Por: Mark Weisbrot.

El Estado de derecho y la independencia del poder judicial son logros frágiles en muchos países; ambos son susceptibles a reveses abruptos. Brasil, el último país del mundo occidental en abolir la esclavitud, es una democracia bastante joven, pues salió de una dictadura apenas hace tres décadas. En los dos últimos años, lo que pudo haber sido un avance histórico —el gobierno del Partido de los Trabajadores le otorgó autonomía al poder judicial para investigar y procesar la corrupción en el gobierno— se ha convertido en lo contrario. En consecuencia, la democracia de Brasil ahora es más débil que en cualquier otro momento desde el fin del gobierno militar.

Esta semana, esa democracia podría erosionarse aún más cuando los tres jueces de la corte de apelaciones decidan si se le prohíbe al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva del Partido de los Trabajadores —la figura política más popular del país— competir en las elecciones presidenciales de 2018 o incluso si lo mandan a prisión.

No parece que la corte vaya a ser imparcial. El juez que preside el pánel de apelación alabó la sentenciaen contra de Lula da Silva por corrupción y la calificó de “técnicamente irreprochable”. La jefa de personal del juez publicó en su página de Facebook una petición para que se encarcele al expresidente.

Por: Juraima Almeida.

Más de 200 órdenes de prisión preventiva o temporal, 108 condenas y 158 colaboraciones pactadas con la justicia son parte de de los resultados de la operación “anticorrupción” brasileña Lava Jato. Pero lo cierto es que los políticos que usurparon el poder siguen inalcanzables, pese a las montañas de acusaciones acumuladas, amparados en un laberinto de corrupción sistémica y serial.
La muletilla la utilizan empresarios, diputados y hasta el mismo presidente de facto Michel Temer: “no hay pruebas”, pese a los testimonios de muchos acusados que decidieron "colaborar” con la justicia, buscando reducir sus penas, y desnudaron un abrumador sistema de favores mutuos, establecido entre autoridades de los tres poderes y el sector privado, para adueñarse de contratos y el poder estatal, en un insaciable drenaje de recursos públicos hacia cuentas privadas.

Temer escapó por segunda vez de un juicio político. Hábil en oscuras negociaciones a plena luz del día comandó desde las sombras a sus hombres de confianza, atados al silencio por jugosos contratos y sobornos para evitar su desalojo de la silla presidencial donde lo depositaron hace poco más de un año aquellos que conspiraron para destituir –eso sí, sin prueba alguna de delito alguno- a la presidenta constitucional Dilma Rousseff.

Corrupción sistémica es el uso sistemático y generalizado de la institución pública para la obtención de un beneficio privado. Se dan patrones de conductas corruptas ascendentes, que hacen que el sistema dependa de la corrupción en el más alto nivel político –que toma decisiones sobre contratos públicos, privatizaciones o grandes proyectos- para su propio beneficio y supervivencia. La corrupción se extiende como norma en el sistema, y la impunidad protege a toda la institución corrupta.

Por: Juraima Almeida.

La reforma laboral impuesta por el presidente de facto de Brasil, Michel Temer, significa una regresión para los derechos de los trabajadores conquistados durante décadas y consagrados en la Constitución, entre ellos la definición del trabajo esclavo, denunciaron las centrales sindicales brasileñas ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

Organizaciones sociales y el Estado de Brasil plantearon el lunes 23 de octubre sus argumentos a favor y en contra de la reforma laboral aprobada por el gobierno de Temer. En la audiencia los representantes de la sociedad civil mencionaron varias políticas del gobierno de Temer que afectan los derechos de los trabajadores como las modificaciones en la definición y el control del trabajo esclavo que fueron aprobadas con una acción ejecutiva, sin mediación del Congreso.

Comisionados de distintos países de la región, manifestaron su preocupación por el impacto que estas medidas regresivas puedan tener sobre la región, máxime cuando el gobierno del presidente argentino Mauricio Macri amenazó con imponer legislaciones similares de “flexibilización laboral”.

Por: José Eduardo Bernardes 29/8/17

El golpe que destituyó a la ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, completa un año el próximo jueves (31). En esa fecha, en 2016, los senadores decidieron, por sesenta y un votos favorables y veinte votos contrarios, apartarla definitivamente del cargo, aunque sin comprobar que haya cometido el crimen de responsabilidad. "Inventaron un proceso para sacarme del gobierno. Y usaron una mayoría de votos comprados, de los mismos doscientos y diecisiete diputados que garantizan la impunidad del presidente ilegítimo Temer", afirma Dilma, un año después, en entrevista exclusiva con Brasil de Fato.

Rousseff también comenta la situación de persecución política y jurídica al ex presidente Lula, la propuesta de privatización de Eletrobras hecha por el gobierno golpista y la necesidad de luchar contra el golpe. "Nosotros vamos a tener que ser capaces de dedicarnos a intentar sacar al Brasil de esa encrucijada en la que se encuentra", afirma. Mire la entrevista a continuación o escuche el audio aquí [en portugués], que estuvo al aire en el Programa Brasil de Fato, en emisoras de las ciudades de São Paulo, Belo Horizonte y Recife.

Un año después del proceso de impeachment, ¿cómo mira usted todo lo que ocurrió?

Yo considero que el proceso de impeachment fue un golpe, porque no había crimen de responsabilidad. Ellos inventaron un proceso para sacarme del gobierno. Y usaron una mayoría de votos comprados, que son los mismos doscientos y diecisiete votos de diputados que garantizaron la impunidad del presidente ilegítimo Temer. Es la misma composición del Congreso, que fue construida por el [ex diputado] Eduardo Cunha, que me destituyó a través de un proceso absolutamente sin fundamento, sin base real, hoy reconocido por todo el mundo. La historia fue bastante más desagradable para los golpistas. Los agarraron, quedó claro quiénes eran ellos.

Brasil, principal economía de la región, es hoy el laboratorio de las más agresivas y reaccionarias reformas anti laborales en América Latina. Es éste el resultado de un abrupto giro político a la derecha que vivió el país recientemente y es nuestra obligación como Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, analizar lo que viene ocurriendo y elaborar respuestas que estén a la altura del desafío.

Hace poco más de un año que en Brasil, una amplia coalición de fuerzas políticas, empresariales y sociales reaccionarias, dieron un golpe de estado – por vía parlamentaria – que resultó en la substitución de la presidente progresista Dilma Rousseff por su vicepresidente Michel Temer, un político conservador.

La campaña que hicieron los medios contra Dilma estuvo enfocada em denunciar supuestas prácticas corruptas en su gobierno y en el anterior mandato de Lula. Ya en el proceso, en el Congreso se le acusó de violar reglas de la administración pública, por prácticas que tuvieron todos los gobiernos anteriores y que repite de forma descarada y sin ninguna crítica ni menos denuncia el gobierno ilegítimo que le sucedió. La campaña anticorrupción fue un pretexto. Nada ha sido probado contra Dilma y Lula sobre su supuesta corrupción. El golpe de estado fue para aplicar un programa social y económico que el pueblo brasileño rechazó en las cuatro elecciones anteriores (2002, 2006, 2010 y 2014) pero que el gobierno golpista, impulsado por una recomposición de fuerzas reaccionarias, con monopólico respaldo del conglomerado mediático, y con mayoría en el Congreso estaba dispuesto a imponer.

Primero, el Congreso aprobó una ley que permite generalizar la tercerización o subcontratación. Eso significa rebaja de salarios y debilitamiento de los sindicatos y de la contratación colectiva. La tercerización en todas las actividades favorecerá a todas las empresas, pero muy especialmente a las grandes corporaciones y empresas multinacionales.

Por: Édgar Ortiz Mora, docente e investigador, miembro de comité de redacción de la revista Nueva Gaceta.

Los opositores a Dilma Rousseff, quien ha mantenido un claro compromiso con la transparencia institucional, no la acusan de ningún delito penal, sino de maquillar las cuentas públicas valiéndose de préstamos bancarios para cubrir déficits en el presupuesto en el año de su reelección y la culpan del deterioro social, económico y político del país. Utilizando la figura jurídica del impeachment, mediante la cual se puede procesar a un alto funcionario público, pretenden destituirla e inhabilitarla en sus funciones.

CEPR

Por: Mark Weisbrot.

La presidenta Dilma Rousseff ahora corre peligro de enfrentar un juicio político, aunque no existe evidencia de que ella esté vinculada con el escándalo "Lava Jato", u otro tipo de corrupción. Al contrario, se le acusa de haber manipulado datos contables que de alguna manera tergiversaron la situación fiscal del gobierno — algo que presidentes anteriores también han hecho. Por citar un ejemplo en Estados Unidos, cuando los republicanos se negaron a elevar el techo de la deuda en los EE.UU. en 2013, el gobierno de Obama utilizó una serie de trucos contables para posponer la fecha de cierre con la cual se alcanzó el límite. Eso no preocupó a nadie.

CEPR

Por: Mark Weisbrot.

Si intenta seguir las noticias en torno a la convulsión política en Brasil, puede que le sea difícil tener una idea de lo que realmente sucede. Esto es algo que ocurre a menudo cuando existe un intento de golpe en el hemisferio occidental, y en particular cuando al gobierno de Estados Unidos le interesa el resultado. Por lo general, la información acerca de dicho interés, y con frecuencia del papel de Washington, suelen ser las primeras víctimas del conflicto. (Algunos ejemplos del siglo XXI incluyen a Paraguay en 2012, Haití en 2011 y 2004, Honduras en 2009, Ecuador en 2010 y Venezuela en 2002).

CLACSO

Por: Pablo Gentili.

CONSEJO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES - CLACSO.
Secretaría Ejecutiva.

Estimados/as colegas, amigos y amigas,

Hoy, en Brasil, se ha avanzado un paso más en el proceso de desestabilización institucional que pretende perpetrar un sector del Poder Judicial, la Policía Federal, los monopolios de prensa y las fuerzas políticas que han sido derrotadas en las últimas elecciones nacionales. Una desestabilización del orden democrático que tiene un objetivo principal: impedir que las fuerzas progresistas sigan gobernando el país y, especialmente, acabar definitivamente con el Partido de los Trabajadores y con su figura más emblemática, el ex presidente Lula.

Latinoamerica Piensa

Por: Leonardo Boff - Koinonía (Brasil) .

Es un hecho innegable que después de la reelección de la presidenta Dilma en 2014 se desató mucha rabia y hasta odio contra el PT y el actual gobierno. Lo confirma un ex-ministro del partido de la oposición PSDB, Bresser Pereira, con estas contundentes palabras:

«Ha surgido un fenómeno que yo nunca había visto en Brasil. De repente, vi un odio colectivo de la clase alta, de los ricos, contra un partido y una presidenta.