entre 19 y 25 años, donde se presenta una diferencia de 3,5 años de asistencia a la enseñanza terciaria. Esta diferencia tan marcada en el acceso a la educación superior, entre los egresados de los colegios secundarios, se explica en muy buena medida porque los subsidios a la educación que entrega el Estado están dirigidos a los sectores de más altos de ingresos de la población lo cual perpetúa y aún acentúa los altos niveles de desigualdad en el acceso a la educación verdaderamente superior: “El 45,8% del gasto público en educación superior se queda en manos del quintil más rico de la población, mientras que sólo el 3,7% es percibido por el quintil más pobre.”. Esta situación se explica, por dos razones: primera, las personas que terminan la educación secundaria no son las más pobres; segunda, las personas pobres tienen más presiones para entrar anticipadamente al mercado laboral (Cárdenas, 2013, pp. 479-481, citado por Pulido, 2017, p. XXX).
La formación de “capital humano” y la doble vía educativa
Si bien, por supuesto, dichas medidas responden a la necesidad de asistencia a la pobreza, a la necesidad de vincular a los jóvenes a algún tipo de mercado laboral, sea al mercado de la economía informal o de auto-empleo, también consolida un sistema educativo de “doble vía”. Esta doble vía educativa del sistema educativo sugiere que los jóvenes de las familias pudientes son formados para ocupar los puestos dirigentes de la política y de la economía, mientras los jóvenes provenientes de los sectores pobres, son formados como “capital humano”, para engrosar y acaso mejorar el mercado del rebusque informal, vale decir el de la subsistencia de sus propias familias.
Como el centro de estas políticas pasa del individuo humano al mercado, este modelo educativo se desvía del propósito de buscar el desarrollo pleno de las capacidades humanas (Sen, 2000) lo cual contribuiría a una mayor equidad en el acceso a la educación y al trabajo, para ubicarse en un plano instrumentalista, acomodándose, a “las demandas del mercado, desde el paradigma del ‘capital humano’, afianzado en los principios de eficiencia y eficacia” (Martínez Pineda y Soler, 2011). Siendo, por su definición, el “capital” justamente lo exterior a la persona humana (maquinarias, equipos, instrumentos de trabajo, etc.) el paradigma del “capital humano” implica un modelo de subordinación de los planes formativos en los establecimientos de formación secundaria, a las condiciones económicas y mercantiles predominantes en los diferentes estratos sociales.
Algunas conclusiones
En la sociedad colombiana se está dando un aumento de los egresados de la enseñanza secundaria provenientes de los estratos de menores recursos pero que, a la vez tienen baja posibilidad de ingresar a la educación superior y poca preparación para el mundo laboral, si no es en labores subordinadas de rango menor o de carácter informal. Lo cual equivale a decir que, en el tiempo y de continuar la problemática expuesta, se acrecentaría por una parte la inequidad en el desarrollo de las capacidades entre las personas de estratos distintos y, por otra, se restringiría el alcance de los derechos a la educación y al trabajo de una inmensa cantidad de jóvenes que verían sus horizontes de vida dramáticamente limitados.
Las alternativas posibles exigen una participación de las autoridades públicas en el fortalecimiento de las universidades públicas, con acciones como la extensión de los horarios de clase que permitan el seguimiento de los cursos en horarios nocturnos y con bajos o nulos costos para los estudiantes que trabajan durante la jornada y creación de sedes universitarias de esas mismas universidades en localidades donde predominen estratos de bajos recursos. También el fortalecimiento de la articulación entre la educación media y la superior, como se implementó con el SENA desde el año 2004 como parte de la Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (Díaz y Celis, 2011) y la sede de formación Tecnológica de la Universidad Distrital, en el barrio Cafam de la Nueva Candelaria (localidad 19) de la ciudad de Bogotá. Así mismo estas alternativas deberían ser acompañadas del mejoramiento continuo de los modelos educativos vigentes en los colegios secundarios que superen el estadio de la mera formación de “capital humano” en función del mercado, para volcarse al desarrollo educativo integral centrado en la persona humana, sujeto de derechos fundamentales como el derecho a la educación y el derecho al trabajo.
Bibliografía
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1) Docente de educación media, licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá y candidata a la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
