La derecha brasilera no retornará al poder.

Por: Édgar Ortiz Mora, docente e investigador, miembro de comité de redacción de la revista Nueva Gaceta.

Los opositores a Dilma Rousseff, quien ha mantenido un claro compromiso con la transparencia institucional, no la acusan de ningún delito penal, sino de maquillar las cuentas públicas valiéndose de préstamos bancarios para cubrir déficits en el presupuesto en el año de su reelección y la culpan del deterioro social, económico y político del país. Utilizando la figura jurídica del impeachment, mediante la cual se puede procesar a un alto funcionario público, pretenden destituirla e inhabilitarla en sus funciones.

Esta arremetida busca contener logros y desdibujar el ejemplo que para los países de la región, trajo el modelo económico y social implantado por Lula en su primer gobierno, que con fortalecimiento institucional, estabilidad democrática y progreso industrial, logró superar la pobreza de más de 40 millones de personas, fortalecer a la clase media y lograr acceso a empleo, salud, educación, vivienda y crédito, con estabilidad fiscal y respeto a la propiedad, inversión e iniciativa privada, expansión del mercado externo e impulso a la soberanía nacional. Con la elección de Dilma se ahondó en la superación del neoliberalismo y en la profundización y consolidación de políticas populares.

Para lograrlo tanto Lula como Dilma han respetado la Constitución, implantada tras 21 años de dictadura militar, y en medio de un mapa político complejo donde hay 3 partidos políticos principales, 10 con alguna presencia nacional, 20 pequeños regionales, sin ideología ni programa, con financiación estatal y de empresas privadas, con cuentas pendientes con la justicia electoral con los cuales se hacen alianzas que no han permitido mayor incidencia del Partido de los Trabajadores –PT- en gobernaciones, senado y alcaldías.

Con la figura del impeachment no se recurre a las formas más violentas que en el pasado desencadenaron “cambios de régimen” en los países del sur de América latina, sino que se adelanta en torno a acciones de desestabilización social y política, un golpe de estado disfrazado de juicio político. Quienes lo ejecutan no son los militares, es una alianza integrada por los medios de comunicación, el poder judicial y por una asamblea de bandidos.

Alrededor de 60% de los representantes legislativos brasileros tiene causas judiciales pendientes por corrupción, 36 de los 65 miembros de la Comisión de impeachment, que elaboró el informe favorable a la destitución de Dilma Rousseff, enfrentan acciones judiciales por los más diversos delitos. Aunque cerca de 200 de los 367 diputados que votaron a favor están involucrados en procesos judiciales, ello no les impidió gritar a viva voz que destituían a la presidenta para acabar con la corrupción y moralizar el país.

Por tanto no es extraño que ante un problema institucional de esta magnitud, la mayoría de quienes van a destituir a Rousseff lo hagan en nombre de sus creencias (patria, Dios, democracia y familia), y no en defensa de la ley y del Estado de derecho. La lucha contra la corrupción parece interesarles menos que la defensa de sus intereses políticos o de su ideología y sin disimulo ni guardando apariencia alguna, cuando votaban, aducían las más extrañas y estrambóticas razones: que lo hacían por los militares que hicieron el golpe de 1964, por la ciencia y la tecnología, por el amor a la patria, por los doctores del Brasil, para impedir que terminemos como Venezuela o Corea del Norte, por los niños y los viejos, por los campesinos, por la iglesia evangélica a la que asisten, por la paz en Jerusalén, por mi madre de 93 años, por el fin de Petrobras, para que se acabe el comunismo en Brasil, por Dios que está en los cielos, por la memoria de mi padre, por los vendedores de seguros, por aquellos que se oponen al Estado de Israel, para darle fin al sindicalismo, por el control de armas, etc.

Los promotores del impeachment pertenecen al Partido Movimiento Democrático Brasilero –PMDB-, que eran de la coalición con la que Dilma gobernó, pero de la que se salieron cuando se ordenó investigación a fondo del escándalo en Petrobras y están acusados de corrupción y lavado de dineros. Son principalmente Eduardo Cunha quien recibió cinco millones de dólares en sobornos para asegurar contratos con Petrobras y esconderlos en Suiza, el vicepresidente Michel Temer que en sus ambiciones de poder ya ensaya su discurso de toma de posesión cuando destituya a Dilma y el presidente del Senado, Renan Calheiros.

La presidenta, que en 2013 suspendió una visita de Estado a Washington en repudio al espionaje de la agencia NSA e inició negociaciones para tender un cable de fibra óptica hacia Europa, como forma de evitar que sus datos sean almacenados en Estados Unidos, comenzó un debate nacional sobre el marco regulador de los medios masivos de comunicación, que en su primer mandato intentó sin éxito, argumentó que la reforma del mercado “oligopólico” de noticias y entretenimientos lo hacía concibiendo la libertad de prensa como la piedra fundamental de la democracia, pero que no se debía confundir con medidas económicas ni control en los contenidos, sino en referencia a los oligopolios y monopolios que pueden existir en cualquier sector y pregunto ¿Por qué la energía y el petróleo tienen regulación y los medios no pueden tenerla?”.

Los medios de comunicación encabezados por el Grupo empresarial Globo, recelosos de cualquier norma que acote sus privilegios, arremetió con una fuerte campaña a favor del impeachment y con informaciones falsas, rumores y acusaciones sin pruebas, han desempeñado un rol crucial para desprestigiar la gestión y la continuidad de los proyectos sociales, presentando al PT, como a un partido burocrático y corrupto que ha gestionado la empresa estatal de forma ineficiente, argumentando - con el apoyo del gobierno estadounidense-, que si Petrobras no fuese estatal no pasarían este tipo de cosas, cuando lejos de pasar por la privatización, la empresa requiere mayor control estatal para seguir siendo una de las mayores petroleras del mundo con tecnología reconocida internacionalmente y de vanguardia.

Nadie cree que un gobierno de Michel Temer, en caso que llegue a existir, pueda tener lo mínimo de estabilidad para sobrevivir a la crisis brasileña, que incluso promete un duro ajuste fiscal. Se va a chocar con un movimiento de masas más fuerte que nunca y con el liderazgo político de Lula. La perspectiva más probable es que se llegue, al final de una crisis institucional que no tiene hora para concluir, a nuevas elecciones directas, incluso antes del 2018, donde el nombre de Lula, con estas espectaculares movilizaciones populares, despunta como el gran favorito.

Con el proceso deimpeachment no se combate la corrupción, sino su perpetuación, no se lucha por la reforma democrática ni la libertad de prensa, sino la preservación de un sistema de las élites brasileras decididas a retomar al poder.

(Imágenes de: Getty Images)

Tags: