Petro tenía razón

Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

Por: Yezid García, Concejal de la Alianza Verde.

El alcalde Gustavo Petro y la “Bogotá Humana” acaban de obtener un reconocimiento contundente de la justicia colombiana. No se puede dejar pasar. Hay que reivindicar estos fallos que son de máxima importancia para la ciudad, los bogotanos y el medio ambiente.

Por una parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el pasado 3 de marzo rechazó las medidas cautelares solicitadas por el Personero Distrital Ricardo Cañón en el caso de la construcción del proyecto habitacional “Reserva Fontanar Apartamentos” en inmediaciones al humedal “La Conejera”. Por otra, el Ministro del Ambiente Gabriel Vallejo, quien actuó en ese caso como “Alcalde Ad Hoc” a solicitud del actual burgomaestre distrital, determinó con toda claridad que “no hay afectación medioambiental a La Conejera en la construcción de la Reserva Fontanar”.

Esas dos decisiones, una jurídico-administrativa y la otra ambiental, le dan la razón al alcalde Petro y al gobierno de la “Bogotá Humana”. Además, desnudan la campaña mediática que se orquestó desde varios escenarios. Uno político a manos de los opositores a ultranza de Petro; otro administrativo, por parte de los órganos de control (Contraloría, Personería); uno más, económico, a cargo de los poderosos constructores, grandes propietarios de tierras e influyentes contratistas. Todos a una como en Fuenteovejuna utilizan los medios de comunicación para atacar a la administración distrital en dos aspectos fundamentales: el eje ambiental y la defensa de lo público.

Por primera vez –en mucho tiempo– los medios de comunicación capitalinos, en su mayoría en manos de los enemigos de la “Bogotá Humana” y del alcalde Petro, se ocuparon con gran amplitud, insistente periodicidad y enfoques incisivos, de la protección del humedal de “La Conejera”. Nunca habían mostrado tal grado de preocupación a pesar de que la expansión territorial de la ciudad sobre la Sabana, propiciada por anteriores administraciones como la de Enrique Peñalosa, ha puesto desde hace décadas en grave peligro no sólo ese humedal sino todos los recursos naturales del entorno ambiental de la capital del país.

El motivo de las noticias y de la polémica que se creó en forma mediática y artificial, es la construcción de una urbanización de propiedad de los cuñados del burgomaestre bogotano, los hermanos Alcocer, dueños de la constructora Praga Servicios Inmobiliarios S.A., que está ubicada en predios aledaños a ese reservorio de agua que hace parte de la cuenca del río Bogotá.

Durante los últimos meses los titulares de radiodifusoras, canales de televisión y periódicos en manos de acaudalados sectores económicos de la capital de la república no han dejado de explotar noticias falsas, verdades acomodadas, insinuaciones prefabricadas y todo tipo de sugerencias informativas para afectar la imagen del Alcalde. El objetivo era generar sospechas y desconfianzas sobre la idoneidad moral del burgomaestre, todo bajo la cobertura noticiosa de una supuesta preocupación ambiental de los medios de comunicación.

Lo que se observa fácilmente es que se trata de acusar al gobierno de Petro de ejercer un tráfico de influencias, parcialidad de la administración hacia sus familiares políticos (cuñado y concuñado), relaciones y favorecimientos a negocios privados, doble moral con respecto a la defensa de lo público, y sobretodo, afectar el núcleo principal de la política de la “Bogotá Humana” que tiene como fundamento central la preservación y recuperación del medio ambiente de la ciudad.

¿Cuál es la realidad de ese proyecto? El plan de construcción de la urbanización mencionada tiene un largo historial. Los predios fueron comprados por el comerciante papero Carlos Gutiérrez desde el año 2004. Los trámites para obtener la licencia de construcción se cumplieron cabalmente ante las diferentes instancias como curadurías y diversas secretarías y entidades del Distrito Capital. Todos esos pasos y procedimientos se realizaron antes de la elección del Alcalde Petro.

Nadie cuestionó por entonces el proyecto. Sólo hasta ahora que los intereses de los poderosos grupos económicos que siempre han dominado en la urbe capitalina se vieron afectados por un alcalde Progresista que se atrevió a defender consecuentemente los intereses públicos de los bogotanos, salen a relucir las supuestas preocupaciones ambientales de algunos políticos y periodistas a sueldo, que tratan de ocultar su verdadera motivación que no es otra que desgastar la imagen del Alcalde y atacar su política pública.

Pero la verdad es que por primera vez una Administración Distrital toma decisiones de fondo para “Visibilizar el medio natural y el entorno del agua y situar la naturaleza en el centro de las decisiones para la planeación del desarrollo de la ciudad”, como se hizo con la aprobación del Plan de Desarrollo de la “Bogotá Humana” 2012-2015.

Desde 1994 se aprobó el Acuerdo 19 del Concejo de Bogotá “por el cual se declaran como reservas ambientales naturales los humedales del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones que garanticen su cumplimiento”, y en 2004 se expide el Decreto 190 o Plan de Ordenamiento Territorial en donde se compilan las normas nacionales y distritales sobre medio ambiente, además de que en años posteriores se aprobaron planes específicos de Manejo Ambiental para cada humedal. Pero todo esa normatividad se quedaba en letra muerta ante el poder económico de los constructores que presionaban a las autoridades y a los jueces para continuar su acción depredadora sobre la Sabana.

Sólo ahora que efectivamente se traza una política estratégica frente al cambio climático poniendo freno real y concreto a la expansión territorial sobre la altiplanicie, promoviendo la densificación de la ciudad y la protección efectiva de los recursos hídricos –política que afecta en su columna vertebral a la alianza entre grandes monopolizadores de la tierra y los poderosos constructores–, es que los bogotanos y las autoridades distritales cuentan con herramientas efectivas para defender el medio ambiente y proteger los recursos naturales de la capital.

En el caso específico de “La Conejera”, la Alcaldía Mayor de Bogotá implementó diversas acciones para la consolidación de la Reserva Forestal Thomas van Hammen que es la que alimenta de agua ese reservorio. Se estructuró un programa de restauración dentro del Plan de Desarrollo Distrital; se incluyó dentro del sistema de áreas protegidas del Distrito en las modificaciones del Plan de Ordenamiento Territorial (POT); se inició un proceso de mantenimiento y rehabilitación del bosque de Las Mercedes, reforestación en predios donde se pensaba construir la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) y, finalmente, se destinan 134.000 millones para compra de predios.

Ello explica el ataque brutal y sistemático de los medios de comunicación relacionados con esos oligopolios alrededor del tema del Humedal de “La Conejera”. Ellos sí saben la importancia que tiene para sus intereses derrotar la política ambiental de la “Bogotá Humana” y desgastar la imagen del Alcalde Petro.

Pero no lo lograron… ¡han sido plenamente derrotados!

Postdata: Es importante destacar que la campaña jurídica y mediática contra Petro también ha sido desvirtuada en otros casos de relevancia. Numerosos fallos judiciales han respaldado al actual alcalde. El juez 24 de conocimiento precluyó el proceso contra el alcalde por su presunta responsabilidad en el delito de pánico económico que había denunciado Jaime Granados, abogado de Uribe, antes de la posesión; el Juzgado 34 Administrativo de Bogotá negó la solicitud del contralor Diego Ardila, quien en una acción popular pidió la suspensión del contrato de la llamada “máquina tapa-huecos”; el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá estipuló que el Decreto 564 con el que la administración distrital cambió el sistema de recolección de basuras en la ciudad no vulnera las leyes de la República; y la Fiscalía General de la Nación desvirtuó la demanda de la Contraloría Distrital que acusaba a la administración de despilfarro y detrimento patrimonial en el caso de 16.000 kits escolares. La realidad es que la ley y los jueces de la república han respaldado a la “Bogotá Humana” y todo ello se constituye en una bofetada jurídica contra la campaña de desprestigio de la administración distrital.

Bogotá, 16 de marzo de 2015

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