Por: Mauricio Vargas González.

Pongo en consideración estas reflexiones para el debate, para corregir ideas propias y para aportar a la visión de otros luchadores sociales y agentes políticos de cambio.

En la revolución colombiana a diferencia del “Castrochavismo” de Venezuela, no se trata de una subversión del orden social en el sentido de un levantamiento de los pobres y las clases más humildes -que en el marxismo se les ha llamado las ‘Las masas urbanas empobrecidas’- en contra de las clases altas y medias-altas, para subvertir los privilegios y el orden social y empresarial sobre los cuales se erigen.

Décadas de ‘Conflicto Armado’ y violencia política dieron al traste con la configuración de una corriente social y popular pro-cambio y pro-transformación social. Así mismo este torbellino de belicismo y terrorismo generó una contra-corriente y una contra-revolución de las clases más reaccionarias de la sociedad, Terratenientes y Narcotraficantes unidos, que absorbieron ‘la clase política’ y que se tomaron las regiones, apropiándose del ‘Estado local’ y del presupuesto público.

En Colombia se trata de una revolución democrático-pequeño-burguesa, donde se amplíe la democracia y la participación ciudadana, se fortalezca lo cultural, se gane terreno en la protección del medio ambiente, se proteja la maltrecha educación pública y se fortalezcan espacios de decisión: Esto tiene que ver con la descentralización, mayor autonomía administrativa en los municipios para el manejo de recursos y un fortalecimiento de los organismos de control con más recursos, mayores competencias y mayor visibilidad mediática.

Por: Leopoldo Múnera Ruiz.
Profesor asociado, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales - Universidad Nacional de Colombia.

Dejar a la deriva a las instituciones estatales, no ofrecerles las condiciones financieras e institucionales necesarias para que sean de alta calidad, o destinar recursos públicos escasos para financiar las altas matrículas de las universidades privadas, como sucede en la actualidad, contradice la finalidad social del Estado establecida en la Constitución.

El programa “Ser Pilo Paga”, implementado en 2015, ha reanimado en el país el debate sobre lo público en la educación superior. Incluso Pablo Navas, rector de la Universidad de los Andes, sostuvo en un artículo de opinión publicado en El Espectador en enero del presente año, que la institución dirigida por él era la “universidad más pública del país”.

Los criterios utilizados para emitir tal juicio fueron heterogéneos, retóricos, y en algunos casos autocontradictorios: la meritocracia como única condición de ingreso a la universidad con la matrícula más costosa del país; la posición en los rankings internacionales, la cual, si acaso, permitiría hablar de la calidad, pero no de la naturaleza pública de una institución; la participación de profesores y estudiantes en sus instancias de gobierno, sin ponderar el peso de estas; o la reinversión del 100 % de sus ganancias en sus propias actividades, lo cual es característico de las corporaciones privadas de utilidad común y sin ánimo de lucro, como lo exige la Ley 30 de 1992.

Demandada la nación por impedir la destrucción del medioambiente

Por: Adriana Cadena

A partir del gobierno de César Gaviria, Colombia tomó la decisión de incorporarse en la apertura económica y entrar a la globalización a través del libre comercio. Sin embargo, es a partir del 2009 que Colombia empieza a negociar y a firmar Tratados de Libre Comercio – TLC-, masivamente.

Actualmente Colombia cuenta con trece Acuerdos comerciales que involucran a cuarenta y nueve países; también posee Acuerdos Internacionales de Inversión vigentes con diecisiete países y suscritos con treinta y seis países más. Estos Acuerdos de Inversión varían entre Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), Acuerdos de Protección Recíproca a las Inversiones (APPRI) y Acuerdos de Inversión amparados bajo el capítulo de inversiones de los TLC.

Para poder firmar los diferentes acuerdos internacionales comerciales y de inversión, Colombia ha adoptado un número importante de normas impuestas por los organismos multilaterales: desde la Organización Mundial del Comercio, tenemos el Acuerdo de Medidas en Materia de Inversiones relacionadas con el Comercio-MIC- (1994), Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios - GATS (1994), Acuerdo General de Aranceles y Comercio - GATT (1981), Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias – ASMC- y el acuerdo sobre Propiedad Intelectual- ADPIC- que plantea exigencias adicionales a los empresarios de la región, que se traducen en mayores costos y mayores dificultades para acceder a nuevas tecnologías, ya que el ADPIC resulta ser el Acuerdo que protege la industria de los países desarrollados.

Desde el Banco Mundial se impusieron el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones – CIADI (1995) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones - MIGA (1995) y desde Naciones Unidas, el Acuerdo de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, más conocido como CNUDMI.

Por: Juan Orlando Bonilla Peñaloza

Los hechos de violencia en la ciudad de Medellín de los últimos días han causado un estado de conmoción generalizada en los habitantes de la ciudad. Rectores y religiosos asesinados, enfrentamientos entre combos delincuenciales, cobros de extorsiones o “vacunas” a transportadores, el “fleteo”; además de los múltiples crímenes como el asalto o el microtráfico que ya se han convertido en parte del paisaje de la ciudad contrastan con la imagen de ciudad líder e innovadora que se ha querido difundir desde la alcaldía con eventos como Colombia Moda o la pasada Feria de las Flores.

Pero esta situación no es para nada nueva, desde inicios del siglo pasado Medellín pasó de ser un pequeño poblado apartado en las montañas a ser una ciudad en proceso de industrialización (proceso que fracasaría a finales del mismo siglo por cuenta de la apertura económica) que, ante la imposibilidad de expandirse en sentido norte-sur decidió integrarse a los municipios circundantes y empezó a recibir una cada vez más creciente migración proveniente de los municipios que buscaban integrarse a la región gracias al Ferrocarril de Antioquia (proyecto ejemplar que también fracasó a finales del siglo pasado por voluntad de la clase dirigente). Fue a partir de la violencia política que se asomó con algo de timidez desde los años treinta pero que se hizo más palpable a mediados de la década de los cuarenta que la migración se hizo más dramática y evidente. En contra de lo proyectado por las élites urbanas que pensaban una Medellín para su exclusivo disfrute, las oleadas de desposeídos que llegaron del campo hicieron crecer la ciudad sobre sus laderas orientales y occidentales y preñaron de tugurios de escombros y caminos de herradura las zonas que anteriormente habían sido fincas y terrenos en desuso.

Con la migración llegó la represión, ejercida de manera violenta por parte del Estado.

Por: Jaime Vargas Ramírez.
Julio 25 de 2017

Tierra bendecida por la naturaleza, pero maldecida por la codicia humana. El Oriente Antioqueño es una de las nueve subregiones en que se divide el departamento de Antioquia, cuenta con una extensión territorial de 7.021 kms², 55 kms² de área urbana y 6.966 kms² rurales. Del área total, el 22.85% corresponde a pisos térmicos cálidos, el 34.8% a pisos medios, el 40% a pisos fríos y el 2.35% a páramos. Comprende 23 municipios y una población actual aproximada de 570.000 habitantes.

Producto del abandono del Estado, de megaproyectos como hidroeléctricas, la autopista Medellín-Bogotá, y el aeropuerto internacional José María Córdova y de su manejo excluyente, emerge un movimiento de resistencia civil que se llamó Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño (MCOA). Movilización que abarcó la totalidad de municipios de esa región, donde al fragor de la lucha emergió una nueva dirigencia social y política que fue reprimida a sangre y fuego por la élite política y económica antioqueña. Posteriormente fue azotada por grupos armados que a nombre de ideologías extremas de izquierda y de derecha, quisieron someter a la población.

La región empieza a tener importancia desde los sesenta, con la construcción de las hidroeléctricas de San Carlos, Guatapé, Jaguas, Calderas, Tafetanes y Playas. Hoy, el oriente antioqueño genera el 33% de la energía del país.

Con la construcción de los embalses y la autopista Medellín-Bogotá, ocurrieron los primeros desplazamientos de la población. El casco urbano del Peñol fue trasladado en su totalidad y se dieron inundaciones en otras zonas del mismo. La comunidad se enfrentó a la reubicación en nuevas tierras y a cambios bruscos, tanto sociales como laborales. Llegaron a la localidad maquinaria pesada, numerosos foráneos, se especuló con la tierra y allí ocurrió el primer asesinato contra los que se oponían a los designios del desarrollo y el progreso. Cuenta Humberto León Rivera Galeano en su libro “El Ave Fenix”, donde relata lo acaecido en el Peñol que, “cuando se anunció que se iba a embalsar el pueblo, don Demetrio que era uno de los mayores propietarios de vegas aledañas al río Nare, dijo que no le interesaba vender sus tierras. Esto le valió que el día 19 de octubre de 1.965 sobre las cinco de la tarde, presumiblemente un carabinero que estaba de servicio en la mayoría de Guatapé, lugar en donde estaban las oficinas de EPM, lo matara a tiros en la entrada de su casa. Con este acto se garantizaba que el patrimonio de don Demetrio “se volvería harinas” y los herederos negociarían más fácilmente sus derechos sucesorios con las EPM”.

Por: Jonás Vergara.

La cuenta de Twitter del senador y expresidente Álvaro Uribe da de qué hablar por los bloqueos realizados a figuras políticas colombianas.

En una salida a medios, el negociador del Acuerdo de Paz, Humberto De La Calle informó de la acción del senador en la popular red social.

Lo que pasaría como una anécdota más en el panorama político, terminó siendo un movimiento viral en el que otros opositores al senador reportaron, a través de pantallazos, los bloqueos del senador.

Algunos, en tono de broma como el Ministro para el Postconflicto, Rafael Pardo; otros en tono de denuncia, como el del exdirector del DAS, Ramiro Bejarano, y algunos más que oscilaban entre la ironía y cierta dignidad por “merecer la atención” de semejante figura.

Sin embargo, esto no quedó en anécdota. Al momento, el antiguo director de Twitter Colombia y “empresario digital”, Diego Santos, hizo un clip sobre el tema que divulgó a través de su arroba.

Mientras que De La Calle buscó réditos políticos al utilizar su bloqueo como ejemplo para su campaña en Twitter: #PlanNacionalDeLaValeriana.

Por Jonás Vergara *

Las redes sociales y los medios de comunicación de Colombia han hecho eco a la última columna de Abelardo De La Espriella en la que incita al asesinato del presidente venezolano Nicolás Maduro.

No es de extrañar que De La Espriella llame la atención en los medios. Sus declaraciones altisonantes, además de sus apariciones públicas en defensa de personajes cuestionables, funcionan como un medidor de rating para éstos que, al prestarse como altavoz para sus actuaciones, “legitiman” sus intenciones como figura pública: adalid del derecho y opinador de vanguardia.

Su última salida al escenario hace un llamamiento al tiranicidio, invocando argumentos históricos que darían razón a las ideas que esboza en la columna; para esto, llega hasta 1598 para dar legitimidad a sus pretensiones.

Al ser inquirido por las “razones filosóficas” de su columna, De La Espriella invoca la obra de la que extrae la idea polémica, es “De rege et regis institutione” o Sobre el rey y la institución real (1598), escrita por Juan de Mariana, cuya afirmación principal es justificar el asesinato del tirano si éste eleva los impuestos sin justificación, expropia los terrenos de los propietarios o impide la reunión del parlamento para el libre debate de las ideas.

De acuerdo a lo anterior, el tiranicidio fue la causa por la que los asesinatos de monarcas como Enrique III y Enrique IV en Francia eran justificados, dadas las acciones que emprendieron en contra de los intereses del soberano.

Por: Mauricio Vargas González.

De pacificador que llevó a la guerrilla hacia el repliegue y que desmovilizó a los paramilitares –una desmovilización parcial, turbia, cuestionada- al acérrimo enemigo de la paz, Uribe será recordado, no ya como el presidente de la seguridad y la concordia sino como el ex-presidente mezquino que le puso todos los palos en la rueda a la paz de un país que ha sufrido por más de cinco lustros los desgarradores efectos de un conflicto armado que desplazó a seis millones de colombianos y en el cual murieron 218.094 compatriotas, 82 por ciento, civiles. (1) Mientras Santos, con Nobel de Paz en mano, ahora se esfuerza por sacar adelante la reglamentación de los acuerdos con el respaldo del Partido Liberal de la Unidad Nacional, y con el respaldo de la ciudadanía y de partidos políticos y organizaciones sociales.(2)

La lucha armada jamás fue el camino para las transformaciones sociales. La ‘combinación de las formas de lucha’ fue criticada por Francisco Mosquera desde finales de los sesentas.
Hoy presenciamos la oportunidad histórica para la autocrítica y la debida corrección. A su vez esta aventura bélica generó la más terrible reacción destructora del adversario y clases afectadas, quienes ganaron el pulso y doblegaron la población a base de crímenes de lesa humanidad (3). Por fin podrá haber garantías mínimas para hacer políticas de izquierdas de manera sana y mediante ideas únicamente.

El dominio del paramilitarismo y el narcotráfico absorbieron el poder local y regional remplazando las viejas élites tradicionales, gamonales y gremiales, reconfiguraron la composición de clases (4) mediante una transformación de la economía, la apropiación de los recursos del Estado y el auge de las rentas ilegales como la producción y refinamiento de cocaína. Dieron al traste con el mandato de descentralización y democratización promulgado por la Constitución de 1991, toda vez que los espacios y nuevas herramientas que ha proporcionado la Carta en su gran mayoría han sido tomadas por estas fuerzas oscuras para beneficio propio.

Por: Édinson Muñoz Ciro, Daniel Montoya Escobar y Alejandra Muñoz Rivera.
Junio 8 de 2017

El efecto de la disposición inadecuada de los aceites usados de motor es tan grave y nocivo para el medio ambiente, que en todos los países desarrollados del mundo está prohibida su combustión y todos los generadores de este residuo tienen que pagar por la correcta disposición final.

Peligrosidad de la inadecuada disposición final de los aceites usados de motor.

Los aceites lubricantes usados son clasificados como Residuos Peligrosos en el Anexo I, numerales 8 y 9 del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, adoptado por la Conferencia de Plenipotenciarios de la ONU del 22 de marzo de 1989 y vigente a partir del 5 de mayo de 1992.

Este convenio fue ratificado por Colombia mediante la Ley 253 del 9 de enero de 1996, que considera el aceite lubricante usado como uno de los desechos peligrosos para su control, debido a los contaminantes altamente tóxicos que lo componen y que afectan a los seres vivos y al ambiente en su conjunto.