Corteros del Valle denuncian constreñimiento soterrado que impediría su derecho al voto
Por: Teresa Consuelo Cardona
Cerca de 800 corteros de caña, que ejercen en los ingenios del sur del Valle y norte del Cauca, denunciaron que mediante manipulación en la asignación de trabajos a los contratistas, los ingenios impiden el libre ejercicio del voto.
La situación se presenta especialmente en los municipios de Pradera, Florida, Candelaria y Puerto Tejada, en los que la principal fuente de ingreso de los obreros es el corte de la caña, que se realiza previa asignación de los lotes por parte de los patronos. Así, el cortero depende completamente del tajo que le sea asignado cada día, el cual puede tener entre una y cinco hectáreas. Según manifiestan los corteros, cuando la caña es buena, es decir, pesada, un trabajador puede cortar unas 4 o 5 toneladas en un día, con lo que obtiene un pago de $9.600 por cada una, algo así como $40.000 en un día. Pero si la caña es poca, o liviana, el pago puede descender drásticamente y en ocasiones obtener tan solo la retribución por una tonelada o menos.
Así mismo, los corteros afirman que el corte no es igual en todos los casos, ya que cuando la caña está quemada rinde el trabajo haciéndolo en poco tiempo. Pero cuando es limpia, es decir, los tallos que no han sido quemados deben entregarse sin nada de follaje, es un corte lento que aunque se paga a mejor precio, no compensa.
Según denuncian los corteros, los patronos han asignado tajaos para corte, muy livianos y muy pequeños en los días previos a las elecciones y dejan el mejor tajo reservado para el domingo electoral, por lo que los trabajadores se ven obligados a ir al corte en lugar de ejercer su derecho político de elegir. No existe una prohibición expresa, pero la manipulación hace que los 800 obreros tengan que elegir entre votar o ganar el sustento de sus familias.
Según manifiestan algunos corteros, no hay una manera de verificar el peso de la caña cortada, ya que el procedimiento de control del pesaje no está asistido por ningún obrero, de tal forma que los trabajadores deben aceptar el dato arrojado por la empresa, que es la encargada de recoger la caña cortada, pesarla en sus básculas y dividir el resultado entre los trabajadores llamados al corte, para efectuar el pago cada sábado al contratista y éste a los corteros. En ocasiones los corteros no quedan satisfechos con la información que reciben, pero nada los respalda en su inconformidad. Es frecuente que al cortar una línea de 110 mts, se alcancen las 18 toneladas, pero en determinados casos, el patrono informa que en ese corte salieron apenas 10 toneladas y paga en relación con ese dato.
Ever Zuluaga, miembro de la Comisión de Reclamos del Sindicato de Mayagüez Corte, que agrupa a más de 360 corteros, informó que si los trabajadores que están sindicalizados no van al corte, según los acuerdos pactados con la empresa, están protegidos y no serán despedidos, pero no recibirán pago alguno, hecho económico que afecta su decisión política. Caso contrario es el de los trabajadores que están vinculados a través de contratistas, a los que simplemente no llamarán a trabajar nuevamente ante la ausencia, lo que hace que su participación democrática quede olvidada bajo la presunción del despido.
Dadas las circunstancias, la organización sindical Sintraicañazucol, redactó una carta solicitando los permisos para que el derecho al voto pueda ser ejercido, a lo que las empresas han respondido positivamente, autorizando que los trabajadores no se presenten al corte. Sin embargo, el ingeniero de cosecha manifestó que se trata de un día común y corriente en el agro, cuya actividad no reconoce festivos y por lo tanto no puede detenerse. Sobre la programación de tajos livianos y escasos para los días de semana y el tajo grande para el día electoral, dijo que es pura casualidad.
Por su parte, contratistas entrevistados por este medio, que prefieren reservar sus nombres, anunciaron que ellos nada tienen que ver con la programación de las áreas de corte, en tanto que el área que debe ser cortada es programada por el ingenio según sus necesidades de molienda, con lo que perfectamente podrían adelantar trabajo entre semana y dejar el domingo sin corte o con corte liviano para permitir el voto de los corteros.
“Yo no he escuchado que prohíban a la gente ir a votar, pero todo el mundo sabe que si no se presentan a trabajar después de una semana de corte liviano, van a aguantar hambre. El ingeniero programa y el personal tiene que asistir. En ocasiones anteriores, a los trabajadores se les dejaba el domingo o se les daba un corte fácil, para que fueran al medio día a votar, pero ahora programaron corte grande en haciendas lejanas, en domingo de elecciones” señaló un contratista. Por su parte los corteros afiliados a los sindicatos aducen que es la primera vez que el gremio tienen definido su apoyo a un candidato a la presidencia y que por eso la empresa se preocupa. “Nadie dice que no nos van a dar permiso, pero nos hacen un cerco jugando con la supervivencia de nosotros y nuestras familias. ¡Eso es trampa! Y luego dicen que si no elegimos es porque no queremos”.
Los delitos electorales que tipifica la ley colombiana, contemplan el Constreñimiento al sufragante, que si bien aplica para obligar a los electores a votar por determinado candidato, también incluye impedir que ejerzan su voto con libertad. El debate político en Colombia ha tomado fuerza, llevando a las urnas a 3 millones de nuevos votantes, en tanto que las dos opciones que pasaron a segunda vuelta presidencial, reflejan la Colombia de la posguerra que todavía no alcanza la paz.
La situación denunciada por los corteros se presenta justo cuando se conmemoran los 10 años de la huelga llevada a cabo en el Valle del Cauca, para exigir el cumplimiento de los derechos laborales de una población trabajadora que ejerce su actividad en condiciones precarias. Los ingenios habían hecho caso omiso a las solicitudes que los corteros habían realizado desde 2005 y por lo contrario, habían arreciado la contratación de personal en total inseguridad laboral, llegando a tener 9.000 empleados a través de las cooperativas de trabajo asociado, de las que dijo el gobierno Uribe, a través de su ministro de agricultura Andrés Felipe Arias, eran integradas por obreros que a la vez eran patrones y que por lo tanto, consideraba las peticiones inaceptables. En el 2008, el paro puso en crisis la producción de biocombustibles y las soluciones del Gobierno empezaron a incluir la fuerza y no el estudio de la situación laboral. Se tildó el paro de ilegal y se anunció a la prensa que era promovido por “fuerzas oscuras” por lo que se propuso “estar abiertos a cualquier mecanismo que permita volver a la normalidad”. Esos mecanismos incluyeron desde elevar el precio de la gasolina y culpabilizar a los corteros, hasta desapariciones y asesinatos de los líderes sindicales. Cinco años más tarde, el Consejo de Estado declaró la huelga como legal y con base en ese pronunciamiento, recuperaron la libertad los líderes encarcelados injustamente. Desde entonces, los corteros de caña de azúcar, han logrado transitar de la informalidad que existía en la industria azucarera hace algunos años, a una situación un poco más estable. Sin embargo, enfrentan la mecanización del corte, que ha reducido de 18.000 a 7.000 los puestos laborales. Los corteros afirman que la mecanización no es total porque las máquinas no funcionan adecuadamente en, por ejemplo, temporadas de lluvia.
Aunque las conductas de manipulación de electores hacen parte de la cultura colombiana, desde el 2017 entró en vigencia la nueva Ley 1864, que modificó el código penal, convirtiéndolas en delitos que son castigados con multas o prisión. Para el caso del constreñimiento al elector, la pena va de 4 a 9 años de prisión.
