Colombia frente a la ONU: entre la transgresión y el ridículo

Por: Consuelo Ahumada

Si hubiera que describir en pocas palabras la proyección internacional de la política de Iván Duque en año y medio de su mandato, habría que destacar dos rasgos. El primero, su disputa permanente, cuando no franco enfrentamiento, con las Naciones Unidas y sus agencias en Colombia, en especial en cuanto a los derechos humanos y la implementación del Acuerdo Final con las antiguas FARC. El segundo, el esmero con el que el Presidente acoge las imposiciones de Trump y le reitera una y otra vez, mediante acciones y palabras, su disposición a convertirse en su aliado principal en una región tan convulsionada como América Latina.

Ambas apreciaciones guardan estrecha conexión con los valores que imperan en el orden global en los tiempos que corren y que atentan contra la consolidación de la paz, aquí o en cualquier rincón del mundo. Se expresan en mayor exclusión económica y social, xenofobia y racismo, prevalencia de las armas de la muerte sobre el diálogo y la negociación, negación del cambio climático, entre otras tendencias nefastas.

Tres años después de su firma, la implementación del Acuerdo atraviesa por serias dificultades. Es ostensible el incumplimiento de los puntos fundamentales del mismo, por parte del Gobierno Nacional. Un asunto crucial es la protección de la vida de los excombatientes, que vienen siendo amenazados y asesinados, junto con cientos de líderes sociales. Frente a ello, la respuesta de las autoridades ha estado marcada por indolencia, abandono, displicencia, irrespeto. En varios de estos casos ha habido franca complicidad de agentes del Estado. Altos funcionarios del gobierno insisten en minimizar y banalizar la situación, muchas veces con comentarios desafortunados, y en responsabilizar al narcotráfico y a los grupos de la disidencia, de manera abstracta. Mientras tanto, hay indicios claros del retorno a algunas de las prácticas más temibles de la llamada seguridad democrática.

En un marco de tensión permanente, se vienen incrementando los desencuentros con distintas instancias del sistema de las Naciones Unidas. Recordemos que el Consejo de Seguridad se comprometió a fondo con la firma e implementación del Acuerdo y respaldó la Misión de verificación. El anterior canciller de Duque viajó en más de una ocasión a encontrarse con el Secretario General y con el mismo Consejo, en reuniones formales e informales, con la difícil misión de tratar de convencerlos del compromiso del gobierno y al mismo tiempo de evadir su responsabilidad por el incumplimiento.

A la reciente descalificación que hicieron el Presidente y sus ministros del informe presentado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, señalándolo como violatorio de la soberanía nacional, hay que sumarle el episodio que se presentó con el relator especial para Colombia de esa oficina, Michel Forst, quien sustentó su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo en Ginebra el pasado 4 de marzo. Este fue respaldado por la mayoría de los países y por numerosas organizaciones sociales, que instaron al gobierno a cumplir de inmediato con las recomendaciones.

Pero el malestar venía desde meses atrás. El gobierno de Duque le negó a este funcionario el año pasado la invitación para regresar al país a concluir su investigación, debido al disgusto que le provocó su primer informe del 2018. En el informe presentado finalmente, se afirma que Colombia es el país con mayor índice de asesinatos de defensores de derechos humanos en América Latina, se destacan los altos índices de impunidad que prevalecen e insiste en que la situación en varias regiones es crítica. Igualmente, se pone de presente la criminalización de defensores de derechos humanos y se menciona el posible papel que podrían estar jugando en esta práctica grandes empresas que ejecutan megaproyectos energéticos y se mencionan algunos ejemplos concretos. Por supuesto que también se refiere al accionar de los llamados grupos ilegales.

La contradicción con las Naciones Unidas también se ha dado en otros campos. Hace pocas semanas el gobierno canceló el convenio con la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, UNODC, que brindaba asistencia técnica al Plan Nacional Integral de Sustitución, PNIS. Este programa es central en el cumplimiento del punto 4 del Acuerdo sobre solución al problema de las drogas ilícitas y el impulso a los cultivos alternativos.

Con esta decisión, se generan las condiciones para retornar a la fumigación aérea con glifosato, una medida que, contra toda lógica, ya tomó el Gobierno Nacional por solicitud de Estados Unidos. Esto sucede a pesar de que la OMS y otras entidades se han referido al carácter cancerígeno de este producto y de la existencia de numerosas demandas en curso en contra de la empresa productora. Es entonces una política que atenta contra la salud pública y la preservación del medio ambiente. No solo es un nuevo golpe al Acuerdo sino también un retorno a la fracasada política antinarcóticos de Estados Unidos en la región.

Sin embargo, el ataque del gobierno de Trump al Acuerdo ha venido también por otros flancos. Hace un año su embajador intentó ayudar a desmontar la Ley Estatutaria de la JEP, amenazando y sancionando a magistrados y congresistas que la apoyaron; han sido constantes sus presiones para que los excombatientes sean extraditados a Estados Unidos.

Para completar este oscuro panorama, desde el año pasado Colombia se convirtió en punta de lanza de su ataque al gobierno de Venezuela, lo que pone en peligro la estabilidad y la paz regional.

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