Universidad de Columbia. CEPR

CENTER FOR ECONOMIC AND POLICY RESEARCH

Por Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs*

Mayo 2019

Índice

Resumen ejecutivo
Introducción
Las sanciones de agosto de 2017
Sanciones en 2019
El impacto de las sanciones en la vida humana y la salud
La ilegalidad y la intención de las sanciones económicas unilaterales
Depresión, hiperinflación y sanciones: Bloqueando la recuperación económica
Referencias

Resumen ejecutivo

Este estudio analiza algunos de los impactos más importantes de las sanciones económicas impuestas a Venezuela por el Gobierno de EEUU desde agosto de 2017; y encuentra que la mayor parte del impacto de estas sanciones no se ha producido en el Gobierno, sino en la población civil.

Las sanciones redujeron la ingesta calórica de la población, aumentaron las enfermedades y la mortalidad (tanto para adultos como para menores) y desplazaron a millones de venezolanos que huyeron del país como producto del empeoramiento de la depresión económica y la hiperinflación. Las sanciones agudizaron la crisis económica de Venezuela e hicieron casi imposible estabilizar la economía, lo que contribuyó aún más a un mayor número de muertes. Todos estos impactos perjudicaron de manera desproporcionada a los venezolanos más pobres y más vulnerables.

Incluso más severas y destructivas que las amplias sanciones económicas de agosto de 2017 fueron las sanciones impuestas por una orden ejecutiva el 28 de enero de 2019 y las órdenes ejecutivas posteriores de este año; junto con el reconocimiento de un Gobierno paralelo, que, como se muestra a continuación, creó un nuevo conjunto de sanciones financieras y comerciales que son incluso más asfixiantes que las propias órdenes ejecutivas.

Encontramos que las sanciones han infligido, y progresivamente infligen, daños muy graves a la vida y la salud humanas, incluidas más de 40 000 muertes entre 2017 y 2018; y que estas sanciones encajarían
en la definición de castigo colectivo de la población civil, tal como se describe en las convenciones internacionales de Ginebra y La Haya, de las cuales Estados Unidos es signatario. Estas sanciones también son ilegales según el derecho internacional y los tratados que ha firmado EEUU, y parecería ser que también violan la legislación estadounidense.

Las sanciones de agosto de 2017

Las sanciones de agosto de 2017 prohibieron al Gobierno venezolano pedir préstamos en los mercados financieros de Estados Unidos. Esto evitó que el Gobierno pudiera reestructurar su deuda externa, ya que cualquier reestructuración de deuda requiere la emisión de nuevos bonos a cambio de la deuda existente. Por lo tanto, estas sanciones impidieron que la economía se recuperara de una profunda recesión que ya había cobrado un alto precio a la población, la que junto con la economía era más vulnerable a estas sanciones y a las que siguieron como consecuencia de la crisis económica.

El PIB real ya había disminuido en aproximadamente un 24.7% desde 2013 hasta 2016, y la inflación de precios al consumidor de enero a agosto de 2017 estaba aproximadamente entre el 758% y 1350% a una tasa anual.

Por: Mark Weisbrot

Ah principio de los 70’s, los Sandinistas estaban en las montañas combatiendo para tumbar la brutal dictadura de la familia Somoza, de unos 40 años de duración y con el apoyo de Estados Unidos. Cuando una potente erupción volcánica golpeó a Nicaragua, Omar Cabezas, sandinista, cuanta que estos le dijeron a los campesinos que encontraron que fue un castigo de Dios por no haberse librado de Somoza.

Cuando los Sandinistras triunfaron en 1979, Estados Unidos inició una sangrienta guerra para recuperar el país mediante el grupo terrorista paramilitar de ‘los contras’, quienes asesinaban civiles regularmente. El Presidente George H.W Bush lo dejó muy claro durante la segunda elección de los sandinistas en 1990, que aunque no fuera Dios, el continuaría castigando a los nicaragüenses con un embargo comercial y la guerra si no se desasían de los sandinistas. Cansados de la guerra, la hiperinflación y el colapso económico, los nicaragüenses votaron por la oposición: Los sandinistas perdieron.

Hoy el gobierno de Trump está repitiendo la estrategia de castigo colectivo contra Venezuela con un embargo financiero paralizante desde agosto de 2017 y desde enero, un embargo comercial. El embargo financiero impidió cualquier posible medida del gobierno para acabar con la hiperinflación o generar una recuperación económica, mientras se pierden billones de dólares de la producción de crudo. El embargo económico está proyectado para cortar el 60% de las exiguas ganancias en divisas, necesarias para comprar medicina, comida, suministros médicos y otros bienes esenciales para la supervivencia de muchos venezolanos.

Buscando promover un golpe militar, una rebelión popular o una guerra civil, la administración Trump ha sentenciado que el castigo continúa hasta que destronar al actual gobierno. “Maduro debe irse” dijo el Vicepresidente Pence nuevamente en marzo.

Todo esto es ilegal bajo numerosos tratados firmados por Estados Unidos, incluido el Capítulo de la Naciones Unidas, el capítulo de la Organización de Estados Americanos y otros convenios y leyes internacionales. Para legitimar esta brutalidad, que probablemente ya ha matado a miles de venezolanos al restringirles el acceso a bienes y servicios e

Por: Mark Weisbrot*

Mientras que los estadounidenses han protestado y se han rebelado legítimamente en contra de la declaración de emergencia nacional del presidente Trump para construir su preciado muro, lo que privaría al Congreso de ejercer su autoridad constitucional sobre el gasto; el presidente ha usado otra falsa declaración de emergencia nacional ­―en esta última semana― que ha pasado ampliamente desapercibida.

Cada orden ejecutiva anunciada por Trump en la que se imponen sanciones económicas a Venezuela incluye una frase que declara que Venezuela está causando una "emergencia nacional" para Estados Unidos y que representa "una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional" de Estados Unidos.

El hecho de que estas absurdas afirmaciones hayan pasado desapercibidas en los principales medios de comunicación muestra cuán débil es el Estado de derecho en Estados Unidos en lo referido a la política exterior, tal y como han señalado expertos legales. Esto es especialmente cierto para aquellas medidas de agresión perpetradas por nuestro gobierno y que tienen como consecuencia la muerte de personas en otros países.

Y no hay que equivocarse al respecto: las sanciones de Estados Unidos a Venezuela están matando personas y han estado matando personas ya por algún tiempo, como ha señalado el economista de la oposición Francisco Rodríguez, el principal experto en el mundo en economía venezolana.

No existen estimaciones de la cantidad de muertos ocasionados por las sanciones, pero dada la experiencia en países con situaciones similares, es probable que haya miles o decenas de miles hasta el momento. Y empeorará rápidamente si las recientes sanciones persisten.

¿Cómo es que las sanciones matan gente? En general, lo hacen dañando la economía. Esto incluye pérdidas de empleo e ingresos de quienes ya enfrentan una situación desesperada; pero sobre todo, incluye la disminución del acceso a bienes esenciales para salvar vidas, como medicamentos, suministros médicos y atención médica.

México y Colombia eligen próximamente presidente de la república. En ambos países la derecha está desatando una campaña de miedo dirigida a destruir la imagen de los aspirantes demócratas, Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro, respectivamente. Nota de los Editores.

Por: Mark Weisbrot

En menos de cinco meses, México celebrará unas elecciones presidenciales que han sido mayoritariamente descritas por los comentaristas de los medios de comunicación estadounidenses e internacionales como una empresa peligrosa. Para algunos, es parte de una “tormenta perfecta” que podría sembrar el caos en la economía (junto con la reforma tributaria de Trump y las amenazas al TLCAN); para la prensa económica, la inversión extranjera está amenazada, especialmente en la industria petrolera, que ha conocido una apertura sin precedentes a esta inversión desde 2013; y para otros observadores, supone una amenaza a la “seguridad”, esto es, a la política exterior, de los Estados Unidos.

El problema, según los expertos y la administración de Trump, es que el candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador (conocido por sus iniciales, AMLO) mantiene una ventaja considerable en las encuestas electorales, y podría llegar a ser el próximo presidente de México. Pero ¿es esto realmente la amenaza que se nos hace creer?

Aunque López Obrador ha movido hacia el centro en su campaña, el partido Morena de AMLO tiene una base de izquierdas que se parece a algunos movimientos y gobiernos a los que se ha opuesto Washington desde que empezó a expandirse por América Latina a principios del siglo XXI. López Obrador fue un Jefe de Gobierno popular del Distrito Federal entre 2000 y 2005; se presentó a presidente en 2006 y 2012, como candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), un partido de centro-izquierda. Cuando López Obrador formó Morena en 2014, se llevó una gran parte del apoyo del PRD. El propósito declarado de Morena era formar una alternativa a los partidos políticos existentes a fin de reformar no solo la gobernanza de México, sino también su política económica. El objetivo era mover la economía de México hacia un modelo más desarrollista — de mercados internos más robustos a través de la política industrial y la inversión y planeación pública — y proporcionar más de un estado de bienestar y llevar a México en una dirección más social-democrática.

Por: Mark Weisbrot
Últimas Noticias, 7 de enero, 2018

Mucha gente creía que México inició su transición a la democracia en el 2000, cuando el PRI (Partido Revolucionario Institucional) perdió el poder por primera vez después de 70 años de gobierno unipartidista. Pero esto ha resultado ser un mito, como se ha documentado en otras ocasiones. La transición jamás tuvo lugar, y México se ha convertido en un narcoestado cada vez más violento y todavía profundamente corrupto. Las fallidas reformas económicas que el PRI inició a principios de los años 80 se consolidaron con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, también conocido por sus siglas en inglés: NAFTA), y México se acercó económica y políticamente a los EEUU. Después el PRI volvió al poder en 2012 con la elección de Enrique Peña Nieto.

Empecemos por la economía: no tuvo que ser así. En el periodo 1960-1980, bajo el viejo PRI, la renta del mexicano medio casi se duplicó. Si la economía hubiera seguido creciendo a ese ritmo, los mexicanos tendrían hoy un nivel de vida europeo. Sólo podemos especular sobre si México se hubiera vuelto más democrático al desarrollarse –así sucede en la mayoría de los países, aunque con ritmos variables.

Los años 80 fueron una “década perdida”, con un crecimiento negativo de la renta per cápita, mientras México –bajo la presión de acreedores extranjeros, incluidos Washington y el FMI— transformaba su economía, liberalizaba el comercio internacional y los flujos de capital, privatizaba las empresas estatales, y abandonaba las políticas industriales y de desarrollo. El TLCAN consolidó los cambios más perjudiciales en forma de tratado internacional, en parte para hacerlos permanentes.

Por: Mark Weisbrot.

El Estado de derecho y la independencia del poder judicial son logros frágiles en muchos países; ambos son susceptibles a reveses abruptos. Brasil, el último país del mundo occidental en abolir la esclavitud, es una democracia bastante joven, pues salió de una dictadura apenas hace tres décadas. En los dos últimos años, lo que pudo haber sido un avance histórico —el gobierno del Partido de los Trabajadores le otorgó autonomía al poder judicial para investigar y procesar la corrupción en el gobierno— se ha convertido en lo contrario. En consecuencia, la democracia de Brasil ahora es más débil que en cualquier otro momento desde el fin del gobierno militar.

Esta semana, esa democracia podría erosionarse aún más cuando los tres jueces de la corte de apelaciones decidan si se le prohíbe al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva del Partido de los Trabajadores —la figura política más popular del país— competir en las elecciones presidenciales de 2018 o incluso si lo mandan a prisión.

No parece que la corte vaya a ser imparcial. El juez que preside el pánel de apelación alabó la sentenciaen contra de Lula da Silva por corrupción y la calificó de “técnicamente irreprochable”. La jefa de personal del juez publicó en su página de Facebook una petición para que se encarcele al expresidente.

Por: Mark Weisbrot

El gobierno de Trump decidió ampliar las sanciones económicas existentes contra Venezuela la semana pasada, al agregar 13 venezolanos más a la lista de personas sancionadas. Las sanciones de este tipo siempre han sido de dudosa legitimidad y legalidad, por decirlo de forma suave. El marco legal de EE.UU. exige que la orden ejecutiva del Presidente declare la evidente falsedad de que existe "una emergencia nacional en cuanto a la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional" que Venezuela supone para los Estados Unidos. Además, las sanciones violan sin lugar a dudas la Carta de la Organización de los Estados Americanos (Capítulo 4, Artículo 19), al igual que otros tratados internacionales suscritos por EE.UU.

Sin embargo, el verdadero peligro reside en lo que está por venir, puesto que el gobierno de Trump ha amenazado con imponer sanciones mucho más severas a la economía venezolana, la cual ya se ve sumida en una profunda depresión y plagada por la escasez de alimentos y medicinas.

El viernes, un grupo de congresistas estadounidenses publicó una carta rechazando la nueva advertencia de sanciones. Comienza de esta forma:

"Nos dirigimos a usted en esta oportunidad para expresar nuestra profunda preocupación por la escalada de la crisis política, económica y social que vive Venezuela e instamos a que se trabaje junto con nuestros socios regionales para ayudar a evitar una guerra civil. Nuestra encarecida recomendación es que se apoyen las negociaciones mediadas por respetados actores internacionales, tales como el Papa Francisco, quien goza de una amplia credibilidad entre sectores del gobierno, la oposición y la sociedad civil de Venezuela. Además, le alentamos a que se abstenga de aplicar sanciones económicas unilaterales, medida que podría profundizar la crisis económica y política del país y socavar cualquier disposición al diálogo y a las negociaciones".

Por: Mark Weisbrot.

La OEA no tiene papel positivo alguno que desempeñar en la resolución de la crisis política en Venezuela, del mismo modo que tampoco lo tendrían el senador Marco Rubio u otros políticos del estado de Florida que buscan un cambio de régimen en ese país. A estas alturas, debiera quedarle claro a cualquier observador informado que la organización es hoy día un instrumento de quienes simplemente procuran apoyarse en la crisis actual para derrocar al gobierno venezolano.

Lo afirmo sin exageración ni hipérbole. Aquellas personas que quieran evitar la escalada de violencia o una guerra civil en Venezuela no deben imaginarse lo contrario, independientemente de cuánto odien al actual gobierno o deseen ver a la oposición en el poder. Debieran abstenerse de apoyar la iniciativa de la OEA, tan descaradamente ilegítima, malintencionada y peligrosa.

En los círculos aburbujados de Washington, los grandes medios de comunicación y el gobierno de Estados Unidos pretenden ser los árbitros finales de la legitimidad política. Dado que dichos actores y sus aliados están dispuestos a aparentar que la OEA es actualmente neutral, ciertas personas bien intencionadas tal vez también quieran asumir que de hecho sea así. Podrán imaginarse que una intervención como la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA celebrada el 31 de mayo, a pesar de estar controlada por actores partidistas, aumentaría la presión sobre el gobierno venezolano para motivarlo a negociar.

Por: Mark Weisbrot

Mientras el Ecuador se dirige a la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales el 2 de abril, ha surgido un nuevo escándalo alrededor de los negocios financieros del candidato de oposición Guillermo Lasso. Las acusaciones son serias y extensamente sustentadas en documentos públicos, en su mayoría verificables en sitios web como el Registro Púbico y la Superintendencia de Bancos de Panamá, así como la Superintendencia de Compañías del Ecuador. El periódico que sacó a la luz la historia fue Página/12 de Argentina, con dos artículos de la periodista Cynthia García, publicados en el diario y en su sitio web la semana pasada.

Sin embargo, mientras se escribe este artículo, los principales medios de comunicación internacionales que cubren la elección, así como los grandes medios ecuatorianos de propiedad privada, han pretendido durante una semana que la historia no existe. Esto a pesar que el presidente Correa ha denunciado públicamente a Lasso por sus negocios, llamándolo a renunciar a su candidatura; y que Lasso le ha respondido públicamente sin negar estas acusaciones. Es difícil explicar esta ausencia de reportes desde lo que la mayor parte de la gente consideraría como normas periodísticas.

Por: Mark Weisbrot.

Es poco probable que el presidente Trump pueda cumplir con su sueño de hacer pagar a México por un muro a lo largo de la frontera sur de los Estados Unidos. De ser construido, serán los contribuyentes estadounidenses quienes casi de seguro reciban la factura, que según ciertas estimaciones alcanzaría los 50 mil millones de dólares. Sin embargo, vale la pena dar un paso atrás para ver mejor la economía tras las relaciones entre los Estados Unidos y México, para ver cómo es que la inmigración desde México llega a convertirse en un tema relevante dentro del debate político estadounidense, hasta el punto en que alguien como Trump puede tratar de usarla en su favor.

El TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) es un buen punto de partida. Mientras finalmente ha empezado a reconocerse cómo aquellos mal llamados acuerdos de “libre comercio” han afectado a millones de trabajadores en los Estados Unidos, sigue siendo frecuente entre comentaristas tanto liberales como de derecha el asumir que el TLCAN ha sido bueno para México. La realidad contradice enérgicamente semejante suposición.

Por: Mark Weisbrot.

En un giro apoyado y acogido con satisfacción por Washington, América Latina se ha ido desplazando hacia la derecha durante el pasado año y tanto. Tres de las economías más grandes de América del Sur — Brasil, Argentina y Perú — hoy día ostentan presidentes de derecha con estrechos vínculos con Washington y su política exterior. Mientras que la narrativa estándar del "Consenso de Washington" obvia cualquier papel atribuible a Estados Unidos en la región y considera que los gobiernos de izquierda que fueron electos en Suramérica en las últimas décadas lograron victorias populistas gracias a un auge de las materias primas, con base en dádivas para los pobres y un gasto insostenible. Una vez desinflado este auge, según el cuento, las finanzas de los gobiernos de izquierda y, por lo tanto, sus fortunas políticas, hicieron lo mismo.

Sin embargo, se trata de una narrativa sumamente exagerada y egoísta. Ecuador nos brinda un buen ejemplo de cómo un gobierno de izquierda logró el éxito durante la pasada década mediante cambios positivos y creativos en su política económica, de la mano con reformas financieras, institucionales y regulatorias.

ultimasnoticias.com.ve

Por: Mark Weisbrot.

Las organizaciones de derechos humanos se crean supuestamente para defender ciertos principios universales, tales como el Estado de derecho y la libertad ante la represión por parte del Estado. Pero, cuando sus sedes están en los Estados Unidos y estas se vuelven muy cercanas al gobierno de ese país, con frecuencia se hallan en sintonía con la política exterior de EE.UU.

Los últimos acontecimientos en América Latina han puesto de manifiesto este problema. El 29 de agosto, el Senado brasileño destituyó a la presidenta electa, Dilma Rousseff, a pesar de que el fiscal federal asignado al caso resolviera que las gestiones de contabilidad por las que se le había acusado, no constituían delito alguno. Por otra parte, se filtraron las transcripciones de llamadas telefónicas entre los líderes políticos que impulsaron la impugnación, las cuales demuestran que buscaban deshacerse de Dilma a modo de protegerse de las investigaciones de corrupción en su propia contra.

Ahora el nuevo gobierno intenta implementar una agenda de derecha ya derrotada en las últimas tres elecciones presidenciales.

The Huffington Post

Por: Mark Weisbrot.

El 17 de abril, la cámara baja del Congreso brasileño votó la destitución de la Presidenta Dilma Rousseff, quien fue electa en 2010 y reelecta a finales de 2014. Fue un espectáculo pasmoso, en el que un diputado de derecha dedicó su voto al coronel que encabezó una unidad de la tortura durante la dictadura. Una de las víctimas de tortura de dicha unidad fue la propia presidenta.

La dedicatoria por parte del diputado fue un sombrío recuerdo de que Brasil se levantó de la dictadura hace apenas 30 años y que su democracia tal vez sea menos desarrollada de lo que mucha gente supone. Brotan de repente muchos recuerdos más, como hongos en un campo empapado por la lluvia. Las transcripciones de conversaciones telefónicas filtradas revelaron que los líderes de la iniciativa de destitución buscaban sacar a la Presidenta Rousseff con el propósito de frenar la investigación relativa a su propia corrupción.

El Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR)

Por: Mark Weisbrot.

El pasado 25 de julio, 43 miembros del partido demócrata de la Casa de Representantes del Congreso estadounidense, le escribieron al Secretario de Estado Kerry. La carta comenzaba de esta manera:

Le escribimos para expresar nuestra profunda preocupación por los recientes acontecimientos en Brasil, los cuales amenazan las instituciones democráticas de ese país. Le instamos a ejercer la máxima cautela en las relaciones con las autoridades interinas brasileras y contenerse de hacer pronunciamientos o de tomar acciones que puedan ser interpretados como de apoyo a la campaña de destitución de la Presidenta Dilma Rousseff.

huffingtonpost.es
Por: Mark Weisbrot.

El gobierno de Temer es considerado ilegítimo, con quince de sus veintitrés ministros acusados de corrupción. El país pasó de ser estrella de los Brics a asomarse al riesgo de perder otra década, como ya le ocurrió en los 80 y los 90.

Por primera vez desde la dictadura, más de dos décadas atrás, Brasil tiene un gobierno que es considerado de manera generalizada como ilegítimo, no solamente por la ciudadanía brasileña sino en gran parte del mundo. Su imagen está mancillada y se deteriora aún más cada semana, con escándalos crecientes que implican a las esferas más altas del gobierno. En junio renunció el tercer ministro del gobierno interino, acusado de corrupción.

nytimes.com

Por: Mark Weisbrot.

Lo mejor que podría hacer el gobierno de Estados Unidos con respecto a Venezuela, independientemente de los resultados políticos, sería dejar de intervenir.

Durante los últimos 15 años, Washington le ha causado un gran daño a Venezuela con su implacable búsqueda de un “cambio de régimen”. En marzo el presidente Obama declaró una vez más, de forma irracional, que Venezuela era una “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”, así que las sanciones económicas en contra del país se extendieron.

elEconomista.es

Por: Mark Weisbrot.

Claro que no. A pesar de algunos reveses recientes, la izquierda lideró la "segunda independencia" de la región, beneficiando a cientos de millones de personas.

Tanto en el debate público en Washington como en los medios de prensa se escucha cada vez con más frecuencia que el ciclo populista de izquierdas en América Latina se está terminando.

Este es más o menos el relato: un boom de exportaciones de commodities, alimentado por la gran demanda China de materias primas de América Latina, estimuló el crecimiento económico regional en la década del 2000.

CEPR

Por: Mark Weisbrot.

La presidenta Dilma Rousseff ahora corre peligro de enfrentar un juicio político, aunque no existe evidencia de que ella esté vinculada con el escándalo "Lava Jato", u otro tipo de corrupción. Al contrario, se le acusa de haber manipulado datos contables que de alguna manera tergiversaron la situación fiscal del gobierno — algo que presidentes anteriores también han hecho. Por citar un ejemplo en Estados Unidos, cuando los republicanos se negaron a elevar el techo de la deuda en los EE.UU. en 2013, el gobierno de Obama utilizó una serie de trucos contables para posponer la fecha de cierre con la cual se alcanzó el límite. Eso no preocupó a nadie.

Alainet

Por: Mark Weisbrot.

Los acontecimientos recientes indican que el Gobierno de Obama ha intensificado su estrategia de "cambio de régimen" en contra de los Gobiernos latinoamericanos ubicados desde el centro hacia la izquierda del espectro político, promoviendo el conflicto de una manera no vista desde el golpe militar que Washington apoyara en Venezuela en 2002. El ejemplo más destacado es el de la propia Venezuela, durante la semana pasada. Mientras esto va a la imprenta, Washington se ve cada vez más aislado en sus esfuerzos por desestabilizar al Gobierno electo de Nicolás Maduro.

CEPR

Por: Mark Weisbrot.

Si intenta seguir las noticias en torno a la convulsión política en Brasil, puede que le sea difícil tener una idea de lo que realmente sucede. Esto es algo que ocurre a menudo cuando existe un intento de golpe en el hemisferio occidental, y en particular cuando al gobierno de Estados Unidos le interesa el resultado. Por lo general, la información acerca de dicho interés, y con frecuencia del papel de Washington, suelen ser las primeras víctimas del conflicto. (Algunos ejemplos del siglo XXI incluyen a Paraguay en 2012, Haití en 2011 y 2004, Honduras en 2009, Ecuador en 2010 y Venezuela en 2002).