El plebiscito del 2 de octubre: lo que está en juego.

Por: Consuelo Ahumada*

El próximo domingo 2 de octubre se realizarán las elecciones más importantes de la historia del país en muchas décadas, con las que se buscará refrendar el acuerdo suscrito entre el Gobierno y las FARC en Cartagena el pasado 26 de septiembre. Tanto este evento como el mismo proceso de paz que le puso fin a este conflicto armado de más de medio siglo, se dio en medio de unas condiciones bastante singulares:un contexto nacional marcado por una fuerte polarización política y el respaldo contundente de los países de América Latina y del mundo entero.

No se trata solamente de un pretendido ejercicio democrático en el que se decidirá entre dos opciones, representadas por el SÍ y el NO. El plebiscito será un nuevo pulso entre dos sectores de la élite dominante, que han compartido un modelo económico excluyente, pero que desde hace más de un lustro se han enfrentado cada vez más por la solución que se le debe dar al conflicto armado en el país.Mientras el expresidente Álvaro Uribe insiste en la salida militar para derrotar a la guerrilla, el presidente Santos impulsó y desarrolló exitosamente el proceso de paz con la guerrilla más antigua del continente.

El triunfo contundente del SÍ en el plebiscito es fundamental, por las siguientes razones:

1. Los costos humanos de la guerra.

De acuerdo con datos de fuentes oficiales y de diversas organizaciones, el conflicto armado ha dejado 220.000 muertos, 28.000 desaparecidos, casi 25,000 secuestros, 7 millones de desplazados, la mayor parte de ellos mujeres y niños, que fueron despojados de sus tierras, intimidados, objeto de violencia sexual y de todo tipo. El informe del Centro de memoria histórica, ¡Basta ya!, Memorias de Guerra y dignidad, publicado en el julio 2013, se refiere con cifras precisas a la responsabilidad de la guerrilla, los paramilitares y el Estado en este respecto.

Sin duda, este es uno de los puntos centrales de un conflicto armado tan prolongado y sangriento. De acuerdo con diversas sentencias de la Corte Constitucional, su impacto ha sido desmedido sobre las comunidades afrocolombianas e indígenas, así como sobre las mujeres del campo.

El punto cinco del acuerdo recién firmado entre el Gobierno Nacional se refiere a las víctimas, y plantea, entre otras medidas, el desarrollo de un Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que se ajusta a los estándares fijados por el Derecho Internacional Humanitario.

Igualmente, se contempla el establecimiento de una Unidad de búsqueda de personas desaparecidas, así como de una Jurisdicción especial para la paz, y un conjunto de medidas de reparación integral.

En ese mismo sentido, el primer punto del acuerdo, sobre Reforma Rural Integral (RRI), plantea como medidas concretas la creación de un Fondo de tierras, el desarrollo de un sistema moderno de catastro y una jurisdicción agraria que contribuyan a esclarecer y formalizar la propiedad de la tierra, así como importantes recursos de inversión en infraestructura, salud y educación para las regiones más afectadas para el conflicto. Si bien no se trata de la reforma estructural tan apremianteque modifique sustancialmente la tenencia de la tierra en el país, sí representa un avance en lo que respecta al desarrollo rural, que deberá consolidarse con medidas posteriores.

2. Los costos económicos del conflicto armado.

Según datos procedentes de distintas fuentes, estos han sido enormes y han oscilado anualmente alrededor de $30 billones; el presupuesto de Defensa (Ejército y Policía) representa el 3,4% del PIB. En 2016 el presupuesto de defensa aumentó 8,3% respecto al año anterior.Según cálculos que presenta el economista Diego Otero en su libro Gastos de la guerra en Colombia, durante los últimos 52 años, los gastos de la guerra han sido equivalentes a 179.000 millonesde dólares, teniendo solo en cuenta el gasto público en defensa, seguridad y justicia.

3. Los costos políticos de la guerra.

Estos costos se expresan en la reducción de las garantías democráticas y la criminalización de la protesta social, como consecuencia del conflicto armado. Señala Marcelo Torres al referirse al acuerdo con las FARC que “se trata de superar el mayor obstáculo de la democratización colombiana: la utilización de la violencia como un instrumento permanente de la lucha política para dirimir conflictos y asegurar el predominio político y territorial” (“Ventajas del fin del conflicto armado”, septiembre 20, 2016, artículo no publicado).

Otro efecto grave del prolongado conflicto armado en lo político ha sido la derechización del país, en particular las clases medias, hastiadas de prácticas como el secuestro y los atentados terroristas. Ello ha impedido que Colombia en términos generales, participe del proceso que han vivido otros países de la región, en el marco de los llamados Vientos del sur, que han intentado salidas progresistas, para contener el modelo neoliberal vigente.

El punto dos del acuerdo, quizás el que ha desatado mayor polémica, es el de participación política. Está orientado a darle unas garantías mínimas a las FARC para adelantar su tránsito de grupo armado a organización política. Contempla el desarrollo de un Estatuto de la oposición, la creación de 13 circunscripciones especiales de paz transitorias en algunas de las regiones más violentas, y el establecimiento de un mecanismo integral de seguridad.

Por último, el triunfo del SÍ en el plebiscito representará un avance sustancial en dos aspectos centrales en cuanto a las perspectivas del desarrollo económico y social del país:

El primero es la derrota del ex presidente y hoy senador, Álvaro Uribe Vélez, y las fuerzas oscuras que representa, ligadas al paramilitarismo y el poder del narcotráfico. Durante los dos gobiernos de la llamada Seguridad Democrática (2002-2010), estas fuerzas oscuras obtuvieron importantes cargos en el Estado, a nivel nacional y regional. Su firme oposición a los acuerdos de paz tiene que ver con su interés de preservar los intereses de estos sectores, aparte del miedo a que se conozca la verdad sobre sus crímenes.

El segundo es el fracaso histórico de la lucha armada, en condiciones de aislamiento de la población y por fuera de los cauces democráticos, para transformar las condiciones sociales del país y construir una sociedad más justa.

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*Ph.D. en Ciencia Política, New York University. Profesora e investigadora independiente cahumadabg@gmail.com