Sobre la revolución Colombiana y el contexto Latinoamericano.

Por: Mauricio Vargas González.

Pongo en consideración estas reflexiones para el debate, para corregir ideas propias y para aportar a la visión de otros luchadores sociales y agentes políticos de cambio.

En la revolución colombiana a diferencia del “Castrochavismo” de Venezuela, no se trata de una subversión del orden social en el sentido de un levantamiento de los pobres y las clases más humildes -que en el marxismo se les ha llamado las ‘Las masas urbanas empobrecidas’- en contra de las clases altas y medias-altas, para subvertir los privilegios y el orden social y empresarial sobre los cuales se erigen.

Décadas de ‘Conflicto Armado’ y violencia política dieron al traste con la configuración de una corriente social y popular pro-cambio y pro-transformación social. Así mismo este torbellino de belicismo y terrorismo generó una contra-corriente y una contra-revolución de las clases más reaccionarias de la sociedad, Terratenientes y Narcotraficantes unidos, que absorbieron ‘la clase política’ y que se tomaron las regiones, apropiándose del ‘Estado local’ y del presupuesto público.

En Colombia se trata de una revolución democrático-pequeño-burguesa, donde se amplíe la democracia y la participación ciudadana, se fortalezca lo cultural, se gane terreno en la protección del medio ambiente, se proteja la maltrecha educación pública y se fortalezcan espacios de decisión: Esto tiene que ver con la descentralización, mayor autonomía administrativa en los municipios para el manejo de recursos y un fortalecimiento de los organismos de control con más recursos, mayores competencias y mayor visibilidad mediática.

Lo público en la educación superior colombiana

Por: Leopoldo Múnera Ruiz.
Profesor asociado, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales - Universidad Nacional de Colombia.

Dejar a la deriva a las instituciones estatales, no ofrecerles las condiciones financieras e institucionales necesarias para que sean de alta calidad, o destinar recursos públicos escasos para financiar las altas matrículas de las universidades privadas, como sucede en la actualidad, contradice la finalidad social del Estado establecida en la Constitución.

El programa “Ser Pilo Paga”, implementado en 2015, ha reanimado en el país el debate sobre lo público en la educación superior. Incluso Pablo Navas, rector de la Universidad de los Andes, sostuvo en un artículo de opinión publicado en El Espectador en enero del presente año, que la institución dirigida por él era la “universidad más pública del país”.

Los criterios utilizados para emitir tal juicio fueron heterogéneos, retóricos, y en algunos casos autocontradictorios: la meritocracia como única condición de ingreso a la universidad con la matrícula más costosa del país; la posición en los rankings internacionales, la cual, si acaso, permitiría hablar de la calidad, pero no de la naturaleza pública de una institución; la participación de profesores y estudiantes en sus instancias de gobierno, sin ponderar el peso de estas; o la reinversión del 100 % de sus ganancias en sus propias actividades, lo cual es característico de las corporaciones privadas de utilidad común y sin ánimo de lucro, como lo exige la Ley 30 de 1992.

El Teatro en Pereira, un joven vigoroso, y rebelde.

Por: Aleida Tabares Montes

Esta exposición es una provocación, para que la ciudad se reencuentre en el espejo de su gestus social, su gramática corporal, su memoria, su creatividad, su sensibilidad, su conciencia, su fuerza para resistir los embates de la decadencia espiritual a la que asistimos perplejos.

Actuaciones de entrañas orgánicas, intensidad dramática, aullidos, abigarramientos, caos, estridencias, ponchos, ruanas, consonancias, disonancias clarooscuras, colores, texturas, escenografías dinámicas, insospechadas, ritmos, tonos, acróbatas, saltimbanquis, cuerpos danzantes, sensuales, esperpénticos.

Dramaturgias ortodoxas, dramaturgias híbridas, experimentaciones desafiantes, fronterizas, nómadas. Tramas esculpidas en corazón del Bolívar desnudo y libertario, pero también en las verdes periferias, trasegando por techos y cornisas, protegiéndose de la inercia y la indolencia, donde los lenguajes estéticos se ensanchan, y el gesto, el movimiento, el objeto, el traje, la sonoridad, se disponen con peligrosa curiosidad en el museo efímero de la diletancia, y el decidido rigor de sus oficiantes.

La inversión extranjera: el peor negocio de Colombia, el mejor negocio de las multinacionales

Demandada la nación por impedir la destrucción del medioambiente

Por: Adriana Cadena

A partir del gobierno de César Gaviria, Colombia tomó la decisión de incorporarse en la apertura económica y entrar a la globalización a través del libre comercio. Sin embargo, es a partir del 2009 que Colombia empieza a negociar y a firmar Tratados de Libre Comercio – TLC-, masivamente.

Actualmente Colombia cuenta con trece Acuerdos comerciales que involucran a cuarenta y nueve países; también posee Acuerdos Internacionales de Inversión vigentes con diecisiete países y suscritos con treinta y seis países más. Estos Acuerdos de Inversión varían entre Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), Acuerdos de Protección Recíproca a las Inversiones (APPRI) y Acuerdos de Inversión amparados bajo el capítulo de inversiones de los TLC.

Para poder firmar los diferentes acuerdos internacionales comerciales y de inversión, Colombia ha adoptado un número importante de normas impuestas por los organismos multilaterales: desde la Organización Mundial del Comercio, tenemos el Acuerdo de Medidas en Materia de Inversiones relacionadas con el Comercio-MIC- (1994), Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios - GATS (1994), Acuerdo General de Aranceles y Comercio - GATT (1981), Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias – ASMC- y el acuerdo sobre Propiedad Intelectual- ADPIC- que plantea exigencias adicionales a los empresarios de la región, que se traducen en mayores costos y mayores dificultades para acceder a nuevas tecnologías, ya que el ADPIC resulta ser el Acuerdo que protege la industria de los países desarrollados.

Desde el Banco Mundial se impusieron el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones – CIADI (1995) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones - MIGA (1995) y desde Naciones Unidas, el Acuerdo de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, más conocido como CNUDMI.

¿Es en verdad nuevo el problema de inseguridad en Medellín?

Por: Juan Orlando Bonilla Peñaloza

Los hechos de violencia en la ciudad de Medellín de los últimos días han causado un estado de conmoción generalizada en los habitantes de la ciudad. Rectores y religiosos asesinados, enfrentamientos entre combos delincuenciales, cobros de extorsiones o “vacunas” a transportadores, el “fleteo”; además de los múltiples crímenes como el asalto o el microtráfico que ya se han convertido en parte del paisaje de la ciudad contrastan con la imagen de ciudad líder e innovadora que se ha querido difundir desde la alcaldía con eventos como Colombia Moda o la pasada Feria de las Flores.

Pero esta situación no es para nada nueva, desde inicios del siglo pasado Medellín pasó de ser un pequeño poblado apartado en las montañas a ser una ciudad en proceso de industrialización (proceso que fracasaría a finales del mismo siglo por cuenta de la apertura económica) que, ante la imposibilidad de expandirse en sentido norte-sur decidió integrarse a los municipios circundantes y empezó a recibir una cada vez más creciente migración proveniente de los municipios que buscaban integrarse a la región gracias al Ferrocarril de Antioquia (proyecto ejemplar que también fracasó a finales del siglo pasado por voluntad de la clase dirigente). Fue a partir de la violencia política que se asomó con algo de timidez desde los años treinta pero que se hizo más palpable a mediados de la década de los cuarenta que la migración se hizo más dramática y evidente. En contra de lo proyectado por las élites urbanas que pensaban una Medellín para su exclusivo disfrute, las oleadas de desposeídos que llegaron del campo hicieron crecer la ciudad sobre sus laderas orientales y occidentales y preñaron de tugurios de escombros y caminos de herradura las zonas que anteriormente habían sido fincas y terrenos en desuso.

Con la migración llegó la represión, ejercida de manera violenta por parte del Estado.

Sanciones más severas contra Venezuela solo agravarían la crisis y posiblemente alentarían más violencia

Por: Mark Weisbrot

El gobierno de Trump decidió ampliar las sanciones económicas existentes contra Venezuela la semana pasada, al agregar 13 venezolanos más a la lista de personas sancionadas. Las sanciones de este tipo siempre han sido de dudosa legitimidad y legalidad, por decirlo de forma suave. El marco legal de EE.UU. exige que la orden ejecutiva del Presidente declare la evidente falsedad de que existe "una emergencia nacional en cuanto a la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional" que Venezuela supone para los Estados Unidos. Además, las sanciones violan sin lugar a dudas la Carta de la Organización de los Estados Americanos (Capítulo 4, Artículo 19), al igual que otros tratados internacionales suscritos por EE.UU.

Sin embargo, el verdadero peligro reside en lo que está por venir, puesto que el gobierno de Trump ha amenazado con imponer sanciones mucho más severas a la economía venezolana, la cual ya se ve sumida en una profunda depresión y plagada por la escasez de alimentos y medicinas.

El viernes, un grupo de congresistas estadounidenses publicó una carta rechazando la nueva advertencia de sanciones. Comienza de esta forma:

"Nos dirigimos a usted en esta oportunidad para expresar nuestra profunda preocupación por la escalada de la crisis política, económica y social que vive Venezuela e instamos a que se trabaje junto con nuestros socios regionales para ayudar a evitar una guerra civil. Nuestra encarecida recomendación es que se apoyen las negociaciones mediadas por respetados actores internacionales, tales como el Papa Francisco, quien goza de una amplia credibilidad entre sectores del gobierno, la oposición y la sociedad civil de Venezuela. Además, le alentamos a que se abstenga de aplicar sanciones económicas unilaterales, medida que podría profundizar la crisis económica y política del país y socavar cualquier disposición al diálogo y a las negociaciones".

La agenda de política comercial de Trump: más liberalización

Por: Christoph Scherrer.

Hay buenas razones para creer que la estrategia de Trump incluye la amenaza de proteccionismo, pero apunta a ganar acceso a los mercados de otros países para las empresas estadounidenses de tecnología avanzada. Trump va a ampliar la liberalización de las actividades económicas transfronterizas.

El presidente Donald Trump ha sido descripto como un proteccionista. La inmediata cancelación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) luego de que asumiera la Presidencia, así como su apoyo a los ajustes fiscales en frontera propuestos por los dirigentes republicanos en el Congreso, parece confirmar sus inclinaciones en términos de política económica internacional. Sin embargo, de una lectura más profunda de los intereses económicos de Trump, de su agenda comercial según se dio a publicidad en el Informe Anual sobre el Programa de Acuerdos de Comercio de 2016 elaborado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) y de la historia de la negociación comercial estadounidense surge una conclusión diferente. Trump usará los amplios déficits comerciales para presionar a sus socios comerciales a abrir sus mercados. Las empresas que exportan con éxito al mercado norteamericano desde esos países sentirán temor por los anuncios proteccionistas y, en consecuencia, es probable que presionen a sus gobiernos para que cedan ante las demandas del gobierno de Trump.

En otras palabras, el gobierno de Trump va a ampliar la liberalización de las actividades económicas transfronterizas. Desde la perspectiva de la economía del desarrollo, esto se podría llamar proteccionismo porque se trata de proteger los intereses de las empresas estadounidenses más avanzadas, que operan sobre la base de los derechos de propiedad intelectual y el acceso a la información en gran escala.

En defensa de la Revolución Bolivariana: ¡El imperialismo no pasará!

Por: Frente Fronterizo por la Paz

Las recientes amenazas contra el pueblo venezolano, emitidas por el presidente de los EE.UU.; el comunicado hostil y desproporcionado del Departamento de Estado del 17 de julio; así como las obscenas e intervencionistas declaraciones del Director de la CIA -en las que revela que existe una agenda con México y Colombia para intervenir en los asuntos internos de Venezuela-, ponen en evidencia el signo geopolítico del conflicto y desenmascara las fuerzas transnacionales que pretenden destruir la revolución bolivariana.

El imperialismo norteamericano ha asumido de manera explícita la dirección de la agenda de violencia que se vislumbra en los próximos días, en el marco del proceso electoral de la Asamblea Nacional Constituyente. La extraordinaria movilización de las fuerzas bolivarianas ha provocado una reacción desmedida y llena de soberbia que ha develado un secreto a voces: el capital monopólico transnacional es un factor sustantivo en la agudización del conflicto venezolano.

El pueblo venezolano es víctima de una agresión imperialista sin precedentes, implementada a través de una guerra de amplio espectro[1], en la cual se combinan múltiples dimensiones y se implementan todas las formas de lucha de manera simultánea: hostilidades diplomáticas, presiones económico-financieras, asedio bélico y operaciones de desprestigio mediático; se yuxtaponen en tiempo y espacio, con una agenda de violencia y el desconocimiento del tejido institucional; que tienen como finalidad inducir una guerra civil en Venezuela, con lo cual se generarían las condiciones para una intervención transnacional.

El oriente antioqueño y la resistencia civil

Por: Jaime Vargas Ramírez.
Julio 25 de 2017

Tierra bendecida por la naturaleza, pero maldecida por la codicia humana. El Oriente Antioqueño es una de las nueve subregiones en que se divide el departamento de Antioquia, cuenta con una extensión territorial de 7.021 kms², 55 kms² de área urbana y 6.966 kms² rurales. Del área total, el 22.85% corresponde a pisos térmicos cálidos, el 34.8% a pisos medios, el 40% a pisos fríos y el 2.35% a páramos. Comprende 23 municipios y una población actual aproximada de 570.000 habitantes.

Producto del abandono del Estado, de megaproyectos como hidroeléctricas, la autopista Medellín-Bogotá, y el aeropuerto internacional José María Córdova y de su manejo excluyente, emerge un movimiento de resistencia civil que se llamó Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño (MCOA). Movilización que abarcó la totalidad de municipios de esa región, donde al fragor de la lucha emergió una nueva dirigencia social y política que fue reprimida a sangre y fuego por la élite política y económica antioqueña. Posteriormente fue azotada por grupos armados que a nombre de ideologías extremas de izquierda y de derecha, quisieron someter a la población.

La región empieza a tener importancia desde los sesenta, con la construcción de las hidroeléctricas de San Carlos, Guatapé, Jaguas, Calderas, Tafetanes y Playas. Hoy, el oriente antioqueño genera el 33% de la energía del país.

Con la construcción de los embalses y la autopista Medellín-Bogotá, ocurrieron los primeros desplazamientos de la población. El casco urbano del Peñol fue trasladado en su totalidad y se dieron inundaciones en otras zonas del mismo. La comunidad se enfrentó a la reubicación en nuevas tierras y a cambios bruscos, tanto sociales como laborales. Llegaron a la localidad maquinaria pesada, numerosos foráneos, se especuló con la tierra y allí ocurrió el primer asesinato contra los que se oponían a los designios del desarrollo y el progreso. Cuenta Humberto León Rivera Galeano en su libro “El Ave Fenix”, donde relata lo acaecido en el Peñol que, “cuando se anunció que se iba a embalsar el pueblo, don Demetrio que era uno de los mayores propietarios de vegas aledañas al río Nare, dijo que no le interesaba vender sus tierras. Esto le valió que el día 19 de octubre de 1.965 sobre las cinco de la tarde, presumiblemente un carabinero que estaba de servicio en la mayoría de Guatapé, lugar en donde estaban las oficinas de EPM, lo matara a tiros en la entrada de su casa. Con este acto se garantizaba que el patrimonio de don Demetrio “se volvería harinas” y los herederos negociarían más fácilmente sus derechos sucesorios con las EPM”.

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