Brasil, principal economía de la región, es hoy el laboratorio de las más agresivas y reaccionarias reformas anti laborales en América Latina. Es éste el resultado de un abrupto giro político a la derecha que vivió el país recientemente y es nuestra obligación como Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, analizar lo que viene ocurriendo y elaborar respuestas que estén a la altura del desafío.

Hace poco más de un año que en Brasil, una amplia coalición de fuerzas políticas, empresariales y sociales reaccionarias, dieron un golpe de estado – por vía parlamentaria – que resultó en la substitución de la presidente progresista Dilma Rousseff por su vicepresidente Michel Temer, un político conservador.

La campaña que hicieron los medios contra Dilma estuvo enfocada em denunciar supuestas prácticas corruptas en su gobierno y en el anterior mandato de Lula. Ya en el proceso, en el Congreso se le acusó de violar reglas de la administración pública, por prácticas que tuvieron todos los gobiernos anteriores y que repite de forma descarada y sin ninguna crítica ni menos denuncia el gobierno ilegítimo que le sucedió. La campaña anticorrupción fue un pretexto. Nada ha sido probado contra Dilma y Lula sobre su supuesta corrupción. El golpe de estado fue para aplicar un programa social y económico que el pueblo brasileño rechazó en las cuatro elecciones anteriores (2002, 2006, 2010 y 2014) pero que el gobierno golpista, impulsado por una recomposición de fuerzas reaccionarias, con monopólico respaldo del conglomerado mediático, y con mayoría en el Congreso estaba dispuesto a imponer.

Primero, el Congreso aprobó una ley que permite generalizar la tercerización o subcontratación. Eso significa rebaja de salarios y debilitamiento de los sindicatos y de la contratación colectiva. La tercerización en todas las actividades favorecerá a todas las empresas, pero muy especialmente a las grandes corporaciones y empresas multinacionales.

Por: Édgar Ortiz Mora, docente e investigador, miembro de comité de redacción de la revista Nueva Gaceta.

Los opositores a Dilma Rousseff, quien ha mantenido un claro compromiso con la transparencia institucional, no la acusan de ningún delito penal, sino de maquillar las cuentas públicas valiéndose de préstamos bancarios para cubrir déficits en el presupuesto en el año de su reelección y la culpan del deterioro social, económico y político del país. Utilizando la figura jurídica del impeachment, mediante la cual se puede procesar a un alto funcionario público, pretenden destituirla e inhabilitarla en sus funciones.

CEPR

Por: Mark Weisbrot.

La presidenta Dilma Rousseff ahora corre peligro de enfrentar un juicio político, aunque no existe evidencia de que ella esté vinculada con el escándalo "Lava Jato", u otro tipo de corrupción. Al contrario, se le acusa de haber manipulado datos contables que de alguna manera tergiversaron la situación fiscal del gobierno — algo que presidentes anteriores también han hecho. Por citar un ejemplo en Estados Unidos, cuando los republicanos se negaron a elevar el techo de la deuda en los EE.UU. en 2013, el gobierno de Obama utilizó una serie de trucos contables para posponer la fecha de cierre con la cual se alcanzó el límite. Eso no preocupó a nadie.

CEPR

Por: Mark Weisbrot.

Si intenta seguir las noticias en torno a la convulsión política en Brasil, puede que le sea difícil tener una idea de lo que realmente sucede. Esto es algo que ocurre a menudo cuando existe un intento de golpe en el hemisferio occidental, y en particular cuando al gobierno de Estados Unidos le interesa el resultado. Por lo general, la información acerca de dicho interés, y con frecuencia del papel de Washington, suelen ser las primeras víctimas del conflicto. (Algunos ejemplos del siglo XXI incluyen a Paraguay en 2012, Haití en 2011 y 2004, Honduras en 2009, Ecuador en 2010 y Venezuela en 2002).

CLACSO

Por: Pablo Gentili.

CONSEJO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES - CLACSO.
Secretaría Ejecutiva.

Estimados/as colegas, amigos y amigas,

Hoy, en Brasil, se ha avanzado un paso más en el proceso de desestabilización institucional que pretende perpetrar un sector del Poder Judicial, la Policía Federal, los monopolios de prensa y las fuerzas políticas que han sido derrotadas en las últimas elecciones nacionales. Una desestabilización del orden democrático que tiene un objetivo principal: impedir que las fuerzas progresistas sigan gobernando el país y, especialmente, acabar definitivamente con el Partido de los Trabajadores y con su figura más emblemática, el ex presidente Lula.

Latinoamerica Piensa

Por: Leonardo Boff - Koinonía (Brasil) .

Es un hecho innegable que después de la reelección de la presidenta Dilma en 2014 se desató mucha rabia y hasta odio contra el PT y el actual gobierno. Lo confirma un ex-ministro del partido de la oposición PSDB, Bresser Pereira, con estas contundentes palabras:

«Ha surgido un fenómeno que yo nunca había visto en Brasil. De repente, vi un odio colectivo de la clase alta, de los ricos, contra un partido y una presidenta.