Por: Arturo Cancino Cadena

Sin el más mínimo respeto, ya no por la coherencia que presume practicar sino por la inteligencia de los colombianos, el Gobierno anuncia ahora la reforma laboral y pensional que negó enfáticamente durante el paro y las movilizaciones de fin de año. Por esos días, el presidente y sus ministros calificaron los motivos del Comité de Paro como basados en mentiras fabricadas acerca de sus planes. Pero una vez pasado el susto que les provocó la movilización multitudinaria del pueblo en todo el país, vuelve y juega el proyecto de trabajo por horas, como respuesta al desempleo. Así mismo, el proyecto de reforma del sistema pensional con la supuesta finalidad de volverlo socialmente más equitativo y ampliar su cobertura. A este último nos referiremos posteriormente en otro artículo.

Los criterios anunciados sobre reforma laboral

En la promoción de la idea central de aprobar el trabajo por horas ha sido particularmente destacado el papel de FENALCO, cuyos argumentos sobre las nuevas oportunidades que esto traería para los desempleados y para la formalización de quienes en la actualidad trabajan ocasionalmente -que en teoría les facilitaría acceder a una pensión en el futuro- repiten al pie de la letra el presidente Duque y su ministra Arango. Parecen un eco del gremio de los comerciantes que asegura que “aquí queremos es que (sic) más desempleados entren en la vida laboral” y que se trata de habilitar “un régimen alternativo paralelo dirigido únicamente a los desempleados y empleados informales” (entrevista a Jaime A. Cabal, El Tiempo, 08-02-20). Frente a la pregunta obvia de qué impediría que los empresarios usen esta modalidad paralela para acabar con el trabajo de tiempo completo y precarizar aún más el empleo, responden que habría una reglamentación legal restrictiva para impedirlo.

Quizás podríamos empezar por señalar que para los gobiernos de talante neoliberal como el actual en Colombia las únicas leyes que valen son las leyes del mercado. Las pocas limitaciones que se establecen a éstas son olímpicamente ignoradas la mayoría de las veces y se impone el interés de los empresarios sobre el de los trabajadores, de las multinacionales sobre la población y las empresas locales y del sector financiero sobre los demás. Una dirigencia política y empresarial que profesa la idea de que el aumento de la productividad laboral se consigue con bajos salarios (productividad espuria) y no con mejoras tecnológicas y calificación de la mano de obra, no escatimará esfuerzos para barrer todos los obstáculos normativos que le impidan incrementar los grados de explotación del trabajo. Su estrategia empresarial se limita a decidir cómo aumentar lo más rápido sus abultadas rentas y apuntalarlas por encima de las ganancias normales que se obtendrían si se trasladaran a los salarios la parte proporcional de los beneficios originados en el aumento de la productividad.