Por: Carlos Andrés Echeverry

Tanto el gobierno de Iván Duque, como el partido que lo respalda, vienen difundiendo por diferentes medios que las razones que motivan al paro nacional del 21 de noviembre son “fake news” y, para reforzar esa tesis, no han dudado en sostener que no se ha presentado ningún proyecto de ley orientado a reformar el sistema pensional y laboral.

Llama la atención que el uribismo condiciona la protesta social a la presentación de un proyecto de ley. Para ellos, el descontento ciudadano solo se justifica si hay en trámite alguna iniciativa legislativa tendiente a menoscabar los derechos laborales; las intenciones de reforma u otras actuaciones cuestionadas que no requieren de trámite legislativo, deben ser excusadas y obviadas por la sociedad, tal como “todos” los que apoyamos el paro nacional supuestamente hicimos con el gobierno de Santos; en otras palabras, el principio uribista reza que si se fue permisivo con otros gobiernos, también debería ocurrir lo mismo con el suyo, una especie de “derecho al desgobierno sin oposición”.

Ahora bien, frente a la tesis que sostiene la inexistencia de un proyecto de reforma pensional, debemos hacer un breve repaso. El pasado 20 de agosto, el representante a la Cámara por Antioquia, Jhon Jairo Berrío López (Centro Democrático) presentó el proyecto de ley No. 175 de 2019 (publicado en la Gaceta del Congreso No. 771 del 22 de agosto de 2019) que buscaba eliminar el régimen de prima media para universalizar el régimen de ahorro individual por solidaridad (RAIS); aunque la propuesta luego fue retirada, se advertía la intención del partido de gobierno en respaldar un proyecto de reforma pensional que apuntara a la eliminación del régimen de prima media. Personalmente, no me queda duda que una iniciativa de esa naturaleza no la presenta un congresista del Centro Democrático sin el aval del líder natural de ese partido, pues las implicaciones sociales y políticas que de esta surgen no son de poca monta. La estrategia claramente consistía en presentar ese proyecto de ley para mirar la respuesta de la sociedad y así medir las fuerzas políticas para luego tramitar la reforma por iniciativa del gobierno.

Por otra parte, en entrevista del 21 de octubre publicada en el periódico El Tiempo, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ante la pregunta de Yamid Amat de si se eliminaría el régimen de prima media en la reforma preparada por el Gobierno, respondió que “El régimen de prima media no puede ser algo que desligue lo que se ahorra con lo que se recibe”, evidenciando la intención de eliminarlo para convertir a Colpensiones en una entidad que opere bajo el régimen de ahorro individual, sistema que exige que las personas tengan un monto mínimo ahorrado aproximado de 213 millones en su cuenta individual para obtener una pensión equivalente a un salario mínimo, a diferencia del de prima media que pensiona a las personas con una cifra que oscila entre el 65% y el 80% del ingreso base de liquidación.

Por: Mauricio Vargas González

Las fuerzas democráticas de la Paz y el progreso han dado un paso adelante con las victorias electorales del 27 de octubre. Claudia López en Bogotá, Jorge Iván Ospina en Cali, Carlos Caicedo en Magdalena y Daniel Quintero en Medellín representan un avance significativo y fundamental en el tránsito de Colombia al Siglo XXI entendido como:

1) La protección del medio ambiente y su caracterización como un sujeto de derechos –humedales, quebradas, reservas naturales, fauna, flora- lo que implica así mismo el tránsito hacia el transporte público sostenible: Metro en Bogotá, Tranvía de la 80 en Medellín.

2) La consolidación del proceso de Paz que deje atrás el Conflicto Armado, concebido este como una prolongación cualitativa de la violencia histórica y de la confrontación bélica para dirimir las contradicciones políticas y partidistas en el país.

3) La defensa del patrimonio público y de las empresas públicas: EPM en Medellín, ETB y en Bogotá y EMCALI en Cali.

4) La emergencia de nuevos liderazgos, menos ideologizados y más cercanos a la nueva condición ciudadana en las grandes ciudades, fenómeno que resume el filósofo Lipovietsky en la segunda revolución individualista: mayor criterio propio a la hora de elegir en base al acceso a la información e internet junto al auge de las ‘nuevas ciudadanías’.

Lo anterior sin desconocer el enorme peso que sigue jugando la configuración neoliberal de nuestras economías y los problemas que esta lleva asociados, además de un sistema político clientelista, corrupto y la desigualdad e injusticia social que sintetizan. Un voto protesta que se expresó claramente en las pasadas elecciones presidenciales con los 8 millones de votos a favor de Petro y en estas territoriales aunque con opciones menos radicales.

Hay un ascenso de los movimientos sociales en Colombia, que se pueden registrar desde el paro estudiantil contra la reforma a la ley 30, el paro agrario, los paros del magisterio y de los trabajadores, los paros indígenas en el Cauca y el reciente paro universitario. Los últimos tan fuertes que han obligado al gobierno a negociar con los manifestantes y sus organizaciones a nivel nacional. FECODE, CUT, UNEES, MINGA INDIGENA, han desempeñado una importante labor en la defensa de la educación pública, de los trabajadores, del agro y los campesinos, de las comunidades indígenas, en la defensa del patrimonio público y el bienestar de los Colombianos. Y aun cuando sea difícil cuantificarlo, puede advertirse su influencia en los triunfos de los gobiernos alternativos recientemente elegidos. Su aporte en debilitar la imagen del Presidente Duque, del Centro Democrático y de Álvaro Uribe Vélez también ha sido clave. Además del movimiento anticorrupción de la ciudadanía en general, que logró 11 millones de votos y que con su difusión y pedagogía a ayudaron a fortalecer a los alternativos.

Por: Ricardo Cruz

Sentada sobre un bulto lleno de piedras, Consuelo Castrillón supervisa que las casi 60 mujeres presentes en la mina Las Brisas, en las afueras de Segovia, se repartan por partes iguales la montaña de rocas que los mineros han amontonado en las afueras de la bocamina.

El nombre de cada una de ellas aparece escrito en un cuaderno que Consuelo guarda con recelo. Parte de su trabajo es, precisamente, regular la cantidad de mujeres que cada día llegan en masa a la mina en busca de un pedazo de piedra para lavar, moler y extraerle unos cuantos granos de oro. Sus responsabilidades también incluyen coordinar las labores de aquellas que cuentan con el visto bueno del gerente de la mina para trabajar; es decir, ella organiza las cuadrillas, revisa que cada una cuente con su balde, su batea, su pala, su costal y su puesto de trabajo.

En Segovia y Remedios, municipios que producen el 11% del oro que se extrae en Colombia según cifras de la Agencia Nacional de Minería, se le dice ‘chatarrera’ a la mujer que trabaja día a día en las afueras de las minas escarbando entre montones de piedras que los mineros han desechado. La actividad tiene su recompensa cuando, luego de escoger, lavar y colar, se hallan fragmentos pétreos que contienen mineral que luego son llevados a las plantas de beneficio o entables, como se les dice en la región, para extraerles hasta el último aliento de metal precioso.

Se trata, en la mayoría de los casos, de mujeres cabezas de familia, desplazadas por la violencia o que simplemente no encontraron más opciones laborales que dedicarse a ‘chatarrear’. Tampoco es una actividad que distinga edad. No son pocas las mujeres jóvenes que deciden enterrar sus manos entre las duras piedras que sobran de las minas. Todo porque en Segovia y Remedios, las ofertas laborales para las mujeres no abundan: “o se va trabajar en un almacén, un restaurante, en una casa de familia o consigue plata aceptando los ofrecimientos de los hombres y ya sabe de qué estoy hablando”, sostiene María Ofelia, una chatarrera que no supera los 25 años de edad.

Por: Campo Elías Galindo A.

Medellín se ha posicionado indudablemente como sede de grandes eventos internacionales. Es un logro de la élite que la gobierna aunque las ingentes utilidades que se derivan de tantos congresos, asambleas, encuentros y ferias, difícilmente gotean hacia los sectores populares y la mayoría de los habitantes de la ciudad. El 26, 27 y 28 de junio estarán en Medellín las delegaciones de los 33 gobiernos que conforman la Organización de Estados Americanos, fundada en 1948 en Bogotá, pero con una larga historia que se remonta por lo menos hasta 1889 cuando se realizó la Primera Conferencia Internacional Americana convocada por el gobierno estadounidense. De ese evento surgió la Unión Panamericana, tutelada por el Departamento de Estado y encabezada por directores generales norteamericanos hasta junio de 1947, cuando fue elegido para el cargo el expresidente colombiano Alberto Lleras Camargo.

Muy poco se habla de la integración interamericana antes de la Novena Conferencia realizada en Bogotá que dio vida propiamente a la OEA como la identificamos hoy. Solo digamos acá, que la Unión Panamericana fue la expresión organizativa de la modalidad específica que asumió la dominación neocolonial sobre América Latina, en el momento histórico en que EE.UU. asumió la condición de hegemón mundial dejando atrás al Reino Unido. La sumisión de los gobiernos latinoamericanos a Washington fue indiscutida en ese período, la doctrina Monroe se aplicó a rajatabla y la Casa Blanca movía los hilos de la política continental por mecanismos mucho más directos que los adoptados después de la segunda guerra mundial; fue mucho el garrote, principalmente bajo la forma de dictaduras, y poca la zanahoria para los pueblos al sur del río Bravo.

Por: Marcelo Torres
La Picota, 10 de mayo de 2019

Me parece positiva la abierta intromisión gringa que se viene ejecutando en Colombia y cuya más reciente manifestación es el retiro de visas a magistrados colombianos.

Positiva: porque podría poner en el centro de la atención pública la intromisión gringa en la vida nacional, cosa que dista mucho de ser asunto característico de las primeras planas, titulares o temas recurrentes de los grandes medios colombianos. Debate que sería enormemente saludable, cuanto más generalizado, mejor.

Positiva: porque tanto la presión ejercida sobre las Cortes Constitucional y Suprema, como la descarada intromisión del embajador Whitaker sobre el Congreso, revelan sin confusión o duda alguna, con toda claridad, la inadmisible intrusión gringa en los asuntos del país. Dejan al descubierto, sin posibilidad de disimular su fondo, que el gobierno gringo también es partidario de deformar o imponer regresivas enmiendas a los acuerdos de paz. Cuanto más asimilen amplios sectores del país esta acción inaceptable de Estados Unidos quien se proclama “salvador de la democracia”, como lo propala respecto de Venezuela en medio de extendida credulidad inducida por el complejo mediático internacional progringo, más terreno se habrá ganado para las luchas democráticas en curso.

Positiva: porque deja al gobierno en el lugar que le corresponde por su actitud y políticas concretas frente a Estados Unidos: como un gobierno sumiso, servil, que se desvive por satisfacer los mandatos de Washington pero ni por asomo defiende la soberanía colombiana ni los intereses del pueblo. El uribismo ha instaurado el gobierno de los yesmen por antonomasia cuya divisa es “mi presidente Trump”. Pero en definitiva, el fallo del pueblo no dejará impune esta afrenta a la soberanía y al interés colombiano.

Por *Julián De Zuburía

Los encapuchados no representan a los estudiantes universitarios. Sin embargo, rectores, profesores y alumnos no han respondido con suficientes mecanismos para aislarlos. El pedagogo Julián De Zubiría propone algunas estrategias para la defensa de las universidades oficiales.

Las protestas son justas y necesarias en una democracia si son masivas, argumentadas y pacíficas. En este sentido, hay que reconocer que los estudiantes nos dieron, entre octubre y diciembre del año anterior, una gran lección al garantizar que se cumpliera a cabalidad con esas condiciones en las gigantescas manifestaciones que convocaron en defensa de la educación oficial.

Los estudiantes crearon mecanismos excepcionales de protección de la fuerza pública y expulsaron a los encapuchados de sus marchas. Lograron, de esta manera, establecer un estilo de protesta más creativo, simbólico y masivo. Por eso, por primera vez, la población respaldó masivamente sus luchas.

Los diversos sondeos de opinión señalaron que entre un 92 y un 94 por ciento de los colombianos estábamos de acuerdo, ya que consideramos justas sus causas y muy bien argumentados sus motivos. Bastaba ver un debate televisivo para darnos cuenta de que estábamos ante la presencia de un movimiento estudiantil más maduro, reflexivo y propositivo que el que habíamos encontrando en las décadas anteriores.

La consecuencia inmediata de esas protestas estudiantiles las conoce la nación: por primera vez en la historia, se sentaron a dialogar y a resolver los problemas educativos el equipo del Ministerio de Educación (MEN), los profesores y los líderes de estudiantes. Al final, el gobierno cedió a las presiones y se comprometió a transferir 5,9 billones adicionales para la educación superior y la ciencia, algo que marcará un hito en la defensa de la educación oficial del país. Las próximas generaciones tendrán que agradecerles por su lucha.

Sin embargo, fueron diferentes las imágenes que nos mostraron los medios masivos de comunicación del paro nacional realizado el pasado 25 de abril. Allí vimos grupúsculos aislados de estudiantes lanzando piedras a un pequeño grupo de policías arrinconados en la Plaza de Bolívar y otros pintando las paredes y la puerta de la catedral. En total no eran más de 50 jóvenes, pero ellos sembraron el caos e impidieron que los oradores se expresaran ante unas 10.000 personas que se aglutinaban para protestar contra el Plan de Desarrollo.

Los encapuchados no representan a los estudiantes, ni defienden los intereses de las universidades públicas. Nunca han generado ningún impacto positivo para la educación; por el contrario, sus refriegas con la fuerza pública han conducido al cierre de las universidades oficiales, a la pérdida de servicios complementarios y a la detención de algunos de los estudiantes que observan un grotesco espectáculo en el que un pequeñísimo grupo de estudiantes lanza piedras y “papas bomba” a la fuerza pública, mientras que otros observan el enfrentamiento como si se tratara de un juego rutinario.

Un país que ha convivido con las masacres, las desapariciones y los desplazados, es probable que, por tradición, se haya acostumbrado a las pedreas en sus universidades oficiales. No obstante, no hay que olvidar que en ellas se tendrían que lanzar ideas, hipótesis, investigaciones y propuestas, ¡y no explosivos! Absolutamente todas tendrían que ser territorios de paz, de diálogo y de rechazo a la violencia, venga de donde venga. El pensamiento crítico y la formación de mejores ciudadanos, dos de las prioridades actuales de formación en las universidades, son la antítesis de las pedreas entre estudiantes y fuerza pública.

Por: Fernando Guerra Rincón
Investigador del Centro de Investigaciones del Pacífico (CEMPA)
Universidad del Valle

El macizo colombiano es un territorio de 4.8 millones de hectáreas, el 4.3% de toda el área continental de Colombia, un bioma fundamental de gran importancia para el desarrollo nacional por los servicios eco sistémicos que brinda. Fue declarado por la Unesco en 1967, como Reserva de la Biosfera Constelación Cinturón Andino.

La convergencia orográfica, fisiogeográfica y la presencia de grandes extensiones de ecosistemas naturales, bosque subandino, andino, alto andino, páramo y nieves perpetuas, generan condiciones especiales que favorecen la regulación hídrica y el mantenimiento de una alta riqueza biológica, paisajística y cultural.

Los sistemas de páramos que allí se encuentran, el Puracé y el Sotará, tienen una enorme capacidad de almacenamiento de agua, de recarga de acuíferos, de captura de carbono atmosférico y son el nacimiento, en la cima de los Andes, de las cordilleras Occidental y Central que hacen de útero generoso de donde brotan las grandes arterias fluviales del país: Magdalena, Cauca, Patía, Caquetá y el Putumayo que alimentan los océanos Atlántico y Pacifico y el rio Amazonas, formando la intricada e indisoluble malla de los biomas andinos, pacífico y amazónico.

Esas arterias fluviales se ordenan en seis zonas hidrográficas claves: Alto Magdalena, Cauca, Saldaña, Caquetá, Putumayo y Patía. Las tres primeras corresponden a las macro cuenca Magdalena-Cauca, las dos siguientes a la macro cuenca del Amazonas y la última a la macro cuenca Pacífico.

Por: Fernando Guerra Rincón *

Contrario a como pretende demostrarlo Empresas Públicas de Medellín -EPM – sobre la crisis de Hidroituango, basado en que las aguas de la represa por fin se deslizaron por el vertedero aguas abajo de la presa, para llenar el cauce del río Cauca y conjurar la última crisis, el drama de esta obra de ingeniería, de emergencia en emergencia desde abril del 2018, no acaba de pasar y no ha superado fases críticas.

Solo en varios meses, hacia el segundo semestre de este año, según técnicos del conglomerado,[1] después del vaciamiento de la casa de máquinas, centro neurálgico del proyecto, inundada a marchas forzadas para evitar el colapso de toda la infraestructura, donde se generaría la energía prometida al sistema eléctrico nacional,[2] podrá saberse con certeza si este proyecto será factible, o si por el contrario, colapsa y hay que desmantelarlo.

Para el ingeniero Enrique Sinisterra, constructor y responsable de las hidroeléctricas de Salvajina y Anchicaya, docente por veinte años de la Universidad del Valle, Hidroituango no es viable y es muy posible que haya que declararlo en pérdida total.[3]

De confirmase esta hipótesis, que nadie en Colombia está deseando que se concrete, esta sería la mayor tragedia ambiental y económica de la historia de Colombia.

Desde ya, el errático y turbio proceso de construcción de la represa[4] deja pérdidas económicas muy serias que comprometen seriamente las finanzas de EPM, a la que la calificadora de riesgo Ficth le bajó la calificación a BBB perspectiva negativa, muy cerca de la pérdida del grado de inversión por su alto nivel de endeudamiento, agravada por los insucesos del proyecto; del municipio de Medellín,[5] cuya inversión social depende en grado sumo de los aportes de EPM; del departamento de Antioquia; del Instituto de Desarrollo de Antioquia -Idea-, que con los réditos de Hidroituango, del cual es uno de sus principales accionistas, pensaba recuperar el tramo Medellín-La Pintada; y del desmantelado Ferrocarril de Antioquia[6].

Por: DANIEL QUINTERO CALLE

He sido feroz en mi crítica a la política de “seguridad” de la actual administración, y que pretende ser continuada por el Centro Democrático si gana la Alcaldía este año. Haber reducido el presupuesto de las Secretarías de Inclusión Social, Cultura, y Deporte para incrementar el presupuesto “seguridad” no sólo es un contrasentido histórico, sino que ha probado no dar resultados.

Dicen que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Eso pareciera estar pasando en Medellín, lo grave es que a la historia que podemos revivir no es aquella en la que éramos la capital industrial de Colombia, sino aquella en la que éramos un infierno.

Para mediados del siglo XX Medellín era una ciudad orgullosa de sí misma. Una ciudad casi idílica, planeada y con sentido social, con un gobierno eficiente y ordenado, líder en educación, industria y servicios públicos. Decía Daniel Samper Ortega en 1937, “Es la ciudad donde se vive con mayores comodidades y la que va a la cabeza del desarrollo industrial. Ella representa en Colombia, con relación a Bogotá, un papel semejante al de Nueva York con respecto a Washington. Las mejores fábricas del país son las de Medellín… Su Sociedad de Mejoras Públicas ha enseñado civismo a las restantes ciudades de la nación. Su escuela de minas ha preparado los mejores ingenieros. Y, por último, sus hombres manejan todos los grandes negocios y sus escritores han creado una fuerte y excelente literatura autócrata”.

El desarrollo de Medellín no fue sin embargo un algo milagroso, sino el resultado de una intervención educativa sin precedente impulsada por Pedro Justo Berrío hacia finales del siglo XIX y que implicó traer una delegación alemana para realizar una transformación curricular y un enfoque de cobertura que hizo énfasis en mujeres, niños y pobres.

Por: Juan Pablo Esterilla

Después de más de 66 años de aculturación forzada, los indígenas arhuacos que viven en este territorio siguen luchando por una educación diferencial que reconozca su resistencia.

El archivo histórico de la Confederación Indígena Tayrona, que contiene 100.000 folios y que fue entregado en noviembre a la comunidad arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta, da cuenta de los estragos que generó por 66 años la misión evangelizadora de los capuchinos en Nabusímake (Cesar). En la actualidad, los indígenas que viven en este territorio siguen luchando por una educación diferencial que reconozca su resistencia.

7 de agosto de 1982. El fallecido político, Belisario Betancur tomaba posesión como presidente de la república. Ese mismo día, pero a 880 kilómetros, centenares de indígenas arhuacos liderados por el cabildo gobernador, Luis Napoleón Torres, tomaban posesión del orfelinato Las Tres Avemarías de Nabusímake, Cesar. Detrás de la toma estaba la convicción firme por terminar la aculturación a la que como indígenas arhuacos habían sido sometidos –por más de 66 años– a manos de los misioneros capuchinos.

Luego de cinco días de estar instalados en ese espacio construido para imponerles una fe que no era suya, el obispo intentó huir. Sin embargo, los arhuacos se dieron cuenta de ello y lo retuvieron para que firmara un documento. Esa firma representaba el retorno hacia a su propia educación y la oportunidad para consolidar su propio gobierno; con territorio y autonomía.

Cuando en 1915 los sakukos (líderes) de la comunidad arhuaca viajaron a Bogotá, para solicitar el reconocimiento de las autoridades propias, el respeto a su territorio y la exigencia de unos profesores técnicos, no dimensionaban la respuesta que el presidente de aquella época, Vicente Concha, les daría a sus peticiones.

Por: Nuestra Región

Jessy se lanzó con su pequeño hijo del puente de La Variante y la noticia ha sido de interés nacional e internacional.

Hija de una familia de clase media, Jessy tuvo una infancia normal.

Terminó su primaria y bachillerato en su ciudad natal, para luego iniciar estudios en la universidad Cooperativa en dónde estudió administración, que por motivos de maternidad no concluyó. Para esa el 2008, Jessy estaba esperando su primer hijo, fruto de su amor con un hombre que conoció en medios casuales.

En el 2009 dio a luz a May Nicolás, pero enfrentarse sola a su crianza, debido a que su esposo abandono muy rápido el hogar. Ese incidente sumió a la mujer en una depresión constante, la cual logró superar aparentemente con el tiempo.
A pesar de la falta de amor por parte de sus ex, ella siguió insistiendo en recuperar el amor, por lo cual sostenían de vez en cuando encuentros amorosos.

A Jessy le gustaba vivir bien, por eso no dudó en aprovechar la oportunidad de generar ingresos que la pudieran sacar de sus carencias económicas y ofrecerle a su descendencia la vida cómoda a la que estaba acostumbrada.

Toda su vida le tocó sortear obstáculos para que su hijo tuviera todas las posibilidades de una infancia feliz. Para ella lo primordial ante todas las cosas era el bienestar de hijo.

Por: Claudia Castillo

He visto la noticia de la mujer que se suicidó en Ibagué con su hijo. Y lo que más me ha impresionado son los tipos de comentarios que tienen las noticias. La tratan de tonta, de perezosa que "no pudo con la situación y que lo más fácil que encontró fue suicidarse" y hasta se meten con su belleza, que "por bonita no le gustaba trabajar y todo se lo daban". He pasado por comentarios más atinados como el problema de la depresión y la desesperación pero lo que se me hace más increíble es que todas las noticias saben que es por los 'Gota a gota' una forma de extorsión practicada por el PARAMILITARISMO en Colombia y por los grupos ilegales que la orillaron y la desesperaron por los cobros y las amenazas que hacen, que obviamente lo llevan a la depresión y a una situación de angustia extrema. Me cuesta trabajo la falta de contexto además, de lo inhumano y lo poco solidarios frente a estas situaciones. No es la primera persona que se suicida por un Gota a gota, ni la primera que pierde la vida por no pagarlo. La falta de denuncia y de actuación de las instituciones es lo que nos tiene al borde de situaciones insostenibles. Lo que hace terrible la noticia es que se lance a plena luz del día con su hijo en brazos. La tragedia de cada ser humano debería ser igual de pública, no guardada al interior de las familias o callada en cada mujer. Estoy cansada del slogan de "echados pa delante" que no permite que acciones como está sean detenidas porque se busca de donde sea para pagar las extorsiones a grupos delictivos y seguir callando.

Por: Amylkar Acosta Medina *

Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -Ideam-, en 1850 Colombia contaba con un área de 349 kilómetros cuadrados de área glaciar y ya para el 2010 solo contaba con 45 kilómetros cuadrados, el 12% (¡!), los cuales en solo 8 años, para el 2018, ya se había reducido a 37 kilómetros cuadrados, que se concentran en dos sierras nevadas: El Cocuy o Güicán y Santa Marta, y cuatro volcanes: Ruiz, Santa Isabel, Tolima y Huila.

Y cada día el ritmo del derretimiento de los casquetes glaciares es mayor a medida que se acentúa el calentamiento global, a tal punto que, según el mismo Ideam, “Santa Isabel podría desaparecer en 10 años aproximadamente, el Nevado del Tolima en el año 2030, la Sierra Nevada de Santa Marta en el 2040 y el Cocuy en el año 2050”. Este sería el último en desaparecer.

Como respuesta a mi llamado de atención, ilustrado con una patética fotografía que muestra el alarmante deshielo de la Sierra Nevada de Santa Marta que, entre otras cosas, no es la excepción sino la regla, un amigo me pregunta qué estamos haciendo y qué hemos hecho, la cual a mi juicio merece una respuesta y aquí va:

Lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de esa realidad y de la gravedad de la amenaza del cambio, o mejor dicho, la variabilidad climática.

Una situación crítica de Salud Pública en Segovia.

Por: Freiman Gómez T.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el Milenio, también denominados como Objetivos Mundiales, en el asunto de Igualdad de Género, consideran importante la prevención de embarazos en la infancia y en la adolescencia y garantizar los derechos sexuales y reproductivos, los cuales deben ser una prioridad para reducir las inequidades y alcanzar la paz y el desarrollo (Semana Andina, Fondo de Población de las Naciones Unidas).

El Fondo de las Naciones Unidas (UNFPA, Colombia), precisa además una ruta integral para disminuir este flagelo que amplía cada vez más las brechas de los adolescentes y jóvenes en su tránsito de escolares a madres prematuras, situación que es más vulnerable con las poblaciones rurales, a raíz de su baja escolaridad, estrato socioeconómico o patrones culturales. (Gráfico adjunto al artículo)

(Imagen adjunta fuente: Cosasdebebes.com)

En el caso de cifras, Colombia no está muy lejana de la cifra que se estima a nivel para el caso global, más del 25% de embarazos adolescentes en el área rural. Las cifras del DANE para el 2017 arrojaron las siguientes precisiones:

Colombia
Embarazos 10-14 años
5.804
Embarazos 15-19 años
126.626

Antioquia
Más de 16.000 embarazos en adolescentes
10-14 años
861
14-19
15.261

En Pereira, por ejemplo, dos candidatos tradicionales y de casas políticas clientelistas y politiqueras, posan de independientes tan solo porque recogen firmas y crean movimientos de garaje, fútiles y momentáneos, son tradicionales porque vienen de partidos clásicos como el Conservador y el Liberal (hoy en coalición) y la U. Y no son independientes porque en sus propuestas no hay nada que los haga ver como tal, y porque detrás de esas planillas con firmas hay un jefe político que todos saben quién es, pero que nadie nombra y que los tiene como comodines para negociar secretarías y burocracia con el siguiente en lista para la Alcaldía y Gobernación de turno.

Por: Miguel Ángel Rubio Ospina.

Está de moda recoger firmas para todo; en las calles, uno se encuentra grupos de gente con gorras y camisetas marcadas, tabla en mano y lapicero, solicitando una firma que respalde la aspiración de un candidato a la Alcaldía, a la Gobernación y en otrora a la Presidencia, cuando no son los próvida promoviendo referendos religiosos para tumbar el aborto y la anticoncepción.

Para la consulta anticorrupción se recogieron firmas, para derogar el mandato de Peñalosa, para tumbar los Acuerdos de Paz, para implementar la cadena perpetua a violadores de niños y mujeres y así en los últimos años, se ha firmado para tantas cosas, que las causas por las que se piden rubricas en la calle se agotan en la memoria; y como si no fuera suficiente hoy por hoy, en cadenas de whatsapp o correos electrónicos masivos, se solicita firmar peticiones virtuales, que pretenden respaldar causas tan diversas como tumbar la declaratoria de gran colombiano a cierto expresidente, o proteger los osos polares.

Sin embargo, y aunque el mecanismo de recolección de firmas pretendía enriquecer el ejercicio democrático y electoral, permitiendo que nuevos liderazgos políticos surgieran sin el aparato vetusto, clientelista y anacrónico de la mayoría de partidos tanto de derecha, como de izquierda, este se ha prostituido de tal modo, que se convirtió en el principal factor de corrupción solapada y testaferrato político, si se me permite la acuñación del término.

Por: Ruth Ospina

Fraguas, más conocido como Machuca, es el único corregimiento del municipio de Segovia. Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, cuenta con dos mil doscientos habitantes aproximadamente entre mestizos, indígenas y afrodescendientes, esta última predominando en 70%. Este corregimiento ha sido blanco de diversos ataques por parte de la guerrilla del ELN. Entre ellos, el más conocido y mencionado por los medios de comunicación fue el atentado perpetrado por esa guerrilla el 18 de octubre de 1998. Sin embargo, este territorio ha sido víctima de las diferentes formas de violencia como el desplazamiento forzoso y homicidios.

Sus habitantes sienten que habitan en “la tierra del olvido” así lo han expresado algunos de sus líderes en entrevistas con Caracol Radio. Y es que esto de “tierra del olvido” no está del todo alejado de la realidad ya que, precisamente, por la ausencia del estado, este territorio ha sido “presa” fácil para los grupos armados. Existe un abandono histórico tanto por las autoridades nacionales como las locales.

Ha sido tanto el olvido que al Gobernador de Antioquia se le olvidó que desde el 2016 está parada la construcción de la Estación de Policía y que a la fecha está en precarias condiciones, debilitado por el agua, el sol y el abandono. De esta manera, la Fuerza Pública sigue usurpando, desde el año 2012, el único espacio que ésta comunidad tenía para realizar sus actividades culturales.

Por: Ruth Ospina.

El pasado domingo 11 de noviembre se conmemoró en Segovia los 30 años de la masacre que dejó 46 víctimas. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), esta conmemoración se llevó a cabo en el marco de un acto simbólico “la verdad, un camino hacia la reconciliación. Nunca más una masacre en Segovia” convocada por los familiares de las víctimas, organizaciones sociales y la administración municipal.

Aquel día, un día sin sol para Segovia. Un día donde no hubo Fuerza Pública que hiciera algo por detener a aquellos hombres que disparaban sin misericordia a diestra y siniestra por las calles del pueblo. Un día en el que, como lo señala Miguel Romero, en su reportaje para el CNMH, “los segovianos recogían los vestigios que dejaron las balas y lavaban las marcas que habían dejado los ríos de sangre por las aceras, muchos aún buscaban a sus familiares y todos se lamentaban de esta tragedia, el pueblo de Segovia estaba dolido. El sepelio de ese día fue colectivo, se enterraron a ancianos, niños, jóvenes, hombres y mujeres, algunos militantes de la Unión Patriótica y otros sin ningún tipo de relación con este movimiento, sin embargo allí habían caído en la masacre ante las recientes amenazas del grupo paramilitar Muerte a revolucionarios del Nordeste (MRN)”.

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, “por estos hechos, la Corte Suprema de Justicia condenó a 30 años de prisión al ex representante a la Cámara por el Partido Liberal, César Pérez, quien se alió con miembros del Batallón Bomboná y del comando de Policía de Segovia, así como con los paramilitares Fidel Castaño y Henry Pérez, este último ex jefe de las Autodefensas de Puerto Boyacá, para cometer esta masacre luego de que su partido perdiera las elecciones del 86. En su momento fue condenado Fidel Castaño como determinador y 2 civiles y 5 miembros de las Fuerza Pública por su participación en la planeación y ejecución de las amenazas y la masacre”. Fuerza Pública y líderes políticos aliados con paramilitares para masacrar a la comunidad.

Por: Mauricio Vargas González.
Estudiante de Derecho – Uniremington.

La Universidad debe constituirse como un pilar fundamental de la investigación, la ciencia y el pensamiento de la sociedad en su conjunto, en el cerebro de nuestro cuerpo social, el que debe definir para donde se mueve, en que han de destinarse los recursos y cuál debe ser nuestra consciencia frente a la realidad desnuda. Debe ser el lugar por excelencia para analizar las tendencias de la sociedad y poder plantear otros caminos, cambios de paradigmas y proyectar nuevas rutas.

Sin embargo a medida que se agudiza y se profundiza el neoliberalismo, se le quiere reducir a simple reproductora de saberes funcionales al “libre mercado”, es decir a formar profesionales para las multinacionales, y a ser simple bocina ideológica de la explotación, el despojo, la exclusión, el elitismo, el neocolonialismo y la destrucción ambiental.
La Universidad es la consciencia crítica de la sociedad, frente a la consciencia obtusa de los medios masivos de comunicación, frente a la consciencia alienante del consumismo de mercancías y sus agencias publicitarias, frente a la consciencia corrupta de los gobiernos burocráticos, clientelares y serviles al capital financiero, a las metrópolis industriales y al latifundio feudal y finalmente frente a la consciencia malvada y retorcida del narcotráfico, el paramilitarismo y la criminalidad.

Es pues la Universidad la llamada a configurar una cultura nacional, regional y metropolitana que consolide los valores de la paz, la convivencia, la ética, el respeto, la inclusión, el cuidado del medio ambiente y de la justicia social.

Por lo más importe: La Universidad debe constituirse como el centro de producción de fuerza de trabajo cualificada para la independencia, la soberanía y el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales. El núcleo fundamental de la invención que impulse nuestras creaciones materiales e intelectuales a nivel mundial…

Por: Mauricio Vargas González.

Ha nacido en Colombia una alternativa de Poder y esta no es producto de “La Razón” escolástica de las distintas líneas e itsmos de las tradiciones revolucionarias del siglo XX. Gustavo Petro y el programa de la Colombia Humana constituye el nuevo referente del cambio social, un proyecto de nación con serias probabilidades de conquistar el Palacio de Nariño en el 2022. Las elecciones locales del 2019 serán los pilares, los cimientos del nuevo régimen democrático en gestación. Hay que asumir la Consulta Anticorrupción como la campaña preparatoria para el próximo año.

‘El bienvenidos al futuro’ del mercader ex presidente Cesar Gaviria, además de entregar el país al capital foráneo tenía como uno de sus supuestos propósitos ‘modernizar’ la politiquería y el clientelismo remplazándolo por la meritocracia, la tecnocracia y la planificación de expertos desde Santa Fé de Bogotá. No funcionó, hoy la corrupción y la intermediación ‘votos-gobernabilidad-prebendas’ goza de plena salud.

Así mismo nació una nueva Constitución, al calor de los intereses imperialistas de Estados Unidos, de las bombas de Pablo Escobar y el acumulado de luchas de los movimientos sociales y políticos alternativos de todo el siglo XX. La Alianza Democrática m19 de exguerrilleros fueron mayoría en la Constituyente. Se logró plasmar un recetario de derechos fundamentales y todo tipo de garantías de participación política y ciudadana. Fue la génesis del momento populista, donde emergía una fuerza nueva, progresista y demócrata capaz de disputarle en la práctica el dominio a las fuerzas del status-quo. De aquel impulso se derivaron las administraciones de Navarro Wolf en Nariño, de Petro en Bogotá, de Iván Ospina en Cali, entre otros.

Por: Esteban Morales E
Historiador

Estamos en un momento histórico, no hay ninguna duda. Por primera ocasión en nuestra atormentada historia político-social post Frente Nacional, un candidato con ideas de izquierda (democrática) tiene grandes posibilidades de obtener la victoria en las justas electorales del domingo próximo. Por lo anterior, el voto en blanco es totalmente injustificable para los sectores democráticos, de izquierda, nacionalistas y hasta de centro (es mejor un gobierno plural que permita la oposición y reivindique lo democrático, a uno autocrático y reaccionario evidentemente…). En resumidas cuentas, Petro no es igual a Duque, por lo que la opción de no elegir es vacua. Si la segunda vuelta fuera entre Vargas Lleras y Duque (autómata dirigido por el mesías del Centro Democrático, que no es ni centro, ni democrático), el voto en blanco cobraría sentido, porque en dicha coyuntura hipotética, entre dos candidatos similares, la neutralidad sería opción, ya que por A o por B las cosas desembocarían en el mismo desastre político de los últimos gobiernos, y existiría una posibilidad viable de no comprometerse con dos candidatos igualmente perversos para toda iniciativa democrática-reivindicativa, y que representan claramente el continuismo oligárquico y el clientelismo en su mayor nitidez. Lo que algunos no han comprendido es que Petro está en las antípodas de Duque, y que un triunfo del segundo puede ser un desastre de tamaño colosal para los que no pensamos igual al ventrílocuo, defensor de la constitución decimonónica creada por la dupla de Miguel A. Caro y Rafael Núñez (1885).

Por: Teresa Consuelo Cardona

Cerca de 800 corteros de caña, que ejercen en los ingenios del sur del Valle y norte del Cauca, denunciaron que mediante manipulación en la asignación de trabajos a los contratistas, los ingenios impiden el libre ejercicio del voto.

La situación se presenta especialmente en los municipios de Pradera, Florida, Candelaria y Puerto Tejada, en los que la principal fuente de ingreso de los obreros es el corte de la caña, que se realiza previa asignación de los lotes por parte de los patronos. Así, el cortero depende completamente del tajo que le sea asignado cada día, el cual puede tener entre una y cinco hectáreas. Según manifiestan los corteros, cuando la caña es buena, es decir, pesada, un trabajador puede cortar unas 4 o 5 toneladas en un día, con lo que obtiene un pago de $9.600 por cada una, algo así como $40.000 en un día. Pero si la caña es poca, o liviana, el pago puede descender drásticamente y en ocasiones obtener tan solo la retribución por una tonelada o menos.

Así mismo, los corteros afirman que el corte no es igual en todos los casos, ya que cuando la caña está quemada rinde el trabajo haciéndolo en poco tiempo. Pero cuando es limpia, es decir, los tallos que no han sido quemados deben entregarse sin nada de follaje, es un corte lento que aunque se paga a mejor precio, no compensa.

Según denuncian los corteros, los patronos han asignado tajaos para corte, muy livianos y muy pequeños en los días previos a las elecciones y dejan el mejor tajo reservado para el domingo electoral, por lo que los trabajadores se ven obligados a ir al corte en lugar de ejercer su derecho político de elegir. No existe una prohibición expresa, pero la manipulación hace que los 800 obreros tengan que elegir entre votar o ganar el sustento de sus familias.

Por: Enrique Santos Molano

¿Por qué están amenazadas las vidas del candidato presidencial Gustavo Petro Urrego y de varios de los dirigentes del movimiento Colombia Humana que acompaña la candidatura de Petro? ¿Por qué han sido asesinados más de ciento veinte líderes sociales, dos de ellos, en los últimos días, activistas de Colombia Humana? ¿Quiénes le temen tanto a Petro que no vacilan en apelar al crimen para atajarlo en su camino a la presidencia de Colombia? ¿Por qué le temen?

Excepto para la última, yo no tengo las respuestas a esas preguntas aciagas, que emanan de conversaciones oídas al azar, o que corren por las redes de internet o brotan en corrillos políticos desconcertados ante la extraordinaria cantidad de gente que desborda las plazas para escuchar con entusiasmo delirante (y sin echarle ‘abajos’ a nadie) las exposiciones de Gustavo Petro sobre sus programas de gobierno. “No lo dejarán llegar”, comentan muchos.

¿Quiénes no lo dejarán llegar? Quizá sean los mismos que han ejercido el poder en Colombia, “a sangre y fuego” por varias generaciones. Los mismos que traicionaron a Nariño en Pasto y después le hicieron la guerra sucia. Los mismos que luego de una guerra sucia plagada de mentiras intentaron asesinar al Libertador Simón Bolívar.

Los mismos que asesinaron a Sucre en Berruecos. Los mismos que tras una guerra sucia, de odio encarnizado, les suministraron a Galarza y Carvajal las hachuelas para asesinar a Uribe Uribe en 1914. Los mismos que le hicieron a López Pumarejo una guerra, sucia como la que más, e introdujeron en Colombia el terrorismo dinamitero para impedirle al presidente López Pumarejo que profundizara en su segunda administración los programas de la Revolución en Marcha, iniciados en la primera, con lo que al fin lo obligaron a renunciar en 1945, un año antes de concluir su período presidencial. Los mismos que “atajaron” con tres balazos a Jorge Eliécer Gaitán en 1948. “Los mismos con las mismas”.

Por: Teresa Consuelo Cardona

Superado el plazo que le concede la norma, la CVC negó la licencia ambiental para la explotación minera del río Amaime, en el polígono ubicado entre los municipios de Palmira y El Cerrito en el Valle del Cauca. El hecho había atraído la atención de la ciudadanía, luego de que un grupo de personas denunciaron que pese a que la zona estaba protegida normativamente por el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) y el POMCH (Plan de Ordenamiento Municipal de las Cuencas Hidrográficas), la CVC decidió estudiar la solicitud que a todas luces era ilegal, en tanto que contravenía las normas citadas.

Una estrategia mediática en redes sociales y medios alternativos, puso sobre aviso a los habitantes de los dos municipios, quienes se sumaron a diversas campañas de socialización sobre los peligros que afrontaba la cuenca hidrográfica, si la licencia era otorgada. Las comunidades ribereñas se movilizaron con prontitud, e hicieron presencia en sedes comunales, casas parroquiales y plaza pública, para explicar la situación. En medio del proceso de estudio de la licencia, la CVC hizo una silenciosa y breve convocatoria para cumplir con el requisito de la Audiencia Pública, que se hizo pocos días después.

Por su parte, las comunidades, lograron audiencia ante el Concejo Municipal, para explicar a ese cuerpo colegiado qué estaba sucediendo a sus espaldas, ya que las normas aprobadas por los ediles, habían sido ignoradas. En la sesión de Cabildo Abierto, muchos líderes rurales, académicos, autoridades ambientales, campesinos, dejaron en claro la inconveniencia de el otorgamiento de la licencia y el Concejo en pleno expresó su desacuerdo, al igual que la Alcaldía, la Gobernación, la Personería, la Contraloría y la Procuraduría Ambiental. Al día siguiente se celebró la Audiencia Pública, que desbordó las expectativas de asistencia. Personas de 12 corregimientos y veredas ribereñas del río, se hicieron presentes, así como cientos de ciudadanos de ambos municipios.

Por: Mauricio Vargas González

Robledo está llamando a votar por Fajardo, pero es un llamado sin ningún contenido económico, ya que el candidato en este sentido no se distingue de los demás aspirantes a la Presidencia a excepción de Gustavo Petro, quien ha planteado una reforma económica fundamental: Transformar el aparato productivo del país para salir del modelo extractivista hacia uno alrededor de las energías limpias, el agua y la agricultura.

Curioso, teniendo en cuenta que hasta hace poco lo económico era precisamente la piedra angular de la política del Polo-Moir.

El Partido del Trabajo de Colombia, PTC, ha considerado que no es la contradicción entre la nación y el imperialismo, es decir, el neoliberalismo, lo fundamental en esta coyuntura, sino la del país, la civilización, las clases populares y la élite urbana frente a los terratenientes, la mafia y el paramilitarismo la contradicción principal, es decir, la Paz.

Y este –el PTC-, aun cuando su compromiso institucional lo liga a la Coalición Colombia, sigue insistiendo en la “Enorme Coalición”, toda vez que consideramos que es tan valioso Petro como Fajardo, que requerimos del concurso del Partido Liberal y demás sectores democráticos del país que participaron en el SÍ en el Plebiscito por la Paz como Clara López, el Partido de la U, conservadores e independientes.

Por: Diego Otero Prada

Cada fin de año se discute en Colombia el porcentaje de incremento del salario mínimo que según la ley debe ser igual a la suma del índice de inflación IPC más el valor de la productividad del trabajo.

La medición de la productividad según el gobierno

La discusión se centra en la medición de la productividad de trabajo. Para el gobierno este cálculo lo realiza el Departamento Nacional de Planeación DNP bajo la metodología de la Productividad Total de los Factores PTF, metodología que parte de una función de producción tipo Cobb Douglas y una serie de supuestos irrealistas. Esta metodología está desechada por argumentos teóricos y empíricos, por lo que sorprende que todavía se utilice en Colombia.

En primer lugar, la controversia sobre el capital de los años sesenta y setenta demostró que no existe una función de producción. A pesar de esto, todavía muchos economistas neoclásicos siguen utilizando funciones de producción para sus análisis. En segundo lugar, los estudios críticos han mostrado el sesgo que se produce hacia abajo o arriba, pero más hacia abajo cuando se utiliza una función de producción tipo Cobb-Douglas para calcular la productividad.

Los colombianos deberían aceptar que sus líderes ya no son terroristas

Una tormenta que llenó las calles de Bogotá con hielo el 1 de noviembre fue el segundo evento anormal del día en la capital de Colombia. La primera tuvo lugar en la sala de conferencias de un hotel, donde las FARC, un ejército guerrillero convertido en partido político, anunciaron sus candidatos a las elecciones presidenciales y legislativas que se celebrarán en 2018. Ante una pantalla con el nuevo logotipo pacífico de las FARC: una rosa con estrella roja en su centro: sus líderes hicieron todo lo posible para parecerse a los políticos normales. Imelda Daza, la candidata a la vicepresidencia, prometió un "modelo más inclusivo" de gobierno que superaría la pobreza, el hambre y las barreras a la educación.

La mayoría de los colombianos conocen a las FARC como un ejército sin ley cuya guerra de 52 años contra el Estado estuvo en el centro de un conflicto que causó más de 200,000 muertes y desplazó a 7 millones de personas. La fiesta no está tratando de ocultar sus orígenes. Su nuevo nombre, la Fuerza Revolucionaria Alternativa Popular, usa el antiguo acrónimo sangriento. Su candidato presidencial, Rodrigo Londoño, también conocido como Timochenko, ha dirigido a las FARC desde 2011. Aunque se ha convertido en un pacificador, los Estados Unidos lo buscan por tráfico de cocaína, secuestro y asesinato. Las FARC permanecen en la lista de terroristas del Departamento de Estado bajo su antiguo nombre.

Por: Teresa Consuelo Cardona

Actualmente y desde el 2004, avanza un proyecto para la extracción de material de arrastre del río Amaime, ante la Agencia Nacional de Minería, ANM. El río, que es afluente del Cauca, nace en el páramo de las Hermosas y desciende por la cordillera Central, oxigenando a lo largo de la cuenca tres tipos de bosques ubicados entre los 4.200 y los 900 metros de altitud que abarca un área de más de 100.000 hectáreas, de vital importancia para la estabilidad ambiental del territorio. En su entorno, en poblaciones rurales y urbanas, se asientan unas 450.00 personas. El proyecto de extracción minera está reconocido por la ANM con el contrato de concesión DJM121, en el que las empresas Gravarena Ltda y Arenas Amaime, harán la explotación del río sacando de su cauce 76.000 metros cúbicos, en un tramo cercano a dos poblaciones rurales, con maquinaria pesada. Según se manifiesta en el seguimiento que la misma Agencia hace del contrato, los solicitantes requieren el permiso de la CVC para poder otorgarles finalmente la concesión.

El Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hídrica, POMCH, documento que designa el destino de las zonas de un municipio, delimita el área de recorrido del Amaime, en la zona montañosa, con una vocación distinta a la explotación minera de material de arrastre, ya que es una región destinada a la reforestación, las pequeñas parcelas, pequeños desarrollos agropecuarios, cultivos forestales y reserva ambiental. Este POMCH, es la guía del desarrollo de la región y debe ser consultado por todas las entidades que deseen hacer proyectos de cualquier tipo, ya que traza la ruta de lo posible y lo inaceptable en Palmira y El Cerrito, hasta el año 2030.