Por: Mauricio Vargas González

Las fuerzas alternativas avanzaron en la conquista del gobierno local de las principales ciudades del país, que son el 70% de los electores.(1) El país está cambiando, hay un electorado más libre, más joven y más informado, más conectado y con mayor iniciativa ciudadana. Temas como la defensa de lo público, del medio ambiente, la educación y de la justicia social cobran especial relevancia gracias a que el país dejó atrás el tema de la violencia y el terror, consecuencia de la firma del Acuerdo de Paz. Así mismo la movilización gracias a este nuevo clima político que cobra mayores bríos, hay una gran oportunidad para avanzar en esta ruta emulando a Chile y Ecuador con movilización masiva, pacífica y civilista para lograr reformas que beneficien al pueblo, en especial a los más humildes, pero sobre todo, para sentar una posición patriótica y soberana: No queremos seguir profundizando en el actual modelo neoliberal y antinacional como pretende el Gobierno Nacional.

Del otro lado están las fuerzas de los privilegios tradicionales, los grandes propietarios rurales y la burguesía intermediaria, ambos agentes del modelo neoliberal, que se profundiza con el nuevo paquetazo del Gobierno de Duque y el Centro Democrático:

La reforma laboral que pretende el Gobierno de Duque implantará el salario del 75% a los jóvenes, legalizará la informalidad laboral, eliminando el trabajo decente y las garantías establecidas por Código Sustantivo del Trabajo: salario mínimo digno, seguridad social, contratos a término fijo o indefinido, indemnizaciones por despido y los derechos de asociación y negociación sindical, que en Colombia apenas es del 6%(1)
Profundizar en la precarización es un camino seguro al malestar social, teniendo en cuenta que de los 22 millones de personas ocupadas, 14 están excluidas de la seguridad social, con una informalidad de 65% de personas excluidas de afiliación a salud, pensión, y riesgos laborales y 47% de ocupados sin contrato laboral.(2)

Por: Carlos Andrés Echeverry

Tanto el gobierno de Iván Duque, como el partido que lo respalda, vienen difundiendo por diferentes medios que las razones que motivan al paro nacional del 21 de noviembre son “fake news” y, para reforzar esa tesis, no han dudado en sostener que no se ha presentado ningún proyecto de ley orientado a reformar el sistema pensional y laboral.

Llama la atención que el uribismo condiciona la protesta social a la presentación de un proyecto de ley. Para ellos, el descontento ciudadano solo se justifica si hay en trámite alguna iniciativa legislativa tendiente a menoscabar los derechos laborales; las intenciones de reforma u otras actuaciones cuestionadas que no requieren de trámite legislativo, deben ser excusadas y obviadas por la sociedad, tal como “todos” los que apoyamos el paro nacional supuestamente hicimos con el gobierno de Santos; en otras palabras, el principio uribista reza que si se fue permisivo con otros gobiernos, también debería ocurrir lo mismo con el suyo, una especie de “derecho al desgobierno sin oposición”.

Ahora bien, frente a la tesis que sostiene la inexistencia de un proyecto de reforma pensional, debemos hacer un breve repaso. El pasado 20 de agosto, el representante a la Cámara por Antioquia, Jhon Jairo Berrío López (Centro Democrático) presentó el proyecto de ley No. 175 de 2019 (publicado en la Gaceta del Congreso No. 771 del 22 de agosto de 2019) que buscaba eliminar el régimen de prima media para universalizar el régimen de ahorro individual por solidaridad (RAIS); aunque la propuesta luego fue retirada, se advertía la intención del partido de gobierno en respaldar un proyecto de reforma pensional que apuntara a la eliminación del régimen de prima media. Personalmente, no me queda duda que una iniciativa de esa naturaleza no la presenta un congresista del Centro Democrático sin el aval del líder natural de ese partido, pues las implicaciones sociales y políticas que de esta surgen no son de poca monta. La estrategia claramente consistía en presentar ese proyecto de ley para mirar la respuesta de la sociedad y así medir las fuerzas políticas para luego tramitar la reforma por iniciativa del gobierno.

Por otra parte, en entrevista del 21 de octubre publicada en el periódico El Tiempo, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ante la pregunta de Yamid Amat de si se eliminaría el régimen de prima media en la reforma preparada por el Gobierno, respondió que “El régimen de prima media no puede ser algo que desligue lo que se ahorra con lo que se recibe”, evidenciando la intención de eliminarlo para convertir a Colpensiones en una entidad que opere bajo el régimen de ahorro individual, sistema que exige que las personas tengan un monto mínimo ahorrado aproximado de 213 millones en su cuenta individual para obtener una pensión equivalente a un salario mínimo, a diferencia del de prima media que pensiona a las personas con una cifra que oscila entre el 65% y el 80% del ingreso base de liquidación.