La catástrofe social ¿Cuál es la respuesta fiscal del Estado colombiano?

Nota: 
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Por: Arturo Cancino Cadena

El 26 de mayo pasado un grupo de 28 destacadas personalidades del mundo académico nacional demandó ante la Corte Constitucional el Estatuto Tributario que rige en Colombia desde 1989. ¿La razón? No cumplir con los principios de progresividad, equidad y eficiencia tributaria que estipula la Constitución. Una de las justificaciones más importantes de la demanda es la urgencia para la sociedad colombiana de contar con un sistema tributario que permita una política fiscal encaminada a reducir la desigualdad social y la pobreza, que la crisis originada por la pandemia ha agudizado en grado extremo.

Como lo demostró fehacientemente el estudio de Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Espitia (Garay y Espitia, 2019), el sistema fiscal establecido en Colombia no contribuye a corregir la profunda brecha de patrimonio e ingresos entre el 10% más rico y el resto de los colombianos. Con la crisis actual, cerca de 70% de la población se puede hoy agrupar en las categorías de vulnerables o directamente pobres. En la cúspide de esa pirámide, el decil 10 de los privilegiados, la mayor parte de la riqueza la acapara el 1% los superricos y, en mayor medida, el 0.1% los súper-superricos, que contribuyen con no más de 5% de sus ingresos personales en impuestos para el sostenimiento del Estado. Contribución muy lejana al promedio de 14% que aporta en conjunto la nación. Y muchísimo más distante de la tasa nominal de 32% de impuesto a la renta que, gracias a las más de 250 exenciones tributarias que las favorecen, queda reducida a 1.9% de la renta para las 500 empresas más grandes del país.

Si se tiene en cuenta que la extraordinaria riqueza de esta élite económica está cimentada, no solo en la altísima concentración de la propiedad privada de la tierra y los activos financieros e inmobiliarios, sino en la disponibilidad y usufructo preferencial de los bienes públicos construidos con el esfuerzo colectivo (desde la infraestructura física, hasta la protección de la propiedad, pasando por la formación de la mano de obra a su servicio), es evidente que este grupo social es el verdaderamente subsidiado en Colombia.

No resulta extraño entonces que el coeficiente de Gini, que mide la concentración del ingreso, no mejore nada después de impuestos comparado con su valor antes de impuestos: se mantiene como uno de los peores resultados en América Latina, la región con mayor desigualdad social del mundo. Pero dado que el valor de este indicador “después de impuestos” ya incorpora el efecto del gasto social del Estado, esto también muestra que ese gasto público es ineficaz en contrarrestar la gran concentración estructural de la renta. Mucho menos cuando ésta se ve reforzada por un sistema tributario diseñado para favorecer a los más ricos (1).

Exactamente lo contrario de lo que sucede en buena parte de los países de la OCDE. Allí la política fiscal (ingresos y gastos del Estado) es socialmente progresiva por estar concebida para tratar corregir la mala distribución social del ingreso propia de las economías de mercado. Tal redistribución, que se refleja en la mejora sustancial del coeficiente de Gini debido a la política fiscal, es el fundamento del llamado Estado de Bienestar. Y no es exclusivo de los países desarrollados porque incluso en América Latina hay países que se aproximan a este modelo, por ejemplo Uruguay y Costa Rica.

- La reacción fiscal a la crisis económica y social en Colombia

La pandemia que azota a Colombia desde marzo pasado obligó a la parálisis de la economía y barrió a su paso con las frágiles condiciones de vida de dos terceras partes de la población. En todo el mundo la profundidad y duración prolongada de la recesión ha exigido una respuesta extraordinaria del Estado de cada país, proporcional al tamaño de la catástrofe. Esta reacción fiscal ha sido un incremento de entre 10% y 20% del PIB en el gasto público social, aún en el caso de países donde dicho gasto ya era grande y la seguridad social cubría a la mayor parte de su pueblo con garantías y subsidios adecuados. Muy temprano, en países como Dinamarca, por ejemplo, el Estado optó por asumir el pago de 75% de las nóminas para proteger a las empresas inactivas y sus empleos. O un caso más reciente y cercano, el de España, que aprobó un Ingreso Mínimo Vital de entre 451 y 1015 de euros (de $1.8 millones a $4.1 millones, aproximadamente) para las 860.000 familias de su población vulnerable. Esto significa apoyar a cerca de 2 millones de habitantes en riesgo de pobreza.

Sin embargo en Colombia, donde las condiciones sociales de la mayoría son mucho más precarias y 70% de las familias dependen de oficios ligados a la normalidad perdida de la vida social, el gobierno de Duque decidió modular la respuesta del Estado colombiano al compás de la obsoleta partitura de la ortodoxia neoliberal. No sólo ha pretendido modificar lo menos posible las rigurosas metas fiscales previas a la pandemia, comprometiendo con suma lentitud menos de 5% del PIB en las medidas de respuesta a la crisis, sino que ha optado por seguir usando los toscos instrumentos de su política social asistencialista (Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor + Ingreso Solidario) para crear la impresión de que atiende a la inmensa población desprotegida. Así, diariamente el presidente llena su programa televisivo con anuncios sobre subsidios deficientes que no llegan a todos los que necesitan ayuda, cuya cuantía a duras penas llegaría a 2% del PIB. Y complementa la ficción con ofrecimientos de alivios que no cumple, como congelar las tarifas de los servicios públicos, impedir los despidos masivos o asegurar el pago de los subsidios legales de desempleo.

Lo mismo ha hecho con las medianas y pequeñas empresas y las microempresas, que generan 80% del empleo y van camino a la quiebra las que todavía no han cerrado. Primero les ofreció créditos inalcanzables o inconvenientes, intermediados por los bancos privados; y luego, después de mucho pensarlo, un subsidio condicionado por sólo 3 meses, por valor de escasos $350 mil por cada trabajador con sueldo básico (hasta $1 millón), así como 50% de la prima de mitad de año de estos empleados ($250 mil). Todo lo anterior, que suma el 0.6% del PIB, sujeto a varios requisitos legales que muchos microempresarios no pueden demostrar.

Remató esta parodia de ayuda al empresariado, autorizando a las empresas en general a diferir la prima semestral de los trabajadores en cuotas hasta noviembre. Un sablazo a los derechos laborales de estos últimos que se suma al respaldo dado por el ministro de Trabajo a las rebajas “concertadas” de salarios, y su indulgencia con los abusos en vacaciones, licencias no remuneradas y despidos por parte de los empleadores. La misma generosidad con lo ajeno que ya había mostrado el Gobierno con los arrendatarios, al bloquear por decreto el cobro de los arriendos hasta julio a costa de los ingresos de 3.2 millones de arrendadores.

La exhibición inverosímil de extrema austeridad en el gasto social les ha merecido al Gobierno y su ministro Carrasquilla un cerrado aplauso del establecimiento neoliberal representado en la Anif, vocera de los banqueros, los más favorecidos con el manejo económico oficial dado a la crisis. Sin embargo, muchas voces de exministros y analistas de distintas tendencias se han elevado para advertir los riesgos en las circunstancias actuales del peligroso juego neoliberal del Gobierno: minimizar los inevitables desequilibrios de las cuentas nacionales para asegurarle un clima favorable al capital financiero, mientras le niega al pueblo y a las empresas generadoras de empleo los recursos públicos necesarios para afrontar el vendaval de la parálisis y la contracción de la actividad económica. No parecen importarle al Gobierno las secuelas de mayor desempleo, pobreza y desigualdad, y mucho menos la creciente ola de contagios y muertes que el volcamiento desesperado a las calles de millones de colombianos ha empezado a provocar.

El objetivo inconfesable de esta estrategia dilatoria es negarse a corregir el regresivo sistema tributario del país, que este Gobierno se encargó de empeorar con su reforma tributaria aprobada en diciembre pasado bajo el eufemismo de Ley de Crecimiento. Hay que recordar que en ella ratificó el obsequio a los grandes capitales de $9.4 billones en exenciones de impuestos sin condición alguna de reciprocidad social. Generosidad con los más ricos que se quiso disfrazar con el señuelo de la devolución de IVA a los estratos pobres y con el engaño de los 3 días sin IVA que beneficiará mayormente a los comerciantes. Pero esa demagogia barata del gobierno de Duque y su partido, el Centro Democrático, no ha logrado engañar a todos y es claro que tales gabelas ridículas que hoy se entregan no sirven de nada para frenar la caída estrepitosa del empleo y los ingresos de la mayoría del pueblo. Esta caída arrastrará también no sólo a los pequeños sino a algunos grandes empresarios y comenzará a deteriorar aceleradamente la cartera de los bancos. No podría esperarse algo distinto del aumento de la pobreza y la depresión del consumo.

Por fuera del círculo del presidente y su séquito uribista, a muy pocos convencen los ahorros de la dogmática ortodoxia de Carrasquilla y la respuesta morosa de las finanzas públicas a la crisis. Sin olvidar las recomendaciones y llamados al activismo fiscal de reconocidos economistas (Lora, Botero, Caballero, Cárdenas, Clavijo, Ocampo, Kalmanovitz, Cabrera, González y muchos otros), sin duda la propuesta más concreta en ese sentido ha sido la elaborada por 54 senadores de la oposición. Se trata de instaurar una Renta Básica equivalente a un salario mínimo mensual durante 3 meses para los 9.5 millones de hogares cuyas cabezas están desempleadas (dos terceras partes debido a la crisis). Con ello se busca garantizar temporalmente las condiciones de vida de más de 30 millones de colombianos.

La fuente más lógica de estos recursos, que equivalen a 4% de PIB -2% más de lo que valen los inadecuados programas asistencialistas que serían sustituidos por la renta básica- es la reversión de los descuentos obsequiados a los grandes capitales en la última reforma tributaria. Esto se complementa con algo más de 1% del PIB por cuenta de la refinanciación parcial del servicio de la deuda pública, servicio al cual el país destina anualmente aproximadamente 6% del PIB. Suspender temporalmente este drenaje de recursos sería la alternativa óptima. Pero si se optara por un nuevo endeudamiento, éste lo puede respaldar el gobierno decretando un impuesto significativo sobre los grandes patrimonios, como se ha hecho en el pasado ante circunstancias menos graves.

Tras serle presentada la propuesta al ministro de Hacienda, éste la descartó en nombre del Gobierno con la respuesta de que la consideraba “interesante”, pero ¡habría que esperar a después de la pandemia! Un retrato de cuerpo entero de los tecnócratas neoliberales: Incapaces de construir una estructura social menos vulnerable a las crisis e ineficaces a la hora de afrontar las debilidades de su modelo de concentración del ingreso y exclusión social. Quienes reemplazaron la política de industrialización por el fomento del “emprendimiento”, que llenó a estos países de microempresas y empleo informal, ahora prefieren desentenderse de su rápido derrumbe ante la crisis y las consecuencias funestas sobre las condiciones de vida de la gente.

Habría sido raro que un gobierno de la más rancia estirpe neoliberal, como el de Duque, tuviera un ministro distinto a Carrasquilla, el economista favorito de Uribe. Es evidente que la estrategia gubernamental frente a la crisis es posponer y escatimar los gastos sociales que se requieren por parte del Estado. Hay que ver al ministro de Hacienda haciendo ante los medios el inventario de la descomunal pérdida de empleos como quien habla del mal clima o como si fuera un simple notario que no tiene ninguna injerencia en el resultado. Gracias a la política fiscal de este gobierno es posible que uno de estos días, tras la nube de eufemismos del presidente Duque, descubramos que estamos perfectamente organizados… y totalmente quebrados.


NOTA (1):

El carácter regresivo de los impuestos en Colombia tiene varios vectores determinantes. Uno de los primeros es que se ha venido aumentando la contribución a los ingresos fiscales de los impuestos indirectos como el IVA, ligado al consumo, en comparación con impuestos directos como el de Renta, que se asocia al nivel de ingresos del contribuyente, o sea, a su nivel económico medido por ingresos. Y dentro de los impuestos directos se ha aumentado la carga tributaria a las rentas de trabajo por encima de las rentas de capital. Además, la escala de las tasas de los impuestos directos, es decir su incremento cuando aumenta la base gravable, tampoco eleva los aportes tributarios de los acaudalados en la proporción que correspondería a sus mayores ingresos, es decir, es deficiente en su progresividad. Para completar, gracias a la eliminación de la llamada “doble tributación”, los impuestos a las ganancias recaen prioritariamente sobre las empresas (personas jurídicas) y no sobre sus propietarios (personas naturales). Esto facilita la evasión y elusión de sus impuestos mediante maniobras que van desde el uso legal de las más de 250 exenciones tributarias, hasta la sobrefacturación de costos o la doble contabilidad. Y tal vez lo más importante: en la práctica no existe un tributo especial para gravar la riqueza personal representada en activos, o sea, un impuesto real al patrimonio, ni una actualización catastral que permita gravar adecuadamente la propiedad rural inmensamente concentrada, aunque los estudios demuestran que las rentas de los super ricos proceden, antes que nada, de la posesión de activos financieros, tierras e inmuebles.


Referencias:
- “Acción pública de inconstitucionalidad contra la integralidad del Decreto 624 de 1989, por el cual se expide el Estatuto Tributario, y las normas que lo modifican”. Demanda del Estatuto Tributario ante la Corte Constitucional. Dejusticia, Bogotá, mayo 26 de 2020.
- “Congresistas proponen pagar renta mínima a 34 millones de personas”. El Tiempo, mayo 11 de 2020.
- Congreso de la República de Colombia. Senado de la República. “Pronunciamiento sobre renta básica de los 54 senadores proponentes”. Mayo 27 de 2020.
- Garay, Luis Jorge y Jorge Enrique Espitia (2019). Dinámica de las desigualdades en Colombia: en torno a la economía política en los ámbitos socioeconómico, tributario y territorial. Ediciones Desde Abajo, Bogotá.

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