Antioquia: ¡La más minada!

 Javier Sánchez Segura

Por: Javier Sánchez Segura.

No se confunda y asegúrese de leer bien. No se trata de que Antioquia sea la más región más querida y mimada por quienes habitamos este territorio de la esquina de Suramérica. Se trata de una realidad diametralmente distinta. Es la historia de un departamento azotado por la más maldita de todas las cosechas conocidas: la de minas anti persona (MAP) y municiones sin explotar (MUSE) sembradas por los actores armados del prolongado conflicto colombiano. Desde ese punto de vista, y solo desde esa cruel perspectiva, se podría hablar de Antioquia como la más mimada. Y al eslogan que identifica a Antioquia como la más educada, habría que agregar tristemente el de Antioquia como la más minada.

La reflexión sobre el tema viene a nuestra mente a raíz del histórico acuerdo logrado por las Farc y el gobierno nacional en el cierre del ciclo 33 de conversaciones en La Habana. Un acuerdo que debe traducirse de manera pronta en un cronograma de desminado humanitario conjunto de todo el territorio colombiano o, por lo menos, del territorio sembrado por las Farc con estos artefactos, algunos de fabricación artesanal pero otros tantos comprados a los grandes fabricantes de armas que siguen ingresando grandes sumas de dinero a sus cuentas bancarias mientras van dejando un verdadero ejército de mutilados entre los miembros de la fuerza pública, los labriegos e indígenas que salen a cumplir con las faenas del campo y los niños que asisten inocentemente a estudiar a sus escuelas o que juegan alegremente en los potreros cercanos a sus humildes viviendas.

Para tomar conciencia del enorme reto que constituye la aplicación del acuerdo entre la guerrilla y el gobierno veamos algunas cifras del fenómeno. Como lo revelan las estadísticas de la Dirección para la Acción Integral contra las minas Antipersonas (http://www.accioncontraminas.gov.co) Antioquia ocupa el deshonroso primer lugar en número de víctimas entre 1990 y enero de 2015. De un total de 11.043 casos a nivel nacional, nuestro departamento registra en el mismo período 2.459 víctimas, es decir, 22.3% del total nacional, superando de lejos a los demás departamentos: Meta 1.112 víctimas, Caquetá 906, Nariño 787 y Norte de Santander 772, entre otros.

La curva que explica el fenómeno de las víctimas por MAP y MUSE en Antioquia ente 1990 y enero de 2015 sigue la misma senda nacional: un número de víctimas que se mantiene más o menos estable en la última década del siglo XX y que con el inicio del nuevo milenio empieza a crecer vertiginosamente como si se tratara de la gráfica que describe el ascenso al máximo premio de montaña de la Vuelta a Colombia. El período crítico que va desde 2003 hasta 2006, concentra el 41.5% del total de las víctimas del período de 24 años estudiado. Y a pesar que desde 2005 empieza la tendencia descendente, se observa un efecto “rebote” entre 2008 y 2009 cuando el número de víctimas vuelve a crecer con relación al año 2007. No obstante, los factores que explican este comportamiento, desbordan el objeto del presente artículo.

La extensión del fenómeno nos revela la magnitud del territorio afectado y lo arduo de la tarea de desminado que tendrá que emprenderse como resultado del acuerdo: a pesar del subregistro existente, explicado por el temor de las víctimas a denunciar, las cifras oficiales dan cuenta que de los 125 municipios del departamento en 81 de ellos se presentaron víctimas, es decir, en el 65% del territorio antioqueño. Las subregiones del departamento más azotadas son: el Oriente, 798 víctimas (32,5%); el Norte con 553 víctimas (22,5%), el Bajo Cauca con 361 casos (14,7%) y el Nordeste con 307 casos, equivalente al 12,5%. Destaca el hecho que solo entre dos subregiones, el oriente y el norte, se concentre el 55% del total de víctimas de las MAP y las MUSE.

El fenómeno ha sido especialmente crudo en Tarazá, (9,3% de las víctimas); Ituango, (9%); San Carlos, (7%); Anorí, (6,4%); Dabeiba y Valdivia, (4,8%); San Francisco, (4,2%); Sonsón, (3,5%); San Luis, (3,3%); Granada, (3,1%); Argelia, (3%); Cocorná, (3%). En tan solo 12 municipios se concentran 1.514 víctimas, es decir, el 62% del total de víctimas del departamento.

Por todo lo anterior, el acuerdo logrado entre el gobierno y las Farc para desminar conjuntamente el país, más allá de constituir una significativa contribución a la consolidación del proceso de paz, es una noticia que llena de esperanza al pueblo antioqueño que, históricamente, ha sido el más azotado en el país por esta inhumana expresión del conflicto colombiano. En ese mismo sentido, es de inmenso valor el anuncio del comandante de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez, de comenzar las labores de desminado en los departamentos de Antioquia, Meta, Arauca y la zona del Catatumbo. (http://www.bluradio.com/92912/en-antioquia-meta-arauca-y-norte-de-santander-iniciara-el-desminado)

Por fortuna, en Antioquia la labor no comenzará de cero. Desde el año pasado, la organización británica The Halo Trust, adelanta labores de desminado humanitario en tres de los municipios más afectados del oriente antioqueño: Sonsón, Nariño y el Carmen de Viboral. Y el batallón de desminado número 60 del ejército avanza en esas tareas en los municipios de Granada y Cocorná, y se espera que a mediados del 2015 el municipio de San Francisco sea declarado como libre de sospecha de minas.

También es digna de mención la experiencia de Briceño, municipio del norte antioqueño donde se puso en circulación la cartilla Lucho y Paulina mediante la cual los niños de este municipio aprenden no solo a leer sino a protegerse de las minas antipersona. La cartilla es el fruto de los esfuerzos conjuntos de la Gobernación de Antioquia, la Unicef y el Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas Antipersona y será relanzada en 2016 para ampliar su cobertura.

Solo nos resta respaldar las conversaciones de La Habana y demandar tanto de las Farc como del gobierno nacional nuevas acciones que favorezcan el desescalamiento del conflicto, fortalezcan el proceso de paz en curso e inicien la reparación efectiva de las víctimas.