Arturo Cancino Cadena

Por: Arturo Cancino Cadena

Desde el 1º de septiembre Colombia abandona las medidas de confinamiento obligatorio que mantuvo desde la cuarta semana de marzo, cinco meses aunque no sin varias excepciones tempranas, cabe recordar. Así lo decidió y anunció el presidente Duque, para quien el manejo que su gobierno le ha dado a la pandemia ha sido acertado y “basado en la ciencia”, sin errores que valga la pena reconocer o lamentar.

La decisión se apoya en el argumento de que hemos alcanzado ya el pico del contagio en muchas grandes ciudades y en otras estamos a punto de hacerlo, según la información estadística y las proyecciones del Instituto Nacional de Salud, INS. Pero es claro que pesa mucho más un repertorio de presiones económicas canalizadas por los gremios empresariales, especialmente el de los comerciantes, para lograr cuanto antes un teórico regreso a la normalidad. Sin mucha preocupación sobre los estragos en la salud de sus trabajadores y clientes por un posible rebrote del contagio -tan funesto para las personas como para la economía- los dueños de los negocios repiten con el gobierno el estribillo de que la reapertura se hará observando “el cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad”. Pero muchos anteponen sus intereses particulares a la prevención sanitaria. Eso se refleja en su resistencia a medidas como el aforo máximo seguro en espacios cerrados o a las restricciones de los alcaldes en cuanto a días y horarios laborables para evitar aglomeraciones.

Por: Arturo Cancino Cadena

Varios economistas colombianos han criticado las cifras contenidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) que presentó al país el gobierno de Duque por medio de su ministro de Hacienda, Carrasquilla. Coinciden la mayoría de las críticas en catalogar como inverosímiles sus previsiones sobre la caída moderada de la economía este año, de apenas 5.5%, y sus proyecciones sobre la fuerte recuperación del crecimiento en 2021 de 6.6%.

Por: Arturo Cancino Cadena

El 26 de mayo pasado un grupo de 28 destacadas personalidades del mundo académico nacional demandó ante la Corte Constitucional el Estatuto Tributario que rige en Colombia desde 1989. ¿La razón? No cumplir con los principios de progresividad, equidad y eficiencia tributaria que estipula la Constitución. Una de las justificaciones más importantes de la demanda es la urgencia para la sociedad colombiana de contar con un sistema tributario que permita una política fiscal encaminada a reducir la desigualdad social y la pobreza, que la crisis originada por la pandemia ha agudizado en grado extremo.

Por: Arturo Cancino Cadena

Ya llegan a casi 6 millones los contagios de la pandemia y a más de 350 mil sus víctimas fatales de acuerdo con la OMS. Día por día la velocidad de propagación y número de fallecidos se multiplica. Poca gente cuerda y medianamente informada podría atreverse a negar los efectos devastadores que esta peste ha traído a la mayor parte de la población en todos los rincones de la tierra. Es claro que hasta que se disponga de una vacuna efectiva y al alcance de los más de 7.000 millones de seres humanos (o, mínimo, un tratamiento eficaz que neutralice las consecuencias graves de la enfermedad), el regreso al modo de vida anterior al covid 19 es por completo improbable. Pero las expectativas de contar pronto con alguna de estas herramientas sanitarias son muy vagas, a pesar de los esfuerzos de los científicos en Europa, China, Estados Unidos y muchos otros países, respaldados por cuantiosos fondos destinados a su trabajo. Y queda el problema de su producción masiva y de asegurar su distribución universal, sin lo cual el virus no podrá erradicarse.

Por: Arturo Cancino Cadena

Hace poco más de un mes, el gobierno de Duque y su ministro Carrasquilla ponderaban con satisfacción los resultados del crecimiento de 3.3% del PIB de Colombia en 2019 y sus relativamente favorables proyecciones para este año y el 2021 de acuerdo con el FMI. Desestimaban como irrelevantes las críticas a la desfinanciación que le acarrea al Estado colombiano su generosidad gratuita con las grandes empresas en la última reforma tributaria, aprobada a pupitrazo en diciembre pasado bajo el eufemismo de Ley de Crecimiento.

Por: Arturo Cancino Cadena

Buenos, malos o funestos, los gobernantes están hoy en todo el mundo sometidos quizás como nunca al escrutinio de sus propios pueblos. La crisis de la pandemia ha provocado ese efecto en todos los países. Incluso mandatarios ególatras y arrogantes como Trump o Bolsonaro, dedicados a inflar su imagen y pelear sus guerras personales con sus críticos por twitter, hoy hacen a diario la pantomima de rendir cuentas de su desempeño al auditorio de sus naciones. Con seguridad muchos de ellos sólo intentan borrar tardíamente la estupidez de sus reacciones iniciales frente al desastre sanitario anunciado. O atenuar su responsabilidad por el exceso de víctimas que su ceguera empieza a costarle a su nación.

Por: Arturo Cancino Cadena

Sin el más mínimo respeto, ya no por la coherencia que presume practicar sino por la inteligencia de los colombianos, el Gobierno anuncia ahora la reforma laboral y pensional que negó enfáticamente durante el paro y las movilizaciones de fin de año. Por esos días, el presidente y sus ministros calificaron los motivos del Comité de Paro como basados en mentiras fabricadas acerca de sus planes. Pero una vez pasado el susto que les provocó la movilización multitudinaria del pueblo en todo el país, vuelve y juega el proyecto de trabajo por horas, como respuesta al desempleo. Así mismo, el proyecto de reforma del sistema pensional con la supuesta finalidad de volverlo socialmente más equitativo y ampliar su cobertura. A este último nos referiremos posteriormente en otro artículo.

Los criterios anunciados sobre reforma laboral

En la promoción de la idea central de aprobar el trabajo por horas ha sido particularmente destacado el papel de FENALCO, cuyos argumentos sobre las nuevas oportunidades que esto traería para los desempleados y para la formalización de quienes en la actualidad trabajan ocasionalmente -que en teoría les facilitaría acceder a una pensión en el futuro- repiten al pie de la letra el presidente Duque y su ministra Arango. Parecen un eco del gremio de los comerciantes que asegura que “aquí queremos es que (sic) más desempleados entren en la vida laboral” y que se trata de habilitar “un régimen alternativo paralelo dirigido únicamente a los desempleados y empleados informales” (entrevista a Jaime A. Cabal, El Tiempo, 08-02-20). Frente a la pregunta obvia de qué impediría que los empresarios usen esta modalidad paralela para acabar con el trabajo de tiempo completo y precarizar aún más el empleo, responden que habría una reglamentación legal restrictiva para impedirlo.

Quizás podríamos empezar por señalar que para los gobiernos de talante neoliberal como el actual en Colombia las únicas leyes que valen son las leyes del mercado. Las pocas limitaciones que se establecen a éstas son olímpicamente ignoradas la mayoría de las veces y se impone el interés de los empresarios sobre el de los trabajadores, de las multinacionales sobre la población y las empresas locales y del sector financiero sobre los demás. Una dirigencia política y empresarial que profesa la idea de que el aumento de la productividad laboral se consigue con bajos salarios (productividad espuria) y no con mejoras tecnológicas y calificación de la mano de obra, no escatimará esfuerzos para barrer todos los obstáculos normativos que le impidan incrementar los grados de explotación del trabajo. Su estrategia empresarial se limita a decidir cómo aumentar lo más rápido sus abultadas rentas y apuntalarlas por encima de las ganancias normales que se obtendrían si se trasladaran a los salarios la parte proporcional de los beneficios originados en el aumento de la productividad.