Los avances de la Bogotá Humana respecto a la atención de la economía popular: (caso Vendedores Ambulantes)
Por: Yezid García - Concejal de Bogotá
En Bogotá los vendedores ambulantes provienen de todas las regiones del país motivados por la oportunidad de encontrar en esta ciudad la posibilidad de mejorar su condición económica y de brindar a sus familias mayor protección y seguridad; en la mayoría de los casos la decisión de integrarse a las ventas ambulantes surge tras la dificultad que tienen de conseguir empleo, pues nuestro sistema económico crece pero no genera empleos suficientes para la población.
Las ventas ambulantes constituyen una alternativa económica para esta dura crisis laboral que vive el país. Es una constante en las principales ciudades que se encuentren miles de personas que día a día utilizan el espacio público para rebuscarse el sustento diario básico para ellas y sus familias.
De acuerdo con el profesor argentino José Luis Coraggio la economía popular es la “economía de los trabajadores”. Su sentido primordial, lejos de buscar satisfacer el juego de la oferta y la demanda del mercado, nace en la reproducción de la vida, la satisfacción de las necesidades de la familia y la formación política y ciudadana de las personas que viven de ella, y no se fundamenta solamente en la lógica de ganar y acumular como se hace tradicionalmente en el sistema capitalista.
Por lo general, los vendedores ambulantes reconocen al gobierno como un agente policivo que no se preocupa por su necesidades (protección social, vivienda, educación) pero sí está dispuesto a atacarlos cuando los ven en ejercicio de su actividad económica, decomisándoles los productos que comercializan y obligándolos a desalojar los andenes en los que se encuentran. Esto sucede porque históricamente ha sido más importante la preservación del espacio público y la concepción de una ciudad “estética” antes que la reivindicación del derecho a la subsistencia de las miles de personas que viven de esta actividad.
Los vendedores ambulantes, conscientes de la importancia de este tipo de labor para el sustento de miles de familias en Bogotá, se han organizado en asociaciones, agrupaciones y comités, en los cuales han luchado por reivindicar sus derechos y ser reconocidos por su dignidad, trabajo y apoyo a la ciudad.
La organización y el fortalecimiento de los procesos de participación y formación de este grupo poblacional les ha permitido lograr un avance a nivel judicial como lo demuestran las numerosas sentencias en las que se reconocen sus derechos y se exige cada vez más la protección íntegra a su modo de trabajo y la solución de sus necesidades básicas insatisfechas. Este largo camino parte desde la Sentencia T-225 de 1992 hasta la Sentencia C-131 de 2004 en las que se reconoce que no pueden ser desalojados súbitamente, pues durante muchos años su actividad económica se ha desarrollado en el espacio público.
Otro ejemplo del beneficio de la organización de este sector es el reconocimiento que la Bogotá Humana le ha dado a los vendedores informales, quienes a través de los Comités Locales han trabajado cercanamente al IPES en el rediseño de las Zonas de Aprovechamiento Económico Reguladas Temporalmente (ZAERT), situación que evita el apoderamiento del espacio público por parte de las mafias y de los actores que tengan mayor capacidad económica para dicho fin, y en la elaboración de una política pública que les sea suficiente a los más de 150.000 vendedores ambulantes y sus familias.
Esta es una gran apuesta de la Bogotá Humana, la cual reconoce en los vendedores ambulantes a una población digna, cuyos derechos y necesidades deben ser reivindicados, una Bogotá que enfoca sus acciones hacia el goce efectivo de derechos de las personas más vulnerables de la ciudad y que los reconoce no solo como beneficiarios sino como forjadores de sus propias políticas públicas.
No es trabajo fácil en un escenario neoliberal, protector de las grandes empresas y de una visión del mundo en la que no hay espacio para las poblaciones vulneradas, pero de seguro se logrará reivindicar su condición tal como se ha hecho con otros grupos poblacionales como lo son el de los recicladores y los beneficiarios de la sustitución de Vehículos de Tracción Animal.
Todos los esfuerzos académicos, políticos y sociales que se hagan por estudiar, conocer y mejorar las condiciones de la economía popular y de las personas que viven de ella son esfuerzos valiosos para lograr la equidad en Colombia. No en vano nuestro país vecino Ecuador, comprendiendo la importancia de este fenómeno, la ha dispuesto como principio constitucional, ha desarrollado la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Sistema Financiero y atiende este tema a través del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, en el que se generan políticas públicas incluyentes, equitativas y se trabaja por la integración de los negocios populares al mercado estatal.
Unidad de Apoyo Normativo
Yezid García - Concejal de Bogotá
