La Paz en la guerra.

Por: Nelson David Veloza Alfonso

Colombia no es el único ni el primer país del mundo que negocia la paz bajo el fuego del conflicto armado interno, ni tampoco será el último. La historia de estos procesos en el país es conocida por la mayoría de los colombianos. Pero no lo han reconocido los grupos más extremos de las ideologías políticas que hoy en Colombia unen fuerzas para criticar y desbordar de ataques el proceso que lleva la administración Santos Calderón con el grupo guerrillero de las FARC.

No hace falta decir que la paz se negocia entre adversarios durante una confrontación bélica. Tampoco se puede obviar que la guerra es unas veces un lucrativo negocio económico y político para ciertos grupos poblacionales de las partes en conflicto. Pero ¿la paz es importante en una sociedad? Esta pregunta, fuera de los valores y los juicios de valor emitidos por los ciudadanos de toda tendencia ideológica o política, tiene un respuesta jurídica del orden constitucional, porque será la carta magna quien señale para el pueblo colombiano a la paz como un derecho fundamental, como una premisa de obligatorio cumplimiento para todos y no solo la paz por la paz.

Para nadie es un secreto que la retención de beligerantes activos durante un conflicto por la contraparte es algo común durante el trasegar de la historia guerrerista del mundo. No obstante, el trato de estos prisioneros de guerra ha sido constantemente evolutivo, pues queda claro que no se trata a un prisionero hoy como se tratara a los prusianos, austriacos o rusos por parte de las fuerzas francesas de Napoleón, como tampoco se tratan igual a los que cayeron en poder del enemigo en el caso de la primera guerra mundial. Estos hechos ocurrieron durante conflictos que los militares llaman regulares o convencionales, que no es más que el enfrentamiento de fuerzas que anteponen valores como el honor. También está claro que esa no es la situación del conflicto armado interno en el caso colombiano.

En Colombia, el honor de los combatientes está en duda, nuestra fuerza pública ha sido manchada por algunos de sus miembros, que han antepuesto una lucha fuera de la ley contra aquellos que desconociendo los valores democráticos en los que se ha sustentado el sistema político colombiano. Aclaro que no se puede juzgar a todos los militares del país por los hechos que pocos hicieron, pues nuestras fuerzas militares han avanzado enormemente en la defensa del Derecho Internacional Humanitario como también en los Derechos Humanos, no así el adversario que históricamente se ha evocado a la guerra sin restricciones, sin limitaciones y sin ningún valor cívico por la vida de los otros que hacen parte de las fuerzas del Estado, pero tampoco de aquellos que no entienden el porqué de una guerra que claramente nunca ha sido reconocida por el Estado.

Y ese es el punto del debate, ese es el eje de toda esta controversia, si la paz se hace entre enemigos, que en nuestro caso claramente los hay, ¿cómo debe negociarse la paz, bajo qué condiciones? Pues bien, asumamos, como históricamente se ha demostrado, que las partes en conflicto toman rehenes o toman en cautiverio tropas del enemigo. Esto es normal, tanto que el DIH hace precisiones sobre el trato de estos individuos que por la acción de retención pierden su calidad de hombres libres. En el caso colombiano, los guerrilleros que caen bajo el poder de la fuerza pública son judicializados por crímenes penales, de hecho esta sería la diferencia fundamental, pues la fuerza pública mantiene un orden jurídico, este es el delito por el cual se juzga a los insurrectos y alzados contra el sistema, con las garantías que la ley colombiana otorga. En el caso de las FARC, ¿qué garantía tienen quienes caen en el poder de estos cuerpos al margen de la ley? De ahí sale el concepto criollo de secuestro de militares, hecho que levanta la polémica que pone en jaque al proceso de paz que se adelanta en La Habana, pues las FARC no tienen y no han tenido una visión humanitaria de la guerra. Ellos operan por la ley de la selva, la misma que produjo atentados, tomas a poblaciones, privación ilegal de la libertad a civiles, ley de la selva contrapuesta al derecho penal y procesal colombiano pues no tiene comparación, al menos en el concepto de medir la legitimidad de los mismos. Las FARC no operan en virtud de un Estado de Derecho pues la misma condición de la estructura guerrillera, despótica, no garantiza más condiciones, solo aquellas que la comandancia quiera, como recordamos en las imágenes de los “prisioneros” visitados por el “Mono Jojoy”, o las condiciones narradas por Betancourt, por Jara y por todos los secuestrados que hoy gozan de la libertad.

Pero aclarado este punto, debemos revisar el concepto de secuestro, pues si es solo la retención o la privación de la libertad, sería similar a la de aquellos que incumpliendo la ley y por medio de esta también la pierden. Esa construcción podría brindarnos el medio para diferenciar el uno del otro, diferenciando el rol de víctima del de combatiente, los crímenes de lesa humanidad de los actos de guerra. La paz no se hace entre amigos, la paz es lo opuesto a la guerra y se hace con enemigos, se hacen concesiones, se cede en razón del fin del conflicto, se le provee los fundamentos para que sea duradera y no pase por bien efímero, pero esos acuerdos requieren sacrificios de las dos partes. Lo que no podemos validar es que esos sacrificios se hagan por medio de la cesación de derechos. Les recuerdo a todos que la constitución de 1991 es una construcción política, resultado de un proceso de paz efectivo en el que abordamos unos acuerdos mediante diálogos y controversias.

Santander dijo a todos los colombianos: “Las armas os han dado la independencia, la leyes os darán la libertad”, pues es entonces la ley y el derecho quienes garantizan la paz, que no es la ausencia de conflicto sino la presencia permanente de justicia, la que buscaba Gaitán cuyo homicidio origino la confrontación bélica que hoy 60 años después todavía sufrimos. La paz la necesitamos y la alcanzaremos por medio de la justicia, la que juzga a quienes la violentan y la misma que no poseen las FARC, la misma que convierte a quienes priva de la libertad en secuestrados por la retención ilegal y que afecta la acción y el hecho social de la construcción nacional de la idea de la paz y del proceso de paz, la misma que políticamente debe afrontar el hecho que permitirá la acción de conseguir el anhelo de los 47 millones de colombianos.

Nelson David Veloza Alfonso
@Nelson_veloza89
nveloza.esap@hotmail.com