Triunfó la comunidad organizada

Por: Teresa Consuelo Cardona

Superado el plazo que le concede la norma, la CVC negó la licencia ambiental para la explotación minera del río Amaime, en el polígono ubicado entre los municipios de Palmira y El Cerrito en el Valle del Cauca. El hecho había atraído la atención de la ciudadanía, luego de que un grupo de personas denunciaron que pese a que la zona estaba protegida normativamente por el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) y el POMCH (Plan de Ordenamiento Municipal de las Cuencas Hidrográficas), la CVC decidió estudiar la solicitud que a todas luces era ilegal, en tanto que contravenía las normas citadas.

Una estrategia mediática en redes sociales y medios alternativos, puso sobre aviso a los habitantes de los dos municipios, quienes se sumaron a diversas campañas de socialización sobre los peligros que afrontaba la cuenca hidrográfica, si la licencia era otorgada. Las comunidades ribereñas se movilizaron con prontitud, e hicieron presencia en sedes comunales, casas parroquiales y plaza pública, para explicar la situación. En medio del proceso de estudio de la licencia, la CVC hizo una silenciosa y breve convocatoria para cumplir con el requisito de la Audiencia Pública, que se hizo pocos días después.

Por su parte, las comunidades, lograron audiencia ante el Concejo Municipal, para explicar a ese cuerpo colegiado qué estaba sucediendo a sus espaldas, ya que las normas aprobadas por los ediles, habían sido ignoradas. En la sesión de Cabildo Abierto, muchos líderes rurales, académicos, autoridades ambientales, campesinos, dejaron en claro la inconveniencia de el otorgamiento de la licencia y el Concejo en pleno expresó su desacuerdo, al igual que la Alcaldía, la Gobernación, la Personería, la Contraloría y la Procuraduría Ambiental. Al día siguiente se celebró la Audiencia Pública, que desbordó las expectativas de asistencia. Personas de 12 corregimientos y veredas ribereñas del río, se hicieron presentes, así como cientos de ciudadanos de ambos municipios.

En un ambiente tenso pero respetuoso, se celebró la Audiencia en la que quedó claro que dado que el POMCH y el POT, expresamente indicaban que no podría haber explotación minera, esa licencia debía negarse. Se acordó un plazo de 30 días hábiles para que la CVC tomara la decisión con fundamento en los datos técnicos, que incluían la normatividad vigente en los Municipios de Palmira y El Cerrito, respecto de sus zonas montañosas.

El pasado lunes 22 de enero, el director regional de la CVC, en rueda de prensa, anunció que la licencia había sido negada. Hizo alusión a que se realizaron estudios de impacto ambiental, y se tuvieron en cuenta los conceptos de otras entidades, y las observaciones de la comunidad.

En ninguna parte de su comunicación, Rubén Darío Materon, se refiere a los evidentes impedimentos que el POMCH y el POT le imponían a su decisión, con lo cual ignora el trabajo colegiado de los Concejales y de las entidades que intentan preservar el medio ambiente. Queda la duda sobre la ruta jurídica del asunto, que debería ser resuelta por un experto, pero lo que la comunidad esperaba era que si el Concejo Municipal le había dado a sus territorios el blindaje necesario, las demás entidades respetaran sus límites.

No es claro si en estos casos, en los que una entidad toma decisiones contraviniendo las normas establecidas, se pueda tipificar el delito de prevaricato. Por ahora, la negación de la licencia puede ser apelada por la empresa explotadora de material de arrastre, que ya ha invertido más de 400 millones en este proyecto que aparece en manos de unos campesinos que, según dijeron ellos mismos, a veces no tienen ningún recurso para su supervivencia diaria, lo cual es una contradicción inexplicable que no ha sido absuelta.

Algunos especulan que tras ellos, hay un músculo financiero anónimo que está moviendo el proyecto. La comunidad sigue atenta a los detalles, especialmente porque la CVC se ha negado a entregar copia de la resolución correspondiente, hasta cuando se venza el tiempo de apelación.