Las FARC ahora son un partido político. Acostumbrarse a él

Los colombianos deberían aceptar que sus líderes ya no son terroristas

Una tormenta que llenó las calles de Bogotá con hielo el 1 de noviembre fue el segundo evento anormal del día en la capital de Colombia. La primera tuvo lugar en la sala de conferencias de un hotel, donde las FARC, un ejército guerrillero convertido en partido político, anunciaron sus candidatos a las elecciones presidenciales y legislativas que se celebrarán en 2018. Ante una pantalla con el nuevo logotipo pacífico de las FARC: una rosa con estrella roja en su centro: sus líderes hicieron todo lo posible para parecerse a los políticos normales. Imelda Daza, la candidata a la vicepresidencia, prometió un "modelo más inclusivo" de gobierno que superaría la pobreza, el hambre y las barreras a la educación.

La mayoría de los colombianos conocen a las FARC como un ejército sin ley cuya guerra de 52 años contra el Estado estuvo en el centro de un conflicto que causó más de 200,000 muertes y desplazó a 7 millones de personas. La fiesta no está tratando de ocultar sus orígenes. Su nuevo nombre, la Fuerza Revolucionaria Alternativa Popular, usa el antiguo acrónimo sangriento. Su candidato presidencial, Rodrigo Londoño, también conocido como Timochenko, ha dirigido a las FARC desde 2011. Aunque se ha convertido en un pacificador, los Estados Unidos lo buscan por tráfico de cocaína, secuestro y asesinato. Las FARC permanecen en la lista de terroristas del Departamento de Estado bajo su antiguo nombre.

La idea del presidente Timochenko es absurda. En agosto, antes de que las FARC se convirtieran en un partido político, el 84% de los colombianos tenía una opinión negativa sobre ella y solo el 12% una favorable (aunque los partidos políticos tradicionales eran aún más despreciados). El propio Timochenko estaba enfermo en La Habana mientras las FARC presentaban su alineación en Bogotá. Eso no significa una intención sería de ganar la presidencia.

Aun así, para muchos colombianos, las candidaturas de las FARC son un escándalo. Aunque Timochenko no tiene ninguna posibilidad, otros líderes de las FARC serán elegidos para el Congreso. El partido tiene garantizados diez escaños para los próximos dos ciclos electorales bajo el acuerdo de paz firmado el año pasado por el presidente Juan Manuel Santos. Dejar en la impunidad a los "líderes" es respaldar la impunidad y fomentar la anarquía, dice Iván Duque, un senador del conservador Partido del Centro Democrático.

Duque es parte de una resistencia de retaguardia al acuerdo liderado por Álvaro Uribe, un ex presidente. Los enemigos del acuerdo derrotaron por poco una primera versión en un plebiscito el año pasado. El Sr. Santos impulsó un acuerdo revisado por el Congreso. Ahora la pelea es sobre la legislación para implementarla. Pase lo que pase, el debate sobre si las FARC son o no aptas para la política continuará a través de las elecciones, que pueden ser las más amargas en años.

Aquellos que lo consideran inadecuado están enfocándose en una ley propuesta para establecer un tribunal especial de paz (JEP), ante el cual los líderes de las FARC deberán confesar sus crímenes. El tribunal podrá condenarlos a hasta ocho años de libertad restringida, pero no a cumplir un tiempo en la cárcel. La brigada anti-FARC quiere prohibir a ex guerrilleros culpables de los peores crímenes de ocupar cargos electos hasta que cumplan sus condenas.

Ese deseo es comprensible, pero equivocado. La participación política y las sentencias leves fueron el precio de la paz. Las FARC han cumplido su parte del trato. En agosto, sus 7.000 combatientes habían entregado sus armas. El final de la guerra ha salvado a más de 3.000 personas de muerte o lesiones desde mediados de 2016, según un cálculo.

La implementación del proceso de paz tiene problemas, pero son más culpa de un Estado débil que de las FARC. Algunas áreas desocupadas han sido ocupadas por bandas del crimen organizado formadas por restos de grupos paramilitares de derecha; el ELN, una fuerza guerrillera más pequeña; y guerrilleros renegados de las FARC. El plan del gobierno para ayudar a los productores de coca a cambiar a otros cultivos está progresando lentamente; eso y la erradicación forzada han provocado protestas recientes de miles de indígenas y campesinos.

Los políticos que tratan de excluir a los líderes de las FARC están, de hecho, proponiendo incumplir el acuerdo de paz. Eso es peligroso. Si el intento tiene éxito, más excombatientes podrían unirse a desertores armados; las perspectivas de un acuerdo con el ELN, que ahora está observando un alto el fuego, se desvanecerán. El gobierno puede tener suficientes votos en el Congreso para repeler el ataque a la ley de JEP, pero los ataques a la legitimidad política de las FARC continuarán. Un presidente de derecha podría socavar el acuerdo de paz de otras maneras, como retener dinero para implementarlo.

El futuro de Colombia sería más brillante si los políticos pudieran acordar que los líderes de las FARC ya no son terroristas. Estados Unidos podría ayudar eliminando al grupo de su lista de organizaciones terroristas. Timochenko y sus camaradas merecen el desprecio de los colombianos. La forma de mostrarlo es no votar por ellos.

Este artículo apareció en la sección de Las Américas de la edición impresa bajo el titular "La guerra de la rosa"

Fuente: www.economist.com