Colombia actual

Las FARC ahora son un partido político. Acostumbrarse a él

Los colombianos deberían aceptar que sus líderes ya no son terroristas

Una tormenta que llenó las calles de Bogotá con hielo el 1 de noviembre fue el segundo evento anormal del día en la capital de Colombia. La primera tuvo lugar en la sala de conferencias de un hotel, donde las FARC, un ejército guerrillero convertido en partido político, anunciaron sus candidatos a las elecciones presidenciales y legislativas que se celebrarán en 2018. Ante una pantalla con el nuevo logotipo pacífico de las FARC: una rosa con estrella roja en su centro: sus líderes hicieron todo lo posible para parecerse a los políticos normales. Imelda Daza, la candidata a la vicepresidencia, prometió un "modelo más inclusivo" de gobierno que superaría la pobreza, el hambre y las barreras a la educación.

La mayoría de los colombianos conocen a las FARC como un ejército sin ley cuya guerra de 52 años contra el Estado estuvo en el centro de un conflicto que causó más de 200,000 muertes y desplazó a 7 millones de personas. La fiesta no está tratando de ocultar sus orígenes. Su nuevo nombre, la Fuerza Revolucionaria Alternativa Popular, usa el antiguo acrónimo sangriento. Su candidato presidencial, Rodrigo Londoño, también conocido como Timochenko, ha dirigido a las FARC desde 2011. Aunque se ha convertido en un pacificador, los Estados Unidos lo buscan por tráfico de cocaína, secuestro y asesinato. Las FARC permanecen en la lista de terroristas del Departamento de Estado bajo su antiguo nombre.

Para decir no a la minería, dos municipios se movilizaron en corto tiempo.

Por: Teresa Consuelo Cardona

Actualmente y desde el 2004, avanza un proyecto para la extracción de material de arrastre del río Amaime, ante la Agencia Nacional de Minería, ANM. El río, que es afluente del Cauca, nace en el páramo de las Hermosas y desciende por la cordillera Central, oxigenando a lo largo de la cuenca tres tipos de bosques ubicados entre los 4.200 y los 900 metros de altitud que abarca un área de más de 100.000 hectáreas, de vital importancia para la estabilidad ambiental del territorio. En su entorno, en poblaciones rurales y urbanas, se asientan unas 450.00 personas. El proyecto de extracción minera está reconocido por la ANM con el contrato de concesión DJM121, en el que las empresas Gravarena Ltda y Arenas Amaime, harán la explotación del río sacando de su cauce 76.000 metros cúbicos, en un tramo cercano a dos poblaciones rurales, con maquinaria pesada. Según se manifiesta en el seguimiento que la misma Agencia hace del contrato, los solicitantes requieren el permiso de la CVC para poder otorgarles finalmente la concesión.

El Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hídrica, POMCH, documento que designa el destino de las zonas de un municipio, delimita el área de recorrido del Amaime, en la zona montañosa, con una vocación distinta a la explotación minera de material de arrastre, ya que es una región destinada a la reforestación, las pequeñas parcelas, pequeños desarrollos agropecuarios, cultivos forestales y reserva ambiental. Este POMCH, es la guía del desarrollo de la región y debe ser consultado por todas las entidades que deseen hacer proyectos de cualquier tipo, ya que traza la ruta de lo posible y lo inaceptable en Palmira y El Cerrito, hasta el año 2030.

El reciente caso de la detención de Marcelo Torres

Por: Teresa Consuelo Cardona.

El reciente caso de la detención de Marcelo Torres, un líder de izquierda que logró abrirse campo entre la apretada telaraña criminal tejida magistralmente por delincuentes, acostumbrados a usufructuar los recursos de todos en beneficio propio, sacó a la luz una práctica que no es nueva: El uso de la Ley como instrumento de venganza. Lo que sí tuvo de nuevo este episodio, es que fue puesto deliberadamente en el subconsciente colectivo, como si fuera un caso más de lo que algunos políticos llaman “persecución política” y que no es otra cosa que el cumplimiento efectivo de la ley frente a los delitos cometidos por políticos. La sociedad, presa fácil del reduccionismo mediático, mete en la misma bolsa a todos los políticos que denuncian persecución en su contra, sin examinar detalladamente los factores que hacen la diferencia.

El tema de la persecución política, se ha tomado la agenda de los noticieros por cuenta de los políticos que son juzgados por actos de corrupción. La excusa es cínica pero les suena perfecta: sus enemigos (abstractos casi siempre) que se han tomado el trabajo de auscultar sus actuaciones públicas, las que incluyen transacciones multimillonarias con dineros de todos, han perseverado de tal forma que han encontrado delitos. Parapolíticos y corruptos, juzgados y condenados, de la talla de Andrés Felipe Arias o Enilse López, cuyas maniobras los alejan de la cárcel, se han declarado como perseguidos políticos, ridiculizando la figura y agrediendo la inteligencia de los colombianos. Pero no ha sido en vano. Su estrategia funciona, muy particularmente, cuando otras figuras políticas que sí son víctimas de persecución por sus acciones, sus ideas políticas, sus gestiones, su proceder democrático, son llevadas a la palestra pública sin haber cometido ningún delito y allí, en medio del alud de ignorancia política que azota a los ciudadanos, son evaluadas como si se tratara delincuentes. La masa, consumidora indigesta de noticias y opiniones, no nota la diferencia entre quienes usan la excusa cínica y desvergonzada de la persecución política y quienes padecen el dolor de ser perseguidos políticos.

LA OTRA UNIVERSIDAD EN PIE DE LUCHA. 150 AÑOS. ALZANDO LA VOZ POR MARCELO, Y LA OPCIÓN DESDE ABAJO PARA LA JUSTICIA.

Por: Miguel Angel Herrera Zgaib

Profesor asociado, U. Nacional. EX rector de la U. Libre. Catedrático de la Maestría en Estudios Políticos, U. Javeriana. Director del XIII Seminario Internacional A. Gramsci, noviembre 13-16.

Esta semana tiene de nuevo, en jaque, a la administración de justicia colombiana. Bajo la batuta de Humberto Martínez, que estuvo, en persona, sirviendo a los intereses del grupo Sarmiento Angulo, y en particular, de su holding, a Corficolombiana.

Ahora, este "prestigioso" abogado, porque representa a las transnacionales, antes en persona, y por estas calendas, a través de su bufete familiar. Tal y como acostumbran a hacerlo aquí, sin problemas, figuras que se han paseado primero por los puestos públicos, en particular, los magistrados de las altas cortes, a través de la "puerta giratoria", como si nada, haciendo uso de sus "amistades y clientelas".

Obteniendo, además, una jugosa pensión asegurada por un régimen especial; y después quieren posar de impolutos Catones, repartiendo mandobles, prevalidos de los poderes que les confiamos ingenuamente. Diciendo como el pibe Valderrama, en modo selección: Todo bien, todo bien!

Pues, NO !

¡Qué el Gobierno y la Fiscalía respondan por la vida de Marcelo Torres!

En la mañana de ayer [3 de octubre] fue detenido Marcelo Torres, ex alcalde de Magangué y dirigente de la Alianza Verde, cuando acudió a la Fiscalía en Bogotá a una citación para rendir versión libre en un proceso sobre falsificación de su firma en documento público, denuncia que él mismo había hecho con anterioridad. Una vez allí, se le notificó de manera sorpresiva la existencia de una orden de captura en su contra, expedida por un juez de San Juan Nepomuceno hace más de un mes. En las horas de la tarde, pese a la solicitud de sus abogados para que explicaran el motivo de su detención y para que legalizaran su captura en Bogotá, se le remitió a Montería, rumbo a Magangué, sin considerar siquiera el alto riesgo de esa determinación, dadas las graves amenazas contra su vida provenientes de sectores mafiosos locales.

Durante la última década, Marcelo ha sido el más firme contradictor de la mafia que controla a Magangué y buena parte de la región Caribe. Su alcaldía, ejercida entre 2012 y 2015, dio pasos firmes para sacar a la ciudad de la postración en la que la tuvieron dichos sectores durante años. Por ello, Marcelo fue objeto de una persecución implacable durante su mandato, y él y su familia recibieron todo tipo de amenazas contra su vida y su seguridad. Una vez terminó su período como alcalde, esta persecución se ha centrado en el ámbito judicial.

Gracias, Francisco

Por: Jaime Vargas Ramírez
13 de septiembre de 2017

Gracias Francisco, por los 5 días que nos regaló a los colombianos. Porque dejamos de escuchar malas noticias, porque los encumbrados dejaron de aparecer en las pantallas, los pícaros y los corruptos dejaron de ser celebridades esos días, y muchos políticos, que se creen líderes, dejaron de trinar tanto. Hasta bajaron los homicidios. ¡Qué alivio fueron estos días!

Gracias por dejarnos mensajes claros y firmes contra los violentos, los corruptos, los narcotraficantes, los banqueros, los politiqueros y contra curas torcidos, es decir, contra los duros de corazón y alma podrida; “Hay densas tinieblas que amenazan y destruyen la vida: las tinieblas de la injusticia y de la inequidad social; las tinieblas corruptoras de los intereses personales o grupales, que consumen de manera egoísta y desaforada lo que está destinado para el bienestar de todos”.

Gracias por recordarnos la cizaña que todos llevamos en nuestro corazón.

Gracias por sus piropos a esta sufrida nación que nos ayuda a ver la otra cara de la moneda; “Colombia es una nación bendecida de muchísimas maneras; la naturaleza pródiga no solo permite la admiración por su belleza, sino que también invita a un cuidadoso respeto por su biodiversidad”.

Ningún mensaje es inocente: Comunicación y fe en la visita pastoral.

Por: Héctor Delgado*

La visita del Papa Francisco a Colombia es de carácter político. Eso se infiere después del mensaje del pasado 4 de septiembre en el que destaca que: “la paz es la que Colombia busca desde hace mucho tiempo y trabaja para conseguirla. Una paz estable, duradera -subrayados del autor- para vernos y tratarnos como hermanos, nunca como enemigos. La paz nos recuerda que todos somos hijos de un mismo padre, que nos ama y nos consuela".

Enmarcada en el lema “Demos el primer paso”, la visita ha sido un fenómeno mediático en cuyo interior se conjugan mensajes de reconciliación y fe como una manera de neutralizar o matizar cualquier accionar político, en especial los ataques de una oposición que, pese a comulgar y asistir a misa cada domingo, respeta (todavía) la jerarquía de la Iglesia Católica.

Sin embargo, era cuestión de horas para que la visita saliera del clóset. Después de la declaración de Francisco, el senador y expresidente Álvaro Uribe remitió una carta en la que manifiesta los “reparos” -entrecomillado del autor- con respecto al Acuerdo de Paz, lo que contrasta con el mensaje de “conciliación” escrito tan solo una semana atrás en su cuenta de Twitter.

También a estas horas, el destituido procurador Alejandro Ordóñez sale en el espacio radial de Vicky Dávila en W, a sumar fuego en lo que respecta a la llegada de una figura que, pese a su carisma, es resistido por sectores conservadores de la Iglesia Católica.

Artículo 12. “Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”(1)

Por: Andrea Guzmán

Parafraseando la Constitución Política Nacional de 1991, pareciese que esta fuese la frase de un Estado donde aprendió a mirarse con los ojos del perdón, que abatió la guerra y construyó líneas de democracia, soberanía y paz. Sin embargo, tristemente desde que tengo uso de razón la muerte ha sido ese baluarte de dolor nacional, el olvido se ha convertido en atenuante de repetición, y el silencio, como el combustible de una permisividad voraz.

El conflicto de diferentes poderes económicos ha fraguado la reciente historia de una constitución que alcanzó a nacer justo con un modelo de interacción comercial de Colombia con el mundo, y se instauraba como uno de los proyectos con mayor posibilidad de acercamiento e integración transfronteriza. Sin embargo, muchas de las secuelas que actualmente acontecen fueron desencadenadas en ese período circunstancial; de ser así, cambios en las perspectivas políticas y económicas abonaron terreno para las innumerables crisis en el sector salud, educación, agrícola, industrial y, por ende, laboral que hoy tenemos.

Cuando salí del colegio, vi una camioneta que pasaba y en la parte de atrás cargaba consigo unos 6 militares con sus pesadas armas. Tantas veces lo había visto por la tele, que hasta natural me pareció la escena. Sin embargo, no dejé de sentir miedo; unos minutos más tarde, me encontré con mi abuela, quien me esperaba para llevarme con ella hasta la casa materna. Caminamos y le pregunté si sabía qué pasaba, a lo que respondió con claridad –ay mijita, yo solo pienso en la familia de ese muchacho. Que hombres tan malos los que le hicieron eso-

Sobre la revolución Colombiana y el contexto Latinoamericano.

Por: Mauricio Vargas González.

Pongo en consideración estas reflexiones para el debate, para corregir ideas propias y para aportar a la visión de otros luchadores sociales y agentes políticos de cambio.

En la revolución colombiana a diferencia del “Castrochavismo” de Venezuela, no se trata de una subversión del orden social en el sentido de un levantamiento de los pobres y las clases más humildes -que en el marxismo se les ha llamado las ‘Las masas urbanas empobrecidas’- en contra de las clases altas y medias-altas, para subvertir los privilegios y el orden social y empresarial sobre los cuales se erigen.

Décadas de ‘Conflicto Armado’ y violencia política dieron al traste con la configuración de una corriente social y popular pro-cambio y pro-transformación social. Así mismo este torbellino de belicismo y terrorismo generó una contra-corriente y una contra-revolución de las clases más reaccionarias de la sociedad, Terratenientes y Narcotraficantes unidos, que absorbieron ‘la clase política’ y que se tomaron las regiones, apropiándose del ‘Estado local’ y del presupuesto público.

En Colombia se trata de una revolución democrático-pequeño-burguesa, donde se amplíe la democracia y la participación ciudadana, se fortalezca lo cultural, se gane terreno en la protección del medio ambiente, se proteja la maltrecha educación pública y se fortalezcan espacios de decisión: Esto tiene que ver con la descentralización, mayor autonomía administrativa en los municipios para el manejo de recursos y un fortalecimiento de los organismos de control con más recursos, mayores competencias y mayor visibilidad mediática.

Lo público en la educación superior colombiana

Por: Leopoldo Múnera Ruiz.
Profesor asociado, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales - Universidad Nacional de Colombia.

Dejar a la deriva a las instituciones estatales, no ofrecerles las condiciones financieras e institucionales necesarias para que sean de alta calidad, o destinar recursos públicos escasos para financiar las altas matrículas de las universidades privadas, como sucede en la actualidad, contradice la finalidad social del Estado establecida en la Constitución.

El programa “Ser Pilo Paga”, implementado en 2015, ha reanimado en el país el debate sobre lo público en la educación superior. Incluso Pablo Navas, rector de la Universidad de los Andes, sostuvo en un artículo de opinión publicado en El Espectador en enero del presente año, que la institución dirigida por él era la “universidad más pública del país”.

Los criterios utilizados para emitir tal juicio fueron heterogéneos, retóricos, y en algunos casos autocontradictorios: la meritocracia como única condición de ingreso a la universidad con la matrícula más costosa del país; la posición en los rankings internacionales, la cual, si acaso, permitiría hablar de la calidad, pero no de la naturaleza pública de una institución; la participación de profesores y estudiantes en sus instancias de gobierno, sin ponderar el peso de estas; o la reinversión del 100 % de sus ganancias en sus propias actividades, lo cual es característico de las corporaciones privadas de utilidad común y sin ánimo de lucro, como lo exige la Ley 30 de 1992.

La inversión extranjera: el peor negocio de Colombia, el mejor negocio de las multinacionales

Demandada la nación por impedir la destrucción del medioambiente

Por: Adriana Cadena

A partir del gobierno de César Gaviria, Colombia tomó la decisión de incorporarse en la apertura económica y entrar a la globalización a través del libre comercio. Sin embargo, es a partir del 2009 que Colombia empieza a negociar y a firmar Tratados de Libre Comercio – TLC-, masivamente.

Actualmente Colombia cuenta con trece Acuerdos comerciales que involucran a cuarenta y nueve países; también posee Acuerdos Internacionales de Inversión vigentes con diecisiete países y suscritos con treinta y seis países más. Estos Acuerdos de Inversión varían entre Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), Acuerdos de Protección Recíproca a las Inversiones (APPRI) y Acuerdos de Inversión amparados bajo el capítulo de inversiones de los TLC.

Para poder firmar los diferentes acuerdos internacionales comerciales y de inversión, Colombia ha adoptado un número importante de normas impuestas por los organismos multilaterales: desde la Organización Mundial del Comercio, tenemos el Acuerdo de Medidas en Materia de Inversiones relacionadas con el Comercio-MIC- (1994), Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios - GATS (1994), Acuerdo General de Aranceles y Comercio - GATT (1981), Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias – ASMC- y el acuerdo sobre Propiedad Intelectual- ADPIC- que plantea exigencias adicionales a los empresarios de la región, que se traducen en mayores costos y mayores dificultades para acceder a nuevas tecnologías, ya que el ADPIC resulta ser el Acuerdo que protege la industria de los países desarrollados.

Desde el Banco Mundial se impusieron el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones – CIADI (1995) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones - MIGA (1995) y desde Naciones Unidas, el Acuerdo de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, más conocido como CNUDMI.

¿Es en verdad nuevo el problema de inseguridad en Medellín?

Por: Juan Orlando Bonilla Peñaloza

Los hechos de violencia en la ciudad de Medellín de los últimos días han causado un estado de conmoción generalizada en los habitantes de la ciudad. Rectores y religiosos asesinados, enfrentamientos entre combos delincuenciales, cobros de extorsiones o “vacunas” a transportadores, el “fleteo”; además de los múltiples crímenes como el asalto o el microtráfico que ya se han convertido en parte del paisaje de la ciudad contrastan con la imagen de ciudad líder e innovadora que se ha querido difundir desde la alcaldía con eventos como Colombia Moda o la pasada Feria de las Flores.

Pero esta situación no es para nada nueva, desde inicios del siglo pasado Medellín pasó de ser un pequeño poblado apartado en las montañas a ser una ciudad en proceso de industrialización (proceso que fracasaría a finales del mismo siglo por cuenta de la apertura económica) que, ante la imposibilidad de expandirse en sentido norte-sur decidió integrarse a los municipios circundantes y empezó a recibir una cada vez más creciente migración proveniente de los municipios que buscaban integrarse a la región gracias al Ferrocarril de Antioquia (proyecto ejemplar que también fracasó a finales del siglo pasado por voluntad de la clase dirigente). Fue a partir de la violencia política que se asomó con algo de timidez desde los años treinta pero que se hizo más palpable a mediados de la década de los cuarenta que la migración se hizo más dramática y evidente. En contra de lo proyectado por las élites urbanas que pensaban una Medellín para su exclusivo disfrute, las oleadas de desposeídos que llegaron del campo hicieron crecer la ciudad sobre sus laderas orientales y occidentales y preñaron de tugurios de escombros y caminos de herradura las zonas que anteriormente habían sido fincas y terrenos en desuso.

Con la migración llegó la represión, ejercida de manera violenta por parte del Estado.

El oriente antioqueño y la resistencia civil

Por: Jaime Vargas Ramírez.
Julio 25 de 2017

Tierra bendecida por la naturaleza, pero maldecida por la codicia humana. El Oriente Antioqueño es una de las nueve subregiones en que se divide el departamento de Antioquia, cuenta con una extensión territorial de 7.021 kms², 55 kms² de área urbana y 6.966 kms² rurales. Del área total, el 22.85% corresponde a pisos térmicos cálidos, el 34.8% a pisos medios, el 40% a pisos fríos y el 2.35% a páramos. Comprende 23 municipios y una población actual aproximada de 570.000 habitantes.

Producto del abandono del Estado, de megaproyectos como hidroeléctricas, la autopista Medellín-Bogotá, y el aeropuerto internacional José María Córdova y de su manejo excluyente, emerge un movimiento de resistencia civil que se llamó Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño (MCOA). Movilización que abarcó la totalidad de municipios de esa región, donde al fragor de la lucha emergió una nueva dirigencia social y política que fue reprimida a sangre y fuego por la élite política y económica antioqueña. Posteriormente fue azotada por grupos armados que a nombre de ideologías extremas de izquierda y de derecha, quisieron someter a la población.

La región empieza a tener importancia desde los sesenta, con la construcción de las hidroeléctricas de San Carlos, Guatapé, Jaguas, Calderas, Tafetanes y Playas. Hoy, el oriente antioqueño genera el 33% de la energía del país.

Con la construcción de los embalses y la autopista Medellín-Bogotá, ocurrieron los primeros desplazamientos de la población. El casco urbano del Peñol fue trasladado en su totalidad y se dieron inundaciones en otras zonas del mismo. La comunidad se enfrentó a la reubicación en nuevas tierras y a cambios bruscos, tanto sociales como laborales. Llegaron a la localidad maquinaria pesada, numerosos foráneos, se especuló con la tierra y allí ocurrió el primer asesinato contra los que se oponían a los designios del desarrollo y el progreso. Cuenta Humberto León Rivera Galeano en su libro “El Ave Fenix”, donde relata lo acaecido en el Peñol que, “cuando se anunció que se iba a embalsar el pueblo, don Demetrio que era uno de los mayores propietarios de vegas aledañas al río Nare, dijo que no le interesaba vender sus tierras. Esto le valió que el día 19 de octubre de 1.965 sobre las cinco de la tarde, presumiblemente un carabinero que estaba de servicio en la mayoría de Guatapé, lugar en donde estaban las oficinas de EPM, lo matara a tiros en la entrada de su casa. Con este acto se garantizaba que el patrimonio de don Demetrio “se volvería harinas” y los herederos negociarían más fácilmente sus derechos sucesorios con las EPM”.

El club de los bloqueados

Por: Jonás Vergara.

La cuenta de Twitter del senador y expresidente Álvaro Uribe da de qué hablar por los bloqueos realizados a figuras políticas colombianas.

En una salida a medios, el negociador del Acuerdo de Paz, Humberto De La Calle informó de la acción del senador en la popular red social.

Lo que pasaría como una anécdota más en el panorama político, terminó siendo un movimiento viral en el que otros opositores al senador reportaron, a través de pantallazos, los bloqueos del senador.

Algunos, en tono de broma como el Ministro para el Postconflicto, Rafael Pardo; otros en tono de denuncia, como el del exdirector del DAS, Ramiro Bejarano, y algunos más que oscilaban entre la ironía y cierta dignidad por “merecer la atención” de semejante figura.

Sin embargo, esto no quedó en anécdota. Al momento, el antiguo director de Twitter Colombia y “empresario digital”, Diego Santos, hizo un clip sobre el tema que divulgó a través de su arroba.

Mientras que De La Calle buscó réditos políticos al utilizar su bloqueo como ejemplo para su campaña en Twitter: #PlanNacionalDeLaValeriana.

Maten al tirano

Por Jonás Vergara *

Las redes sociales y los medios de comunicación de Colombia han hecho eco a la última columna de Abelardo De La Espriella en la que incita al asesinato del presidente venezolano Nicolás Maduro.

No es de extrañar que De La Espriella llame la atención en los medios. Sus declaraciones altisonantes, además de sus apariciones públicas en defensa de personajes cuestionables, funcionan como un medidor de rating para éstos que, al prestarse como altavoz para sus actuaciones, “legitiman” sus intenciones como figura pública: adalid del derecho y opinador de vanguardia.

Su última salida al escenario hace un llamamiento al tiranicidio, invocando argumentos históricos que darían razón a las ideas que esboza en la columna; para esto, llega hasta 1598 para dar legitimidad a sus pretensiones.

Al ser inquirido por las “razones filosóficas” de su columna, De La Espriella invoca la obra de la que extrae la idea polémica, es “De rege et regis institutione” o Sobre el rey y la institución real (1598), escrita por Juan de Mariana, cuya afirmación principal es justificar el asesinato del tirano si éste eleva los impuestos sin justificación, expropia los terrenos de los propietarios o impide la reunión del parlamento para el libre debate de las ideas.

De acuerdo a lo anterior, el tiranicidio fue la causa por la que los asesinatos de monarcas como Enrique III y Enrique IV en Francia eran justificados, dadas las acciones que emprendieron en contra de los intereses del soberano.

De Pacificador a Enemigo acérrimo de la Paz. Por una fuerza que transforme Colombia.

Por: Mauricio Vargas González.

De pacificador que llevó a la guerrilla hacia el repliegue y que desmovilizó a los paramilitares –una desmovilización parcial, turbia, cuestionada- al acérrimo enemigo de la paz, Uribe será recordado, no ya como el presidente de la seguridad y la concordia sino como el ex-presidente mezquino que le puso todos los palos en la rueda a la paz de un país que ha sufrido por más de cinco lustros los desgarradores efectos de un conflicto armado que desplazó a seis millones de colombianos y en el cual murieron 218.094 compatriotas, 82 por ciento, civiles. (1) Mientras Santos, con Nobel de Paz en mano, ahora se esfuerza por sacar adelante la reglamentación de los acuerdos con el respaldo del Partido Liberal, y demás partidos de la Unidad Nacional, además del respaldo de la ciudadanía y de partidos políticos alternativos y organizaciones sociales.(2)

La lucha armada jamás fue el camino para las transformaciones sociales. La ‘combinación de las formas de lucha’ fue criticada por Francisco Mosquera desde finales de los sesentas.
Hoy presenciamos la oportunidad histórica para la autocrítica y la debida corrección. A su vez esta aventura bélica generó la más terrible reacción destructora del adversario y clases afectadas, quienes ganaron el pulso y doblegaron la población a base de crímenes de lesa humanidad (3). Por fin podrá haber garantías mínimas para hacer política de izquierda de manera sana y mediante ideas únicamente.

El dominio del paramilitarismo y el narcotráfico absorbió el poder local y regional remplazando las viejas élites tradicionales, gamonales y gremiales, reconfiguró la composición de clases (4) mediante una transformación de la economía, la apropiación de los recursos del Estado y el auge de las rentas ilegales como la producción y refinamiento de cocaína. Dieron al traste con el mandato de descentralización y democratización promulgado por la Constitución de 1991, toda vez que los espacios, nuevas herramientas y la apertura que ha proporcionado la Carta -en su gran mayoría y de manera significativa- han sido tomadas por estas fuerzas oscuras para beneficio propio.

La re-refinación: una alternativa a la mano para la disposición adecuada de aceites usados (1)

Por: Édinson Muñoz Ciro, Daniel Montoya Escobar y Alejandra Muñoz Rivera.
Junio 8 de 2017

El efecto de la disposición inadecuada de los aceites usados de motor es tan grave y nocivo para el medio ambiente, que en todos los países desarrollados del mundo está prohibida su combustión y todos los generadores de este residuo tienen que pagar por la correcta disposición final.

Peligrosidad de la inadecuada disposición final de los aceites usados de motor.

Los aceites lubricantes usados son clasificados como Residuos Peligrosos en el Anexo I, numerales 8 y 9 del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, adoptado por la Conferencia de Plenipotenciarios de la ONU del 22 de marzo de 1989 y vigente a partir del 5 de mayo de 1992.

Este convenio fue ratificado por Colombia mediante la Ley 253 del 9 de enero de 1996, que considera el aceite lubricante usado como uno de los desechos peligrosos para su control, debido a los contaminantes altamente tóxicos que lo componen y que afectan a los seres vivos y al ambiente en su conjunto.

NO MÁS DE LO MISMO

Jaime Vargas Ramírez
Junio 9 de 2017

No más de lo mismo, es lo que esperamos los colombianos cada que elegimos presidente y otros cargos de elección popular. Y siempre, cada 4 años, hay frustración y desilusión por que los candidatos no cumplen con lo que prometen. No hay verdadera solución a los más variados y complejos problemas que nos aquejan. La corrupción, la violencia, la desigualdad, la injusticia y la pobreza, campean a lo largo y ancho del territorio nacional.

La mitad de los habilitados para votar no lo hacen porque no creen en los políticos, ni en los partidos, ni en las promesas. La otra mitad de la mitad que vota, comprados por la mermelada de una maquinaria electoral tradicional -bien aceitada desde los tiempos del Frente Nacional-, votan por los mismos de siempre. Y queda un voto de opinión o independiente, que trata de acertar votando por algunos candidatos decentes, que los hay, tanto de izquierda como de derecha, vale decir.

En ese contexto, la izquierda, tradicionalmente oposición, tampoco acierta en dar soluciones, pues parece acomodada desempeñando esa función desde 1930 que nace el Partido Comunista. Después de muchos años, de ires y venires, de la aparición y desaparición de infinidad de corrientes, de aciertos y de errores, -porque de los horrores que respondan los armados- toda la izquierda con sus matices, no logra encontrar las llaves para entrar a la Casa de Nariño.

Equidad y Educación: una reflexión desde la educación media

Por: Judith Consuelo Pulido Rodríguez (1).

Introducción

Son muchas las veces que se escucha, desde los gobiernos locales o nacionales, que extender la educación, asegurar el acceso a la educación a todos los colombianos y colombianas, es el factor fundamental para alcanzar una mayor equidad económica y social en nuestro país.

Y no falta razón a este enunciado. Sobre todo cuando se considera los niveles de la enseñanza media que deben servir de articulación y, por así decir, de apalancamiento para que las niñas y niños de los sectores más desfavorecidos, de los estratos más pobres y de menores ingresos puedan encontrarse, al cabo de los ciclos educativos, en condiciones similares a los estudiantes que provienen de las familias de mayores recursos de la sociedad.

O, por lo menos, que de manera progresiva, año tras año, este gran sueño de una sociedad más justa e igualitaria, apareciera en el horizonte de las generaciones del mañana. Una sociedad futura donde los jóvenes egresados de nuestros colegios, cualquiera sea su condición socioeconómica, se encuentren con oportunidades laborales, de vida, de aprendizaje, de acceso a la formación universitaria y, por qué no, de posgrados y de expansión de todas sus facultades y libertades, más equitativas y justas.

La trampa de la desigualdad

El de Petro, un programa para la democracia del siglo XXI

Por: Mauricio Vargas González

El 25 de abril tuve la ocasión de asistir a la Asamblea de Progresistas en Medellín donde Gustavo Petro expresó algunas de sus ideas para Colombia. En los renglones que siguen intentaré presentar una síntesis de las mismas. Los ejes de su programa son: La defensa del agua, la necesidad de prepararnos para el cambio climático, la urgencia de combatir la segregación social y el fortalecimiento del bien común.

Petro está proponiendo un programa que recoge las viejas aspiraciones de la clase obrera, las recientes preocupaciones medioambientales y las actuales reivindicaciones de sectores nuevos en la población como son las minorías sexuales. Pretende ofrecer una propuesta fresca y renovadora que recoja a las distintas capas de la sociedad, sobre todo a las clases medias, los profesionales y las llamadas nuevas ciudadanías.

La discusión que se dio durante el arranque de la llamada Apertura Económica de si eran mejores las empresas públicas o las privadas, de si era mejor la intervención de Estado o la libre acción del mercado, Petro propone superarla yendo más allá de los argumentos que caracterizaron ese debate en los años noventa asumiendo un enfoque nuevo más acorde con los retos de los nuevos tiempos, pero que apunta a lo mismo: Un Estado fuerte para proteger el agua mediante la conducción efectiva de la economía, la reactivación de la producción en el campo y las ciudades, la nacionalización de industrias estratégicas: energía, explotación minera, comunicaciones y servicios públicos, además de generar una nueva industria basada en la ciencia y la tecnología, con énfasis en la producción intelectual e inmaterial como el software y la investigación científica.

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