El pleito claro-etb y la necesidad de una política soberana de las telecomunicaciones.

Por: UAN de Yezid García.

El monopolio CLARO (antigua COMCEL-Colombia) está obligado a devolver 134.000 millones de pesos, más los intereses causados, a la Empresa de Teléfonos de Bogotá ETB. Desde hace varios años el Tribunal Andino de Justicia falló a favor de la ETB en un pleito por la utilización de las redes de la transnacional para las llamadas internacionales. Desde el año 2012 la Sección Tercera del Consejo de Estado le dio la razón a la ETB, pero el monopolio se ha negado a pagar la deuda, pese a la insistencia del Alcalde Gustavo Petro, la mayoría de los concejales y la misma empresa distrital que exigen esa devolución.

Es interesante revisar la historia que está detrás y en el fondo del pleito. En 1992 se creó Celular S.A. que después se denominó Comunicación Celular, Comcel S.A., una empresa mixta en la que ETB participó con 57,85% y Telecom con 21.3%. En una segunda fase ingresó como accionista la canadiense BCE Telecom International INC del Canadá. ETB quedó entonces con 31.61% y Telecom redujo su participación a 14.63%.

En marzo de 1998 Comcel, a través de Bell Canadá, compró en 300 millones de dólares 68,4% de las acciones de Occel (cuyo accionista mayoritario era EPM), su competidora en la zona occidental. En ese momento, la participación de ETB se vio diluida a 25%, mientras que Telecom (hoy Movistar) pasó a tener 10%. Comcel sumaba con esa compra de Occel, más de 110.000 abonados.

En 2001 Bell Canadá se asoció con la mexicana América Móvil (propiedad de Carlos Slim) y con Southwestern Bell Comunications-SBC de Estados Unidos y se convirtieron en las dueñas del 77,92% de Comcel. En ese mismo año, América Móvil, a través de una empresa de riesgo compartido Telecom Américas, se hace dueña mayoritaria de Comcel al comprar a Bell Canadá y SBC su participación en la empresa. En enero de 2002, ETB finalmente vende su participación en Comcel, que había descendido de 57,85% a 13,7%. Con esta compra América Móvil, ya era dueña de 95.7% de Comcel. En ese mismo año Comcel adquirió a Celcaribe, propiedad de Millicom Internacional Cellular y hoy dueña de 51% de Tigo Colombia (EPM tiene 49%). Con esa compra, sumó 249.000 usuarios. Igualmente Occel, de la que ya era dueña Comcel desde 1998, y Celcaribe con un total de 1.890 empleados, se fusionan definitivamente con Comcel. Comcel se convirtió así en el primer operador con cubrimiento nacional.

En el año 2003 se presenta la liquidación por parte del Gobierno Nacional de Telecom Colombia que aún poseía 4.3% de Comcel, por lo que las acciones fueron vendidas a América Móvil y finalmente Carlos Slim se hace al 100% de la compañía. Comcel, que cambió su nombre por CLARO, tenía a mayo de 2015 más de 30 millones de usuarios y está posicionado como el operador móvil líder en Colombia, pese a la creciente insatisfacción de los usuarios por la baja calidad del servicio.

Este recuento nos permite precisar y recordar el proceso de entrega de nuestras empresas estatales de comunicaciones al gran capital extranjero – vía privatización –, como resultado de la aplicación de los preceptos neoliberales del Consenso de Washington que el gobierno de César Gaviria empezó a aplicar en Colombia. Esa política consistía, entre múltiples componentes, en el debilitamiento y desmantelamiento sistemático de las principales compañías de comunicaciones que eran propiedad del Estado como TELECOM y una serie de telefónicas regionales y locales con la clara intención de entregárselas al gran capital extranjero. Dicha política no fue exclusiva del gobierno colombiano. En toda América Latina, con ciertas diferencias de tiempo, ritmo y profundidad, los gobiernos decidieron privatizar sus principales empresas de telecomunicaciones. Así fue como se crearon condiciones para la penetración de grandes empresas transnacionales como CLARO y MOVISTAR.

Al visualizar las grandes oportunidades de intervenir y apoderarse de importantes mercados latinoamericanos, América Móvil (la verdadera dueña de CLARO), inició actividades en 2004 y se extendió rápidamente a los 18 países donde actualmente opera, cubriendo el 90% de la población de América Latina. Los clientes multinacionales y empresas locales más importantes reciben una amplia gama de servicios tecnológicos a través de TELMEX, CLARO y EMBRATEL, para lo cual disponen de 291 mil kilómetros de fibra óptica, 20.6 millones de casas con cable (HFC), 12 data-centers y 7 satélites.

Hasta el momento actual los gobiernos progresistas que han sido elegidos en Suramérica, que han impulsado la conformación del ALBA, UNASUR y la ALAC no se han propuesto recuperar la soberanía en el área de las telecomunicaciones. En el año 2012 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) junto a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), acordaron trabajar a lo largo del continente para crear recomendaciones relacionadas a la implementación de políticas de telecomunicaciones dentro de la región.

Los países suramericanos evalúan acciones para generar una red regional de banda ancha que incluya centros de encuentros de redes que mejoren la velocidad y la calidad de internet pero se enfrentan al poder de las empresas transnacionales como CLARO y MOVISTAR, que imponen su lógica mercantilista, monopólica y expanden a diario su poder con base en inmensas inversiones y en acciones jurídicas que aprovechan las fisuras y debilidades institucionales existentes en estos países.

Los partidos políticos progresistas y los movimientos sociales de los países latinoamericanos deberán profundizar en el diseño de políticas que – con base en la integración regional –, en un próximo futuro, se propongan la recuperación de la soberanía en ésta área, lo que implica inicialmente ajustar la legislación regulatoria de las telecomunicaciones para obligar a los monopolios a respetar los intereses de los usuarios, cumplir con las obligaciones y contratos que establecen con empresas públicas que sobrevivieron a la avalancha privatizadora, como es el caso de la ETB, e ir – paulatinamente – conformando y consolidando empresas latinoamericanas de nuevo tipo que vayan desplazando del mercado a dichos monopolios privados.

Sabemos que ese camino no va a ser fácil pero no es imposible. La unión hace la fuerza y si los pueblos y gobiernos latinoamericanos realmente quieren construir una Patria Grande y Soberana, tendrán que establecer este tipo de objetivos y tareas, de cara a un desarrollo autónomo e independiente, en donde el sector de las telecomunicaciones es fundamental, dada la importancia que ha adquirido la red de internet y las redes sociales basadas en la cibernética y la computación.

La experiencia de TELESUR y del Canal Capital de Bogotá en el área de la televisión, la comunicación y la información, es una muestra de lo que representa para los pueblos contar con sus propios medios de comunicación.

Los escándalos protagonizados por el gobierno de los EE.UU. denunciados por Wikileaks y ratificados por el testigo Edward Snowden, dejan ver como las grandes transnacionales han conformado un entramado que busca beneficiar a las empresas y grandes monopolios privados en donde la meta es que los conflictos que puedan surgir entre Estados o instituciones y las transnacionales se resuelvan en tribunales privados y no en los organismos judiciales públicos.

A eso es a lo que estamos enfrentados. En ello se basa la estrategia de CLARO para dilatar la devolución de esos importantes recursos que le adeuda a la ETB y que constituyen parte del patrimonio público y colectivo de todos los bogotanos. A pesar de los fallos del Tribunal Andino de Justicia, del Consejo de Estado y de los tribunales de arbitramento, el monopolio de Carlos Slim se resiste y muestra la debilidad de nuestras instituciones, fruto de décadas de aplicación de políticas de privatización y subordinación neoliberal.

¡Que CLARO pague los 200.000 millones que adeuda a la ETB ha sido nuestra reclamación reiterada y una vez más lo exigimos!
E-mail: yezgara@yahoo.es / Twitter: @yezidgarciaa