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Manifestantes anti austeridad en Ecuador ganan algunas concesiones, pero es poco probable que eviten más disturbios o represión.

Por: Mark Weisbrot

El lunes, el gobierno de Ecuador llegó a un acuerdo con los líderes de las protestas que han sacudido el país durante las últimas dos semanas. El acuerdo, que incluyó a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), es un repliegue para el gobierno del presidente Lenín Moreno y una victoria para los manifestantes.

Las multitudes jubilosas salieron a las calles, cantando en celebración. Pero el acuerdo no resuelve los problemas subyacentes. Es poco probable que Moreno termine el año y medio restante de su mandato presidencial sin que se repitan los graves disturbios.

Las protestas comenzaron después de que el gobierno pusiera fin a los subsidios al combustible y comenzaron con una huelga de transporte que bloqueó las carreteras. Siguieron grandes manifestaciones estudiantiles y protestas vecinales, y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad fueron comunes. Decenas de miles, y posiblemente cientos de miles, de personas participaron.

Fueron masivamente disruptivas, y la respuesta del gobierno fue feroz. Las fuerzas de seguridad mataron al menos a siete personas, arrestaron a unas 1.000 e hirieron a un número similar. Moreno había declarado un "estado de excepción", un toque de queda que comenzaba a las 8 p.m., y aún así tuvo que huir de la capital, trasladándola temporalmente de Quito a la ciudad portuaria de Guayaquil.

Amnistía Internacional ha exigido "el cese inmediato de la dura represión de las manifestaciones, incluidas las detenciones masivas, y la investigación rápida, independiente e imparcial de todas las denuncias de detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, tortura y otros malos tratos". El nivel de represión policial conmocionó a muchos en un país donde las fuerzas de seguridad no son conocidas, tanto como en otras partes de la región, por el uso excesivo de la fuerza.

Las reformas del FMI pueden empeorar la situación: el caso de Ecuador

Por: Mark Weisbrot

Cuando las personas piensan en el daño que países de altos ingresos, típicamente liderados por EEUU y sus aliados, causan a la población del resto del mundo, generalmente piensan en la guerra. Cientos de miles de iraquíes perdieron la vida como resultado de la invasión de 2003, y muchos más murieron luego, a medida que la situación en la región fue recrudeciendo.

Pero los países ricos también tienen un importante poder sobre la vida de miles de millones de personas a través del control que poseen sobre las instituciones de gobernanza global. Una de ellas es el Fondo Monetario Internacional. Tiene 189 países miembros; sin embargo, Estados Unidos y los países ricos aliados, tienen una mayoría sólida de votos. El jefe del FMI es, por costumbre, de nacionalidad europea; y Estados Unidos por sí mismo tiene suficientes votos como para vetar muchas decisiones de gran envergadura, aunque los países ricos casi nunca votan unos contra otros.

Echemos un vistazo a un préstamo reciente del FMI para ver cómo opera el problema. En marzo, Ecuador firmó un acuerdo por el que pidió prestado $4.2 mil millones al FMI por un periodo de tres años, siempre y cuando el Gobierno se adhiriese a un programa económico determinado por el acuerdo. En palabras de Christine Lagarde ―la directora gerente del FMI en ese momento― este fue “un programa integral de reformas destinado a modernizar la economía y allanar el camino para un crecimiento fuerte, sostenido y equitativo”.

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