Colombia actual

¿Quién le teme a Gustavo Petro?

Por: Enrique Santos Molano

¿Por qué están amenazadas las vidas del candidato presidencial Gustavo Petro Urrego y de varios de los dirigentes del movimiento Colombia Humana que acompaña la candidatura de Petro? ¿Por qué han sido asesinados más de ciento veinte líderes sociales, dos de ellos, en los últimos días, activistas de Colombia Humana? ¿Quiénes le temen tanto a Petro que no vacilan en apelar al crimen para atajarlo en su camino a la presidencia de Colombia? ¿Por qué le temen?

Excepto para la última, yo no tengo las respuestas a esas preguntas aciagas, que emanan de conversaciones oídas al azar, o que corren por las redes de internet o brotan en corrillos políticos desconcertados ante la extraordinaria cantidad de gente que desborda las plazas para escuchar con entusiasmo delirante (y sin echarle ‘abajos’ a nadie) las exposiciones de Gustavo Petro sobre sus programas de gobierno. “No lo dejarán llegar”, comentan muchos.

¿Quiénes no lo dejarán llegar? Quizá sean los mismos que han ejercido el poder en Colombia, “a sangre y fuego” por varias generaciones. Los mismos que traicionaron a Nariño en Pasto y después le hicieron la guerra sucia. Los mismos que luego de una guerra sucia plagada de mentiras intentaron asesinar al Libertador Simón Bolívar.

Los mismos que asesinaron a Sucre en Berruecos. Los mismos que tras una guerra sucia, de odio encarnizado, les suministraron a Galarza y Carvajal las hachuelas para asesinar a Uribe Uribe en 1914. Los mismos que le hicieron a López Pumarejo una guerra, sucia como la que más, e introdujeron en Colombia el terrorismo dinamitero para impedirle al presidente López Pumarejo que profundizara en su segunda administración los programas de la Revolución en Marcha, iniciados en la primera, con lo que al fin lo obligaron a renunciar en 1945, un año antes de concluir su período presidencial. Los mismos que “atajaron” con tres balazos a Jorge Eliécer Gaitán en 1948. “Los mismos con las mismas”.

Triunfó la comunidad organizada

Por: Teresa Consuelo Cardona

Superado el plazo que le concede la norma, la CVC negó la licencia ambiental para la explotación minera del río Amaime, en el polígono ubicado entre los municipios de Palmira y El Cerrito en el Valle del Cauca. El hecho había atraído la atención de la ciudadanía, luego de que un grupo de personas denunciaron que pese a que la zona estaba protegida normativamente por el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) y el POMCH (Plan de Ordenamiento Municipal de las Cuencas Hidrográficas), la CVC decidió estudiar la solicitud que a todas luces era ilegal, en tanto que contravenía las normas citadas.

Una estrategia mediática en redes sociales y medios alternativos, puso sobre aviso a los habitantes de los dos municipios, quienes se sumaron a diversas campañas de socialización sobre los peligros que afrontaba la cuenca hidrográfica, si la licencia era otorgada. Las comunidades ribereñas se movilizaron con prontitud, e hicieron presencia en sedes comunales, casas parroquiales y plaza pública, para explicar la situación. En medio del proceso de estudio de la licencia, la CVC hizo una silenciosa y breve convocatoria para cumplir con el requisito de la Audiencia Pública, que se hizo pocos días después.

Por su parte, las comunidades, lograron audiencia ante el Concejo Municipal, para explicar a ese cuerpo colegiado qué estaba sucediendo a sus espaldas, ya que las normas aprobadas por los ediles, habían sido ignoradas. En la sesión de Cabildo Abierto, muchos líderes rurales, académicos, autoridades ambientales, campesinos, dejaron en claro la inconveniencia de el otorgamiento de la licencia y el Concejo en pleno expresó su desacuerdo, al igual que la Alcaldía, la Gobernación, la Personería, la Contraloría y la Procuraduría Ambiental. Al día siguiente se celebró la Audiencia Pública, que desbordó las expectativas de asistencia. Personas de 12 corregimientos y veredas ribereñas del río, se hicieron presentes, así como cientos de ciudadanos de ambos municipios.

Algunas puntadas sobre la situación actual y las elecciones presidenciales de 2018

Por: Mauricio Vargas González

Robledo está llamando a votar por Fajardo, pero es un llamado sin ningún contenido económico, ya que el candidato en este sentido no se distingue de los demás aspirantes a la Presidencia a excepción de Gustavo Petro, quien ha planteado una reforma económica fundamental: Transformar el aparato productivo del país para salir del modelo extractivista hacia uno alrededor de las energías limpias, el agua y la agricultura.

Curioso, teniendo en cuenta que hasta hace poco lo económico era precisamente la piedra angular de la política del Polo-Moir.

El Partido del Trabajo de Colombia, PTC, ha considerado que no es la contradicción entre la nación y el imperialismo, es decir, el neoliberalismo, lo fundamental en esta coyuntura, sino la del país, la civilización, las clases populares y la élite urbana frente a los terratenientes, la mafia y el paramilitarismo la contradicción principal, es decir, la Paz.

Y este –el PTC-, aun cuando su compromiso institucional lo liga a la Coalición Colombia, sigue insistiendo en la “Enorme Coalición”, toda vez que consideramos que es tan valioso Petro como Fajardo, que requerimos del concurso del Partido Liberal y demás sectores democráticos del país que participaron en el SÍ en el Plebiscito por la Paz como Clara López, el Partido de la U, conservadores e independientes.

LA PRODUCTIVIDAD Y EL SALARIO MÍNIMO

Por: Diego Otero Prada

Cada fin de año se discute en Colombia el porcentaje de incremento del salario mínimo que según la ley debe ser igual a la suma del índice de inflación IPC más el valor de la productividad del trabajo.

La medición de la productividad según el gobierno

La discusión se centra en la medición de la productividad de trabajo. Para el gobierno este cálculo lo realiza el Departamento Nacional de Planeación DNP bajo la metodología de la Productividad Total de los Factores PTF, metodología que parte de una función de producción tipo Cobb Douglas y una serie de supuestos irrealistas. Esta metodología está desechada por argumentos teóricos y empíricos, por lo que sorprende que todavía se utilice en Colombia.

En primer lugar, la controversia sobre el capital de los años sesenta y setenta demostró que no existe una función de producción. A pesar de esto, todavía muchos economistas neoclásicos siguen utilizando funciones de producción para sus análisis. En segundo lugar, los estudios críticos han mostrado el sesgo que se produce hacia abajo o arriba, pero más hacia abajo cuando se utiliza una función de producción tipo Cobb-Douglas para calcular la productividad.

Las FARC ahora son un partido político. Acostumbrarse a él

Los colombianos deberían aceptar que sus líderes ya no son terroristas

Una tormenta que llenó las calles de Bogotá con hielo el 1 de noviembre fue el segundo evento anormal del día en la capital de Colombia. La primera tuvo lugar en la sala de conferencias de un hotel, donde las FARC, un ejército guerrillero convertido en partido político, anunciaron sus candidatos a las elecciones presidenciales y legislativas que se celebrarán en 2018. Ante una pantalla con el nuevo logotipo pacífico de las FARC: una rosa con estrella roja en su centro: sus líderes hicieron todo lo posible para parecerse a los políticos normales. Imelda Daza, la candidata a la vicepresidencia, prometió un "modelo más inclusivo" de gobierno que superaría la pobreza, el hambre y las barreras a la educación.

La mayoría de los colombianos conocen a las FARC como un ejército sin ley cuya guerra de 52 años contra el Estado estuvo en el centro de un conflicto que causó más de 200,000 muertes y desplazó a 7 millones de personas. La fiesta no está tratando de ocultar sus orígenes. Su nuevo nombre, la Fuerza Revolucionaria Alternativa Popular, usa el antiguo acrónimo sangriento. Su candidato presidencial, Rodrigo Londoño, también conocido como Timochenko, ha dirigido a las FARC desde 2011. Aunque se ha convertido en un pacificador, los Estados Unidos lo buscan por tráfico de cocaína, secuestro y asesinato. Las FARC permanecen en la lista de terroristas del Departamento de Estado bajo su antiguo nombre.

Para decir no a la minería, dos municipios se movilizaron en corto tiempo.

Por: Teresa Consuelo Cardona

Actualmente y desde el 2004, avanza un proyecto para la extracción de material de arrastre del río Amaime, ante la Agencia Nacional de Minería, ANM. El río, que es afluente del Cauca, nace en el páramo de las Hermosas y desciende por la cordillera Central, oxigenando a lo largo de la cuenca tres tipos de bosques ubicados entre los 4.200 y los 900 metros de altitud que abarca un área de más de 100.000 hectáreas, de vital importancia para la estabilidad ambiental del territorio. En su entorno, en poblaciones rurales y urbanas, se asientan unas 450.00 personas. El proyecto de extracción minera está reconocido por la ANM con el contrato de concesión DJM121, en el que las empresas Gravarena Ltda y Arenas Amaime, harán la explotación del río sacando de su cauce 76.000 metros cúbicos, en un tramo cercano a dos poblaciones rurales, con maquinaria pesada. Según se manifiesta en el seguimiento que la misma Agencia hace del contrato, los solicitantes requieren el permiso de la CVC para poder otorgarles finalmente la concesión.

El Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hídrica, POMCH, documento que designa el destino de las zonas de un municipio, delimita el área de recorrido del Amaime, en la zona montañosa, con una vocación distinta a la explotación minera de material de arrastre, ya que es una región destinada a la reforestación, las pequeñas parcelas, pequeños desarrollos agropecuarios, cultivos forestales y reserva ambiental. Este POMCH, es la guía del desarrollo de la región y debe ser consultado por todas las entidades que deseen hacer proyectos de cualquier tipo, ya que traza la ruta de lo posible y lo inaceptable en Palmira y El Cerrito, hasta el año 2030.

El reciente caso de la detención de Marcelo Torres

Por: Teresa Consuelo Cardona.

El reciente caso de la detención de Marcelo Torres, un líder de izquierda que logró abrirse campo entre la apretada telaraña criminal tejida magistralmente por delincuentes, acostumbrados a usufructuar los recursos de todos en beneficio propio, sacó a la luz una práctica que no es nueva: El uso de la Ley como instrumento de venganza. Lo que sí tuvo de nuevo este episodio, es que fue puesto deliberadamente en el subconsciente colectivo, como si fuera un caso más de lo que algunos políticos llaman “persecución política” y que no es otra cosa que el cumplimiento efectivo de la ley frente a los delitos cometidos por políticos. La sociedad, presa fácil del reduccionismo mediático, mete en la misma bolsa a todos los políticos que denuncian persecución en su contra, sin examinar detalladamente los factores que hacen la diferencia.

El tema de la persecución política, se ha tomado la agenda de los noticieros por cuenta de los políticos que son juzgados por actos de corrupción. La excusa es cínica pero les suena perfecta: sus enemigos (abstractos casi siempre) que se han tomado el trabajo de auscultar sus actuaciones públicas, las que incluyen transacciones multimillonarias con dineros de todos, han perseverado de tal forma que han encontrado delitos. Parapolíticos y corruptos, juzgados y condenados, de la talla de Andrés Felipe Arias o Enilse López, cuyas maniobras los alejan de la cárcel, se han declarado como perseguidos políticos, ridiculizando la figura y agrediendo la inteligencia de los colombianos. Pero no ha sido en vano. Su estrategia funciona, muy particularmente, cuando otras figuras políticas que sí son víctimas de persecución por sus acciones, sus ideas políticas, sus gestiones, su proceder democrático, son llevadas a la palestra pública sin haber cometido ningún delito y allí, en medio del alud de ignorancia política que azota a los ciudadanos, son evaluadas como si se tratara delincuentes. La masa, consumidora indigesta de noticias y opiniones, no nota la diferencia entre quienes usan la excusa cínica y desvergonzada de la persecución política y quienes padecen el dolor de ser perseguidos políticos.

LA OTRA UNIVERSIDAD EN PIE DE LUCHA. 150 AÑOS. ALZANDO LA VOZ POR MARCELO, Y LA OPCIÓN DESDE ABAJO PARA LA JUSTICIA.

Por: Miguel Angel Herrera Zgaib

Profesor asociado, U. Nacional. EX rector de la U. Libre. Catedrático de la Maestría en Estudios Políticos, U. Javeriana. Director del XIII Seminario Internacional A. Gramsci, noviembre 13-16.

Esta semana tiene de nuevo, en jaque, a la administración de justicia colombiana. Bajo la batuta de Humberto Martínez, que estuvo, en persona, sirviendo a los intereses del grupo Sarmiento Angulo, y en particular, de su holding, a Corficolombiana.

Ahora, este "prestigioso" abogado, porque representa a las transnacionales, antes en persona, y por estas calendas, a través de su bufete familiar. Tal y como acostumbran a hacerlo aquí, sin problemas, figuras que se han paseado primero por los puestos públicos, en particular, los magistrados de las altas cortes, a través de la "puerta giratoria", como si nada, haciendo uso de sus "amistades y clientelas".

Obteniendo, además, una jugosa pensión asegurada por un régimen especial; y después quieren posar de impolutos Catones, repartiendo mandobles, prevalidos de los poderes que les confiamos ingenuamente. Diciendo como el pibe Valderrama, en modo selección: Todo bien, todo bien!

Pues, NO !

¡Qué el Gobierno y la Fiscalía respondan por la vida de Marcelo Torres!

En la mañana de ayer [3 de octubre] fue detenido Marcelo Torres, ex alcalde de Magangué y dirigente de la Alianza Verde, cuando acudió a la Fiscalía en Bogotá a una citación para rendir versión libre en un proceso sobre falsificación de su firma en documento público, denuncia que él mismo había hecho con anterioridad. Una vez allí, se le notificó de manera sorpresiva la existencia de una orden de captura en su contra, expedida por un juez de San Juan Nepomuceno hace más de un mes. En las horas de la tarde, pese a la solicitud de sus abogados para que explicaran el motivo de su detención y para que legalizaran su captura en Bogotá, se le remitió a Montería, rumbo a Magangué, sin considerar siquiera el alto riesgo de esa determinación, dadas las graves amenazas contra su vida provenientes de sectores mafiosos locales.

Durante la última década, Marcelo ha sido el más firme contradictor de la mafia que controla a Magangué y buena parte de la región Caribe. Su alcaldía, ejercida entre 2012 y 2015, dio pasos firmes para sacar a la ciudad de la postración en la que la tuvieron dichos sectores durante años. Por ello, Marcelo fue objeto de una persecución implacable durante su mandato, y él y su familia recibieron todo tipo de amenazas contra su vida y su seguridad. Una vez terminó su período como alcalde, esta persecución se ha centrado en el ámbito judicial.

Gracias, Francisco

Por: Jaime Vargas Ramírez
13 de septiembre de 2017

Gracias Francisco, por los 5 días que nos regaló a los colombianos. Porque dejamos de escuchar malas noticias, porque los encumbrados dejaron de aparecer en las pantallas, los pícaros y los corruptos dejaron de ser celebridades esos días, y muchos políticos, que se creen líderes, dejaron de trinar tanto. Hasta bajaron los homicidios. ¡Qué alivio fueron estos días!

Gracias por dejarnos mensajes claros y firmes contra los violentos, los corruptos, los narcotraficantes, los banqueros, los politiqueros y contra curas torcidos, es decir, contra los duros de corazón y alma podrida; “Hay densas tinieblas que amenazan y destruyen la vida: las tinieblas de la injusticia y de la inequidad social; las tinieblas corruptoras de los intereses personales o grupales, que consumen de manera egoísta y desaforada lo que está destinado para el bienestar de todos”.

Gracias por recordarnos la cizaña que todos llevamos en nuestro corazón.

Gracias por sus piropos a esta sufrida nación que nos ayuda a ver la otra cara de la moneda; “Colombia es una nación bendecida de muchísimas maneras; la naturaleza pródiga no solo permite la admiración por su belleza, sino que también invita a un cuidadoso respeto por su biodiversidad”.

Ningún mensaje es inocente: Comunicación y fe en la visita pastoral.

Por: Héctor Delgado*

La visita del Papa Francisco a Colombia es de carácter político. Eso se infiere después del mensaje del pasado 4 de septiembre en el que destaca que: “la paz es la que Colombia busca desde hace mucho tiempo y trabaja para conseguirla. Una paz estable, duradera -subrayados del autor- para vernos y tratarnos como hermanos, nunca como enemigos. La paz nos recuerda que todos somos hijos de un mismo padre, que nos ama y nos consuela".

Enmarcada en el lema “Demos el primer paso”, la visita ha sido un fenómeno mediático en cuyo interior se conjugan mensajes de reconciliación y fe como una manera de neutralizar o matizar cualquier accionar político, en especial los ataques de una oposición que, pese a comulgar y asistir a misa cada domingo, respeta (todavía) la jerarquía de la Iglesia Católica.

Sin embargo, era cuestión de horas para que la visita saliera del clóset. Después de la declaración de Francisco, el senador y expresidente Álvaro Uribe remitió una carta en la que manifiesta los “reparos” -entrecomillado del autor- con respecto al Acuerdo de Paz, lo que contrasta con el mensaje de “conciliación” escrito tan solo una semana atrás en su cuenta de Twitter.

También a estas horas, el destituido procurador Alejandro Ordóñez sale en el espacio radial de Vicky Dávila en W, a sumar fuego en lo que respecta a la llegada de una figura que, pese a su carisma, es resistido por sectores conservadores de la Iglesia Católica.

Artículo 12. “Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”(1)

Por: Andrea Guzmán

Parafraseando la Constitución Política Nacional de 1991, pareciese que esta fuese la frase de un Estado donde aprendió a mirarse con los ojos del perdón, que abatió la guerra y construyó líneas de democracia, soberanía y paz. Sin embargo, tristemente desde que tengo uso de razón la muerte ha sido ese baluarte de dolor nacional, el olvido se ha convertido en atenuante de repetición, y el silencio, como el combustible de una permisividad voraz.

El conflicto de diferentes poderes económicos ha fraguado la reciente historia de una constitución que alcanzó a nacer justo con un modelo de interacción comercial de Colombia con el mundo, y se instauraba como uno de los proyectos con mayor posibilidad de acercamiento e integración transfronteriza. Sin embargo, muchas de las secuelas que actualmente acontecen fueron desencadenadas en ese período circunstancial; de ser así, cambios en las perspectivas políticas y económicas abonaron terreno para las innumerables crisis en el sector salud, educación, agrícola, industrial y, por ende, laboral que hoy tenemos.

Cuando salí del colegio, vi una camioneta que pasaba y en la parte de atrás cargaba consigo unos 6 militares con sus pesadas armas. Tantas veces lo había visto por la tele, que hasta natural me pareció la escena. Sin embargo, no dejé de sentir miedo; unos minutos más tarde, me encontré con mi abuela, quien me esperaba para llevarme con ella hasta la casa materna. Caminamos y le pregunté si sabía qué pasaba, a lo que respondió con claridad –ay mijita, yo solo pienso en la familia de ese muchacho. Que hombres tan malos los que le hicieron eso-

Sobre la revolución Colombiana y el contexto Latinoamericano.

Por: Mauricio Vargas González.

Pongo en consideración estas reflexiones para el debate, para corregir ideas propias y para aportar a la visión de otros luchadores sociales y agentes políticos de cambio.

En la revolución colombiana a diferencia del “Castrochavismo” de Venezuela, no se trata de una subversión del orden social en el sentido de un levantamiento de los pobres y las clases más humildes -que en el marxismo se les ha llamado las ‘Las masas urbanas empobrecidas’- en contra de las clases altas y medias-altas, para subvertir los privilegios y el orden social y empresarial sobre los cuales se erigen.

Décadas de ‘Conflicto Armado’ y violencia política dieron al traste con la configuración de una corriente social y popular pro-cambio y pro-transformación social. Así mismo este torbellino de belicismo y terrorismo generó una contra-corriente y una contra-revolución de las clases más reaccionarias de la sociedad, Terratenientes y Narcotraficantes unidos, que absorbieron ‘la clase política’ y que se tomaron las regiones, apropiándose del ‘Estado local’ y del presupuesto público.

En Colombia se trata de una revolución democrático-pequeño-burguesa, donde se amplíe la democracia y la participación ciudadana, se fortalezca lo cultural, se gane terreno en la protección del medio ambiente, se proteja la maltrecha educación pública y se fortalezcan espacios de decisión: Esto tiene que ver con la descentralización, mayor autonomía administrativa en los municipios para el manejo de recursos y un fortalecimiento de los organismos de control con más recursos, mayores competencias y mayor visibilidad mediática.

Lo público en la educación superior colombiana

Por: Leopoldo Múnera Ruiz.
Profesor asociado, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales - Universidad Nacional de Colombia.

Dejar a la deriva a las instituciones estatales, no ofrecerles las condiciones financieras e institucionales necesarias para que sean de alta calidad, o destinar recursos públicos escasos para financiar las altas matrículas de las universidades privadas, como sucede en la actualidad, contradice la finalidad social del Estado establecida en la Constitución.

El programa “Ser Pilo Paga”, implementado en 2015, ha reanimado en el país el debate sobre lo público en la educación superior. Incluso Pablo Navas, rector de la Universidad de los Andes, sostuvo en un artículo de opinión publicado en El Espectador en enero del presente año, que la institución dirigida por él era la “universidad más pública del país”.

Los criterios utilizados para emitir tal juicio fueron heterogéneos, retóricos, y en algunos casos autocontradictorios: la meritocracia como única condición de ingreso a la universidad con la matrícula más costosa del país; la posición en los rankings internacionales, la cual, si acaso, permitiría hablar de la calidad, pero no de la naturaleza pública de una institución; la participación de profesores y estudiantes en sus instancias de gobierno, sin ponderar el peso de estas; o la reinversión del 100 % de sus ganancias en sus propias actividades, lo cual es característico de las corporaciones privadas de utilidad común y sin ánimo de lucro, como lo exige la Ley 30 de 1992.

La inversión extranjera: el peor negocio de Colombia, el mejor negocio de las multinacionales

Demandada la nación por impedir la destrucción del medioambiente

Por: Adriana Cadena

A partir del gobierno de César Gaviria, Colombia tomó la decisión de incorporarse en la apertura económica y entrar a la globalización a través del libre comercio. Sin embargo, es a partir del 2009 que Colombia empieza a negociar y a firmar Tratados de Libre Comercio – TLC-, masivamente.

Actualmente Colombia cuenta con trece Acuerdos comerciales que involucran a cuarenta y nueve países; también posee Acuerdos Internacionales de Inversión vigentes con diecisiete países y suscritos con treinta y seis países más. Estos Acuerdos de Inversión varían entre Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), Acuerdos de Protección Recíproca a las Inversiones (APPRI) y Acuerdos de Inversión amparados bajo el capítulo de inversiones de los TLC.

Para poder firmar los diferentes acuerdos internacionales comerciales y de inversión, Colombia ha adoptado un número importante de normas impuestas por los organismos multilaterales: desde la Organización Mundial del Comercio, tenemos el Acuerdo de Medidas en Materia de Inversiones relacionadas con el Comercio-MIC- (1994), Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios - GATS (1994), Acuerdo General de Aranceles y Comercio - GATT (1981), Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias – ASMC- y el acuerdo sobre Propiedad Intelectual- ADPIC- que plantea exigencias adicionales a los empresarios de la región, que se traducen en mayores costos y mayores dificultades para acceder a nuevas tecnologías, ya que el ADPIC resulta ser el Acuerdo que protege la industria de los países desarrollados.

Desde el Banco Mundial se impusieron el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones – CIADI (1995) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones - MIGA (1995) y desde Naciones Unidas, el Acuerdo de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, más conocido como CNUDMI.

¿Es en verdad nuevo el problema de inseguridad en Medellín?

Por: Juan Orlando Bonilla Peñaloza

Los hechos de violencia en la ciudad de Medellín de los últimos días han causado un estado de conmoción generalizada en los habitantes de la ciudad. Rectores y religiosos asesinados, enfrentamientos entre combos delincuenciales, cobros de extorsiones o “vacunas” a transportadores, el “fleteo”; además de los múltiples crímenes como el asalto o el microtráfico que ya se han convertido en parte del paisaje de la ciudad contrastan con la imagen de ciudad líder e innovadora que se ha querido difundir desde la alcaldía con eventos como Colombia Moda o la pasada Feria de las Flores.

Pero esta situación no es para nada nueva, desde inicios del siglo pasado Medellín pasó de ser un pequeño poblado apartado en las montañas a ser una ciudad en proceso de industrialización (proceso que fracasaría a finales del mismo siglo por cuenta de la apertura económica) que, ante la imposibilidad de expandirse en sentido norte-sur decidió integrarse a los municipios circundantes y empezó a recibir una cada vez más creciente migración proveniente de los municipios que buscaban integrarse a la región gracias al Ferrocarril de Antioquia (proyecto ejemplar que también fracasó a finales del siglo pasado por voluntad de la clase dirigente). Fue a partir de la violencia política que se asomó con algo de timidez desde los años treinta pero que se hizo más palpable a mediados de la década de los cuarenta que la migración se hizo más dramática y evidente. En contra de lo proyectado por las élites urbanas que pensaban una Medellín para su exclusivo disfrute, las oleadas de desposeídos que llegaron del campo hicieron crecer la ciudad sobre sus laderas orientales y occidentales y preñaron de tugurios de escombros y caminos de herradura las zonas que anteriormente habían sido fincas y terrenos en desuso.

Con la migración llegó la represión, ejercida de manera violenta por parte del Estado.

El oriente antioqueño y la resistencia civil

Por: Jaime Vargas Ramírez.
Julio 25 de 2017

Tierra bendecida por la naturaleza, pero maldecida por la codicia humana. El Oriente Antioqueño es una de las nueve subregiones en que se divide el departamento de Antioquia, cuenta con una extensión territorial de 7.021 kms², 55 kms² de área urbana y 6.966 kms² rurales. Del área total, el 22.85% corresponde a pisos térmicos cálidos, el 34.8% a pisos medios, el 40% a pisos fríos y el 2.35% a páramos. Comprende 23 municipios y una población actual aproximada de 570.000 habitantes.

Producto del abandono del Estado, de megaproyectos como hidroeléctricas, la autopista Medellín-Bogotá, y el aeropuerto internacional José María Córdova y de su manejo excluyente, emerge un movimiento de resistencia civil que se llamó Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño (MCOA). Movilización que abarcó la totalidad de municipios de esa región, donde al fragor de la lucha emergió una nueva dirigencia social y política que fue reprimida a sangre y fuego por la élite política y económica antioqueña. Posteriormente fue azotada por grupos armados que a nombre de ideologías extremas de izquierda y de derecha, quisieron someter a la población.

La región empieza a tener importancia desde los sesenta, con la construcción de las hidroeléctricas de San Carlos, Guatapé, Jaguas, Calderas, Tafetanes y Playas. Hoy, el oriente antioqueño genera el 33% de la energía del país.

Con la construcción de los embalses y la autopista Medellín-Bogotá, ocurrieron los primeros desplazamientos de la población. El casco urbano del Peñol fue trasladado en su totalidad y se dieron inundaciones en otras zonas del mismo. La comunidad se enfrentó a la reubicación en nuevas tierras y a cambios bruscos, tanto sociales como laborales. Llegaron a la localidad maquinaria pesada, numerosos foráneos, se especuló con la tierra y allí ocurrió el primer asesinato contra los que se oponían a los designios del desarrollo y el progreso. Cuenta Humberto León Rivera Galeano en su libro “El Ave Fenix”, donde relata lo acaecido en el Peñol que, “cuando se anunció que se iba a embalsar el pueblo, don Demetrio que era uno de los mayores propietarios de vegas aledañas al río Nare, dijo que no le interesaba vender sus tierras. Esto le valió que el día 19 de octubre de 1.965 sobre las cinco de la tarde, presumiblemente un carabinero que estaba de servicio en la mayoría de Guatapé, lugar en donde estaban las oficinas de EPM, lo matara a tiros en la entrada de su casa. Con este acto se garantizaba que el patrimonio de don Demetrio “se volvería harinas” y los herederos negociarían más fácilmente sus derechos sucesorios con las EPM”.

El club de los bloqueados

Por: Jonás Vergara.

La cuenta de Twitter del senador y expresidente Álvaro Uribe da de qué hablar por los bloqueos realizados a figuras políticas colombianas.

En una salida a medios, el negociador del Acuerdo de Paz, Humberto De La Calle informó de la acción del senador en la popular red social.

Lo que pasaría como una anécdota más en el panorama político, terminó siendo un movimiento viral en el que otros opositores al senador reportaron, a través de pantallazos, los bloqueos del senador.

Algunos, en tono de broma como el Ministro para el Postconflicto, Rafael Pardo; otros en tono de denuncia, como el del exdirector del DAS, Ramiro Bejarano, y algunos más que oscilaban entre la ironía y cierta dignidad por “merecer la atención” de semejante figura.

Sin embargo, esto no quedó en anécdota. Al momento, el antiguo director de Twitter Colombia y “empresario digital”, Diego Santos, hizo un clip sobre el tema que divulgó a través de su arroba.

Mientras que De La Calle buscó réditos políticos al utilizar su bloqueo como ejemplo para su campaña en Twitter: #PlanNacionalDeLaValeriana.

Maten al tirano

Por Jonás Vergara *

Las redes sociales y los medios de comunicación de Colombia han hecho eco a la última columna de Abelardo De La Espriella en la que incita al asesinato del presidente venezolano Nicolás Maduro.

No es de extrañar que De La Espriella llame la atención en los medios. Sus declaraciones altisonantes, además de sus apariciones públicas en defensa de personajes cuestionables, funcionan como un medidor de rating para éstos que, al prestarse como altavoz para sus actuaciones, “legitiman” sus intenciones como figura pública: adalid del derecho y opinador de vanguardia.

Su última salida al escenario hace un llamamiento al tiranicidio, invocando argumentos históricos que darían razón a las ideas que esboza en la columna; para esto, llega hasta 1598 para dar legitimidad a sus pretensiones.

Al ser inquirido por las “razones filosóficas” de su columna, De La Espriella invoca la obra de la que extrae la idea polémica, es “De rege et regis institutione” o Sobre el rey y la institución real (1598), escrita por Juan de Mariana, cuya afirmación principal es justificar el asesinato del tirano si éste eleva los impuestos sin justificación, expropia los terrenos de los propietarios o impide la reunión del parlamento para el libre debate de las ideas.

De acuerdo a lo anterior, el tiranicidio fue la causa por la que los asesinatos de monarcas como Enrique III y Enrique IV en Francia eran justificados, dadas las acciones que emprendieron en contra de los intereses del soberano.

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