Laboral

¿Paquetazo de Duque repercutirá como en Chile?

Por: Fabio Arias Giraldo

En Colombia siempre se ha dicho que debemos seguir el modelo económico chileno y en esa dirección siempre han actuado nuestros gobernantes desde 1990.

Hoy hay una convulsión social en Chile. La chispa que incendió la pradera fue el aumento del pasaje del metro, pero a pesar de que fue derogado, la inconformidad y la protesta se mantienen, incluso a pesar de la dura represión del gobierno de Sebastián Piñera que nos hace recordar los duros viejos tiempos de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Más allá de las acostumbradas explicaciones de estos gobiernos de que todo obedece a la expresión de unos pocos vándalos y terroristas, muchos observadores y estudiosos de distintas vertientes ideológicas y políticas de varios países, desmintiendo lo anterior, se han apresurado a explicar que todo ello obedece a una inconformidad acumulada que subyacía en el aparente buen suceso económico y estabilidad política de Chile, de un país absolutamente desigual y en cual el presidente venía haciendo reformas laborales y sociales regresivas.

Pues bien, Iván Duque prepara para este fin de año, una vez pasen las elecciones territoriales del 27 de octubre, un paquetazo contra el país y los trabajadores que bien puede convertirse en un fuerte detonante social de inconformidad y oposición.

Ello puede ser así, si se revisa el paquetazo en las tres medidas más publicitadas por el gobierno y los gremios económicos.

1- Reforma tributaria. Al declarar la Corte Constitucional inexequible la ley de financiamiento, pero que es exequible hasta el 1 de enero de 2020 a partir del cual es nuevamente inexequible (acomodamiento de la Corte ante el gobierno y los gremios), todo para que las altísimas gabelas ($16 billones según el tributarista empresarial Santiago Pardo) no se perdieran, el gobierno según el minhacienda Alberto Carrasquilla presentará la misma ley pero ahora será una reforma tributaria, porque no se trata de financiar nada. ¿Y el presupuesto del 2020 no dijo que estaba desfinanciado, después de reducción de gastos, en cerca de $8,5 billones y que por eso había que hacer un holding financiero para vender activos del estado, así como también las acciones de Ecopetrol o su filial Cenit, la empresa que maneja los oleoductos en Colombia?

Lo mejor que nos podría pasar con esa ley de financiamiento hoy de reforma tributaria es que se hundiera definitivamente, con lo cual, el gran empresariado nacional y extranjero le tributarían al estado esos $16 billones y con ello no habría déficit del presupuesto 2020 y se reduciría el déficit fiscal.

Sin embargo, congresistas y sectores empresariales han venido sosteniendo que es una oportunidad para mejorar las exenciones tributarias a las empresas, en medidas como, incluir la eliminación del impuesto a los dividendos, al patrimonio, y el cuatro por mil; eliminar el impuesto al consumo y el IVA de los inmuebles, y eliminar el gravamen al componente inflacionario de los intereses. Y convertir todos los bienes excluidos del IVA en bienes exentos. ¡Insaciables los señores! Todo ello argumentando el clásico y ortodoxo axioma neoliberal, refutado por los hechos, de que eliminando impuestos se genera crecimiento y empleo. ¿Y sino cómo se explica de qué después de tener planteado como aumento del PIB para 2019 del 3,6 % lo hayan bajado al 3 % y el desempleo ya esté en cerca del 11%? Si siguen bajando impuestos a las empresas se los trasladarán a los trabajadores y aumentando el IVA a la canasta básica, como fue su primera intención.

¿Por qué el diálogo social no funciona en Colombia?

Por: Edwin Palma Egea

Generalizar siempre es equivocarse, por eso empiezo hablando de una excepción. Esta semana, en el marco de un evento internacional sobre dialogo social en la agroindustria y la minería, organizado por la Confederación Holandesa de Sindicatos FNV, escuché con atención a un empresario colombiano del sector palmicultor, un renglón de la economía colombiana en donde las relaciones laborales han sido tradicionalmente violentas, hostiles y poco ejemplares. El representante de Palmas del Cesar, una empresa con casi 60 años en el sector, hablaba de las bondades que el diálogo social con su sindicato, Sintrainagro, le ha traído a la empresa en productividad, reducción de conflictos y estabilidad.

Un ejemplo que valdría la pena copiara el sector, pues un solo caso no es suficiente para lavarle la cara a Fedepalma. El camino para extender una cultura de diálogo social en el sector palmero es el de la negociación colectiva sectorial, camino que ayudaría a superar los prejuicios de muchos en el empresariado que ven el diálogo social como coadministración y debilidad empresarial y a los trabajadores como enemigos.

Ahora sí, generalicemos. El diálogo social en Colombia no funciona básicamente por tres causas, por falta de iniciativa del gobierno para generar las condiciones que lo hagan efectivo y productivo. Segundo, porque a los empleadores del país no les interesa el dialogo social, le han comprado a algunos abogados y asesores la teoría del “derecho laboral del enemigo” y no les interesa para nada conversar, dialogar con los trabajadores y los sindicatos. Para algunos, la democracia y la vigencia de los derechos humanos en los sitios de trabajo no son admisibles[1]. Y tercero porque la capacidad de negociación de los sindicatos, por regla general, es débil, desde el más bajo al más alto nivel[2]. Una alarmante cifra que demuestra el fracaso del diálogo social en Colombia es precisamente el alto número de tribunales de arbitramento que se constituyen al año para resolver conflictos colectivos del trabajo[3].

Hace cuatro años, la Escuela Nacional Sindical con el apoyo técnico de Invamer – Gallup, realizó la tercera Encuesta de Opinión Sindical. Se realizaron entrevistas en profundidad a 104 dirigentes de sindicatos con más de 350 afiliados, que arrojaron resultados importantes. Por ejemplo, el 94% de los entrevistados creen que los trabajadores tienen voluntad de llegar acuerdos, mientras el 80% considera que son los empresarios los que obstaculizan el diálogo social. Los entrevistados, concluyeron que el sindicalismo colombiano tiene una gran responsabilidad en los temas laborales y sociales, pero desconfían de su capacidad. Por ejemplo, el 60% de los dirigentes entrevistados consideraban que el sindicalismo no es determinante en la negociación del salario mínimo para los trabajadores colombianos. El 44 % señaló que el sindicalismo no era incidente en las políticas laborales del país.

Precario panorama laboral en Colombia.

Las 2 Orillas

Por: Fabio Arias Giraldo* .

El 68 % de los más de 22 millones de colombianos que trabajan no tienen plena seguridad social; es decir, no están afiliados a salud, pensiones, riesgos laborales, caja de compensación o fondo de cesantías. Más de dos millones no tienen empleo. Casi la mitad de los trabajadores que no cuentan son seguridad social integral se encuentran bajo formas de contratación deslaboralizada, tales como OPS, cooperativas de trabajo asociado, fundaciones, prestación de servicios, SAS, contratos sindicales, entre muchas.

Seguiremos luchando por el trabajo decente y el derecho de huelga.

Por: Yezid García Abello, Concejal de Bogotá por la Alianza Verde.

La lucha por formalizar el empleo, conseguir condiciones óptimas para tener “trabajo decente”, disfrutar de derechos laborales básicos que dignifican la labor productiva y garantizar la vigencia de libertades y derechos sindicales como el de organización sindical y huelga, son tareas eminentemente democráticas en un mundo en el cual el gran capital ha pretendido imponer su orden neoliberal para aplastar y derrotar a los trabajadores.

Lo que pudo haber sido...

Ad portas de completar 23 años de estarse incumpliendo la Ley 4a de 1992, El Pueblo sigue soñando. JJNG.

Por: Juan José Neira Gómez(1)

Dando aplicación a los dictados emanados de la Constitución Política de Colombia aprobada y promulgada el 4 de julio de 1991, el Congreso Nacional produjo la Ley 4a de mayo 18 de 1992. Ella establece el marco salarial de los empleados estatales, sin excepciones de ninguna especie.

Después de examinar su contenido, no queda duda de que sus parámetros son adecuados en el propósito de fijar un régimen salarial y prestacional justo y equilibrado, en este campo de la administración pública. No queda duda, el órgano Legislativo del país produjo una norma de inusitado alcance macroeconómico en el ámbito salarial del país.

Las famiempresas: informalidad invisible

Por: Paola Cervera Quintero

Algunas quedaron desempleadas después de muchos años de haber servido a una empresa; otras salieron de su tierra en búsqueda de mejores oportunidades; a otras los sacaron violentamente y, más que una decisión para buscar nuevos horizontes, fue una decisión de supervivencia; otras pensaron que era mejor ser independiente y poder cuidar a los hijos en sus propios hogares; algunas lo hacen para aprovechar el espacio de aquellas casas que lograron conseguir con tanto esfuerzo. Sea cual sea la razón por la cual las personas consiguen sus ingresos en la informalidad, todas son válidas, justas y defendibles, pues significa la lucha por la reproducción de la vida, la respuesta frente a un sistema que los desconoce y los invisibiliza cada día más.

El derecho a la huelga no se toca.

Confederación Sindical Internacional

El derecho de huelga no se toca. Sin el derecho de huelga nos convertimos en esclavos

Grupos de empleadores de todo el mundo están tratando de acabar con el derecho de huelga. Participen en la jornada de acción mundial el próximo 18 de febrero para impedírselo.

El derecho de huelga es un cimiento sólido y fundamental de la democracia y de la justicia económica. Cuando los empleadores se niegan a negociar con los trabajadores y trabajadoras, cuando una población se subleva contra una dictadura, el pueblo puede declararse en huelga para contrarrestar la dominancia y el privilegio de unos pocos gracias al poder de la acción colectiva. Este derecho fundamental sigue siendo lo único que se interpone a la injusticia y a la explotación.

Los avances de la Bogotá Humana respecto a la atención de la economía popular: (caso Vendedores Ambulantes)

Yezid García,

Por: Yezid García - Concejal de Bogotá

En Bogotá los vendedores ambulantes provienen de todas las regiones del país motivados por la oportunidad de encontrar en esta ciudad la posibilidad de mejorar su condición económica y de brindar a sus familias mayor protección y seguridad; en la mayoría de los casos la decisión de integrarse a las ventas ambulantes surge tras la dificultad que tienen de conseguir empleo, pues nuestro sistema económico crece pero no genera empleos suficientes para la población.

Las ventas ambulantes constituyen una alternativa económica para esta dura crisis laboral que vive el país. Es una constante en las principales ciudades que se encuentren miles de personas que día a día utilizan el espacio público para rebuscarse el sustento diario básico para ellas y sus familias.

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