De la competitividad a la productividad

En días pasados el Consejo Privado de Competitividad (CPC, 2022) dio a conocer el Informe Nacional de Competitividad 2022-2023 el cual en síntesis pone de presente que la economía colombiana sigue arrastrando el fardo del atraso y que se requiere un gran esfuerzo público y privado para sacar al país del atolladero en que se encuentra, digamos que desde el último tercio del siglo XIX cuando la élite dirigente perdió el rumbo. Salvo contados y cortos episodios de visionarios presidentes, en general ha faltado una política que guie al país por los rumbos de la modernización.

El Informe viene a sumarse a una de las grandes mentiras que propalan la Andi, Fedepetrol, Fedesarrollo y demás gremios que se opusieron a la reforma tributaria del presidente Petro argumentando que el país perderá competitividad. Seguramente serán los mismos argumentos que se oirán durante el año 2023 cuando la discusión se centre en la reforma a la ley 100 de 1992 que estableció el actual sistema de salud y pensiones, y en la reforma laboral.

En el presente documento se abordará el análisis del Informe en los puntos centrales que hacen referencia a los problemas de productividad y competitividad (que el Informe agrupa en 16 variables). Para ello en primer lugar se harán unas apreciaciones sobre el significado de la palabra competitividad puesto que, como afirma Paul Krugman, “la competitividad es una palabra sin sentido cuando se aplica a economías nacionales” (1999). Pero entrados en el mundo de esas que el mismo autor llama ideas zombis, asumamos que existiera, caso en el cual la ya muy mala competitividad que exhibe Colombia en las mediciones internacionales difícilmente puede caer más hondo. Finalmente, en ese mismo submundo, las reformas que hacen parte del plan de gobierno del presidente Petro contribuirán a mejorar la competitividad. Luego del repaso teórico se analizará la posición de Colombia en Índice de competitividad de Davos y la última parte se dedica a los aspectos relevantes del índice del CPC.

A. El neoliberalismo competitivo

Uno de los axiomas del neoliberalismo es la idea nunca demostrada –como ocurre con cualquier axioma– de que existe algo llamado competitividad de los países. Bien puede pensarse que el concepto hunde sus raíces en lo más profundo del capitalismo, la lucha salvaje por la supervivencia entre los agentes económicos, ese tipo de darwinismo social que justifica los horrores de fascismo pasando por destrucción de cualquier atisbo de protesta social porque afecta la competitividad.

Véase lo que plantea Krugman sobre la competitividad:

“Este artículo tiene tres puntos. Primero, argumenta que las preocupaciones acerca de la competitividad están, como un asunto empírico, casi completamente sin fundamento. Segundo, trata de explicar por qué definir el problema económico como uno de competencia internacional es sin embargo tan atractivo para tanta gente. Finalmente argumenta que la obsesión con la competitividad no solo es equivocada, sino peligrosa [...] Pensar en términos de competitividad lleva directa e indirectamente a políticas económicas equivocadas en una gama amplia de cuestiones internas y extranjeras ya sea en el campo de la salud o del comercio” (1999).

Las teorías de la competitividad llevan a suponer que con una alta competitividad un país puede, por ejemplo, vender más que sus vecinos, hacer mejores productos, aumentar el volumen de la producción, atraer inversión extranjera, crecer a tasas más altas, acabar la pobreza y mil maravillas más. Pero si se toma cualquiera de esas soñadas metas y se analiza, con facilidad se descubre que su logro puede hacerse a través de diferentes y hasta opuestas políticas económicas y que los beneficiados no son nada parecido al país sino ciertos agentes económicos, no pocas veces a costa de otros.

Así, por ejemplo, si competitividad es vender barato, los productos alemanes o coreanos estarían por fuera del mercado, o Apple no tendría el dominio que exhibe. O las economías del norte europeo, que tienen las mayores tasas de tributación y de salarios, no serían competitivas, o Estados Unidos debería estar en la cola de las mediciones porque hace muchas décadas compra más de lo que vende mientas que la devaluación de la moneda sería una política universal porque así se vende más en el extranjero. Bajar los impuestos a las multinacionales petroleras y carboníferas (es decir, darle vía libre al modelo extractivista) hace ganar puntos a los inversionistas en estos renglones, pero la destrucción medioambiental que acarrean esas explotaciones implica pérdida de puntos en el índice de sostenibilidad. Y muchos ejemplos más.

Es decir, lo que para una empresa o sector en particular puede ser una buena medida de competitividad, para otro puede ser exactamente lo opuesto. De ahí la conclusión que extrae Krugman de que no tiene sentido alguno hablar de competitividad para un país. Cuando se prohíbe a las empresas petroleras deducir de los impuestos lo pagado por regalías, es evidente que dejan de ganar –y ello no implica necesariamente que dejen de invertir–, pero el fisco nacional gana, es decir, la salud, la educación o la infraestructura que se mejoran con esos recursos. Si se aumentan los salarios, los empresarios podrían afirmar que su inversión pierde competitividad (pues ganan menos) pero en cambio los obreros pueden aumentar el consumo nacional, otra de las medidas en la tabla de competitividad.

La ambigüedad de la medición y del significado político que hay detrás (por ejemplo los efectos positivos en el consumo y en la demanda agregada de un alza salarial, como lo demuestra el keynesianismo) explica en buena medida que se preste para manipulaciones, ya no solo ante la despistada opinión pública sino ante los mismos inversionistas mundiales. Igual ocurre con la medición ambigua sobre el alza o la reducción de impuestos a los grandes capitales o a las sociedades.

El Banco Mundial tuvo su propia encuesta de competitividad mundial (Doing Business) durante casi veinte años hasta cuando se denunció que China quedó más arriba de lo que le hubiera correspondido porque al parecer sobornó a alguno de los estadígrafos, mientras que Chile durante varios años quedó más abajo de lo que le hubiera tocado, todo porque su gobierno era de izquierda y los dómines del BM no podían aceptar que quedara como un buen ejemplo, mientras que el puntaje durante los años de gobierno de Piñeira fueron mejores de lo que los datos arrojaban (Última Hora, 2018; The Wall Street Journal, 2018). Descubierta la trampa el BM suspendió la elaboración del índice y finalmente decidió en 2021 no volver a hacer la medición (Banco Mundial, 2021; WilmerHale, 2021).

El enigma de la definición se ve reflejado en el Informe del CPC que en unos casos usa la palabra competitividad y en otras, productividad, que a la luz de la definición básica no son sinónimos y que en el Informe en general apuntan a hacer referencia es a problemas sobre productividad, como se indicará más adelante.

B. Si hubiera competitividad

Puestos a discutir en el escenario neoliberal-darwiniano de la competitividad, véanse los siguientes datos, tomados del Centro de Competitividad Mundial, que trabaja con el Foro Económico Mundial de Davos, en el informe último informe del 2022 (IMD, 2022). La gráfica 1 muestra el escalafón mundial que abarca 63 países (de casi 200), es decir no mide África y buena parte de Asia sur oriental. América Latina, con 6 países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Venezuela) está en el último lugar. México está incluido en la región de América del Norte.

Gráfica 1. Ranquin de competitividad 1-63

Fuente: IMD, 2022.

Colombia ha estado por lo general en los últimos lugares del escalafón regional, ocupando el puesto 57 en el informe 2022 entre 63 países referenciados (puesto 54 en 2020 y 56 en 2021). Chile ocupa el 45 (primer lugar regional) y México el 55.

 Cuando se desagregan los diversos factores (la escala que usa el Foro Económico Mundial mide unos 350 indicadores) Colombia en muy pocos está por encima del promedio y en cambio muchos otros están por debajo. Dado el diferente peso que se le asigna a cada uno de los factores se obtiene el resultado anotado.

Uno de los cuentos autocomplacientes que se echa la dirigencia neoliberal en cuanto foro haya es felicitarse por tener la economía más estable de la región. Pues bien, en el desempeño macroeconómico general, Colombia ocupa el puesto 45, por debajo de México (27) y Perú (40). En la misma línea está el indicador Medida en que las políticas gubernamentales conducen a la competitividad, donde Colombia ocupa el 59 (Chile, 30; Perú, 52). En cuanto al Grado en que las empresas se están desempeñando de manera innovadora, rentable y responsable, otra de las mentiras que se arrogan los empresarios, Colombia ocupa el puesto 60. Igual ocurre con la eficiencia del sector financiero, que ocupa el puesto 60.

Ahora bien, mirados los diferentes aspectos relacionados con la reforma tributaria el resultado es que mejorará la competitividad en el mediano plazo, hacia mitad del gobierno de Petro. Entre los aspectos que hacen referencia a este parámetro están la carga tributaria, es decir en relación con el PIB cuánto es el recaudo. La exótica medida dice que entre más recaudo haya, menos competitivo es el país (¡pobres daneses o alemanes!) y bajo ese sofisma Colombia ocupa el escaño 44 en cuanto a política tributaria y el 49 en finanzas públicas con todo y el dato de que está por debajo del recaudo promedio de América Latina y que el promedio europeo es el doble del colombiano.

El bajo recaudo tributario fue una de las razones aducidas por las calificadoras de riesgo para quitarle a Colombia la calificación positiva y bajarla a negativa (no recomendable para invertir) en el gobierno de Duque. Así que la tarea es aumentar el recaudo como lo logra la reforma de Petro. Es decir, mejora la competitividad.

Cuando se miran los puntos obtenidos en sectores que dependen en buena medida de la actividad del Estado Colombia tiene indicadores bien por debajo de la media: salud, 50; educación, 60; infraestructura 40, internet, ciencia y tecnología, 50. Como es sabido, el gobierno Petro ha anunciado que los veinte billones de pesos de la reforma tributaria se dirigirán a mejorar esos servicios.

Así que, muy a pesar de los anuncios catastrofistas de los billonarios y sus mal llamados centros de estudio –mejor llamarlos centros de presión–, la reforma servirá para subir varios escalones en la raquítica competitividad. Si es que eso existe.

Lo que de verdad sí mide la vida diaria de la población es el Índice de desarrollo humano – IDH (salud, educación, vivienda, agua potable, alcantarillado) en el cual, casi sobra decirlo, Colombia ocupa uno de los puestos más bajos de la región (ver tabla 1), y en el planeta de 190 países evaluados ocupa el puesto 88, habiendo caído del 83 que traía antes de la pandemia, que, hay que recordarlo por si acaso, afectó a todo el mundo. La reforma tributaria dará recursos para mejorar este índice, que es el que de veras interesa al grueso de la población, así para los centros de presión solo sea un dato que ponen a pie de página en sus informes.

Tabla 1. IDH de algunos países latinoamericanos

El regional mejor posicionado es Chile (puesto 42).

C. El Informe del CPC

Productividad o competitividad

La ambigüedad anotada en relación con el término competitividad es evidente al analizar el informe que nos ocupa pues en muchos casos se usan en distintamente las palabras competitividad y productividad como si fueran sinónimos. En muchos de los apartados ni siquiera se usa la palabra competitividad sino, adecuadamente, productividad. Así, en la introducción se lee:

“El CPC le presenta al país un informe que recoge en 16 capítulos un diagnóstico independiente y riguroso de los factores necesarios para lograr ser más productivos y, de esta manera, alcanzar mayores niveles de bienestar para toda la población”.

Y más adelante:

“El informe, en línea con su construcción original emulando el Índice Global de Competitividad, del Foro Económico Mundial, se divide en cuatro grupos de factores. Todas estas condiciones determinan nuestra capacidad de ser más productivos y lograr crecer más logrando mayor bienestar para todos”.

El Informe divide en cuatro grupos la presentación de las 16 mediciones que analiza. El primer grupo las llamadas Condiciones habilitantes (Eficiencia del Estado, Justicia y seguridad, Infraestructura, transporte y logística y Energía). El segundo se denomina Eficiencia de mercados (Mercado laboral, Pensiones, Internacionalización, Sistema tributario, Productividad agropecuaria y Financiación empresarial). El tercer grupo es Capital humano (Educación y Salud) y el cuarto Sofisticación e innovación (Ciencia tecnología e innovación, Crecimiento verde, Productividad y Emprendimiento). Se echa de menos que a lo largo del Informe no se evalúe en ningún sentido el proceso de paz, que cambió evidentemente las condiciones para los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros.

La radiografía en general es precisa sobre la suerte calamitosa de todos los indicadores no solo cuando se comparan con el vecindario o con los países OCDE sino también en su desenvolvimiento en los años que muestran tendencia a desmejorar. Debe reconocerse que en muy pocos casos podrían hacerse objeciones de fondo a la descripción cuantitativa de los problemas analizados, no así en la explicación de las causas y por tanto tampoco en el punto de recomendaciones.

Un dato protuberante a lo largo de las 16 mediciones es que las recomendaciones que hace el CPC luego del correspondiente análisis, de una o de otra manera insisten en la necesidad de que haya más Estado, expresado en la asignación de recursos y en la regulación. Se citan muchos documentos Conpes, algunos con sus respectivas leyes y decretos, que no se han puesto en marcha, llamando a que se ejecuten. Evidentemente lo que se pone de presente es un problema de recursos.

Se reconoce implícitamente en consecuencia que las medidas antiintervencionistas y privatizadoras que impuso el Consenso de Washington hacen parte del bando de culpables del estado desastroso de la economía.

Sería de suponer que dada la necesidad de que haya más Estado para impulsar los componentes de la productividad tanto a nivel empresarial como a nivel macroeconómico como lo destaca el Informe, el apartado Sistema tributario planteara las bases necesarias. Pero no ocurre así. Ante todo, el hecho de que no esté en el grupo Condiciones habilitantes sino Eficiencia de marcados es un primer llamado de alerta pues los principios neoliberales implícitos en los mercados eficientes van en contravía de un sistema tributario alineado con el desarrollo y la igualdad.

Es de subrayar que el Informe se presentó al público luego de la posesión del presidente Petro, pero aún estaba en discusión el contenido de la reforma tributaria. Sin embargo el Informe insiste en los puntos ampliamente discutidos en estos meses. Usa las calificaciones internacionales para subrayar que Colombia ocupa un puesto muy por debajo del promedio de la OCDE (que tiene el primer lugar con 33,1 en relación con el PIB) y cerca al promedio de América Latina (puesto 11 entre 16, ocupando el primer puesto Brasil con 33,1), pero, por ejemplo, pone al país entre los últimos de la región (15 de 17) en cuanto a la tasa nominal de impuesto de renta a las personas naturales. Esta es una de las ya anotadas incoherencias de las clasificaciones pues si se quiere mejorar una de las mediciones necesariamente cae la otra.

Dado que la reforma tributaria ha tenido una amplia discusión en estos meses solo basta con subrayar que el análisis que presenta el Informe es bastante preciso sobre las condiciones del sistema tributario colombiano. Pero a la hora de las recomendaciones se cae en la incongruencia. Se señala la necesidad de que no se espante la inversión con la tributación en estos términos:

“Estas reflexiones usualmente se entienden como una amenaza inocua de un grupo de personas que no quieren desprenderse de sus privilegios. En esa medida, es bueno desmitificar ciertas ideas: no es factible que proyectos productivos con grandes costos hundidos vayan a dejar de operar en Colombia […] Sin embargo, podría llegar a pasar que dichas inversiones difícilmente se realicen en el territorio nacional, por lo que no habría un motor para que la producción aumente, es decir, para que haya crecimiento económico […] En consecuencia, no puede haber ningún principio sostenible de progresividad si los incentivos se alinean en contra de la inversión”.

La palabra podría no está subrayada en el texto pero llamo la atención sobre ella pues es muy frecuente en estas discusiones, tanto en prensa como en textos especializados, apelar a expresiones condicionales o dubitativas para evitar la discusión a profundidad sobre los temas pero dejando en el aire el ambiente de pánico que ha caracterizado la oposición a las reformas del gobierno.

En relación con el impuesto al patrimonio, el Informe indica: “es preciso recordar que mantener un gravamen de este tipo de manera permanente genera desincentivos a la inversión productiva de todo tipo”, sin que se explique por qué en los países donde existe y en la misma historia de Colombia antes de su desmonte, no hubo tal desincentivo y en cambio sí creció vigorosamente la economía.

Problemas laborales

En el mismo grupo de Eficiencia de mercados se analiza el capítulo llamado Mercado laboral. Cabe la misma anotación que respecto a los impuestos. Si hay paradigma neoliberal con críticas es el de la eficiencia del mercado. La creciente desigualdad dentro de los países y entre los países es una de las pruebas más evidentes de que los mercados no son eficientes pues si lo fueran la tendencia sería hacia la igualdad o la convergencia por puro pulso entre oferta y demanda de factores. Pero eso solo ocurre en los libros de texto.

El Informe pone la discusión en los puntos centrales: informalidad, alto desempleo y salarios. Respecto al salario mínimo al menos se escapa del simplón argumento estadístico que se oye entre los círculos neoliberales de que el salario mínimo en Colombia es de los más altos del mundo. Acá se pone en su adecuado significado: “cabe aclarar que, cuando se dice que el salario mínimo en Colombia es alto, no se hace referencia a su relación con el costo de vida, sino a su relación con la distribución de ingresos”. La explicación sirve para mostrar la realidad: Una muy alta proporción de trabajadores en Colombia solo reciben menos de dos salarios mínimos, siendo el promedio (teniendo en cuenta la gran masa de quienes ganan menos del salario mínimo) un salario mínimo.

Pero a continuación se alerta contra el supuesto efecto perverso al que suele acudirse: Mejorar los salarios podría ser el camino a mayor desempleo. Y al igual de lo que ocurre con las recomendaciones de las 16 categorías analizadas por el Informe, las laborales constituyen el menú neoliberal típico: salarios por tiempo trabajado y sobre ese ingreso cálculo de aportes para salud y educación, salarios diferenciados por localización geográfica y por productividad (como si la baja productividad no fuera causada fundamentalmente por el atraso tecnológico de las empresas, es decir, por falta de inversión, y no por los obreros), salarios diferenciados por edades (argumentando que así se resuelve uno de los problemas, el del mayor desempleo entre los jóvenes), salarios sin ninguno de los llamados pagos parafiscales (los cuales deberían ser cubiertos con recursos del magro presupuesto nacional), acabar con los intereses sobre las cesantías y estas deben usarse para el desempleo exclusivamente. De manera florida se apunta: “Es necesario transitar de esquemas normativos basados en la protección al empleo hacia uno de protección al trabajador”.

Otro de los ejes del apartado tiene que ver con los trabajadores vinculados a las nuevas formas empresariales derivadas de las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Como es de suponer, argumentando la necesidad de que el país sea abierto a su utilización, traslada el costo a los trabajadores al insistir en la necesidad de que estos “emprendimientos” cuenten con un sistema laboral aún más flexible: “imprimir mayor flexibilidad al mercado laboral y adecuarse a las relaciones laborales que se desprenden de las nuevas economías”.

Uno de los puntos que resalta el apartado laboral es la existencia de un desfase entre las calificaciones que requieren las empresas y las que ofrecen los potenciales trabajadores. Se insiste en que no hay la mano de obra adecuadamente capacitada. El punto es cierto y tiene un gran efecto en la productividad. Las soluciones se analizan en el apartado Educación.

Productividad y emprendimiento

El capítulo final del Informe se detiene en el análisis sin ambages de la productividad, entendida como el uso eficiente de los recursos para aumentar la producción. En línea con la literatura predominante, define la productividad a través de tres factores, el laboral, la inversión de capital y el factor residual. Luego explica que en Colombia hay grandes diferencias de productividad entre regiones y entre sectores productivos, a lo que se suma la alta informalidad, por lo que el resultado es bastante desolador:

“De acuerdo con los últimos datos de productividad laboral comparables internacionalmente, Colombia tiene 20 % de la productividad laboral de los países nórdicos, 25 % de la productividad laboral de Estados Unidos y 35 % comparada con el promedio OCDE”.

Pero el Informe no pone el énfasis en donde debería estar, en la falta de inversión y gerenciamiento que son los que permiten un mayor uso de la capacidad laboral del país. La mención al gerenciamiento no puede ser más ácida:

“El nivel de prácticas gerenciales de las empresas en Colombia no solo es menor al de países desarrollados. Además, los empresarios no son conscientes de estas deficiencias. La brecha entre la calificación objetiva de las capacidades gerenciales y la autoevaluación de los gerentes colombianos es una de las más amplias del mundo”

No es posible que la fuerza laboral del país por sí misma mejore la productividad si no cuenta con la tecnología adecuada y la correspondiente organización moderna del trabajo, no el trabajador que sobre vive por cuenta propia si que pueda aportar realmente a la economía.

En los sectores formales tampoco es que la situación sea halagüeña, según lo muestra el Informe: “la PTF [Productividad total de los factores] al valor agregado es mayor para industrias manufactureras, comercio, hoteles y restaurantes, y electricidad, gas y agua, mientras que es negativo para intermediación financiera, transporte, construcción y minería”.

Es decir, en los sectores de servicios, en los cuales las diferencias de productividad suelen ser menores, aun así el país tiene mucho por hacer respecto a la productividad mundial, para no hablar de la minería. Razón de más para insistir, como lo está haciendo el nuevo gobierno, en la necesidad de mejorar el aparato industrial del país, que con todo es el que mayor aporte hace al valor agregado nacional, como se observa en la gráfica 2.

Gráfica 2. Aporte al crecimiento del valor agregado (% 2021).

Fuente: CPC, 2022.

Comentarios finales

En este documento solo se han analizado unas pocas variables que se encuentran en el Informe del Consejo Privado de Competitividad, pero que sirven para conocer el enfoque de política económica que propone esta entidad. Quedan por fuera temas que serán el campo de discusión para el año 2023 pues el gobierno alista un paquete de reformas en salud, pensiones y educación, entre otros puntos que se analizan en el Informe.

Pero además de los puntos específicos, vale la pena insistir en que falta ahondar en las diferencias no solo conceptuales sino de impacto en las políticas públicas entre competitividad y productividad, y el papel que debe jugar el Estado para que realmente haya una política de productividad en términos modernos, no a través de los métodos propios de la prehistoria del capitalismo cuando la mayor producción de mercancías y de ganancia se hacía a costa de extender la jornada de trabajo y la disminución del salario.

Buena parte de las políticas sugeridas por el CPC se constituyen en verdaderas trampas de pobreza: reducir los impuestos es desfinanciar al Estado que tiene ante sí el reto de mejorar aspectos vitales como la educación, la ciencia, la tecnología que han estado al mando del mercado –o de la iniciativa privada– y no han resuelto nada. Reducir los salarios a través de políticas de flexibilización laboral y similares es acabar de ahondar en la preocupante desigualdad del país y renunciar al consumo interno como palanca del crecimiento. Abrirle más las puertas a la inversión extranjera es seguir entregando los recursos naturales del país a cambio de muy poco. El resultado será que no habrá mejoras en la productividad, que es lo que realmente importa, y la política de competitividad solo consistirá en vender más barato el país a la inversión extranjera, lo cual ni siquiera contribuirá a mejorar las cuentas externas, como lo muestran los datos de las dos décadas de este siglo, para no ir más atrás.