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  1. Para decir no a la minería, dos municipios se movilizaron en corto tiempo.

    Por: Teresa Consuelo Cardona

    Actualmente y desde el 2004, avanza un proyecto para la extracción de material de arrastre del río Amaime, ante la Agencia Nacional de Minería, ANM. El río, que es afluente del Cauca, nace en el páramo de las Hermosas y desciende por la cordillera Central, oxigenando a lo largo de la cuenca tres tipos de bosques ubicados entre los 4.200 y los 900 metros de altitud que abarca un área de más de 100.000 hectáreas, de vital importancia para la estabilidad ambiental del territorio. En su entorno, en poblaciones rurales y urbanas, se asientan unas 450.00 personas. El proyecto de extracción minera está reconocido por la ANM con el contrato de concesión DJM121, en el que las empresas Gravarena Ltda y Arenas Amaime, harán la explotación del río sacando de su cauce 76.000 metros cúbicos, en un tramo cercano a dos poblaciones rurales, con maquinaria pesada. Según se manifiesta en el seguimiento que la misma Agencia hace del contrato, los solicitantes requieren el permiso de la CVC para poder otorgarles finalmente la concesión.

    El Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hídrica, POMCH, documento que designa el destino de las zonas de un municipio, delimita el área de recorrido del Amaime, en la zona montañosa, con una vocación distinta a la explotación minera de material de arrastre, ya que es una región destinada a la reforestación, las pequeñas parcelas, pequeños desarrollos agropecuarios, cultivos forestales y reserva ambiental. Este POMCH, es la guía del desarrollo de la región y debe ser consultado por todas las entidades que deseen hacer proyectos de cualquier tipo, ya que traza la ruta de lo posible y lo inaceptable en Palmira y El Cerrito, hasta el año 2030.

  2. Brasil: El gobierno de la corrupción sistémica y la compra de impunidad

    Por: Juraima Almeida.

    Más de 200 órdenes de prisión preventiva o temporal, 108 condenas y 158 colaboraciones pactadas con la justicia son parte de de los resultados de la operación “anticorrupción” brasileña Lava Jato. Pero lo cierto es que los políticos que usurparon el poder siguen inalcanzables, pese a las montañas de acusaciones acumuladas, amparados en un laberinto de corrupción sistémica y serial.
    La muletilla la utilizan empresarios, diputados y hasta el mismo presidente de facto Michel Temer: “no hay pruebas”, pese a los testimonios de muchos acusados que decidieron "colaborar” con la justicia, buscando reducir sus penas, y desnudaron un abrumador sistema de favores mutuos, establecido entre autoridades de los tres poderes y el sector privado, para adueñarse de contratos y el poder estatal, en un insaciable drenaje de recursos públicos hacia cuentas privadas.

    Temer escapó por segunda vez de un juicio político. Hábil en oscuras negociaciones a plena luz del día comandó desde las sombras a sus hombres de confianza, atados al silencio por jugosos contratos y sobornos para evitar su desalojo de la silla presidencial donde lo depositaron hace poco más de un año aquellos que conspiraron para destituir –eso sí, sin prueba alguna de delito alguno- a la presidenta constitucional Dilma Rousseff.

    Corrupción sistémica es el uso sistemático y generalizado de la institución pública para la obtención de un beneficio privado. Se dan patrones de conductas corruptas ascendentes, que hacen que el sistema dependa de la corrupción en el más alto nivel político –que toma decisiones sobre contratos públicos, privatizaciones o grandes proyectos- para su propio beneficio y supervivencia. La corrupción se extiende como norma en el sistema, y la impunidad protege a toda la institución corrupta.

  3. El reciente caso de la detención de Marcelo Torres

    Por: Teresa Consuelo Cardona.

    El reciente caso de la detención de Marcelo Torres, un líder de izquierda que logró abrirse campo entre la apretada telaraña criminal tejida magistralmente por delincuentes, acostumbrados a usufructuar los recursos de todos en beneficio propio, sacó a la luz una práctica que no es nueva: El uso de la Ley como instrumento de venganza. Lo que sí tuvo de nuevo este episodio, es que fue puesto deliberadamente en el subconsciente colectivo, como si fuera un caso más de lo que algunos políticos llaman “persecución política” y que no es otra cosa que el cumplimiento efectivo de la ley frente a los delitos cometidos por políticos. La sociedad, presa fácil del reduccionismo mediático, mete en la misma bolsa a todos los políticos que denuncian persecución en su contra, sin examinar detalladamente los factores que hacen la diferencia.

    El tema de la persecución política, se ha tomado la agenda de los noticieros por cuenta de los políticos que son juzgados por actos de corrupción. La excusa es cínica pero les suena perfecta: sus enemigos (abstractos casi siempre) que se han tomado el trabajo de auscultar sus actuaciones públicas, las que incluyen transacciones multimillonarias con dineros de todos, han perseverado de tal forma que han encontrado delitos. Parapolíticos y corruptos, juzgados y condenados, de la talla de Andrés Felipe Arias o Enilse López, cuyas maniobras los alejan de la cárcel, se han declarado como perseguidos políticos, ridiculizando la figura y agrediendo la inteligencia de los colombianos. Pero no ha sido en vano. Su estrategia funciona, muy particularmente, cuando otras figuras políticas que sí son víctimas de persecución por sus acciones, sus ideas políticas, sus gestiones, su proceder democrático, son llevadas a la palestra pública sin haber cometido ningún delito y allí, en medio del alud de ignorancia política que azota a los ciudadanos, son evaluadas como si se tratara delincuentes. La masa, consumidora indigesta de noticias y opiniones, no nota la diferencia entre quienes usan la excusa cínica y desvergonzada de la persecución política y quienes padecen el dolor de ser perseguidos políticos.