Internacional

Sanciones más severas contra Venezuela solo agravarían la crisis y posiblemente alentarían más violencia

Por: Mark Weisbrot

El gobierno de Trump decidió ampliar las sanciones económicas existentes contra Venezuela la semana pasada, al agregar 13 venezolanos más a la lista de personas sancionadas. Las sanciones de este tipo siempre han sido de dudosa legitimidad y legalidad, por decirlo de forma suave. El marco legal de EE.UU. exige que la orden ejecutiva del Presidente declare la evidente falsedad de que existe "una emergencia nacional en cuanto a la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional" que Venezuela supone para los Estados Unidos. Además, las sanciones violan sin lugar a dudas la Carta de la Organización de los Estados Americanos (Capítulo 4, Artículo 19), al igual que otros tratados internacionales suscritos por EE.UU.

Sin embargo, el verdadero peligro reside en lo que está por venir, puesto que el gobierno de Trump ha amenazado con imponer sanciones mucho más severas a la economía venezolana, la cual ya se ve sumida en una profunda depresión y plagada por la escasez de alimentos y medicinas.

El viernes, un grupo de congresistas estadounidenses publicó una carta rechazando la nueva advertencia de sanciones. Comienza de esta forma:

"Nos dirigimos a usted en esta oportunidad para expresar nuestra profunda preocupación por la escalada de la crisis política, económica y social que vive Venezuela e instamos a que se trabaje junto con nuestros socios regionales para ayudar a evitar una guerra civil. Nuestra encarecida recomendación es que se apoyen las negociaciones mediadas por respetados actores internacionales, tales como el Papa Francisco, quien goza de una amplia credibilidad entre sectores del gobierno, la oposición y la sociedad civil de Venezuela. Además, le alentamos a que se abstenga de aplicar sanciones económicas unilaterales, medida que podría profundizar la crisis económica y política del país y socavar cualquier disposición al diálogo y a las negociaciones".

La agenda de política comercial de Trump: más liberalización

Por: Christoph Scherrer.

Hay buenas razones para creer que la estrategia de Trump incluye la amenaza de proteccionismo, pero apunta a ganar acceso a los mercados de otros países para las empresas estadounidenses de tecnología avanzada. Trump va a ampliar la liberalización de las actividades económicas transfronterizas.

El presidente Donald Trump ha sido descripto como un proteccionista. La inmediata cancelación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) luego de que asumiera la Presidencia, así como su apoyo a los ajustes fiscales en frontera propuestos por los dirigentes republicanos en el Congreso, parece confirmar sus inclinaciones en términos de política económica internacional. Sin embargo, de una lectura más profunda de los intereses económicos de Trump, de su agenda comercial según se dio a publicidad en el Informe Anual sobre el Programa de Acuerdos de Comercio de 2016 elaborado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) y de la historia de la negociación comercial estadounidense surge una conclusión diferente. Trump usará los amplios déficits comerciales para presionar a sus socios comerciales a abrir sus mercados. Las empresas que exportan con éxito al mercado norteamericano desde esos países sentirán temor por los anuncios proteccionistas y, en consecuencia, es probable que presionen a sus gobiernos para que cedan ante las demandas del gobierno de Trump.

En otras palabras, el gobierno de Trump va a ampliar la liberalización de las actividades económicas transfronterizas. Desde la perspectiva de la economía del desarrollo, esto se podría llamar proteccionismo porque se trata de proteger los intereses de las empresas estadounidenses más avanzadas, que operan sobre la base de los derechos de propiedad intelectual y el acceso a la información en gran escala.

En defensa de la Revolución Bolivariana: ¡El imperialismo no pasará!

Por: Frente Fronterizo por la Paz

Las recientes amenazas contra el pueblo venezolano, emitidas por el presidente de los EE.UU.; el comunicado hostil y desproporcionado del Departamento de Estado del 17 de julio; así como las obscenas e intervencionistas declaraciones del Director de la CIA -en las que revela que existe una agenda con México y Colombia para intervenir en los asuntos internos de Venezuela-, ponen en evidencia el signo geopolítico del conflicto y desenmascara las fuerzas transnacionales que pretenden destruir la revolución bolivariana.

El imperialismo norteamericano ha asumido de manera explícita la dirección de la agenda de violencia que se vislumbra en los próximos días, en el marco del proceso electoral de la Asamblea Nacional Constituyente. La extraordinaria movilización de las fuerzas bolivarianas ha provocado una reacción desmedida y llena de soberbia que ha develado un secreto a voces: el capital monopólico transnacional es un factor sustantivo en la agudización del conflicto venezolano.

El pueblo venezolano es víctima de una agresión imperialista sin precedentes, implementada a través de una guerra de amplio espectro[1], en la cual se combinan múltiples dimensiones y se implementan todas las formas de lucha de manera simultánea: hostilidades diplomáticas, presiones económico-financieras, asedio bélico y operaciones de desprestigio mediático; se yuxtaponen en tiempo y espacio, con una agenda de violencia y el desconocimiento del tejido institucional; que tienen como finalidad inducir una guerra civil en Venezuela, con lo cual se generarían las condiciones para una intervención transnacional.

Trump, la Hora 0 y el chavismo bravío

Por: Carlos Fazio.

Fuente Rebelion/Cubadebate 21/07/2017

El domingo 16 de julio dio inicio en Venezuela una nueva fase de la guerra no convencional de factura estadunidense, que la cúpula extremista y maximalista que se apoderó de la conducción de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) ha denominado la “Hora 0”.

En medio de una sostenida violencia de corte paramilitar y terrorista que supera los 100 días de duración, la puesta en escena de la “consulta ciudadana” se dio en el marco de anuncios catastrofistas como el del diputado neofascista Freddy Guevara, de Voluntad Popular, quien aseguró en un canal de televisión que luego del “plebiscito” en contra de las elecciones para constituir la Asamblea Nacional Constituyente, “vendrá algo que nunca hemos visto en nuestro país”.

Guevara habló de un “levantamiento total”, que a juzgar por los manuales de la Guerra No Convencional del Pentágono dirigida a provocar un “cambio de régimen”, augura escenarios tipo Libia, Ucrania o Siria. Es decir, estaríamos en el inicio del estallido de una guerra fratricida entre venezolanos, con intervención de potencias extranjeras, mercenarios y grupos paramilitares.

Reformas contra trabajadores/as en Brasil amenazan a toda América Latina

Brasil, principal economía de la región, es hoy el laboratorio de las más agresivas y reaccionarias reformas anti laborales en América Latina. Es éste el resultado de un abrupto giro político a la derecha que vivió el país recientemente y es nuestra obligación como Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, analizar lo que viene ocurriendo y elaborar respuestas que estén a la altura del desafío.

Hace poco más de un año que en Brasil, una amplia coalición de fuerzas políticas, empresariales y sociales reaccionarias, dieron un golpe de estado – por vía parlamentaria – que resultó en la substitución de la presidente progresista Dilma Rousseff por su vicepresidente Michel Temer, un político conservador.

La campaña que hicieron los medios contra Dilma estuvo enfocada em denunciar supuestas prácticas corruptas en su gobierno y en el anterior mandato de Lula. Ya en el proceso, en el Congreso se le acusó de violar reglas de la administración pública, por prácticas que tuvieron todos los gobiernos anteriores y que repite de forma descarada y sin ninguna crítica ni menos denuncia el gobierno ilegítimo que le sucedió. La campaña anticorrupción fue un pretexto. Nada ha sido probado contra Dilma y Lula sobre su supuesta corrupción. El golpe de estado fue para aplicar un programa social y económico que el pueblo brasileño rechazó en las cuatro elecciones anteriores (2002, 2006, 2010 y 2014) pero que el gobierno golpista, impulsado por una recomposición de fuerzas reaccionarias, con monopólico respaldo del conglomerado mediático, y con mayoría en el Congreso estaba dispuesto a imponer.

Primero, el Congreso aprobó una ley que permite generalizar la tercerización o subcontratación. Eso significa rebaja de salarios y debilitamiento de los sindicatos y de la contratación colectiva. La tercerización en todas las actividades favorecerá a todas las empresas, pero muy especialmente a las grandes corporaciones y empresas multinacionales.

¿Haití sin la ONU?

Por: Laura Moreno Segura

La Misión Internacional de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) ha permanecido 13 años en este país del Caribe (desde 2004), invocando el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, tras el segundo golpe de Estado contra el presidente Jean-Bertrand Aristide que, a su vez, se convirtió en el derrocamiento número 33 de la historia haitiana. Ha sido una misión altamente controversial, entre otras cosas, por ser la única de su naturaleza, desplegada en América Latina y el Caribe. Es calificada tanto como una ocupación que atenta contra la soberanía del país, como una apuesta y un apoyo de la comunidad internacional para estabilizar Haití(1)..Más allá de los argumentos esgrimidos por los defensores de una y otra posición, resulta evidente que esta fuerza de paz se lleva consigo un amplio historial de denuncias por uso excesivo de la fuerza, violaciones(2), hijos abandonados y una epidemia de cólera, introducida en el país en 2010 por soldados de la MINUSTAH(3), que se ha cobrado la vida de más de 9.000 haitianos(4).

El legado de la Misión se encuentra ensombrecido por tales circunstancias, así como por su larga permanencia en contraste con los pequeños progresos realizados en términos de fortalecimiento del Estado de derecho y del funcionamiento de la democracia. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), por su parte, señala que la MINUSTAH ha cumplido su misión tras haber garantizado la elección en las urnas de tres presidentes y la reducción de la violencia comunitaria. Si bien esto ha ocurrido, la inestabilidad política y la inseguridad se continúan alimentando de un Estado de derecho frágil que no ha podido poner fin a la impunidad, al tiempo que la transparencia y la confianza en el funcionamiento del sistema democrático haitiano continúan estando en entredicho.

Maten al tirano

Por Jonás Vergara *

Las redes sociales y los medios de comunicación de Colombia han hecho eco a la última columna de Abelardo De La Espriella en la que incita al asesinato del presidente venezolano Nicolás Maduro.

No es de extrañar que De La Espriella llame la atención en los medios. Sus declaraciones altisonantes, además de sus apariciones públicas en defensa de personajes cuestionables, funcionan como un medidor de rating para éstos que, al prestarse como altavoz para sus actuaciones, “legitiman” sus intenciones como figura pública: adalid del derecho y opinador de vanguardia.

Su última salida al escenario hace un llamamiento al tiranicidio, invocando argumentos históricos que darían razón a las ideas que esboza en la columna; para esto, llega hasta 1598 para dar legitimidad a sus pretensiones.

Al ser inquirido por las “razones filosóficas” de su columna, De La Espriella invoca la obra de la que extrae la idea polémica, es “De rege et regis institutione” o Sobre el rey y la institución real (1598), escrita por Juan de Mariana, cuya afirmación principal es justificar el asesinato del tirano si éste eleva los impuestos sin justificación, expropia los terrenos de los propietarios o impide la reunión del parlamento para el libre debate de las ideas.

De acuerdo a lo anterior, el tiranicidio fue la causa por la que los asesinatos de monarcas como Enrique III y Enrique IV en Francia eran justificados, dadas las acciones que emprendieron en contra de los intereses del soberano.

¿Guerra civil en Venezuela?

Por: Ana Esther Ceceña

Las guerras del Siglo XXI tienen la particularidad de parecerse a las movilizaciones por derechos ciudadanos. La larga experiencia del Pentágono en intervenciones y políticas de disciplinamiento en todos los continentes y en todo tipo de situaciones, ha llevado a concebir las guerras de maneras muy distintas a las empleadas, con mayor o menor éxito, en épocas pasadas (tan cercanas como las del último Siglo XX). Las catástrofes climáticas o humanitarias son hoy uno de los denominados riesgos o amenazas a la seguridad que permiten la movilización de tropas y su intervención en territorios extranacionales, tal como ocurrió en Haití con el terremoto de 2010 y donde el Comando Sur de Estados Unidos que había ocupado la plaza, cuando decidió retirarse, dejó instalada la Misión de Naciones Unidas (MINUSTAH). La intervención humanitaria produjo una ocupación militar que después de siete años deja un lamentable saldo de violaciones de derechos humanos y conculcación del derecho a la autodeterminación del pueblo haitiano.

Pero quizá lo más novedoso de las intervenciones de este siglo es su carácter reptante. Avanzan a ras del suelo de manera silenciosa, colándose entre la gente, comiéndose los tejidos comunitarios y sembrando miedo, confusión e incertidumbre. El estallido viene después. Primero se carcomen las bases de los vínculos sociales, los que hacen a “la gente” ser “pueblo” con un sentido sujético explícito, así como las bases del entendimiento colectivo o sentido común, a través de un cuidadoso trabajo de socavamiento simbólico, bombardeado desde los medios masivos de transmisión de datos e imágenes.

Guerra económica contra Venezuela

Por: Germán Sánchez Otero

¿Qué objetivos, cuáles efectos?

Desde mediados de 2012 Venezuela comenzó a ser víctima de una guerra económica integral y creciente, cuyo fin es derrocar al gobierno bolivariano, lograr el control de ese estratégico país y destruir el modelo alternativo al capitalismo que implementa la Revolución Bolivariana.
Se trata de una guerra no convencional, que ha logrado en los últimos cuatro años dislocar la economía y generar poderosos impactos humanos. Estos afectan a casi todas las familias en niveles muy severos, sin precedentes en Venezuela y pocas veces acaecidos en el mundo.
Guerra sin balas, es también inhumana y perversa. Desaparece medicamentos e insumos médicos; saca de los anaqueles alimentos básicos y productos de higiene esenciales, desviándolos al mercado ilegal; genera inmensas y continuas colas; provoca hiperinflación y degrada a extremos irritantes la capacidad adquisitiva del bolívar y por ende de los salarios y otros ingresos del pueblo humilde.

Antecedente: Golpe petrolero de 2002

Durante el paro empresarial y el sabotaje petrolero de fines de 2002 y principios de 2003, el gobierno de Estados Unidos intentó derrocar a Chávez por la fuerza, luego de fracasar del mismo modo ocho meses antes. Orquestó el nuevo plan golpista basándose en una parálisis de la economía, respaldada por las transnacionales, los grandes empresarios venezolanos, y buena parte de la gerencia de la empresa petrolera estatal. Y otra vez participaron a tiempo completo casi todos los medios de comunicación privados, los partidos y entes civiles contrarrevolucionarios, y los militares golpistas –ahora fuera de la institución– derrotados en abril de 2002.

La embestida duró dos meses y provocó que el PIB se contrajera 18 %, entre los años 2002–2003. Hubo amplia escasez de productos básicos, incluso de gasolina, la inflación se duplicó, al igual que el desempleo y en general aumentó la pobreza. También creció la fuga de capitales y el índice de riesgo país se disparó, con grave incidencia para la obtención de préstamos.

El llamado “golpe petrolero” devino prueba medular para la Revolución Bolivariana, que logró la victoria sustentada en una sólida alianza del pueblo civil y los militares, bajo el liderazgo de Chávez.

Referendo contra Chávez de 2004

Páginas