Hemos leído

¿Qué clase de democracia es México?

Por: Mark Weisbrot
Últimas Noticias, 7 de enero, 2018

Mucha gente creía que México inició su transición a la democracia en el 2000, cuando el PRI (Partido Revolucionario Institucional) perdió el poder por primera vez después de 70 años de gobierno unipartidista. Pero esto ha resultado ser un mito, como se ha documentado en otras ocasiones. La transición jamás tuvo lugar, y México se ha convertido en un narcoestado cada vez más violento y todavía profundamente corrupto. Las fallidas reformas económicas que el PRI inició a principios de los años 80 se consolidaron con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, también conocido por sus siglas en inglés: NAFTA), y México se acercó económica y políticamente a los EEUU. Después el PRI volvió al poder en 2012 con la elección de Enrique Peña Nieto.

Empecemos por la economía: no tuvo que ser así. En el periodo 1960-1980, bajo el viejo PRI, la renta del mexicano medio casi se duplicó. Si la economía hubiera seguido creciendo a ese ritmo, los mexicanos tendrían hoy un nivel de vida europeo. Sólo podemos especular sobre si México se hubiera vuelto más democrático al desarrollarse –así sucede en la mayoría de los países, aunque con ritmos variables.

Los años 80 fueron una “década perdida”, con un crecimiento negativo de la renta per cápita, mientras México –bajo la presión de acreedores extranjeros, incluidos Washington y el FMI— transformaba su economía, liberalizaba el comercio internacional y los flujos de capital, privatizaba las empresas estatales, y abandonaba las políticas industriales y de desarrollo. El TLCAN consolidó los cambios más perjudiciales en forma de tratado internacional, en parte para hacerlos permanentes.

La democracia brasileña al borde del abismo

Por: Mark Weisbrot.

El Estado de derecho y la independencia del poder judicial son logros frágiles en muchos países; ambos son susceptibles a reveses abruptos. Brasil, el último país del mundo occidental en abolir la esclavitud, es una democracia bastante joven, pues salió de una dictadura apenas hace tres décadas. En los dos últimos años, lo que pudo haber sido un avance histórico —el gobierno del Partido de los Trabajadores le otorgó autonomía al poder judicial para investigar y procesar la corrupción en el gobierno— se ha convertido en lo contrario. En consecuencia, la democracia de Brasil ahora es más débil que en cualquier otro momento desde el fin del gobierno militar.

Esta semana, esa democracia podría erosionarse aún más cuando los tres jueces de la corte de apelaciones decidan si se le prohíbe al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva del Partido de los Trabajadores —la figura política más popular del país— competir en las elecciones presidenciales de 2018 o incluso si lo mandan a prisión.

No parece que la corte vaya a ser imparcial. El juez que preside el pánel de apelación alabó la sentenciaen contra de Lula da Silva por corrupción y la calificó de “técnicamente irreprochable”. La jefa de personal del juez publicó en su página de Facebook una petición para que se encarcele al expresidente.

La decadencia Norteamericana.

Por: Mauricio Botero Montoya

A fines del siglo anterior un diplomático inglés le decía a un joven historiador estadounidense que él había alcanzado a ver el fin del predominio del Reino Unido y el auge de Estados Unidos, y le advirtió que a este le correspondería ver el auge chino y el descenso norteamericano. Por lo pronto los síntomas son claros, una deuda exterior creciente debido a sus guerras en oriente. Un caudaloso desprestigio por las barbaridades cometidas en ellas. Una concentración de la riqueza en pocas manos que eroda a la clase media. Y sobre todo la perdida en las últimas tres décadas del liderazgo mundial. No se trata solo de Mr. Trump que es ya la caricatura extrema del fenómeno. Desde la guerra de Vietnam en la cual no solo salen vencidos sino algo peor, desacreditados. Hasta las guerras en Afganistán, Irak, y Libia, país este último que sufrió un ataque informático para justificar la remoción del gobierno, de cuyo gobernante decía con sorna cesariana Mrs. Clinton “llegué, vi, y se murió”. Aseguró ella que lo que vendría seria democrático y próspero, hoy allí un hombre vale 400 dólares vendido como esclavo. Sí. La guerra de liberación a punta de bombas “inteligentes” retrotrajo el país a la esclavitud abierta en mercado público. En Irak derrocaron al gobierno acusándolo falsamente ante la ONU de poseer armas prohibidas. Lo derrocaron, le hicieron una semblanza de juicio y ejecutaron. A los agresores ¿quién los juzgo? Mataron a cien mil civiles inocentes, pero al que dio la orden del bombardeo no lo juzgaron en el senado, senado que estuvo a punto de derrocar a su predecesor por un engaño marital… La doble moral es tan palmaria que uno de sus mayores pensadores, Chomsky, titula un capítulo de su obra calificando a Estados Unidos como la mayor maquinaria del terrorismo mundial.

LA PRODUCTIVIDAD Y EL SALARIO MÍNIMO

Por: Diego Otero Prada

Cada fin de año se discute en Colombia el porcentaje de incremento del salario mínimo que según la ley debe ser igual a la suma del índice de inflación IPC más el valor de la productividad del trabajo.

La medición de la productividad según el gobierno

La discusión se centra en la medición de la productividad de trabajo. Para el gobierno este cálculo lo realiza el Departamento Nacional de Planeación DNP bajo la metodología de la Productividad Total de los Factores PTF, metodología que parte de una función de producción tipo Cobb Douglas y una serie de supuestos irrealistas. Esta metodología está desechada por argumentos teóricos y empíricos, por lo que sorprende que todavía se utilice en Colombia.

En primer lugar, la controversia sobre el capital de los años sesenta y setenta demostró que no existe una función de producción. A pesar de esto, todavía muchos economistas neoclásicos siguen utilizando funciones de producción para sus análisis. En segundo lugar, los estudios críticos han mostrado el sesgo que se produce hacia abajo o arriba, pero más hacia abajo cuando se utiliza una función de producción tipo Cobb-Douglas para calcular la productividad.

De los PanamáPapers a los ParaísosPapers: Las caras del fraude fiscal corporativo en la región

Por: Jorge Coronado

ALAI AMLATINA, 14/12/2017.- Cuando en abril del 2016 fue publicada la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) sobre el bufete panameño Mossack Fonseca, quedó en evidencia algo que estuvo casi cuatro décadas: cómo operan los servicios offshore para las grandes empresas transnacionales y grandes fortunas, cómo gestionan, hacen registros, conducen y operan una entidad en un país extranjero a fin de obtener beneficios financieros, legales y fiscales.

Con los Panama Papers se reveló el entramado del opaco mundo offshore usado para evadir el pago de impuestos, esconder fortunas, entre otros actos ilícitos más, al cual el bufete panameño había contribuido con la apertura de 214.000 sociedades offshore para empresas transnacionales y personas físicas provenientes de países de todos los continentes. Casi todas las multinacionales que están en el ranking Fortune 500 y los 40 principales bancos del mundo, son parte fundamental de la cartera de clientes del bufete.

¿Y cómo se sustenta este entramado? Usando la figura de sociedades offshore que, bajo el amparo del secreto bancario, logran esconder quién o quiénes son los verdaderos dueños. Estas sociedades se crean en jurisdicciones opacas, mejor conocidas como Paraísos o Guaridas Fiscales, donde no se pagan impuestos o se pagan en muy poco porcentaje.

Se mueven a nivel global, en ese mundo oculto, entre 500 y 600 mil millones de dólares por actividades vinculadas al comercio internacional y cerca de 200 mil millones de dólares en activos financieros que provienen de la riqueza privada personal. Los Panama Papers empezaron a evidenciar que el proceso consiste en crear, supuestamente, en forma legal miles y miles de sociedades offshore, en jurisdicciones o países que no son los países de origen de los dueños de dichas sociedades.

Las FARC ahora son un partido político. Acostumbrarse a él

Los colombianos deberían aceptar que sus líderes ya no son terroristas

Una tormenta que llenó las calles de Bogotá con hielo el 1 de noviembre fue el segundo evento anormal del día en la capital de Colombia. La primera tuvo lugar en la sala de conferencias de un hotel, donde las FARC, un ejército guerrillero convertido en partido político, anunciaron sus candidatos a las elecciones presidenciales y legislativas que se celebrarán en 2018. Ante una pantalla con el nuevo logotipo pacífico de las FARC: una rosa con estrella roja en su centro: sus líderes hicieron todo lo posible para parecerse a los políticos normales. Imelda Daza, la candidata a la vicepresidencia, prometió un "modelo más inclusivo" de gobierno que superaría la pobreza, el hambre y las barreras a la educación.

La mayoría de los colombianos conocen a las FARC como un ejército sin ley cuya guerra de 52 años contra el Estado estuvo en el centro de un conflicto que causó más de 200,000 muertes y desplazó a 7 millones de personas. La fiesta no está tratando de ocultar sus orígenes. Su nuevo nombre, la Fuerza Revolucionaria Alternativa Popular, usa el antiguo acrónimo sangriento. Su candidato presidencial, Rodrigo Londoño, también conocido como Timochenko, ha dirigido a las FARC desde 2011. Aunque se ha convertido en un pacificador, los Estados Unidos lo buscan por tráfico de cocaína, secuestro y asesinato. Las FARC permanecen en la lista de terroristas del Departamento de Estado bajo su antiguo nombre.

Venezuela: ¿después del 15O, que puede suceder?

Por: Juan Eduardo Romero

Los resultados de las elecciones regionales en Venezuela, celebradas este 15O arrojan un conjunto de enseñanzas, tanto para el Gobierno como a la oposición. Para el Gobierno, muestra la posibilidad de seguir navegando en el efecto portaviones de la convocatoria de la ANC y el impacto psicológico y anímico, tanto sobre sus seguidores como sus opositores. El resultado en unas condiciones que siguen siendo de apremio económico y alimenticio, de asfixia financiera internacional, muestra las fortalezas organizativas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) como maquinaria electoral. Es decir, estamos hablando de una estructura cuya organización tiene gran capacidad de movilizarse cuando las condiciones anímicas lo favorecen.

Los resultados de las elecciones del 30-J, cuando el PSUV obtuvo un total de 8.089.320 votos, que representó una recuperación en relación a su votación del 6-D de 2015, cuando sólo obtuvo 5.599.025 votos, significa que la maquinaria no está totalmente derruida, a pesar del efecto desencanto que se deriva de las condiciones de agobio económico y los propios errores de una burocracia ineficiente, permeada por prácticas esencialmente criticables desde el punto de vista ético. Que el PSUV haya ganado 17 de un total de 23 Estados, luego de pasar el acoso de la acción colectiva violenta entre abril y julio de 2017, es un verdadero milagro político, que revela que el soporte afectivo construido por el liderazgo de Chávez sobrevive, a pesar de los propios errores del PSUV y la inclemente campaña de desprestigio y desaliento desarrollada en el lapso 2013-2017, y cuyo efectos más claros fueron los resultados de las elecciones legislativas del 2015.

Lo público en la educación superior colombiana

Por: Leopoldo Múnera Ruiz.
Profesor asociado, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales - Universidad Nacional de Colombia.

Dejar a la deriva a las instituciones estatales, no ofrecerles las condiciones financieras e institucionales necesarias para que sean de alta calidad, o destinar recursos públicos escasos para financiar las altas matrículas de las universidades privadas, como sucede en la actualidad, contradice la finalidad social del Estado establecida en la Constitución.

El programa “Ser Pilo Paga”, implementado en 2015, ha reanimado en el país el debate sobre lo público en la educación superior. Incluso Pablo Navas, rector de la Universidad de los Andes, sostuvo en un artículo de opinión publicado en El Espectador en enero del presente año, que la institución dirigida por él era la “universidad más pública del país”.

Los criterios utilizados para emitir tal juicio fueron heterogéneos, retóricos, y en algunos casos autocontradictorios: la meritocracia como única condición de ingreso a la universidad con la matrícula más costosa del país; la posición en los rankings internacionales, la cual, si acaso, permitiría hablar de la calidad, pero no de la naturaleza pública de una institución; la participación de profesores y estudiantes en sus instancias de gobierno, sin ponderar el peso de estas; o la reinversión del 100 % de sus ganancias en sus propias actividades, lo cual es característico de las corporaciones privadas de utilidad común y sin ánimo de lucro, como lo exige la Ley 30 de 1992.