Políticas públicas en educación: un campo en constante pugna afectado también por el COVID-19

Por: Andrés Ballén Rojas (1)

La historia de los pueblos se ha elaborado sobre un proyecto de sociedad en el que no siempre la población ha participado y dentro del que está inmerso el espectro de necesidades, decisiones y acciones que determinan el tipo de educación requerido para el modelo de sociedad idealizado; este es naturalmente el ámbito de las políticas públicas en educación, que han sido un campo en pugna permanente entre quienes administran los recursos del Estado e imponen y defienden un statu quo elitista, y las voces siempre reclamantes de participación, reconocimiento de derechos y equidad en el reparto de oportunidades.

Las decisiones en materia educativa para adecuar el sistema escolar han ocupado buena parte de la agenda pública durante el aislamiento social decretado para mitigar los impactos de la pandemia, llevando a distintos actores interesados en este tema a plantear cambios en algunas políticas educativas (mayormente movidos por el ánimo de lucro), a partir de asuntos como la forzosa virtualización de las clases en los diferentes niveles educativos o los costos de funcionamiento de la educación tanto pública como privada. Esto último puede verse reflejado en los vigentes debates en tres temas: financiación, jornada única y formación de docentes.

En 2019 la Federación Colombiana de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación -FECODE- logró posicionar en el plan de desarrollo nacional, tras una tensa negociación con el gobierno, el tema crucial que busca asegurar los recursos necesarios para la educación pública en el país: una reforma constitucional consensuada al Sistema General de Participaciones -SGP-, de donde emanan vitales recursos para el cierre de amplias brechas en seis temas: acceso universal, canasta educativa, jornada única, relaciones técnicas, infraestructura educativa y educación rural.

Contrastan con este esfuerzo por la defensa de la educación pública, las recientes y no siempre pacíficas corrientes de opinión en favor de políticas privatizadoras; en redes sociales algunos sectores se han manifestado en contra de la educación pública administrada directamente por el Estado y con violentas tergiversaciones en contra de FECODE y del cuerpo docente oficial, para pedir abiertamente que se “salve” la educación privada por la vía de revivir el modelo de convenios escolares y de implementar los vales escolares, subsidiando la demanda para aumentar la libre competencia entre privados en lugar de financiar la oferta en el sector público.

En lo relativo a la implementación de la jornada única, se viene una nuevo y problemático escenario, sumado a las ya bastantes fisuras que ha demostrado tener ese modelo. A pesar de que las condiciones1 para su reconocimiento están reglamentadas en el decreto 2105 de 2017, emitido por el gobierno nacional luego de acordar con FECODE en junio de ese mismo año una revisión de las condiciones para su implementación en las instituciones educativas, en los dos últimos años muchas entidades territoriales, sin ser Bogotá la excepción, reconocieron la jornada única sin el lleno de los requisitos, a colegios que la iniciaron en condiciones de indignidad para sus niños, niñas y adolescentes.

Por estos días de dinámicas escolares virtuales viene la novedad: en el marco de un conversatorio sobre los retos para la educación en Colombia organizado por un profesor de Harvard el pasado 24 de abril, el director de un concesionario escolar que responde por 11 colegios entregados en administración llamado Alianza Educativa, esgrimió una propuesta a su parecer “audaz”: “la jornada única, costosa en su modo actual, se puede complementar de manera virtual en las horas de la tarde, de manera que los estudiantes la reciban desde sus hogares con la mediación de docentes capacitados para hacerlo”, llevando de esta manera la inversión en este programa a unos altos niveles de eficiencia.

En tercer lugar, la virtualización ha sido fuente de debate acerca de la formación docente, dadas las evidentes brechas en el manejo de las TIC en el magisterio. Este asunto, sin entrar a sobredimensionar la importancia de las habilidades y conocimientos requeridos para la incorporación de los medios tecnológicos en el currículo y en la enseñanza, ya está dirigiéndose hacia la formación de maestros en las facultades de educación y a la formación en ejercicio.

Los programas de licenciatura, particularmente su estructura curricular, serán objeto de revisión por parte del Ministerio de Educación Nacional -MEN- para asegurar la presencia de materias y créditos orientados a la formación en estrategias virtuales de enseñanza, manejo de plataformas y aplicaciones educativas, transversalización de las TIC en el currículo escolar y en las áreas obligatorias, así como a estrategias de evaluación de los aprendizajes que derivan de la interacción por canales virtuales.

La formación en ejercicio, que consta de programas de formación permanente (cursos, diplomados y en general ofertas de extensión de las universidades con facultad de educación) y de apoyos para formación posgradual, será objeto también de la revisión de sus fines y estructuras, así como de una sobreoferta de elementos asociados a las TIC por parte de universidades en busca de potenciales clientes; el punto álgido será la competencia por cooptar los escasos recursos para formación docente que dispondrá el MEN, luego de haberse comprometido en los acuerdos de 20192 con FECODE a financiar diez mil cupos para estudios de posgrado, o los recursos que destinará el gobierno de Bogotá para financiar a mínimo 5.000 docentes en el período 2020 – 2023.

Hasta aquí, los tres ejemplos presentados (financiación, jornada única y formación de docentes) permiten avizorar que el énfasis de las discusiones sobre política pública educativa en los días siguientes al confinamiento obligatorio estará en quién y cómo se dispondrá de los recursos estatales para educación, contando con el ingrediente de la virtualidad. En este punto, la agenda educativa corre el riesgo de ser permeada por las bondades de las TIC como una moda, sin que se hayan dado las necesarias reformas estructurales de conectividad y acceso a la tecnología en los hogares de estudiantes y docentes.

Las condiciones históricas en que se desarrolla este debate en el campo educativo llaman al magisterio, a las organizaciones sindicales y a FECODE a adelantar una permanente lectura crítica del contexto, a mantenerse en constantes jornadas de estudio y a realizar de forma diligente y con inteligencia las propuestas de política a que haya lugar, para preservar el carácter público de una educación que debe ser financiada y administrada directamente por el Estado y frente a la que la ciudadanía en pleno, debe ejercer su derecho y deber de hacer control social.

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1) Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales. Magíster en Estudios Políticos e Internacionales. Delegado por la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE) ante el Comité Distrital de Formación Docente

2) Infraestructura educativa disponible y en buen estado, un plan de alimentación escolar en modalidad almuerzo, el recurso humano docente necesario y el funcionamiento regular y suficiente de los servicios públicos.

3) En el documento, el acuerdo 27 establece que los cupos serán distribuidos de la siguiente manera: 1000 licenciaturas, 2000 especializaciones, 7000 maestrías y 1000 doctorados.

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