Por: Consuelo Ahumada*

Las difíciles condiciones políticas, económicas y sociales por las que ha transitado Colombia durante las últimas décadas tienen su origen en la confluencia de dos factores fundamentales estrechamente interrelacionados. Ambos son atribuibles tanto a la responsabilidad histórica de la clase dirigente del país como a los designios de quienes han detentado el poder en el orden mundial. El primero de ellos es la persistencia, intensificación y degradación de un conflicto armado que se ha prolongado por más de medio siglo. El segundo factor es el abandono histórico o la presencia precaria del Estado en importantes regiones del país y su fracaso en la construcción de un modelo de desarrollo que integre estas regiones y les procure a sus habitantes unas condiciones dignas de vida.

Esta situación se agravó a partir de los años noventa por la imposición de unas políticas económicas, en consonancia con la llamada globalización neoliberal, que fueron acogidas sin reserva y con entusiasmo por las élites de todos los países latinoamericanos, incluida Colombia: reducción del papel económico y social del Estado y desdén por el mercado interno, favorecimiento a los inversionistas extranjeros y al gran capital nacional y acatamiento de políticas de ajuste fiscal y restricción del gasto público. Al cabo del tiempo, dichas medidas han propiciado una mayor concentración de la riqueza, el deterioro del empleo y la exclusión social, no solo en la región sino en el mundo entero.

La directora de NG, Consuelo Ahumada, Ph.D., realizó, por encargo de la ONG Friedrich-Ebert-Stiftung, un profundo análisis sobre la propuesta de reforma tributaria hecha por la comisión nombrada por el presidente Santos. Ofrecemos a nuestros lectores el texto completo del estudio de la doctora Ahumada.

Por: Consuelo Ahumada.

La política fiscal integral es el mecanismo fundamental con que cuentan los estados para alcanzar los objetivos del desarrollo.

Sin embargo, si la reforma tributaria, como parte de esa política fiscal, parte del afianzamiento del modelo económico predominante, se presenta más bien como un mecanismo para recaudar los ingresos fiscales que requiere el estado para seguir cumpliendo con la función que se le ha asignado durante las últimas décadas en el orden económico vigente.

Por: Consuelo Ahumada*

El próximo domingo 2 de octubre se realizarán las elecciones más importantes de la historia del país en muchas décadas, con las que se buscará refrendar el acuerdo suscrito entre el Gobierno y las FARC en Cartagena el pasado 26 de septiembre. Tanto este evento como el mismo proceso de paz que le puso fin a este conflicto armado de más de medio siglo, se dio en medio de unas condiciones bastante singulares:un contexto nacional marcado por una fuerte polarización política y el respaldo contundente de los países de América Latina y del mundo entero.

No se trata solamente de un pretendido ejercicio democrático en el que se decidirá entre dos opciones, representadas por el SÍ y el NO. El plebiscito será un nuevo pulso entre dos sectores de la élite dominante, que han compartido un modelo económico excluyente, pero que desde hace más de un lustro se han enfrentado cada vez más por la solución que se le debe dar al conflicto armado en el país.Mientras el expresidente Álvaro Uribe insiste en la salida militar para derrotar a la guerrilla, el presidente Santos impulsó y desarrolló exitosamente el proceso de paz con la guerrilla más antigua del continente.

El triunfo contundente del SÍ en el plebiscito es fundamental, por las siguientes razones:

1. Los costos humanos de la guerra.

Por: Consuelo Ahumada.

Tras una negociación adelantada con mucho sigilo durante 18 meses, el 30 de septiembre de 2013 los gobiernos de Colombia e Israel firmaron un tratado bilateral de comercio en la ciudad de Jerusalén. Fue presentado como el único acuerdo de última generación que, además del intercambio de bienes y servicios, incluye asuntos de inversión, compras públicas y cooperación. El TLC debe ser ratificado por los parlamentos de los dos países y, en el caso de Colombia, la Corte Constitucional debe pronunciarse sobre su legalidad.

El acuerdo, que pasó casi inadvertido entre los múltiples que ha suscrito Colombia en años recientes con países desarrollados, se encuentra actualmente para su discusión en la Comisión segunda del Senado. Hay gran interés y mucha presión de ambas partes para que este sea ratificado cuanto antes, tal como lo puso en evidencia recientemente el nuevo embajador de Israel en Colombia.

Presentación

Nueva Gaceta virtual

En el año 2000, despuntando el nuevo milenio, un grupo de intelectuales y líderes políticos identificados en la necesidad de construir un país soberano y democrático y preocupado por la suerte de la población que sufre a diario las carencias y riesgos del atraso, puso en marcha una idea editorial que se tradujo en la constitución de un centro de estudios y de una revista, Nueva Gaceta.